El repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del “2 x 1” a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el que advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”. Fueron palabras del titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, que advirtió de manera directa: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su página oficial. Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. El texto difundido ayer por el Alto Comisionado advierte: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”. Además, le señala específicamente a la Corte Suprema que debe “considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.  

El mensaje es que los acusados de crímenes de lesa humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de los delitos que se les endilgan. Léase, que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando  los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe.

La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad condicional. Aplicó la ley del “2 x 1” a pesar de que su sanción fue posterior a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.

La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh apunta a evitar retrocesos. Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas– hasta Sergio Massa que dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión especial en Diputados (ver página 7).  

A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas, Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi. Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al país el 22 de este mes.

La presentación señala que la ley del “2 x1” por uno no estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la práctica de su juzgamiento. La aplicación de la norma ahora “se asimila a una reducción en la pena, con lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos”, advierte el escrito enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte Interamericana (“Masacre de la Rochela vs. Colombia”) “donde se  trató un supuesto de aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la aplicación del marco legal respetase ‘la existencia de un principio de proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos’, bajo parámetros que  ratifiquen a su vez el principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia…”. Advierte que en el fallo de la Corte podría haber responsabilidad internacional del Estado argentino porque “desnaturaliza la pena” y “porque opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables” para sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y la causa le tocó a Daniel Rafecas.

Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia  conciliatoria al Estado “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Gil Domínguez dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el criterio de la Corte viola disposiciones  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos, como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional) más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.  

Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de derechos humanos. Mauricio Macri lo llamó “el curro de los derechos humanos” en su campaña electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un repudio generalizado tan contundente.

El fiscal federal Guillermo Marijuan dio curso a la denuncia contra los tres jueces de la Corte que avalaron la aplicación del 2x1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Desde los tribunales informaron que Marijuan solicitó que se investigue a los camaristas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, por el delito de prevaricato.

El dictamen del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli. Prevaricato es el delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Rafecas bajo el número 5900/2017 y apuntó contra los tres jueces que avalaron la aplicación del 2x1 para Luis Muiña, condenado a trece años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.

El intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2x1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno nacional y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme. Incluso, mientras el papa Bergoglio pronunciaba su homilía dominical desde la ventana sobre la Plaza de San Pedro, medio centenar de personas exhibieron carteles de repudio al fallo. 

La ley del 2x1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional, que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, estuvieron entre los gestores del fallo. El 20 de marzo, Avruj y el asesor de Garavano, Siro de Martini, le pidieron en Washington al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista peruano Francisco Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrao, que durante su visita a la Argentina este mes recibieran a los familiares de los militares detenidos y al nuncio apostólico, quien abogaría por la llamada reconciliación. Avruj fue el primer funcionario que se pronunció en apoyo de la sentencia de la Corte. Sin embargo, también él recibió la directiva de retractarse, cosa que hizo sin preocuparse por la prolijidad. Cuando lo celebró “no tenía cabal conocimiento del fallo” dijo. Luego escribió un artículo para la agencia estatal Telam (que operó a favor del proyecto eclesiástico) en el que dijo que “es inadmisible el uso de la figura del 2x1” y que “compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”. Marcos Peña Braun, quien es el estratega electoral del gobierno, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo, quien hasta anunció un proyecto de ley del oficialismo para oponerse. Garavano dijo que el 2x1 era una ley perversa contra la que siempre se había opuesto y que su aplicación a crímenes de lesa humanidad “debería estar fuera del debate jurídico”. El ministro ni siquiera descarta hacer algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como si fuera un particular afectado por el fallo y no un miembro del Poder Ejecutivo que representa al Estado Nacional. En ese camino se va a tropezar con Sergio Tomás Massa, quien ya anunció que presentará ese recurso. Aunque se presente como opositor al gobierno, él tampoco puede ser peticionario porque no ha sido afectado ni es un defensor de los Derechos Humanos. Por eso, su suegro, Fernando Galmarini, está recurriendo a la libreta telefónica de sus tiempos en Montoneros, en procura de víctimas dispuestas a acompañar a Massa.

Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del FpV Héctor Recalde presentará un proyecto de ley aclaratoria sobre los alcances del 2x1, reivindicatorio de la soberanía popular sobre un poder contramayoritario. También circulan otros dos textos, preparados por el fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduria de crímenes de lesa humanidad, y el fiscal Pablo Parenti, que dirige la Unidad sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El ex juez y ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, dio su aprobación al proyecto de Parenti. Una vez que todos tengan estado parlamentario, se compatibilizarán en Comisiones en procura de un texto único que pueda ser aprobado por unanimidad o amplísima mayoría, como contundente mensaje político. Esa sería una salida bienvenida incluso por algunos de los jueces que formaron la mayoría, sin imaginar las consecuencias sociales y políticas de lo que firmaron.

El analista Rosendo Fraga escribió en su newsletter de la primera quincena de mayo que el 2x1 sancionado por la Corte Suprema “se convirtió en un problema político”. Según Fraga, el fallo fue inspirado por la Iglesia Católica Apostólica Romana al plantear la denominada “reconciliacion” y convocar a su asamblea plenaria “a partícipes de ambos lados del conflicto de los años setenta para escucharlos”. Y antes la misma Corte había fallado por la prisión domiciliaria para un caso de lesa humanidad. “El gobierno acompañó e impulsó ambas acciones (de la Iglesia y la Corte) percibiendo en ellas la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos. Los dos miembros del tribunal designados a propuesta de Macri, votaron los dos fallos a favor de la extensión de los beneficios de la ley penal común a estos casos”. Fraga añade que frente las críticas de las organizaciones de derechos humanos, “el gobierno decidió tomar distancia e incluso criticó el fallo a través de funcionarios relevantes (Peña y Garavano). Este retroceso, no impedirá las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos afines a ellas y puede hacer perder la adhesión electoral del voto militar, que en la segunda vuelta optó por Macri en aproximadamente 85 por ciento”.

El domingo, un nutrido grupo de personas se estacionó junto a la valla de ingreso a la Plaza de San Pedro, sobre la avenida de la Conciliación, que conmemora los tratados de Letrán de 1929 entre Benito Mussolini y el papa Pío XI, por los que la Iglesia Católica reconoció la soberanía del Reino de Italia, que a su vez le pagó una cuantiosa indemnización por las propiedades de los Estados Pontificios nacionalizadas. Forman parte del Grupo de argentinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, formado cuando Maurizio Macrì ganó las elecciones presidenciales y que se hizo presente durante su primera visita a Roma. Sus pancartas caseras decían  “Argentina. Memoria, Verdad,  Justicia”, “No 2x1. Nunca Más”, “No al 2x1 a los genocidas. Son 30 mil”, “Ninguna reconciliación. Prisión a los genocidas”. También había reclamos por Ni Una menos y por la libertad de Milagro Sala. Bergoglio participó en la ordenación de diez sacerdotes en la Basílica de San Pedro y concelebró la misa con el cardenal Agostino Vallini, el vicegerente Filippo Iannone, los obispos auxiliares de la diócesis de Roma, los párrocos de los nuevos curas y los superiores de los seminarios en que estudiaron. En su homilía dirigida a los fieles reunidos en la plaza, Bergoglio predicó a los nuevos sacerdotes que fueron elegidos “no para hacer carrera, sino para servis” y les aconsejó que “no hagan homilías intelectuales o elaboradas, hablen claro, hablen al corazón”, porque “la doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene 1, 2 o 3 diplomas, pero no ha aprendido a llevar la Cruz de Cristo no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote”.

Aparte de las fotos que ilustran esta nota hubo otras tomadas para el diario Clarín, que por supuesto no las publicó. En cuanto desplegaron los carteles un policía romano pidió refuerzos. Acudieron a su llamado sérpicos de inteligencia de la DIGOS. Cuando se cerró el balcón del Papa, les recomendaron que “la próxima vez” pidieran permiso previo y que les sería concedido, recomendación que tomaron muy en serio. Mañana, en adhesión a la marcha sobre la plaza de Mayo, el grupo de argentinos se congregará frente a la embajada argentina, a la vista de la basílica de Santa Maria Maggiore, que habitualmente usa el Papa.