Las alarmas están encendidas. En varios países de Latinoamérica la movilidad entre fronteras ha regresado al centro del debate.

Uno de los factores determinantes ha sido la llegada del Donald Trump a la presidencia de los EE.UU. Con un discurso en contra de la globalización, el magnate ha apostado a la restricción de las fronteras y decretos que van en contravía a la libre movilidad: "y eso ha encontrado eco en nuestros países", advierte Tatiana Albuja, fundadora del Movimiento Acción Migrante, en Chile, en entrevista a RT.

La huella más evidente de la preocupación en ese sentido es la legislación migratoria aprobada recientemente en Argentina, la promesa de una reforma a la ley que regula esa materia en Chile y las declaraciones que esta semana realizara el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien llamó a la región a dar una respuesta "frontal" a la política de Trump. Pero, ¿es posible una reacción común o se avecina un efecto dominó en América Latina para hacer menos permeables las fronteras?

¿Más muros?

El pasado miércoles, después que se aprobara la reforma a la ley migratoria en Argentina para facilitar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos o estén inmersos en una investigación penal, un diputado independiente hizo una petición: construir un muro con Bolivia.

"El muro es un control", defendió el parlamentario Alfredo Olmedio, quien dijo que no estaría dispuesto a pagarle a la población penal extranjera "el agua, la comida, nada". "Que se vuelva a su país", agregó, citado por el diario La Nueva. La declaración no es fortuita.

Uno de los argumentos de la nueva ley es que 21% de los detenidos bajo custodia penal son extranjeros, por lo que se justifica la restricción, pero esos datos han sido cuestionados por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentaron un informe basado en cifras oficiales que demuestra que apenas 6% de la población recluida en todas las prisiones de ese país no son argentinos. El detalle, dice Albuja, es que "ligar la delincuencia a la migración es perpetuar un mito que se ha exacerbado con el discurso de Trump" y que, a la postre, puede implicar un retroceso para la región en términos de libre movilidad y ciudadanía suramericana.

La reforma que vendrá

Los cambios de legislación no sólo ocurren en Argentina. En Chile, desde el año pasado las organizaciones sociales han exigido el debate sobre un proyecto de ley migratoria que sustituya la vigente, que data de 1975, los años de la dictadura de Augusto Pinochet.

El retraso del proyecto, sostiene Albuja, se debe "a la incidencia de los sectores más conservadores del país para restringir la migración y seguir con el tema de la seguridad nacional, entendiéndose a la migración como una amenaza (...) en un país como Chile, que tiene una matriz neoliberal, el discurso de Trump caló muy bien en la derecha".

El ejemplo de esa "permeabilidad" es, sugiere la activista, la declaración del ex presidente Sebastián Piñera, quien el año pasado ligó la delincuencia en ese país con extrajeros, especialmente procedentes de Bolivia y Perú, cuando "sólo 0,33% de los migrantes han cometido delitos en Chile".

En esa oportunidad, Piñera afirmó al diario La Tercera: "es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado". La visión de un sector político en Chile ve en el otro, como sugiere Ryszard Kapuscinski (1932-2007), "una amenaza, un enemigo, la causa de sus atormentadores miedos y frustraciones". ¿Es el ocaso de la integración latinoamericana?

Un problema viejo

La estigmatización del latinoamericano por el latinoamericano ocurre desde México a la Patagonia, mucho antes de Trump. Las razones -las que se dicen en público- son las mismas que esgrime el actual mandatario estadounidense: seguridad, control de inmigración ilegal o restricción fronteriza. 

En 2015, por ejemplo, miles de haitianos fueron forzados a dejar el territorio de República Dominicana por no contar con papeles en regla; en ese mismo año, pero en México, casi 100.000 centroamericanos fueron deportados mediante el Programa Frontera Sur, implementado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en cooperación con el ex presidente norteamericano, Barack Obama, para evitarles el paso hacia EE.UU. Informes de organizaciones de DDHH han dado cuenta de cómo las autoridades mexicanas vulneran los derechos de los ciudadanos latinaomericanos detenidos y han convertido el plan en una "política de persecución".

Más recientemente, entre Colombia y Venezuela hubo una disputa diplomática de ese tenor. El vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras se refirió a los venezolanos como "venecos", un término despectivo que motivó a Caracas a exigir una disculpa por esa expresión "xenófoba". Las fricciones entre vecinos abundan pero también las iniciativas diplomáticas para limarlas. Por eso, el presidente de Ecuador insiste en que América Latina debe lograr un consenso regional que le permita sortear los "tiempos duros" que se avecinan con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Mecanismos reales

El mes pasado se celebró en República Dominicana la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la primera y única instancia de carácter regional en la que no participan EE.UU. ni Canadá. Allí, los Jefes de Estado coincidieron en la necesidad de unirse "en defensa de los migrantes" y en función de aglutinar esfuerzos para permitir mayor integración.

El presidente Correa, en declaraciones ofrecidas el miércoles pasado a 20 minutos, consideró que la estancia de Trump es una coyuntura que puede brindar una oportunidad a Latinoamérica para aumentar el comercio interregional y profundizar el apoyo de la movilidad en su territorio. Sin embargo, lamentó que el avance en compromisos concretos aún sea lento.

En eso coincide Albuja: "en la política exterior se habla ya de la libre movilidad, de la ciudadanía universal, de la ciudadanía latinoamericana, pero es importante que se creen los mecanismos para que esto sea una realidad, que se respeten los convenios y tratados internacionales que se han dado en este sentido".

A finales del año pasado, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) aprobó la ciudadanía suramericana para impulsar el libre tránsito entres sus miembros; una política que aplican a su vez los integrantes de Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y la suspendida Venezuela). Pero el impulso definitivo a esas medidas, en una escala que incluya a toda Latinoamérica, está íntimamente supeditada al signo político de los gobiernos, que se reconfiguran cada cuatro o seis años y dificultan un consenso definitivo.

Para la fundadora del Movimiento Acción Migrante, ese esfuerzo es fundamental: "Sólo considerando a América Latina como una Patria Grande es posible garantizar y velar por la dignidad sin fronteras, y por los derechos de las personas a moverse libremente por el continente y por el mundo".

Nazareth Balbás