CRÍTICAS Y ESTRATEGIAS CONTRA EL 2X1 - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

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General: CRÍTICAS Y ESTRATEGIAS CONTRA EL 2X1
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De: Ruben1919 (Mensaje original)

Enviado: 07/05/2017 11:57

ABOGADOS Y FISCALES DE TODO EL PAÍS EN UN DEBATE ATRAVESADO POR EL FALLO DE LA CORTE

Críticas y estrategias contra el 2x1

Las jornadas que se desarrollaron en Santa Fe estuvieron signadas por el fallo del supremo tribunal, cuya aplicación "no es automática" a todos los represores. Pero confirmaron el "relevamiento inicial" que anticipa que "278 personas están en condiciones de solicitar" el b

Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe.

El fallo de la Corte Suprema de la Nación que recorta condenas a genocidas y apropiadores de bebés atravesó el debate ‑el viernes y ayer‑ de abogadas, abogados y fiscales en juicios al terrorismo de estado en todo el país. Era la quinta edición y la primera fuera de Buenos Aires, una anécdota ante el shock de una sentencia que equiparó los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes y abrió las puertas para que la mayoría de los condenados por crímenes aberrantes llegue a las elecciones de octubre en libertad. La "aplicación de fallo no es automática" a todos los represores, pero la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Carolina Varsky dijo que "un relevamiento inicial" del Ministerio Público ya anticipa que "278 personas están en condiciones de solicitar" el perdón de la Corte. El 52 por ciento de los condenados. "Es un momento terrible, un retroceso muy grande", comentó su colega de Hijos Santa Fe, Lucila Puyol.

La jornada convocó al colectivo nacional Mario Bosch, como se identifica la red de abogadas y abogados querellantes en juicios de lesa humanidad de la Argentina. Los invitados son los fiscales. La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó las declaró de "interés institucional", así que además de Varsky participaron el procurador ante la Corte Suprema de la Nación Víctor Abramovich y los fiscales generales Adolfo (Rosario) y Martín Suárez Faisal (Santa Fe), entre otros.

El abogado Pablo Llonto interpretó el fallo de la Corte como parte de la "política" de Macri para "obstaculizar los juicios y dejar en libertad a todos los represores. Lo van haciendo con distintas herramientas y una de ellas es la Corte. Esto se sabía", dijo. Y recordó que en diciembre de 2015 cuando Macri designó "en comisión" a los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el colectivo de abogados impugnó "el decretazo que quería ponerlos por la ventana en la Corte". Ese vicio de origen que ambos jueces admitieron ‑en las audiencias en el Senado‑ es "una falta de ética" que los tacha para "juzgar desde la máxima magistratura", agregó la abogada Elisabeth Gómez Alcorta.

El tercer voto del fallo, de la juez Elena Higton de Nolasco, es el que más sorprendió y alentó sospechas. "Cumplió los 75 años que prevé la Constitución Nacional para jubilarse, presentó un recurso de amparo que el gobierno no apeló. Por lo tanto, yo dudo de las razones que la llevaron a votar de esa forma", reveló Gómez Alcorta. "Ahí hubo una negociación, entre el gobierno que no apeló el amparo que le permitía seguir a Higton y hoy tenemos las consecuencias: Higton se quedó en la Corte y votó con Rosatti y Rosenkrantz en contra de su propio voto en el caso Yofre", coincidió Llonto. Gómez Alcorta es una de las defensoras de Milagro Sala, comparte el patrocinio con su compañera Paloma Alvarez Carreras, quien también participó en la jornada y transmitió a sus colegas el mensaje de la líder de la organización Túpac Amaru, detenida ilegalmente en Jujuy.

"Es parte de la política de Macri para obstaculizar los juicios y dejar en libertad a todos los represores".

"El fallo de la Corte se veía venir", dijo Llonto. "Rosenkrantz estaba en contra de la política de derechos humanos y cuestionaba la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final". Y en el caso de Rosatti, "sabemos lo que hizo en Santa Fe y su estrecha vinculación con sectores repudiables de la Iglesia. Lo sabemos por los esfuerzos de los que dieron pelea para contar la verdad de quién es Rosatti". En 2002, era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe cuando cayó el ex arzobispo Edgardo Gabriel Storni, después de décadas de abuso de poder y de influencias para designar jueces en la provincia.

"Nosotros pedimos que no entren a la Corte ni Rosatti ni Rosenkrantz, pedimos el juicio político de ellos y de Lorenzetti porque en los primeros días de diciembre de 2015 aceptó tomarles juramento sabiendo que entraban por la ventana. Lamentablemente hay senadores del Frente para la Victoria que votaron los pliegos pese a que les llevamos las carpetas con las impugnaciones". Uno de los que votó a los dos jueces fue el senador por Santa Fe, Omar Perotti, que "conoce el paño" de Rosatti, agregó Llonto.

‑¿Qué piensa de la reconciliación que propone el Episcopado? ‑se le preguntó.

‑Ellos la llaman reconciliación cuando es una campaña de encubrimiento. Lo que quieren es encubrir los crímenes de lesa humanidad. Llaman a uno o dos familiares que tienen posiciones equivocadas y no representan para nada a la inmensa mayoría de las víctimas y familiares de desaparecidos ‑respondió Llonto.

Puyol dijo que el encuentro permitió discutir estrategias para revocar el fallo de la Corte que es "inconstitucional e ilegítimo". "Tres jueces deciden por el conjunto de la sociedad argentina en una historia" que demandó 40 años para "llevar a juicio a los genocidas. Y hoy, el gobierno de Macri con una política negacionista, sumada al fallo de la Corte y a las palabras del Episcopado, produce un retroceso tremendo".

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Mensaje 2 de 2 en el tema

De: Ruben1919

Enviado: 08/05/2017 07:22

SOBRE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Garantías para unos pocos

Por Roberto Carlés *

El argumento principal sobre el que se sostiene el fallo “Muiña” –además de otras cuestiones técnicas que no podemos desarrollar aquí– es que los derechos y garantías son iguales para todos incluso para los condenados por delitos aberrantes. “El Estado de Derecho no es aquel que comel paíste la el paísrel paísrie apartándose del ordenamiento jurídico”, dice el voto mayoritario. De acuerdo con el fallo de la Corte, el legislador no previó excepciones para la aplicación de la garantía de retroactividad de la ley más benigna y lo que no hizo el legislador no lo puede hacer el juez sin violar el principio constitucional de la división de poderes.

Las garantías constitucionales tienen como fin proteger los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la libertad. Como toda norma, su alcance depende de cómo se las interprete. El espectro hermenéutico de las garantías oscila entre aquellas interpretaciones que maximizan su potencia protectora para el individuo frente al poder punitivo y las que se limitan a salvaguardar estándares mínimos. La Corte es reacia a tratar recursos penales (la mayoría son desestimados con la sola invocación de dos artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, cuando lo hace, suele privilegiar las interpretaciones minimalistas de las garantías.

El fallo demuestra un garantismo inusitado en la Corte del que no gozan, por ejemplo, las presas emel paísrazadas o las que deben criar a sus hijos en el encierro. Ese garantismo tampoco alcanza a quienes llegan a la Corte con la esperanza de ver revisadas sus condenas porque en ellas se omitió considerar prueel paíss pertinentes o porque se les aplicó un determinado monto de pena sin fundamento alguno. Por estas razones es que la afirmación de que la ley es igual para todos se revela, en este contexto, cargada de cinismo.

Más aún cuando el reconocimiento de la aplicación ultraactiva de la regla del “2x1” beneficiará prácticamente solo a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Mi forma de pensar el derecho es contraria a todo tipo de excepción. Precisamente por ello es que no podemos dejar de señalar que durante los años en que tuvo vigencia la regla del “2x1” los responsables por delitos de lesa humanidad fueron exceptuados del alcance de la ley por las leyes de impunidad.

Tampoco puede soslayarse que respecto de los crímenes de lesa humanidad hay un interés de la comunidad internacional en que se persigan, una exigencia de justicia para cuya satisfacción no el paíssta con que haya juicio, condena y cumplimiento de la pena, sino que además dicha pena debe ser proporcional. Así lo estableció la Corte Interamericana en el “Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia” en el que señaló que para la aplicación del principio de favorabilidad (ley más benigna) “debe procurarse su armonización con el principio de proporcionalidad, de manera que no se haga ilusoria la justicia penal”.

La Corte no dicta sus fallos por orden de llegada de las causas sino que elige cuidadosa y estratégicamente el tiempo más conveniente para hacerlo. Ha sido tradicionalmente una hábil lectora de los tiempos políticos y ha sabido adaptarse a ellos casi con naturalidad. Esta decisión encaja perfectamente, si no con el espíritu de los tiempos, cuanto menos con la voluntad explícita del poder de conformar un clima cultural en el que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea revisado.

Frente a ello, es necesario que los jueces de instancias inferiores no apliquen este beneficio si con ello se puede desnaturalizar la pena aplicada y, de ese modo, tornarse ilusoria la justicia por la que tanto se ha luchado.

* Abogado penalista, docente de la Facultad de Derecho (UEL PAIS).