Después de cuatro años en Panamá, María del Pilar Hurtado hizo su primera aparición pública en Colombia durante la audiencia en que el Tribunal Superior de Bogotá legalizó su captura. Luis Ángel
El espionaje desplegado por el DAS contra magistrados, dirigentes de oposición y periodistas ha sido suficientemente documentado por la justicia colombiana y reconocido, incluso, por la mayoría de protagonistas del organismo de inteligencia que hoy purgan condenas. Sin embargo, el gran interrogante sigue orbitando en quién dio las órdenes para que tal ‘cacería’ fuera realizada. La entrega de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado puede servir para resolver de una vez por todas esa pregunta. El Espectador revisó el expediente de las llamadas ‘chuzadas’ del DAS y reproduce los apartes más comprometedores de las declaraciones que los exsubalternos de Hurtado le entregaron a la Fiscalía. Ella insiste en su inocencia, mientras el expresidente Uribe denuncia un supuesto matoneo. ¿Sabrá el país la verdad?
Alba Luz Flórez
Más conocida como la ‘Mata Hari’, fue ella la que infiltró la Corte Suprema de Justicia. Para conseguirlo volvió a enamorar a un exoficial de la Policía, con quien había sostenido una relación sentimental en el pasado. Fue ese el enlace con los oficiales que prestaban seguridad en la Corte, a quienes convenció de que debían entregarle toda la información de los magistrados, porque le debían más lealtad al presidente que a sus protegidos. Ella reclutó, además, a dos empleadas de servicios generales, a las que suministró una grabadora que instalaban antes de la realización de las salas plenas. Asimismo logró fotocopiar expedientes reservados de la parapolítica. Esa información le fue transmitida a su jefe William Romero. La operación de espionaje se llevó a cabo entre finales de 2007 y todo el año 2008, precisamente cuando las relaciones entre la Presidencia y la Corte estaban prácticamente fracturadas por una pelea institucional que tuvo como trasfondo los complots de ‘Tasmania’ y ‘Don Berna’. El DAS tuvo acceso a toda la información privada de los magistrados, sus familias y hasta sus cuentas bancarias. Según la ‘Mata Hari’, en alguna ocasión fue felicitada por William Romero por sus avances, al tiempo que éste le solicitó conseguir el expediente del “primo del 1”, que era, supuestamente, el de Mario Uribe. El propio Romero dijo que Hurtado le manifestó “que el 1 conoció los insumos entregados por ella en la mañana de ese día y que le habían gustado”.
Jorge Lagos
El exsubdirector de Contrainteligencia Jorge Lagos contó en detalle cómo inició la investigación del llamado “Caso Paseo”, como fue rotulado por el DAS el viaje a Neiva de los magistrados en el año 2006. Según dijo, el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria y el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, le pidieron una copia del listado de magistrados que viajaron a la capital huilense en desarrollo del homenaje promovido por el polémico empresario Asencio Reyes, hoy investigado por la justicia. La Fiscalía le preguntó qué motivaba a María del Pilar Hurtado a demostrar tal interés en ese caso, a lo que Lagos contestó: “La misma presión que estaba recibiendo de la Casa de Nariño, en muchas ocasiones llegaba de allí muy presionada y me llamaba para pedir resultados sobre esas verificaciones”. Lagos relató que en abril de 2008, cuando los escándalos de la yidispolítica y la parapolítica empezaban a cercar al Gobierno, en Palacio había “una gran insistencia para conseguir las fotografías de los agasajos que se habían realizado a los magistrados en Santa Marta y Neiva, y por saber si en ellos habían participado Asencio Reyes o Giorgio Sale”, este último condenado como enlace del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Además, resaltó que el Gobierno necesitaba verificar una fotografía en la que aparecía, supuestamente, Asencio Reyes con el fiscal de entonces, Mario Iguarán, debido a un reportaje periodístico realizado por la revista ‘Semana’, en el que se iban a denunciar los pasos oscuros de ese empresario.
Fernando Tabares
El exdirector de Inteligencia del DAS Fernando Tabares señaló que en septiembre de 2007 María del Pilar Hurtado lo invitó a que lo acompañara a un desayuno de trabajo con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. Dicho encuentro se llevó a cabo en el club Metropolitan de Bogotá, en uno de los reservados del segundo piso. “El doctor Moreno le manifiestó a María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas principales: la Corte Suprema de Justicia, los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell. Terminado ese desayuno yo me regresé con la doctora Hurtado y ella me preguntó que si nosotros teníamos cómo informar al presidente sobre eso, y yo le dije que sobre los tres primeros temas no le veía ningún inconveniente, porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el último tema específico, referente a Daniel Coronell, yo lo veía más como un tema personal”.
Tabares reconoció que de inmediato se dieron las órdenes para la recolección de la información solicitada por la Casa de Nariño y que incluso se ordenaron pagos bajo el rubro de gastos reservados para tal fin. Además, sostuvo que se desarrolló un complot para desacreditar al magistrado Iván Velásquez, coordinador de los expedientes de la parapolítica, en el denominado caso ‘Tasmania’. Y que como la conspiración ‘Tasmania’ falló, se intentó otro montaje con la visita de emisarios de ‘Don Berna’ a la Casa de Nariño en abril de 2008. Incluso aceptó que se hicieron pagos para desprestigiar a la excongresista Yidis Medina, quien ese 2008 confesó que vendió su voto en el Congreso para aprobar la reelección presidencial inmediata.
Martha Leal
La exsubdirectora de Operaciones relató las incidencias del caso ‘Tasmania’ y que la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le ordenó viajar a Medellín para obtener la carta que supuestamente había escrito el exparamilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, en la que denunciaba al entonces magistrado de la Corte Iván Velásquez. Esa misiva se la terminó entregando el conductor del senador Mario Uribe. Después se probó que esa carta no la había escrito ‘Tasmania’ y que el objetivo era enlodar a Velásquez. Leal también contó el episodio de los emisarios de ‘Don Berna’, que entregaron en la Casa de Nariño unas grabaciones para desacreditar a Velásquez y a la Corte. Lo curioso es que esas grabaciones se hicieron con dispositivos que el DAS le entregó a ‘Don Berna’. También relató que agentes encubiertos visitaron las notarías en donde tenían registradas sus firmas el abogado y columnista Ramiro Bejarano y su defendido, el entonces presidente de la Corte César Julio Valencia, un requerimiento que según le dijo Hurtado “le habían solicitado de la Presidencia”. Asimismo, aportó detalles de cómo fueron seguidos Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y cómo en el propio carro de Córdoba se instaló un micrófono para oírla durante 15 días. Por último, reconoció que se ordenaron seguimientos al periodista Coronell y se montó una fachada para poder determinar quiénes eran sus fuentes. Según Leal, Hurtado solía referirse como “cortesanos” a los magistrados de la Corte. “No tuve la claridad de saber históricamente cuál es el problema que existe de fondo entre el presidente Uribe y la Corte, y por el contrario, y debo decirlo con algo de tristeza, creo que yo y la institución terminamos siendo utilizados en esta lamentable circunstancia”.
William Romero
Uno de los testimonios más importantes contra Hurtado lo entregó el exsubdirector de Fuentes Humanas William Romero. Según dijo, durante la dirección de María del Pilar Hurtado se dieron órdenes para que se documentara todo lo relacionado con los magistrados de la Corte Suprema y sus nexos con Asencio Reyes, la supuesta entrega de un reloj Rólex al magistrado Yesid Ramírez por parte del italiano Giorgio Sale, además de continuar la inteligencia contra Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Fue así que se desarrolló la ‘Operación Escalera’ para infiltrar la Corte a través de la detective Alba Luz Flórez. “Entre julio y agosto de 2008, la doctora Hurtado me hizo asistir junto al director de Inteligencia Tabares al despacho del piso noveno del DAS y nos hizo los siguientes comentarios: ‘Vengo de la Presidencia, y el presidente está muy contento por lo que llevé (…). Con estos resultados nos hemos vuelto a ganar la confianza del señor presidente, esta es la credibilidad institucional que debemos mantener’”. En ese encuentro, supuestamente Hurtado le preguntó a Tabares cómo habían logrado conseguir unas grabaciones de los magistrados, entonces “el capitán Tabares me indicó que le explicara (a Hurtado) cómo fue dicho proceso, pero incorporándose de su silla la doctora María del Pilar exclamó: ‘¡Mejor no!’, e indicó: ‘Esa misma actitud la asumió el presidente cuando yo le intenté explicar la operación de inteligencia’, por lo que Hurtado pidió que le extendiera una felicitación al equipo de trabajo y que se mantuvieran motivadas económicamente las fuentes humanas”.
Gustavo Sierra
El exsubdirector de Análisis Gustavo Sierra manifestó que siempre se le hacían llegar análisis al alto gobierno sobre partidos de oposición, congresistas o temas de interés, y que en algún momento se pidió que una vez leída esa información de inteligencia ésta fuera destruida para no dejar rastro. Según dijo, se entregaron ‘dossieres’ con información de magistrados, de la excongresista Yidis Medina, de Gustavo Petro y de Piedad Córdoba. El testigo dijo que en el año 2007 empezaron los requerimientos sobre informaciones de la Corte Suprema, en especial tras la investigación que se le abrió al senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, por presuntos nexos con paramilitares. “En una ocasión la seccional del Valle envió un video donde Piedad Córdoba se reunía con unos estudiantes y al fondo había unas pancartas de las Farc.
Este video le gustó mucho a la doctora María del Pilar y de inmediato lo hizo público a través de los noticieros con el fin de darle a entender a la opinión pública cómo Piedad Córdoba incitaba a la juventud con apoyo de las Farc”. Según él, Hurtado le ordenaba estar encima de las actividades de los opositores del Gobierno con el fin “de adelantarnos a los acontecimientos”. Esos requerimientos se hicieron porque ella manifestaba “que el doctor Bernardo Moreno les pedía esa información”. La orden de Hurtado fue hacerle un control político semanal al Polo. Asimismo, contó que cuando Yidis Medina prendió su ventilador salpicando al Gobierno se ordenó recopilar información para desacreditarla, con el fin de bajarle la temperatura al escándalo. Por último, contó que cuando supo que se iba a infiltrar a la Corte, él mismo le dijo a Hurtado que eso le parecía muy riesgoso. “Pensé que iba a tener una reacción más comprensible, pero se disgustó y me dijo que yo era un miedoso”.
La defensa de María del Pilar Hurtado
En julio de 2010, cuatro meses antes de que viajara a Panamá, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado rindió un interrogatorio en la Fiscalía, en el que negó haber ordenado cualquier espionaje a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Fiscalía le preguntó si se utilizó el episodio de Asencio Reyes con la finalidad de desprestigiar a la Corte, ella contestó: “No sé si los medios de comunicación tuvieron una intención diferente a la de informar”. Se refería al evento promovido por el controvertido empresario Asencio Reyes, en el que fue homenajeado en Neiva el presidente de la Corte, Yesid Ramírez, en 2006. “Nunca recibí una orden de encontrar una información para desprestigiar a nadie (…). Nunca el señor presidente ni ninguna otra persona de la Casa de Nariño requirió algo relacionado con ese tema al DAS (…). Nunca pedí que se hicieran averiguaciones en relación con el magistrado (César) Valencia Copete”, declaró.
Hurtado reconoció que supo que el DAS tenía fuentes humanas en el interior de la Corte Suprema de Justicia y que esas fuentes podían “ser útiles para conseguir información que permitiera mejorar la seguridad de los magistrados, conocer de posibles infiltraciones, proteger su vida o conocer sobre actos de corrupción”. Además, señaló que nunca tuvo conocimiento de grabaciones de sesiones reservadas de la Corte. Cuando le preguntaron si supo de la infiltración a la senadora Piedad Córdoba manifestó: “No lo ordené y además fue una conducta que desde la dirección del DAS combatí, por cuanto se presentaban quejas en ese sentido”.
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno se saludaron antes de la lectura de la sentencia en la Corte Suprema de Justicia por las 'chuzadas' del DAS.
“Se puso a disposición de intereses personales la estructura del DAS”. “María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para el cumplimiento de actividades ilegales”. “Bernardo Moreno usurpó una competencia que no le correspondía”.
Esas son algunas de las frases contenidas en el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia condenó este viernes a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y al exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS.
En la audiencia, que comenzó sobre las 6:30 p. m., casi 4 horas después de lo fijado, la Corte señaló que Hurtado y Moreno sabían de las actividades de inteligencia ilegales, que fueron avaladas “sin que hubiera un objeto legítimo”.
El fallo, en el que hubo unanimidad de la Sala Penal y que fue leído por Fernando Castro, los magistrados consideraron en que los exfuncionarios impartieron órdenes ilegales, cuyo cumplimiento significó actividades “arbitrarias, abusivas e injustas”.
Así se estableció al documentar los casos en los que hubo seguimientos, como en los realizados a magistrados de la Corte Suprema, entre ellos al entonces presidente César Julio Valencia Copete; a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro (hoy alcalde Bogotá), al periodista Daniel Coronell, al abogado Ramiro Bejarano y a la excongresista Yidis Medina.
Frente al caso ‘Paseo’ (el viaje de togados a Neiva supuestamente financiado por el polémico empresario Ascenso Reyes), la Corte consideró que, si bien el DAS era competente para verificar una información de supuestos nexos de magistrados con la mafia, “nunca hubo una orden judicial”.
Agregó que si bien se demostró que no había esos nexos, Hurtado y Moreno decidieron filtrar a los medios de comunicación la información con el único objetivo de “afectar la imagen de la Corte Suprema”.
En cuando a Piedad Córdoba, la Sala Penal estableció que se le violó el derecho a la intimidad. “Bernardo Moreno recibió información de Piedad Córdoba en más de una ocasión, incluso antes de que María del Pilar Hurtado llegara al DAS”, señaló el magistrado Castro. Aclaró que en la investigación no se demostró que fuera él quien ordenó esa actividad.
En el caso del entonces senador Gustavo Petro, la Corte determinó que no hubo delito en la obtención de la información, porque eran datos biográficos que no tienen reserva. Pero cuestionó que “no se estableció cuál fue el motivo que llevó al DAS a investigar al político, distinto a que era un opositor del anterior gobierno”.
‘Blancos’ del DAS
Esa oposición al Gobierno fue también, de acuerdo con el alto tribunal, lo que motivó la inteligencia ilegal contra el periodista Daniel Coronell. Señaló que en una reunión en el Metropolitan Club, en el 2007, fue Moreno quien dio la instrucción de que se recaudara esa información y se estableciera quiénes eran sus fuentes en los artículos en los que se criticaba a la anterior administración.
El magistrado Castro, quien fue el ponente del fallo, señaló que, en el caso de Ramiro Bejarano y el hoy exmagistrado Valencia Copete, los datos que se recaudaron no tenían ningún soporte ni relación con los objetivos de la entidad. Tampoco se documentó una posible afectación a la seguridad nacional.
Frente a los dos, dijo, el DAS se dedicó a buscar información de bienes registrados a nombre de ellos en notarías.
Uno de los capítulos más contundentes en la sentencia tuvo que ver con lo demostrado por la Corte en los seguimientos a la excongresista Yidis Medina.
“La exparlamentaria se convirtió en blanco de inteligencia estatal a partir de los graves señalamientos que hizo cuando contó cómo se había surtido en realidad el trámite de reelección presidencial, lo que tocó a funcionarios de alto nivel”, señaló la Corte.
Indicó que fue directamente Moreno el que ordenó al DAS obtener información de Medina, la cual solo buscaba afectarla y desprestigiarla. “No hay duda del ilegítimo pedido de la Presidencia y de que el procesado (Moreno) recibió los documentos (...) Él hizo la solicitud al DAS. De no haber sido así, no tendría por qué ser receptor de una información que no había pedido”, dijo el magistrado Castro al leer la sentencia.
La Corte Suprema señaló que, mientras se fija el monto de la pena, que será conocida el 5 de marzo próximo, María del Pilar Hurtado, quien el 30 de enero se entregó al CTI y a la Dijín en Panamá luego de que se expidiera en su contra una circular roja, seguirá detenida. Ella permanece en los calabozos del búnker de la Fiscalía.
En cuanto a Bernardo Moreno, continuará en libertad, porque, indicó la Corte, hasta ahora no ha afectado el proceso y tiene arraigo familiar.
Uribe hablará del tema este martes
Álvaro Uribe, presidente del país cuando sucedieron los hechos, decidió guardar silencio hasta el próximo martes sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Uribe aseguró en su cuenta de Twitter que está afectado por la decisión judicial en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y del exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.
"El martes, en versión ante Corte SJ me pronunciaré sobre el dolor que me embarga", escribió el expresidente
Moreno ya estuvo privado de la libertad
Bernardo Moreno fue designado secretario general de la Presidencia en 2004 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por su responsabilidad en las ‘chuzadas’ ilegales, la Fiscalía le imputó cargos en mayo de 2011 ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que en ese momento no ordenó su captura.
Dos meses después, las víctimas pidieron su detención, que fue avalada por otro magistrado de ese Tribunal que ordenó su reclusión en el Centro de Estudios Superiores de la Policía en el norte de Bogotá. En marzo de 2013 fue dejado en libertad.
La Procuraduría lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por 18 años por los seguimientos ilegales realizados a periodistas, magistrados y opositores
Las claves de la sentencia
1. Plan ilegal
La gran conclusión de la Corte Suprema es que, en el gobierno de Álvaro Uribe, hubo un plan criminal ejecutado por el DAS para espiar y atacar, sin justificación legal, a sectores legítimos.
2. Orden superior
La sentencia señala que el plan se ejecutó para defender “intereses personales”, sin mencionar a nadie específicamente. Sin embargo, dice que el DAS cumplió siempre órdenes de la Casa de Nariño.
3. Más procesos
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno son los funcionarios de más alto nivel condenados hasta ahora por el escándalo de las chuzadas. Pero hay indagaciones sobre las actuaciones del exsecretario jurídico Edmundo del Castillo, el exsecretario de Prensa César Mauricio Velásquez y el exasesor y hoy senador José Obdulio Gaviria.
La exjefa de la agencia de inteligencia de Colombia, DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, fueron hallados culpables por delitos relacionados con las escuchas ilegales a magistrados de las altas cortes, periodistas y políticos de oposición durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El escándalo, que estalló en 2008 y se conoce como el caso de “las chuzadas”, provocó la liquidación del organismo de seguridad hace tres años.
Era un fallo anunciado. Hurtado, quien evadió durante cuatro años a la justicia, se entregó hace menos de un mes a las autoridades en Panamá, donde permaneció asilada la mayor parte del tiempo, luego de que Interpol expidiera una circular roja en su contra por petición de las autoridades colombianas. Desde entonces y tras reconocer que estaba cansada de esconderse, está recluida en un calabozo del búnker de la Fiscalía en Bogotá, a la espera del fallo que la Corte Suprema ha dado a conocer en la noche del viernes. Fue la primera vez que asistió al juicio que se prolongó más de dos años.
Bernardo Moreno, por su parte, sí se presentó a todas las audiencias, por lo que continuará en libertad hasta que se conozca la pena para ambos, lo que se espera ocurra en los próximos días.
En la sentencia, la Corte Suprema calificó la actuación de los exfuncionarios como “ilegal”, sin que existiera motivo “legítimo” para espiar a funcionarios y opositores de Uribe. También, que no les importó que con sus órdenes se estuvieran “configurando delitos”.
Hurtado, una abogada de 52 años, fue condenada por cinco delitos, entre ellos violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, ya que ordenó, cuando era directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo que dependía exclusivamente de la Presidencia, que se obtuviera de manera ilegal información de opositores como el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en ese entonces senador, o del periodista Daniel Coronell, que actualmente es vicepresidente de noticias de Univisión.
Uno de los casos más sonados de las “chuzadas” fue el montaje que ese organismo de seguridad intentó hacerle a Iván Velázquez, el exmagistrado auxiliar que lideró las investigaciones sobre parapolítica, como se le conoce a la alianza entre políticos y paramilitares, a quien intentaron hacer aparecer como si estuviera haciendo ofertas ilegales a desmovilizados para que declararan en contra de aliados políticos de Uribe. A Velázquez también le fueron interceptadas sus comunicaciones sin la orden de un juez.
Entre los casos que estudiaban los magistrados estaba el del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, quien fue condenado por nexos con paramilitares a 8 años de prisión y ya salió libre por pena cumplida.
Con relación a Bernardo Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Presidencia en 2004, la Corte encontró que fue pieza clave en las órdenes que se le dieron a Hurtado desde la casa presidencial, sin tener las atribuciones para hacerlo. “Fue él, Bernardo Moreno, el determinador de las conductas de los funcionarios del DAS que cometieron estas irregularidades”, dijo el magistrado ponente al anunciar el fallo, citado por los medios locales. Por estas mismas acusaciones, Moreno ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años.
La Corte valoró los testimonios que dieron varios exempleados del DAS, hoy condenados, como los jefes de inteligencia y contrainteligencia, que detallaron las órdenes que recibieron de Hurtado. Algunos de ellos también aseguraron que esas órdenes salieron de la casa presidencial, en cabeza de Bernardo Moreno y que el DAS tuvo el papel de ejecutarlas.
Lo que sigue, tras conocerse las condenas, es saber si María del Pilar Hurtado colaborará con la justicia, ya que la Fiscalía le ha ofrecido la posibilidad de obtener beneficios, como detención domiciliaria. Las víctimas de las ‘chuzadas’ esperan que revele quién dio la orden de espiar y si va a mencionar el nombre de Álvaro Uribe, hoy el más férreo crítico del presidente Santos, de quien a dicho que adelanta una persecución política en su contra y de sus excolaboradores.
En diálogo con EL TIEMPO, Montealegre señala que los beneficios judiciales se podrían extender al exsecretario de Palacio si decide entregar información que permita judicializar a otros enredados en el escándalo que llevó a la liquidación del DAS. (Lea también: Los argumentos de la Corte para condenar a Hurtado y a Moreno)
En firme la condena de María del Pilar Hurtado, ¿qué pasos reales puede dar la Fiscalía para concederle beneficios a cambio de colaboración?
Tras la condena en la Corte Suprema de Justicia se abre la puerta para una negociación que posibilite varias opciones, entre ellas rebajas de penas, tratamientos penitenciarios alternativos como la prisión domiciliaria y la libertad condicional o incluso la incorporación al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. Ahora, tenemos abierta la posibilidad de colaboración jurídica tanto para María del Pilar Hurtado como para el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas.
¿Esos beneficios dependerían de qué tipo de colaboración?
Se busca que se diga con claridad quién fue el destinatario de la información recaudada ilegalmente por el DAS. Lo que nos interesa saber en la Fiscalía General es quién fue el destinatario de esa información y establecer hasta qué niveles de la Presidencia llegó. La Fiscalía cuenta con evidencias suficientes para sostener que los abusos cometidos desde el DAS no se quedaron en el nivel de Bernardo Moreno y de María del Pilar Hurtado, sino que escalaron a otros dignatarios de la Presidencia de esa época. (Lea también: Bernardo Moreno, un hombre de mucho poder en Casa de Nariño)
Entonces, ¿con esta condena no queda cerrado el caso de las chuzadas?
El caso que en el país es conocido como las chuzadas en realidad son varios procesos. En el caso concreto de María del Pilar Hurtado no queda cerrado, ella tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como subdirectora del DAS, casos que están estrechamente relacionados con estas conductas. Ahora tendremos que mirar con cuidado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para establecer si se aplica la cosa juzgada frente a los hechos que ya fueron objeto de fallo. Ese es un estudio jurídico que empezaremos inmediatamente. Además, el país debe recordar que hay otros dignatarios de la Presidencia de la República que están siendo investigados por eso hechos.
¿Y ahora qué viene en esas investigaciones?
Es indiscutible que la sentencia condenatoria a estos dos altos exfuncionarios del Estado tendrá un efecto dominó sobre la responsabilidad de otras personas de la Casa de Nariño.
¿Eso quiere decir que hay otras personas que serían llamadas a responder por su responsabilidad en este escándalo?
El caso tiene mucha potencialidad por varias razones que enumero: primero, tenemos abierta la posibilidad de beneficios judiciales para los condenados. Segundo, están los procesos activos contra María del Pilar Hurtado y los demás exfuncionarios de la Casa de Nariño. En tercer término, hay un proceso que está andando en la Corte Suprema contra el senador José Obdulio Gaviria (exasesor externo de la Presidencia). La Fiscalía trasladó ese proceso en diciembre con las evidencias que lo comprometen en el caso. Y cuarto, consideramos que el tema no se circunscribe solo a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, sino que tenemos la certeza de que fue una operación de altísimo nivel desde la Presidencia de la República que significó una grave violación contra los derechos humanos de magistrados, defensores de aquellos derechos y líderes de la oposición.
El fiscal Montealegre dice que María del Pilar Hurtado tiene otros procesos en los que obtendría beneficios a cambio de información. Foto: Archivo EL TIEMPO.
Discusión jurídica
La propuesta de la Fiscalía de ofrecer beneficios para María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno generó polémica entre expertos, porque llegó cuando el juicio está cerrado. Mientras unos plantean que el Sistema Penal Acusatorio prevé que las negociaciones y beneficios deben darse antes de iniciar el juicio, hay quienes coinciden con el fiscal Montealegre en tanto que existen opciones. Algunas plantean concesiones durante la ejecución de la pena o acuerdos sobre otros procesos en curso.
Exsecretario no considera la propuesta
El abogado Jaime Granados, defensor del condenado exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno Villegas, dijo que su cliente no ha considerado en ningún momento buscar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales.
EL TIEMPO consultó a Granados, quien sostuvo que el exfuncionario ha tenido una posición clara desde el inicio de la investigación en su contra -que terminó el viernes pasado con una sentencia condenatoria- y que “seguirá actuando coherentemente como lo ha hecho hasta el momento”.
El jurista fue enfático en señalar que el tema “no se ha discutido nunca y esa posibilidad no está contemplada”.
Las claves del fallo de la Corte Suprema
1. Seguimientos a magistrados
Quedó probado que con dinero del DAS se pagó a fuentes humanas para que grabaran las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema. “María del Pilar avaló ese procedimiento, permitiendo que continuara ejecutándose (...) siguiendo instrucciones de la Presidencia de la República, varias de las cuales, se deduce, fueron impartidas por Bernardo Moreno”.
2. Acuerdo para delinquir
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno realizaron conductas que obedecieron a un “acuerdo para utilizar de manera permanente” el DAS con el fin de obtener información bajo “toda suerte de procedimientos y operaciones sin importar que ello implicara la comisión de delitos”. Los datos se usarían para desprestigiar magistrados y políticos.
3. Abuso de función pública
Se configuró este delito, según la Corte, porque los funcionarios impartieron órdenes que, “aunque podían darlas por ser funciones propias de sus cargos, resultaron ser arbitrarias e injustas” pues hicieron uso del DAS para “propósitos distintos a los fijados por las normas vigentes”. Esto, “implicó la comisión de un concurso homogéneo y sucesivo de delitos de abuso de autoridad”.
4. Órdenes venían de Palacio
La Corte dice que los seguimientos a Yidis Medina y a los magistrados en el llamado ‘caso paseo’, fueron ordenadas desde la Presidencia, directamente por Bernardo Moreno. A él llegó la información de esa y otras actividades de inteligencia ilegales. De hecho, dice que Moreno terminó “cumpliendo labores de investigador” cuando llamó a Satena a averiguar por el viaje de magistrados a Neiva.
5. Congresistas en la mira
En el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, la Corte indica que, “aunque el DAS contaba con una justificación legítima para que el Estado ejerciera su función de inteligencia”, los seguimientos se realizaron bajo el aval de Hurtado y sin que mediara una orden judicial. Sobre el exsenador Gustavo Petro, “no se estableció cuál fue el motivo que llevó al DAS a investigarlo, distinto a su postura como opositor”.
Los casos en los que sigue la investigación
- El exsecretario jurídico de presidencia Edmundo del Castillo ha sido mencionado en varios de los expedientes. Habría asistido a reuniones en donde supuestamente se habló de planes para desprestigiar a magistrados.
- El exasesor de Presidencia José Obdulio Gaviria, hoy senador del Centro Democrático, también ha sido mencionado como partícipe en los hechos. La Fiscalía le compulsó copias ante la Corte Suprema.
- Aunque en el 2010 la Procuraduría cerró la indagación contra el exsecretario de Prensa César Mauricio Velásquez, las víctimas de las actividades del DAS dicen que conocía del plan ilegal.
- La Fiscalía sostiene que Hurtado podría entregar información que llevaría a establecer si el exviceministro Jorge Mario Eastman estuvo al tanto de las acciones de desprestigio desarrolladas por el DAS.
Alberto Velásquez, secretario general de Palacio hasta 2005; Sabas Pretelt, exministro y exembajador, y Diego Palacio, ministro de la Protección Social en el 2004.
Casi once años después de la polémica sesión de la Comisión I de Cámara que decidió, en quinto debate, la suerte de la reforma constitucional que revivió la reelección presidencial en Colombia, los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y el exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez fueron condenados por el delito de cohecho.
Los tres, que formaron parte del ‘sanedrín’ del gobierno de Álvaro Uribe, pagarán penas de 80 meses (los dos exministros) y de 60 meses (Velásquez) por “corromper” a los parlamentarios Yidis Medina y Tedolindo Avendaño para que apoyaran ese proyecto, que habilitó a Álvaro Uribe para reelegirse en el 2006.
Con ellos son ya ocho las fichas más cercanas al expresidente Uribe condenadas por la justicia. Este miércoles en la noche, tanto Pretelt como Palacio se entregaron a agentes del CTI. El primero en Cartagena y el segundo, en Bogotá, donde el Inpec les definirá su sitio final de reclusión.
El exsecretario Velásquez está hace varios días en Estados Unidos, en un compromiso familiar, y este miércoles le aseguró a EL TIEMPO que la próxima semana regresará para “ponerle la cara a la justicia”. “No hay la menor posibilidad de que me quede por fuera del país”, afirmó.
Y agregó que le sorprende la decisión de la Corte, que no comparte pero respeta. “Soy inocente de los cargos por los que me acusó la Fiscalía, los mismos por los que la Procuraduría me absolvió”, dijo.
La sentencia señala que esos altos funcionarios “actuaron mancomunadamente y con el mismo propósito”: lograr la aprobación de un acto legislativo en el que el Presidente de la República de la época, Álvaro Uribe, “tenía interés”, según la sentencia.
Para ello ‘voltearon’ el voto de Medina, quien había firmado una proposición para hundir la reelección, y lograron que Avendaño, otro opositor, se ausentara de la sesión.
En el comunicado en el que este miércoles oficializó la condena, la Corte Suprema señaló que en el expediente “se determinó cómo, siguiendo instrucciones del presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los exministros dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar, con una serie de nombramientos, el voto favorable de la exrepresentante Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación de aquella madrugada”.
La sentencia afirma que los exfuncionarios “lograron, a cambio de prebendas burocráticas, comprar” a los parlamentarios, en aras de “la satisfacción de intereses personales, muy lejos de las buenas prácticas de la política”. Y agregan que “ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los destinos del país”. La Sala señaló también que, si no hubiera ocurrido la interferencia, “tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad, que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes”.
‘Puestos por votos’
El fallo lo tomaron cuatro magistrados titulares y cinco conjueces que votaron de manera unánime por la condena.
Dice que para la aprobación de la reelección, esos funcionarios de Uribe “acudieron a prácticas corruptoras frente a dos congresistas provincianosde nivel académico muy básico, pobre estructura intelectual y vasta ambición de reconocimiento”.
Teodolindo y Yidis fueron condenados por los mismos hechos, al igual que el exrepresentante Iván Díaz Matéus, que era el dueño de la curul de Medina y quien la presionó para que cambiara su voto. (Lea aquí: 'Yidispolítica', el escándalo que nos dejó la reelección de Uribe)
A Sabas Pretelt, quien como Palacio había sido destituido por el mismo caso, la Corte lo responsabilizó por los nombramientos de César Guzmán, amigo de Yidis Medina, en el Ministerio de Justicia; y de un notario en Barrancabermeja, zona de origen de la congresista. También, por entregarle la Notaría 67 de Bogotá a Teodolindo Avendaño, quien ‘vendió’ ese puesto a Luis Camilo O’meara.
En el caso de Diego Palacio, que, aunque su cartera (Salud y Trabajo) no era cercana al mundo de la política estuvo al frente del trámite del proyecto en el 2004, se le atribuyen los nombramientos de la nuera de Teodolindo “para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali” y el ofrecimiento de la notaría en Bogotá. Asimismo, Palacio le ofreció a Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde fue nombrado el ingeniero Carlos Correa Mosquera, ficha de ‘Yidis’.
Ambos fueron condenados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material homogéneo. A Velásquez se le responsabiliza solo por cohecho: el nombramiento de Jairo Plata Quintero en la Red de Solidaridad Social en el Magdalena Medio, “en cumplimiento de un compromiso adquirido con Yidis después de la charla privada que sostuvo el 2 de junio de 2004 con el entonces Presidente”.
Uribe dice que no cometieron delitos
Tras conocer la condena de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe defendió a sus exfuncionarios.
A través de su cuenta en ‘Twitter’, escribió: “Acudiremos a la comunidad Internacional, porque sobre las mentiras de Yidis condenaron a los compañeros no por delitos sino por oposición a reelección”.
El senador Alfredo Rangel, por su lado, aseguró que era “una prueba más de la persecución de una justicia politizada al uribismo y al Centro Democrático”.
Yidis Medina, que con su confesión desató el escándalo, aseguró que la condena era inevitable.
Este viernes, condena por chuzadas
Mañana se conocerá el monto de la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Palacio Bernardo Moreno, por el caso de las chuzadas del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Fueron hallados culpables el pasado 27 de febrero de impartir órdenes ilegales y de usurpar competencias que no les correspondían.
Los cinco escuderos de Uribe que caminan hacia la cárcel
El expresidente vive un momento amargo al ver que la prisión abre sus puertas para cinco de sus funcionarios más fuertes: dos exministros de Estado, dos exsecretarios de la Casa de Nariño y una exdirectora del DAS.
En la columna de la izquierda, de arriba hacia abajo: Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. En la derecha, Diego Palacio y Alberto Velásquez. En el centro: Sabas Pretelt de la Vega. Foto: Archivo SEMANA
El expresidente Álvaro Uribe Vélez vive una de sus semanas más difíciles. En cuestión de horas, cinco de los miembros más importantes de su gobierno caminan hacia la cárcel por haber cometido gravísimos delitos. Se trata de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, los exsecretarios de la Casa de Nariño Alberto Velásquez y Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. En la práctica, se trata del núcleo político que durante su administración tomó algunas de las decisiones más trascendentales para el país.
En la tarde de este miércoles se conoció la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia a 80 meses (seis años y ocho meses) de prisión a los exministros Pretelt y Palacio, y a 60 meses (cinco años) al exsecretario Velásquez por el caso de la ‘Yidispolítica’. Los tres fueron condenados por cohecho, por ofrecer y entregar dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe Vélez.
La decisión judicial sacudió el mundo político y se produjo casi seis años después de que fue condenada la excongresista Yidis Medina por haber votado a favor de la reelección a cambio de dádivas ofrecidas por el Gobierno. “Estoy tranquila. Hay justicia divina y exalto la labor de la Corte Suprema en este fallo. Hoy no soy yo quien dice que los ministros cometieron irregularidades, es el alto tribunal”, le aseguró Yidis a Semana.com.
El juicio, que empezó el 12 de diciembre del 2012, estuvo marcado por un constante enfrentamiento entre ella y los exministros y el exsecretario de Palacio, quienes en todo momento negaron haber ofrecido dádivas para que ella modificara su voto. Sus puntos de vista fueron respaldados durante todo el tiempo por Uribe, quien reclamó la inocencia de los hombres de su equipo de confianza.
Entretanto, el caso avanzó y la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo en que hubo irregularidades en el trámite de la reelección del 2006 y pidieron a la Corte la condena, por estimar que los exfuncionarios propiciaron la corrupción. Ese fue, por ejemplo, el mensaje del fiscal delegado del caso, Álvaro Osorio, quien aseguró que los hoy condenados le pusieron precio a la función pública para que los congresistas actuaran permeados de promesas y no por sus propias convicciones.
“Al concurrir al ofrecimiento de prebendas afectaron la transparencia en el trámite del proyecto de acto legislativo de reelección presidencial, así como la integridad y moralidad de la función parlamentaria y vulneraron los fines que rigen la actuación de los congresistas”.
¿Qué ofrecieron estos altísimos funcionarios a cambio de inclinar el voto de los dos congresistas? El manejo de puesto en hospitales y notarías. Esto es, según el proceso, convertir la administración pública en un botín.
El procurador delegado Jorge González Vásquez aseguró que todo este escenario permitió que se trastocaran las reglas propias de una democracia para “hacer un vulgar negocio de compraventa” con los excongresistas.
“¿En un gobierno con ese interés político, en un gobierno caudillista, de quien se ha dicho, no sin razones, que no tenía ministros sino viceministros, iba a pasar al margen del tema principal la conversación entre Diego Palacio y Teodolindo Avendaño?”, preguntó en su momento. Los funcionarios insistieron de nuevo en su inocencia. “Pretelt de la Vega, dijo el expresidente Uribe en su momento, es inocente”. Este, a cambio, señaló que Uribe era incapaz de cometer un delito: “Uribe es un tipo incorrupto y juro por mi madre, que está en el cielo, que jamás me dijo ‘páguele a Yidis”.
A la condena de este miércoles se suma la que se producirá este viernes en contra de Moreno y Hurtado. El pasado 27 de febrero, la Corte Suprema dio a conocer en audiencia pública el sentido del fallo condenatorio contra el exsecretario general de la Presidencia y la exdirectora del DAS por las interceptaciones ilegales realizadas a magistrados, líderes de oposición y periodistas en un capítulo conocido popularmente como las ‘chuzadas’.
El magistrado Fernando Castro Caballero condenó a Moreno por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Por su parte, María del Pilar fue encontrada responsable de las conductas de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Este viernes hacia las 8:30 de la mañana están citadas todas las partes a la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia para oír la lectura de la condena contra los dos. Con lo que se cerrará una semana que ha sido muy dolorosa para el expresidente.
Al tiempo que el magistrado Fernando Castro Caballero leía el fallo contra dos de los miembros más importantes del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el hoy senador lamentaba a través de las redes sociales las condenas que profería la Corte Suprema contra María del Pilar y Bernardo Moreno.
"Qué tristeza que a Bernardo Moreno y a María del Pilar Hurtado los condenen por cumplir el deber", sentenció el mandatario.
Se trata del exsecretario de la Presidencia y la exdirectora del DAS, quienes escuchan atentos la condena del alto tribunal luego de que el pasado 27 de febrero los halló responsables de las interceptaciones ilegales contra magistrados, líderes de oposición y periodistas, en un capítulo conocido popularmente como las ‘chuzadas’.
Bernardo Moreno, condenado por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, recibió una pena de ocho años de prisión con beneficio domiciliario.
Mientras, María del Pilar escucha atenta el fallo definitivo luego de que el tribunal la encontró responsable de las conductas de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El expresidente no pasa por el mejor momento. En menos de quince días cinco altos funcionarios de su gobierno caminan hacia la cárcel por haber cometido gravísimos delitos. Además de las codenas que hoy se conocieron, el pasado 15 de abril esta misma Corte envió a la cárcel a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y al exsecretario de la Casa de Nariño Alberto Velásquez.
Ese día la Corte Suprema de Justicia condenó a 80 meses (seis años y ocho meses) de prisión a los exministros Pretelt y Palacio, y a 60 meses (cinco años) al exsecretario Velásquez, por el caso de la ‘Yidispolítica’.
Los tres fueron condenados por cohecho, por ofrecer y entregar dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe Vélez.
Por si fuera poco, este jueves el alto tribunal decidió trasladar copias para que se investigue a los exfuncionarios del gobierno Uribe: Jorge Mario Eastman, Andrés Peñate, Edmundo del Castillo y al exjefe de comunicaciones de la Presidencia César Mauricio Velásquez, así como al asesor José Obdulio Gaviria. Además que ordenó a la Comisión de Acusaciones investigar al exmandatario por estos hechos.
La decisión sacude al mundo político. Mientras unos la consideran justa hay quienes dicen que se trata de una clara ofensa contra el gobierno Uribe. Lo cierto es que el exmandatario ve como semana tras semana su círculo político es puesto tras las rejas por diferentes temas. El más reciente fue el de la yidispolítica.
Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual del uribismo.
Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual del Centro Democrático investigado por la Fiscalía, abandonó el país y, al parecer, nadie de esa organización política tiene idea de su paradero.
EL TIEMPO confirmó este lunes que Hoyos, vinculado penalmente al proceso por el intento de torpedear el proceso de paz en el que está implicado el hacker Andrés Sepúlveda, se fue de Colombia en diciembre pasado.
El ente investigador indaga a Hoyos por supuestamente haber dado instrucciones al hacker para conseguir información sobre los diálogos de La Habana, cuando Sepúlveda estaba al servicio de la campaña presidencial del candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga.
Dentro del proceso está pendiente una reunión de alto nivel de la cúpula de la Fiscalía, en la cual se decidirá sobre la imputación de cargos a Hoyos.
El exasesor del Centro Democrático es un hombre cercano al expresidente Álvaro Uribe (jefe máximo de ese partido), pues durante sus dos gobiernos fue director de Acción Social y embajador de Colombia en la OEA.
Con su salida de Colombia, Hoyos engrosó la lista de integrantes del uribismo que han abandonado el país por tener procesos penales en curso. En el listado aparecen la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado; el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, y el exministro Andrés Felipe Arias.
Paradero desconocido
Congresistas y copartidarios de Hoyos manifestaron este lunes desconocer su ubicación actual.
Desde el domingo, cuando comenzaron los rumores de la salida de Hoyos del país, Zuluaga dijo no saber sobre su paradero, lo mismo que manifestaron este lunes los senadores Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria.
“Lo que sí creo es que esto es una persecución política del Fiscal, quien estuvo a sueldo del Gobierno antes de ser jefe del ente investigador y ahora está persiguiendo a la oposición”, afirmó Valencia.
El senador Carlos Felipe Mejía, caldense como Hoyos, dijo no tener “ni idea” si su paisano y copartidario “está en Bogotá o ha salido del país”.
“La última comunicación que tuve con él fue a finales de diciembre, pero hablamos fue de temas familiares y personales. La familia de él ha sido muy cercana a mí y hablamos fue de la Navidad y el Año Nuevo”, afirmó Mejía.
El congresista agregó que Hoyos fue su asesor en el Senado y agregó que tenía un contrato de prestación de servicios “que se venció el pasado 31 de diciembre”.
“El dos o tres de enero le pedí a la Dirección Administrativa del Senado que le renovara el contrato, pero él, vía correo electrónico, manifestó que no podría continuar con la asesoría porque tenía que resolver o responder a unos compromisos académicos fuera de Bogotá, pero fue algo que él decidió, no fue por determinación mía”, explicó.
Mejía aseguró que Hoyos “nunca” le “profundizó” sus razones para declinar su trabajo como asesor ni tampoco sobre los compromisos académicos que dijo tener.
El senador Ernesto Macías y el representante a la Cámara Edward Rodríoguez, ambos uribistas, también manifestaron desconocer la ubicación actual de Hoyos.
Al cierre de esta edición, el expresidente Álvaro Uribe, tampoco se había pronunciado sobre la salida de Hoyos del país.
El director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, aseguró que el asesor espiritual de la campaña presidencial del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, es el autor intelectual de las interceptaciones ilegales que realizó el hacker Andrés Fernando Sepúlveda a los negociadores de paz y quien fue condenado a 10 años de prisión luego de admitir su participación en los hechos.
Estas declaraciones se dan luego de que un juez avaló el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con dos funcionarios que entregaron información confidencial de inteligencia del Estado sobre las Farc a a la campaña del Centro Democrático a través de Hoyos y que indicaron que por eso recibieron dinero del exasesor espiritual.
Los dos nuevos condenados son el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilson Torres y el sargento Moreno, adscrito la Central de Inteligencia del Ejército (Citec).
Torres pasará en prisión durante cuatro años y cuatro meses, mientras que el sargento deberá cumplir una pena por seis años y ocho meses.
Los dos se comprometieron a servir de testigos de la Fiscalía en otros procesos que se adelanten por el caso del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión tras admitir que interceptó ilegalmente a los negociadores de paz.
De acuerdo con el director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, los dos nuevos condenados recibieron 8 millones de pesos a cambio de entregar al director espiritual de la campaña del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, información confidencial de inteligencia que hizo el Estado a las Farc y que, incluso, daba cuenta de objetivos de la guerrilla en el exterior.
Ex concejal por el Centro Democrático en Cúcuta, vinculado a un entramado criminal ligado al contrabando desde Venezuela, al lavado de activos y a la financiación de la ultraderecha. Autoridades en Caracas andan tras los autores intelectuales del crimen del diputado Robert Serra
Julio Vélez también es acusado por el crimen de su esposa.
Alberto Acevedo
La detención en Venezuela del ex concejal de Cúcuta y cabeza visible del Centro Democrático, Julio César Vélez, en la madrugada del 3 de junio pasado, es la punta de la madeja del entramado de una verdadera empresa criminal que tiene su máxima expresión en el asesinato del diputado socialista Robert Serra y de su compañera María Herrera, ocurridos el 1 de octubre del año pasado.
Correspondió al presidente Nicolás Maduro hacer el anuncio de la captura del político colombiano, a quien las investigaciones del asesinato del diputado Serra señalan como el determinador y financiador del crimen del líder socialista, una joven figura del chavismo, que tenía un prometedor futuro político por delante y cuya muerte conmocionó a la sociedad venezolana.
La detención de Vélez, sumada al proceso que ya se inició en Caracas contra el delincuente Leiver Padilla, alias El Colombia, también implicado en el mismo crimen, y las alrededor de diez detenciones de otros elementos criminales, muestran la siniestra conexión entre grupos delincuenciales de ambos lados de la frontera con el sector más recalcitrante de la derecha venezolana y colombiana, empeñados en planes golpistas y desestabilizadores contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro, y la presencia de grupos paramilitares a su servicio.
El presidente Maduro, en alocución ante el pueblo venezolano, el 3 de junio pasado, dijo que Julio César Vélez fue capturado en la madrugada de ese mismo día “en el este de Caracas” y “ya estamos en las operaciones de búsqueda y allanamiento de un conjunto de cómplices que tenía en Venezuela”.
¡Casi se escapa!
Puntualizó el mandatario que “el crimen de Serra, al cual las autoridades de policía vinculan a Vélez, “es un caso de sicariato político que trató de ser presentado, como muchos otros, como asesinato producto de la delincuencia común”, cuando en realidad se trata de “un falso positivo”. Utilizó un término propio del lenguaje colombiano, pues en su opinión la violencia de las bandas criminales, bacrim, que operan a este lado de la frontera, ha sido trasladada a Venezuela.
Advirtió a los enemigos del proceso democrático y soberano que se construye en Venezuela que una cosa es la lucha electoral y otra la guerra contra el país. Dijo Maduro que Venezuela “ama la paz” y “la vamos a preservar, la vamos a cuidar, la vamos a proteger”. Llamó al pueblo colombiano a “cerrar filas con la paz de Venezuela” y a defender “el derecho a la tranquilidad” de su nación.
Julio César Vélez fue capturado en un taxi que hacia la media noche había salido de Caracas y ya se encontraba en un sitio entre los estados de Lara y Yaracuy. Todo indica que sus mentores en Venezuela lo habían alertado del hecho de que se le estaba cerrando el círculo y era inminente su captura. Que escapara a Colombia, se entregara a las autoridades en este país, con la certeza de que le resultaría mejor enfrentar un proceso criminal aquí o escapar de la cárcel, con ayuda de cómplices.
Empresa criminal
Conocido entre sus amigos con el alias de Julito, Vélez es prófugo de la Justicia colombiana, que lo acusa del asesinato de su esposa, María Claudia Castaño, en el año 2010. Su abogado, Jaime Granados, mano derecha del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, se encargó de la defensa de Julio Vélez, que alcanzó a estar detenido unos días y, a pesar de decenas de pruebas en su contra, salió libre y escapó a Venezuela.
Julio Vélez, su padre y otros elementos delincuenciales, que constituyen una verdadera mafia, han convertido a Cúcuta en un centro de conspiración contra la revolución bolivariana de Venezuela. Las casas de cambio allí instaladas son fachadas para la fuga de capitales desde Caracas. De hecho han creado el denominado ‘dólar Cúcuta’, una moneda especulativa para golpear la economía venezolana. Esta mafia está íntimamente vinculada a grupos contrarrevolucionarios en Miami, tienen una oficina denominada ‘dólar today’ y, según fuentes consultadas por VOZ, todas estas operaciones criminales se dan con el consentimiento de los Estados Unidos.
Como empresa criminal, estos elementos están vinculados al contrabando en gran escala, al lavado de activos, y además se colocan al servicio de los sectores fascistas de la burguesía venezolana. Este entramado es manejado por los grupos paramilitares de la región, íntimamente vinculados al uribismo en Norte de Santander.
La mano del uribismo
En este sentido, no es casual la reacción inmediata del senador Uribe Vélez ante la captura de alias Julito, en la que acusa de ‘dictador’ al mandatario venezolano y promete seguir apoyando la ‘democracia’ en el vecino país. Es decir, apoyando la contrarrevolución, la desestabilización y el sabotaje.
Las labores de inteligencia policial en Venezuela indican que Leiver Padilla, El Colombia, fue el autor material del crimen del diputado Serra, y Julito el financiador. Falta por capturar a los autores intelectuales. Las autoridades del vecino país no enfrentan un proceso criminal cualquiera. Se trata de esclarecer el homicidio de un líder nacional de la revolución bolivariana, en el marco de la “guerra de baja intensidad” que se libra en Venezuela por cuenta de sectores golpistas y de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Pero además, la conspiración no es ajena al odio que el senador Uribe Vélez tiene por el proceso de cambios sociales que se vive en el vecino país. Esto lo tiene claro la dirigencia del PSUV, que lo sindica como elemento fundamental en la conspiración.
“Todo apunta a que este personaje (alias Julito) tiene que ver con este crimen, por los nexos que tiene con Álvaro Uribe, gran enemigo de Venezuela y del deseo y la necesidad que tenemos todos los venezolanos de seguir adelante con esta patria en condiciones de paz”, dijo el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.
PROTESTA. Familiares exhiben las fotos de sus seres queridos, víctimas de los ‘falsos positivos’, como se conocen los asesinatos de inocentes por parte de agentes estatales para ganar méritos. (EFE)
BOGOTÁ, EFE
La Justicia colombiana condenó a seis militares a 34 años de prisión e inhabilidad de derechos y funciones públicas por 15 años por la ejecución extrajudicial de un ciudadano en 2003, informó hoy la Fiscalía. Entre los seis condenados se encuentra el sargento viceprimero del Ejército José de Jesús Rueda Quintero, actual jefe de Derechos Humanos del Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja, departamento de Santander (este), según un comunicado de la Fiscalía.
Falso positivo
Los seis militares integraban una unidad antiguerrilla y presentaron al asesinado, Wilfrido Chantrix Quiroz, como muerto en combate contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el caserío de Llerasca ,del municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar (noreste). Según informaron en su momento los militares ahora condenados, junto a Chantrix hallaron una escopeta, 12 cartuchos, una granada de mano y un proveedor para fusil de fabricación venezolana.
Sin embargo, las labores de investigación determinaron que la víctima trabajaba recogiendo basura para el reciclaje y padecía problemas mentales.
Asesinato y escándalo
En la noche de su asesinato, el 21 de octubre de 2003, se encontraba en su residencia, no tenía vínculos con los grupos guerrilleros y jamás portó armas de fuego, agregó la información.
El escándalo sobre este tipo de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos, creció el pasado miércoles cuando la ONG Humans Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señaló a altos mandos militares de estar implicados en estos casos.
Hay 3.000 casos esperan justicia
La Fiscalía de Colombia tiene registrados 3.000 casos de ‘falsos positivos’, civiles asesinados por militares que posteriormente eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir beneficios o ascensos.
El informe de HRW aborda los casos producidos entre 2002 y 2008, durante la Presidencia de Álvaro Uribe, que tuvo durante parte de ese periodo, entre 2006 y 2009, como ministro de Defensa al actual mandatario, Juan Manuel Santos.
Top 5 de los funcionarios que le huyeron a la justicia colombiana
El Espectador recopiló los casos de servidores públicos que decidieron asilarse, fugarse o esconderse para no enfrentar los procesos penales que tenían en contra por algunas de sus actuaciones.
Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo, Coronel (r) Hernán Orozco. /Archivo
Las fugas de algunos funcionarios, sobre cuya espalda pesan procesos penales o investigaciones de episodios tan graves como el de las interceptaciones ilegales del DAS, siempre resulta polémica ante la opinión pública. Mientras sus asiduos defensores señalan falta de garantías procesales en Colombia, los detractores los tildan de prófugos interesados en encubrir las irregularidades y entorpecer la administración de justicia. Lo cierto es que para las autoridades se complica el panorama cuando los implicados y protagonistas huyen, pues sin sus testimonios o declaraciones sobre hechos como el del DAS, las falsas movilizaciones o la masacre de Mapiripán, esclarecer los casos resulta prácticamente imposible. Este es el top 5.
1. Andrés Felipe Arias
Desde el pasado 3 de julio, cuando la Corte Suprema de Justicia reveló que había encontrado culpable al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades en los contratos celebrados dentro del programa Agro Ingreso Seguro implementado en la presidencia de Álvaro Uribe, el nombre de Arias ha estado en el ojo del huracán. Ese día el procesado brilló por su ausencia durante la audiencia y trascendió que estaba fuera del país con su familia. Posteriormente, se conoció que su escolta lo había visto por última vez el 13 de junio y se especuló que podía estar en Miami. Un paradero que la Cancillería confirmó en la mañana de este jueves, mientras en la Corte leían la condena que Arias deberá pagar por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Según la canciller, María Ángela Holguín, Arias hizo unos trámites de autenticación de documentos en el consulado de esa ciudad: “La cónsul se lo comunica a la Cancillería y nosotros le suministramos la información a la Fiscalía”. Y añadió que cuando se presente la solicitud de captura, su despacho tramitaría la eventual deportación.
La salida de Arias del país, al parecer, no tuvo ningún contratiempo. Frente a este panorama la Fiscalía se pronunció afirmando que en 17 ocasiones se opuso a las solicitudes de libertad que Arias hizo ante los jueces, pues hasta el 14 de junio de 2013 enfrentó su proceso penal en prisión. Finalmente, ese día el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad al considerar que el exministro no representaba un peligro para la sociedad y tampoco obstruiría a la justicia. Una tesis que pareció desvirtuarse desde que se supo que Arias estaba fuera del país y, posiblemente, sin intenciones de regresar. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia libró orden de captura en su contra, luego de condenarlo, y ahora las autoridades deberán adelantar los diferentes trámites para pedir su deportación.
2. María del Pilar Hurtado
El asilo en Panamá de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, se ha convertido en todo un novelón desde que el pasado 29 de mayo la Corte Suprema del país vecino declaró inconstitucional el decreto que le permitía permanecer en ese territorio. Han pasado casi dos meses y su paradero aún es una incógnita, pues al no tener circular roja de la Interpol su captura en cualquier país en el extranjero resultaría ilegal. En pocas palabras, la orden de detención contra Hurtado sólo está vigente en Colombia. Apenas se conoció la decisión del alto tribunal, la Fiscalía solicitó por segunda vez a la Interpol emitir esta circular; sin embargo, en la tarde de este miércoles el organismo internacional negó dicho recurso argumentando que el caso de Hurtado era de carácter político. El mismo día también trascendió que Hurtado estaría buscando acercamientos con el ente investigador para volver al país. Ya el pasado 2 de julio, el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo que estaría dispuesto a otorgarle beneficios para que pueda “colaborar con la justicia y contar la verdad de lo acontecido”.
Desde que Hurtado huyó a Panamá en noviembre de 2010 su asilo ha estado en el centro de la polémica. Sin su declaración el capítulo de las interceptaciones ilegales que durante el último gobierno de Álvaro Uribe perpetraron agentes del DAS contra de magistrados, políticos de oposición y periodistas queda incompleto. La Corte Suprema de Colombia le adelanta un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pues se la señala de haber orquestado este espionaje en el tiempo que ejerció la dirección del DAS, del 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008. En concreto, si alguien sabe sobre este oscuro episodio del DAS es ella, pues varios testigos, como el exdirector de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, han señalado que Hurtado era quien ordenaba los seguimientos por mandato de la Casa de Nariño.
3. Luis Carlos Restrepo
El 8 de enero de 2012, el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, desapareció literalmente del mapa. Salió del país con un rumbo que aún no se ha podido establecer pero que algunos especulan sería Nueva York. Su motivación para huir fue la investigación que se abrió en su contra por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc en el Tolima, ocurrida el 7 de marzo de 2006. En ese momento, Restrepo llevaba cuatro años fungiendo como comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las declaraciones de algunos de esos supuestos desmovilizados desenmascararon la presunta entrega de 62 guerrilleros, 60 armas y un avión Aero Commander 684. La mayoría de estas personas que se hicieron pasar por guerrilleros eran civiles a los que se les pagó $500.000 pesos por participar en el montaje. Un engaño que le costó al Estado $1.156 millones, según la Fiscalía.
El escándalo no había terminado de estallar cuando ya Restrepo había dejado Colombia. Cuando la Fiscalía quiso imputarle los cargos de peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal, y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, ya era muy tarde. Entonces, el ente investigador decidió acusarlo en ausencia el 1 de octubre de 2013, luego de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra. La única pista sobre su supervivencia es una carta fechada en diciembre de 2013, y que publicó el portal Las Dos Orillas, en la que opinó sobre la campaña electoral que apenas cobraba forma para las presidenciales. Allí sostuvo, entre otras cosas: “Frente a los diálogos de La Habana debe quedar claro que no nos oponemos a la paz, sino al engaño. La manipulación de las ilusiones de paz con fines electorales no nos traerá la paz sino más violencia. Hay que hablar con claridad y recordar que la combinación de violencia y política ha sido el origen de nuestros males”.
4. Coronel (r) Hernán Orozco
El coronel (r) Hernán Orozco es el primero de esta lista, además de Arias, que tiene una condena. Se conoce su paradero y aun así no ha regresado al país a pagar la pena. En 2007, el juzgado noveno especializado de Bogotá lo condenó a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Mapiripán (Meta), una incursión paramilitar que del 15 al 20 de junio de 1997 sembró terror en la zona asesinando, torturando e incluso lanzando cuerpos de las víctimas al río Guaviare. Una matanza de la cual hoy no se conoce el número real de víctimas. Pese a la responsabilidad que se le endilga a Orozco en este episodio macabro, el coronel (r) se encuentra desde 2003 viviendo en Miami porque logró un asilo en Estados Unidos aduciendo que su vida y la de su familia estaban en riesgo si continuaban en Colombia. En julio de ese mismo año se expidió una orden de captura contra Orozco, pero las medidas de protección que pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Colectivo José Alvear Restrepo, lo sacaron del país.
Por ahora vive en Miami como cualquier ciudadano que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Sobre la masacre sólo ha dicho que le envió un oficio al general (r) Jaime Humberto Uscátegui, a quien en junio pasado la Corte Suprema condenó a 37 años por estos hechos, informándole del riesgo que corrían los habitantes de Mapiripán. Orozco, comandante para 1997 del batallón Joaquín París, lo acusó de no haber actuado pese a la advertencia que él había librado. De ahí en adelante no ha aportado más información para reconstruir esta masacre que sigue llena de incógnitas. En 2011, la revista Semana informó que Orozco pasa sus días en Miami y “luce un impecable uniforme, tiene carros y un cómodo domicilio. De día trabaja como agente de seguridad en un condominio y por las tardes sale en su bicicleta a dar paseos por su vecindario para estar en forma”.
5. Carlos Arturo Marulanda Ramírez
Si bien la historia de Carlos Arturo Marulanda, excongresista, exministro y exembajador ante la Unión Europea, se remonta más de 10 años atrás, es el único que después de haber huido del país fue capturado por la Interpol y extraditado a Colombia. En agosto de 2001, en pleno centro de Madrid, pasó de prófugo colombiano a detenido por autoridades internacionales. Dos años antes, en 1999, la Interpol expidió una circular roja en su contra; sin embargo, Marulanda había salido legalmente del país en noviembre de 1997 con rumbo hacia Miami. Sobre él pesaba la acusación de haber participado en el desalojo violento de 170 familias de campesinas, unas 1.500 personas, de la finca Bellacruz (Cesar) a manos de los paramilitares, en hechos ocurridos entre el 14 y 15 de febrero de 1996. Una irrupción en la que hubo asesinatos, torturas y fueron desaparecidas 30 personas, sin mencionar el desplazamiento forzado que se generó. La tierra donde habitaban estas familias pertenecía a la familia Marulanda. En 1999, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir, incendio y daño en bien ajeno, y en 2001 la Procuraduría pidió que fuera llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y falsedad por hechos relacionados en su desempeño como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea entre 1991 y 1997.
Sin embargo, en noviembre de 2002, seis meses después de su captura, Marulanda fue dejado en libertad. La fiscal de ese momento, Martha Luz Reyes desestimó los cientos de folios del proceso y decidió revocarle los delitos y continuar el proceso sólo por el cargo de incendio, que era excarcelable. A consideración de la delegada del ente acusador, en los hechos de 1997 no se presentaron homicidios, masacres, ni heridos. Sólo consta, según argumentó, el alegato de los campesinos que les fueron quemados los ranchos, es decir, el delito de incendio que para el momento oscilaba entre 2 y 10 años. Cuando recobró su libertad, Marulanda expresó: “Desde siempre he dicho que soy inocente de los cargos que se me hacen. Se me involucró en unos hechos ocurridos en el departamento del Cesar en 1996, cuando me estaba desempeñando como embajador de Bruselas, a 9.500 kilómetros de distancia, y por lo tanto ajeno a lo que allí sucedió”. Su hermano, Francisco Alberto, sí fue hallado culpable de los cargos que en un principio se le endilgaron a Carlos Arturo y tuvo que pagar una condena, porque era el encargado directo del manejo de la hacienda Bellacruz.
La Fiscalía General de la Nación radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao el escrito de acusación contra de Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, por su presunta participación en las interceptaciones ilegales al proceso de paz.
A pesar de que la Fiscalía desconoce el paradero de Hoyos, el ente acusador busca continuar con el proceso judicial en contra de Hoyos y ante un juez será acusado por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático y uso de software malicioso y espionaje.
Contra Hoyos Aristizábal reposa una medida de aseguramiento impuesta por el juez 51 de Garantías y la Fiscalía de Colombia ha adelantado las diligencias para que se emita una orden de captura internacional, sin embargo, Interpol no ha expedido circular roja.
Para la Fiscalía, Luis Alfonso Hoyos es el determinador del espionaje que realizó Andrés Sepúlveda -quien ya fue condenado por este caso a diez años de prisión -, dado que según las pruebas del ente acusador se permite apreciar la cercanía que tenían los dos durante el período de campaña presidencial.
Entre esas pruebas que serán enunciadas por la Fiscalía en el juicio se encuentra un video de una cámara de seguridad, en el que se registra a Hoyos entrando al canal RCN junto a Sepúlveda, quien después lo presentó al director de Noticias RCN como un especialista en redes informáticas.
Otra de las pruebas que la Fiscalía posee es una grabación en video, en la que se logra ver a quien para la Fiscalía es el exasesor espiritual de la campaña presidencial de Zuluaga, hablando con el experto en informática sobre cuál será la próxima información que será extraída.
Para la Fiscalía los hechos cometidos por Hoyos son graves, dado que el acusado buscaba información para afectar directamente el proceso de paz y junto con Sepúlveda poner en riesgo la seguridad nacional mediante interceptaciones ilegales que Hoyos habría inducido a Sepúlveda a cometer.
Luis Alfonso Hoyos y Andrés Sepúlveda habrían accedido ilegalmente a registros de guerrilleros desmovilizados de las Farc, que son calificados como "ultra secretos", dicha información es considerada de Inteligencia para la Nación, pues son las declaraciones que rinden los desmovilizados al momento del reintegro sobre los movimientos de sus diferentes frentes.
Esta información que se encontraba registrada en dos bases de datos secretas del Estado, son valoradas como secretos políticos y militares, y la Fiscalía señala que información relacionada fue hallada en los computadores de Sepúlveda.
Además, también la Fiscalía sostiene que Hoyos conocía que Sepúlveda ingresó a los correos privados del exvicepresidente Francisco Santos, sin su autorización.
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54 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2015
12 enero, 2016Derechos humanosComentarios desactivados en 54 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2015
Entrevista con Jim Lowgran, Front Line Defenders
De acuerdo con el más reciente informe de ‘Front Line Defenders’ entre enero y noviembre de 2015 en América Latina fueron asesinados más de 87 defensores de derechos humanos (DDH), 54 de los cuales eran colombianos. Cifra que además de marcar un incremento frente a los 47 hechos reportados durante 2014, posiciona a Colombia por segundo año consecutivo en el deshonroso primer lugar de las naciones más peligrosas para el ejercicio de esta actividad.
La mayoría de asesinatos ocurrieron contra quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, y se vincularon con la implementación de mega proyectos, relacionados principalmente con la minería. El segundo grupo más agredido en la región fue el ligado a la defensa de los derechos de las comunidades LGBTI, sufriendo además, hostigamiento judicial, ataques físicos, amenazas, intimidaciones y campañas de difamación.
El sector de defensa de DDHH vinculado con el uso de medios de comunicación para la denuncia de casos de corrupción e impunidad, también fue otro de los blancos de ataque durante el 2015, junto al de mujeres quienes denuncian estar expuestas a la violencia de género, el hostigamiento y la estigmatización.
El clima de total impunidad que ha rodeado las agresiones, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones de los que a diario son víctimas los DDH ha llevado a que muchos de ellos se escondan o desplacen de sus países de origen, asegura, Jim Lowgran, director de comunicaciones de FLD, e insiste en que cada día disminuyen las garantías para la actividad de los defensores de DDHH y las organizaciones no gubernamentales.
Entre los principales agresores se destacan los sectores económicos y políticos influyentes y con control en los medios de comunicación, quienes ven en las denuncias que hacen los DDH una amenaza a sus intereses y buscan reprimirlos de cualquier forma, de ahí lo importante que los gobiernos “prioricen la protección a los defensores con menos palabras y más acciones concretas”.
La situación a nivel mundial también es alarmante, durante 2015 fueron asesinados 156 DDH, 20 más que en 2014, en países como Afganistán, Azerbaiyán, Bangladés, Birmania/Myanmar, Brasil, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Libia, México, Nicaragua, Pakistán, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía y Yemen. (Leer: Balance DDHH en Colombia 2015)
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