Los tres jueces de la Sala IV de Cámara de Casación no dejaron de mirarla. En la sala no estaba Milagro Sala, pero apareció en cada imagen levantada por los que llenaron el auditorio AMIA de Comodoro Py. Y en el nombre que una y otra vez pronunció su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, en esta audiencia pública con presencia de cámaras de televisión, la primera realizada afuera del territorio de Jujuy, luego de la primera condena a Milagro por un escrache con huevos a Gerarado Morales en 2009. La dirigente indígena fue condenada a tres años de prisión en suspenso por instigar daños en una protesta. Pero ella no organizó ni participó en esa protesta. Cuando llegaba al final de su intervención, antes de pedir que se revoque la sentencia, Gómez Alcorta recordó frente a los jueces el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy, habló de lo que significa esta condena para los dirigentes de las organizaciones políticas y sociales y pronunció la palabra fascista.

“La sola idea de responsabilizar a un dirigente social y político por las acciones de quienes integran las mismas organizaciones, implica arrasar con la culpabilidad del acto”, dijo. “El argumento de que hay mayor reproche en un dirigente social o político por las acciones realizadas por los miembros de una organización es un argumento fascista, inaceptable a 34 años de democracia. Y este es el modo en que se ha justificado el agravante contra Milagro Sala, en lugar de ser tomado como correspondía, como atenuante. Uno podría decir que fue una protesta social y que hubo excesos. O excedió los límites de la tolerancia democrática. Hubo un contexto de protesta, sin embargo esta sentencia tiene un ADN que lo podemos encontrar en los dos párrafos”, en los que el TOF decidió superar la mitad de la escala penal prevista “en virtud de su encumbrada participación en movimientos sociales porque tiene mayor participación en las acciones de sus adláteres y seguidores”. Dijeron que la pena era porque ella y Graciela Lopez “son cabeza de movimientos sociales y no tenían ninguna necesidad de realizar acciones violentas”. Y cargaron contra Milagro al considerarla “referente social de mas alto nivel siendo la referente mas notoria de la red de organizaciones sociales”.

Los nombres de los jueces que flotaron en el auditorio durante las más de cuatro horas de audiencia fueron los de los tres autores del fallo del 28 de diciembre de 2016: Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz. Con Milagro, condenaron a Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra por daños agravados en la protesta realizada en octubre de 2009 en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Jujuy donde iba Morales a encabezar una disertación sobre control y auditorías del Estado. Milagro fue condenada como instigadora –aunque no participó– con una sola prueba de cargo sobre la que giró buena parte de la audiencia de ayer: el testimonio de René Arellano, alias “Cochinillo”, y su esposa Cristina Chauque. La defensa y el fiscal Javier de Luca desplomaron técnicamente cada una de las que llaman “las ocho mentiras de Arellano” y describieron cómo a pesar de las contradicciones, el TOF decidió salvarlas a toda costa para sostener la condena al hacer uso incluso hasta de una declaración de instrucción que ni siquiera fue cotejada en el juicio. O usar datos parciales de una causa contra Milagro en la que ella ya había sido sobreseída. Pidieron la nulidad del juicio de Jujuy y que se revoque la sentencia. De Luca también adelantó que impulsó un causa por falso testimonio.

En la primera hilera frente a los jueces se sentaron Damián Loretti y Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estuvo Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA. Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Aníbal Ibarra, Mara Brawer y Estela Díaz, del Comite por la Libertad de Milagro. Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac. Decenas de integrantes de la organización. Con sus imágenes y las fotos de Milagro. Se oyó el llanto de un niño. Y se supo que Ricardo Gil Lavedra había estado temprano en el primer piso de Comodoro Py, la zona en la que están las oficinas de la Casación. No sabían qué lo había llevado al edificio, pero alguien dijo que la presencia de quien es responsable del estudio de abogados que representa al gobernador Gerardo Morales tal vez tenía más peso que todos los que estaban allí.

También se escuchó en la sala un duelo directo con los tres magistrados de la Sala IV de la Cámara de Casación: Mariano Borisnki, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Pese a una resolución de prescripción del delito de amenazas ordenado por el TOF de Jujuy antes del juicio oral, estos tres  jueces tomaron un argumento de Morales no sólo para revocar la prescripción, sino para ordenar que se la investigue por una figura más grave: amenazas agravadas, a partir de una declaración del mismísimo Arellano en instrucción, de la que el testigo ni siquiera pudo dar cuenta en el debate. Primero se los reprochó De Luca. Luego, Gómez Alcorta. Y al final, Paula Alvarez Carreras, la abogada de López que de paso les recordó el paso de esa sala en lo que significó la impunidad para Carlos Taddeo Blaquier, allá lejos, con otro escrito, una falta de mérito de abril de 2014, cuando por primera vez el empresario había sido procesado por crímenes de lesa humanidad. Esa fue otra estocada. “El fallo demostró la urgencia que tenia la justicia de Jujuy en condenar a las dirigentes sociales y eso quedó evidenciado con la suspensión del debate de los juicios de lesa humanidad, para rápidamente juzgar y condenar a la dirigente –explicó la abogada–. Eso causó un sensación de impunidad en los organismos de derechos humanos, de la misma forma –lanzó– que tuvieron una sensación de impunidad cuando este mismo tribunal dictó la falta de mérito a Blaquier.”

La sala aplaudió. Borinski no dijo nada. Gemignani, mudo hasta entonces, se despachó, pese a que Hornos intentó frenarlo.

–¡Doctora! –la reprendió, a voz pelada, sin hacerse tiempo ni de alcanzar un micrófono y con un obvio guión desplazado–: le recuerdo que no puede leer en la audiencia como indica el artículo 393 del código procesal.

Alvarez Carreras dijo que todos habían leído leyeron. Que por otra parte ella no estaba leyendo el recurso. Y que “tienen ustedes (el recurso) y supongo habrán leído en profundidad”.

Para entonces, De Luca y Gómez Alcorta habían terminado. Una parte central de las intervenciones fue Arellano. Durante el juicio en Jujuy, Arellano dijo que se reunió dos veces en la casa de Milagro con su esposa. Que Milagro lo mandó a hacer el escrache y pegarle una piña a Morales. Que no fue. Y que desde entonces vivió amenazado por Milagro. Que quiso iniciar una causa penal, pero ningún juez le tomó la causa. Que vivió sin trabajo y encerrado y muerto de miedo. También explicó que su ingreso a esta causa fue porque en medio de esa situación se topó de casualidad en la Legislatura de Jujuy con el apoderado de Morales, Luciano Rivas. La defensa de Milagro Sala sostiene, desde el mimso momento del juicio, que este testigo miente. Ayer, Gómez Alcorta enumeró las ocho mentiras y contradicciones.  

1. Arellano dice que se topó de casualidad con Luciano Rivas. Pero su esposa dijo en el juicio que lo contactaron a través de Miguel “Chiqui” Alvarez García, hoy embajador argentino en Bolivia. También dijo que ese día buscó ayuda en todos los despachos. Incluso el PJ. Falso. No fue así.

2. Arellano dijo que antes de declarar en la causa apagó el teléfono. Y que no volvió a ver a Rivas. Falso. Tiene una llamada de Rivas a su teléfono a la hora 0.13 de la noche antes de declarar.

3. Dijo que no tenía trabajo. Y que Milagro Sala no le daba más obras. Que hacía changas en el lavadero de su hijo. Falso. Su esposa dijo que trabajaba en el lavadero que era de él y tenía una cooperativa.

4. Después del escrache, Milagro Sala organizó una protesta en la comisaria en la que estaba detenido Salvatiera. Dijo Arellano que no quería ir. Y que Milagro lo amenazó. Sin embargo, también dijo que esa noche Milagro lo mandó a hablar con Alvarez García. Esto habla de un rol destacado en la organización para una persona que supuestamente estaba amenazada o desplazada.

5. Dijo que no recibió más llamados antes de la declaración, pero además del llamado de Rivas, esa misma noche se comunicó con Alvarez García.

6. Dijo que intentó denunciar a Milagro por amenazas y que la causa no se la quisieron tomar. Falso. Hizo la denuncia y entregó un chip de teléfono en el que la justicia no encontró nunca rastros de las amenazas. En la causa sobreseyeron a Milagro.

7. Dijo que estaba muerto de miedo y amenazado, sin embargo la Policía que lo custodiaba desistió de su custodia porque estaba las 24 horas con una intensa vida social, era una persona sumamente violenta, que organizaba peleas, portaba armas y consumía drogas.

8. Por último dijo que no tenía trabajo. Y que nunca trabajó para el Estado. Falso. Durante el juicio, la defensa probó que por lo menos hasta ese diciembre de 2016 era empleado del gobierno de Morales.

“Mintió”, dijo Gómez Alcorta. “¿Pero cómo lo salvó el Tribunal? Diciendo que su palabra tenía valor con otras pruebas glosadas en la causa”. Arellano, agregó, es “un testigo preparado”. “Lo que es flagrante es la parcialidad del Tribunal para valorar la prueba de cargo contra Milagro Sala y es también una grave violación a las garantías procesales”. El TOF no sólo dio por válido lo que Arellano dijo en el juicio, sino que como eso no le alcanzaba para imputar a Milagro por la instigación, acudió a su declaración testimonial en instrucción, una declaración sobre la que el testigo no fue preguntado en la audiencia y sobre la que, por lo tanto, las defensas no pudieron repreguntar. “La cuestión no es inocua -dijo sobre este punto De Luca– porque fueron esos dichos escritos los que tuvo en cuenta Casación para avizorar la posible calificación más gravosa y porque el escrito se contradice con lo que dijeron en el juicio oral”. Pero la sentencia no tomó solo esos pedazos de fragmentos para sustentar al único testigo. También dio por válido y tomó partes de la denuncia de Arellano contra Milagro de aquella causa por amenazas en la que ella fue sobreseída. Denuncia que Gómez Alcorta buscó y aportó durante el juicio para derribar la credibilidad del inventor. “El Tribunal toma en cuenta lo que le sirve, pero no la resolución de la investigación que fue el sobreseimiento”, dijo. No había ya otra prueba de cargo.

Un paso bizarro fue la defensa de Morales. No estuvo el apoderado del estudio Gil Lavedra, Federico Wagner, autor de los mails que buscaron plantar testigos al Grupo de Trabajo de ONU. Estuvo en cambio Eduardo Vergara. Pidió la resurrección de la figura de “amenazas coactivas”. Dijo que en 2009 la Red tenía un enorme poder de la que se llegó a decir que era un Estado paralelo. Pero las carcajadas estallaron en la sala cuando se refirió al Consejo Profesional. La discusión era si el lugar es un espacio de uso público o no. Si no lo es, la causa por daño estaría prescrita. La defensa de Milagro dice que no lo es. Vergara dijo todo lo contrario. Y lo comparó con una plaza inaugurada este año en la provincia de Jujuy, abierta el 24 de marzo, con el nombre de Julio César Strassera. “La gente no va a la plaza Strassera, sin embargo la posibilidad de que lo haga existe”, explicó. “¡Hacían tres o cuatro conferencias por año!”, le retrucó Gómez Alcorta más tarde sobre el Consejo Profesional. “Y el ejemplo que puso el abogado es un poco burdo porque esa plaza es para uso y goce de toda la gente, incluso para los que reclaman por la libertad de Milagro, pero resulta que a esa gente se la llevaron detenida.”

Otro punto de Vergara también fue Arellano. Pero la defensa le salió un poco mal. “No sabe leer, no sabe escribir, no puede imputársele que mintió, si bien no vamos a decir que es tonto pero tampoco es una persona que pueda diferenciar entre un acto si es procedente o no, eso lo sabemos nosotros”.

–¡Anda!, dijo la sala.

Una mujer murmuró que todo era para que los jueces no lo llamen a declarar y noten lo falso del testimonio. A su turno, Gómez Alcorta le retrucó: “No es tonto ni mucho menos –dijo–. No lee ni escribe, pero mentir sabe muy bien”.

Tanto el fiscal general Javier De Luca como la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta presentaron sendos recursos extraordinarios contra el fallo de la Cámara de Casación Penal Federal que confirmó la condena a la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru por el episodio ocurrido en octubre de 2009 en el que otras personas arrojaron huevos contra el entonces senador y ahora gobernador de Jujuy, contador Gerardo Morales. El escandaloso fallo de la Casación ordenó al Tribunal Oral Federal de Jujuy que ampliara la condena a tres años, que es de cumplimiento condicional, al agregarle una pena por amenazas coactivas. Tanto De Luca cuanto Gómez Alcorta consideran que la sentencia parece escrita de antemano, ya que no responde a los agravios que ambos presentaron por escrito y durante la audiencia pública del mes pasado. La mañana de la audiencia el operador legal de Morales, Ricardo Gil Lavedra, caminó por el piso de Comodoro Py donde tienen su despacho los tres jueces.

El principal agravio desoído es la forma acrítica en que fue convalidada la declaración de los únicos dos testigos contra Milagro y empleados en el gobierno de Morales, René El Cochinillo Arellano y su compañera Cristina Noemí Chauque, ambos denunciados por falso testimonio. El fiscal y la defensa coinciden en que el Tribunal Oral basó su sentencia en afirmaciones de Orellano prestadas en la etapa de instrucción pero no repetidas en el debate oral, que es donde se adquieren las pruebas que luego los jueces ponderan al fallar, incluyendo las preguntas y/o réplicas de las partes. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h) afirman que la declaración de Arellano fue incorporada por lectura al debate y “en consecuencia es prueba válida”. Esto es falso, lo cual transgrede el objetivo de un juicio penal, que es la búsqueda de la verdad. Lo único que se leyó en la audiencia de diciembre de 2016 fueron cuatro líneas de una foja de la instrucción, para establecer si Cochinillo admitía o negaba haber participado del escrache, porque sus dos declaraciones eran contradictorias. Lo que no se incorporó y el Tribunal Oral tomó directamente de la instrucción es la declaración de que Graciela López estuvo en la reunión en la que Milagro habría dicho que fueran a “romper sillas, pegarle a Morales si podían llegar a él y tirar huevos”. Si el más alto tribunal penal del país puede mentir en forma tan alevosa para justificar el encarcelamiento de una dirigente social, hay pocas esperanzas en esta etapa de la vida nacional. En una situación normal, podrían depositarse expectativas en la Corte Suprema o en el Consejo de la Magistratura. Pero esta no es una situación normal y el gobierno de Pro y su aliado radical hacen y deshacen a su antojo en una justicia que se pliega sin pudor a sus operaciones políticas.

El jueves la Corte Suprema de Justicia hasta ordenó cerrar las puertas de los tribunales casi una hora antes de que se cumpliera el horario, para no recibir miles de cartas en las que personas de todo el mundo les reclamaban que se pronunciaran sobre la libertad de Milagro Sala, solicitada en dos recursos extraordinarios, que están en la Corte desde febrero. Sólo la insistencia de Eduardo Tavani, suaviter in forma fortiter in re, consiguió que se permitiera el paso a una delegación. La Procuración  General  dictaminó a favor de Milagro en abril, pero la Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos impuestos ni asumidos por voluntad propia y ostenta un mayestático desprecio por la libertad de las personas. Milagro fue privada de la suya hace un año y medio, en forma arbitraria según el grupo de trabajo de Naciones Unidas.

La semana pasada medio millar de trabajadores estatales, encabezados por el secretario general de la seccional Capital de ATE, Daniel Catalano, manifestaron frente a la sede nacional para exigir la renuncia de Ernesto Suárez, vocal del gremio y candidato de Cambiemos en Jujuy. Suárez forma parte del Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP), el microemprendimiento de Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Hugo Godoy, que se colgó de la alianza que en Jujuy encabeza Gerardo Morales. Frente a la sede nacional de ATE Catalano leyó unas líneas manuscritas por Milagro Sala desde la prisión de Alto Sufridero. “Hace rato que mantengo diferencias con la conducción nacional de ATE pero nunca imaginé que iba a tener que ver como algunos de ellos acompañaban a los que me encarcelaron, a los que persiguen a los tupaqueros y empobrecen a los jujeños. Además son los mismos que ya despidieron a miles de estatales y les descontaron los salarios por defender sus derechos”, dijo.