El Estado argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para justificar decisiones y medidas por las que fueron denunciados y que ponen en peligro los derechos de las personas. Y a los ojos de referentes de organizaciones sociales y sindicales que participaron en las audiencias, falló. Ante la denuncia  sobre la intensificación de la persecución y criminalización del derecho a la protesta por parte del gobierno jujeño de Gerardo Morales, representantes del Gobierno plantearon casos de “ejercicio abusivo” de ese derecho y reconocieron, incluso, que iniciaron procesos judiciales contra personas por protestar. “Eso tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto, como lo tiene la prisión arbitraria de Milagro Sala, es lo que vinimos a denunciar y lo que quedó en evidencia”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de las denunciantes. Luego, la comitiva oficial tuvo que responder por qué el Gobierno modificó por decreto de necesidad y urgencia la Ley nacional de migraciones. “Sorprendió que el Estado no haya dado ante el organismo internacional las explicaciones que da a nivel nacional. No hablaron de delincuencia ni de respuesta al crimen organizado como justificativo de los cambios a la ley. Lo único que dijeron es que había una demora en los procesos, lo cual es pobrísimo a la hora de explicar por qué se recortan los derechos del migrante para solucionarlo”, evaluó Diego Morales, director del área de Litigio del CELS. 

Represión en Jujuy

Así se llamó la primera de las audiencias que tuvo lugar temprano en la mañana de ayer, en la sede central de la CIDH en Washington. Allí, ante el titular del organismo internacional, Francisco Eguiguren, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, debieron afrontar las denuncias sobre la utilización en esa provincia de “procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, realizadas tiempo atrás por el CELS, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Amnistía Internacional y los sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy y de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea de la Esperanza). 

Belissa Guerrero Rivas, de la Oficina Regional de AI, inauguró la audiencia contextualizando la situación en Jujuy como “diseñada y articulada para responder a los conflictos sociales a través de la represión y la criminalización como medida de disciplinamiento”. Rafael Vargas, de Soeail, y Oscar Nuttini, de Soea, ejemplificaron con lo que sufrieron en carne propia: ahogo económico a las organizaciones, persecución judicial a sus referentes y represión policial comandada desde las empresas (ver aparte). Elena Chaves, de Andhes, remarcó las vulneraciones del derecho a la protesta social que habilita el Código Contravencional jujeño y culminó la introducción Verbitsky. “Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional”, advirtió. 

La exposición de Miranda giró en torno de las acciones que permite y limita ese código que rige la vida cotidiana en Jujuy. En ese sentido, resaltó que el código “no desconoce el derecho de reunión, de peticionar y de libertad de expresión”, pero lo contrapuso a un “ejercicio abusivo de derecho”, y  justificó las causas abiertas contra los dirigentes por impedir la circulación y calificó el acampe en la Plaza Belgrano como “un sitio al centro de la Ciudad”. 

Los relatores de la CIDH Paulo Vanucci, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Edison Lanza se mostraron preocupados por la vigencia de la libertad de asociación en Jujuy. Lanza destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: “Estamos todos de acuerdo en que la libertad es fundamental, pero si este Código contravencional puede convertir en ilegal la ocupación de un espacio público, genera problemas”, postuló y recordó el corte del puente de Gualeguaychú durante más de dos años. Solicitó información sobre la disolución de asociaciones que estaban vinculadas a la protesta. Por último, remarcó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.

Preocupación de oficio

La segunda audiencia en la que el comportamiento del Gobierno de Cambiemos fue puesto bajo la lupa tuvo lugar cerca del mediodía y fue impulsada por la propia comisión. El comisionado a cargo de la relatoría sobre derechos de los migrantes de la CIDH, Enrique Gil Botero, la solicitó a propósito del DNU número 70/2017 con el que el Ejecutivo modificó la Ley nacional de Migraciones restringiendo los derechos de las personas extranjeras que buscan en el país un lugar donde establecerse. “La CIDH fue un actor fundamental en la elaboración de esa ley, que colocó a Argentina como modelo regional de política migratoria alineada al respeto de los derechos humanos, por eso vio con preocupación la aplicación de ese decreto que significa un retroceso en ese aspecto, preocupación que el Estado argentino no supo justificar”, explicó Diego Morales en diálogo con este diario (ver aparte). 

Al comenzar la audiencia, Eguiguren –que estuvo acompañado del vicepresidente, James Caballero– advirtió que la relación entre migración, delito, xenofobia y estigmatización que la modificación promueve. Morales insistió en que “el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia”. La integrante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori, destacó que la modificación “viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones”, mientras que Nengumbi Sukamam, integrante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, advirtió que el DNU “habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial”. 

La comitiva oficial, integrada por Avruj y el director nacional de Migraciones, Horacio García, insistió en que Argentina es “un país de puertas abiertas” y que “no quiere perseguir migrantes”. Avruj deambuló por la “riqueza” de las olas migratorias que recibió el país a lo largo de su historia y que por eso se lo conoce como “un mosaico de culturas”. Sin embargo, defendió el control sobre esa población: “La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos”, insistió.