El juez federal Claudio Bonadio hizo todo lo posible por quedarse con la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman que se abrió con la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, y lo consiguió. El expediente estaba hasta ahora a cargo de Ariel Lijo, pero Bonadio peleó la competencia con el argumento de que él tenía en sus manos y ya avanzada una causa conexa, donde en lugar de encubrimiento dos denunciantes ligados al PRO señalaban el delito gravísimo de “traición a la patria”.  

Es una especie de “colectora” que el oficialismo político y la dirigencia de colectividad judía generaron a raíz de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal resolvieron que se debía que archivar por inexistencia de delito la presentación original hecha por Nisman. Pero poco después que llegó Mauricio Macri a la Presidencia, la Cámara de Casación Penal Federal ordenó reabrirla. Por esta razón es que había dos causas. Como en un mecanismo de relojería ambas quedaron concentradas ahora en el juzgado de Bonadio, quien ya procesó dos veces a CFK por otros temas.  

La decisión de dejarle esta investigación a Bonadio fue tomada por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y no es apelable. Irurzun concentra gran poder en la actualidad, no sólo en Comodoro Py, donde tiene ascendencia sobre jueces y fiscales, sino que -además- es quien dirige el aparato de escuchas que hoy depende de la Corte Suprema pero que está camino a ampliar sus facultades en acuerdo con el Ministerio de Justicia, centralizando información sensible de organismos como la AFIP, la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero su decisión de dejar la denuncia de Nisman contra CFK en manos de Bonadio viene en días peculiares: ayer pidieron su indagatoria por lavado de dinero los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Hotesur, y ayer mismo la propia sala de la Cámara que Irurzun integra le indicó al juez Sebastián Casanello le dijo que debe investigarla en el mismo caso por lavado por el que está preso Lázaro Báez. Todo pareciera una reacción al anuncio de la ex presidenta de que está dispuesta a ser candidata en octubre.  

El argumento central de Irurzun a favor de Bonadio, ocupa dos breves párrafos de una resolución de tres páginas y da por descontado que se trata del juez que lleva más tiempo en el caso. Es un razonamiento curioso si se tiene en cuenta el recorrido que hicieron el expediente y su colectora:

• Nisman presentó su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras personas el 14 de enero de 2015, en plena feria judicial, y apareció muerto cuatro días después. Su principal argumento era que el Gobierno quería lograr la impunidad de los iraníes a través del Memorándum de Entendimiento y que formó parte de una negociación de intercambio de petróleo por granos.
• En ese entonces la jueza María Servini de Cubría, de turno, dijo que el tema no tenía urgencia; luego le tocó a Lijo, que tenía el caso de encubrimiento en la investigación inicial del atentado a la AMIA, pero dijo que no tenía relación con el asunto; y pasó a Rafecas. Este juez consideró que no hubo delito: el Memorándum nunca entró en vigencia, ni la Comisión de la Verdad que preveía, ni se habían levantado las alertas rojas para la captura de los sospechosos, ni hubo intercambios de petróleo y granos. Numerosos juristas prestigiosos como León Arslanian,  Raúl Zaffaroni, Julio Maier y Luis Moreno Ocampo, sostenían lo mismo. No había delito que investigar.
• Como apeló el fiscal Gerardo Pollicita, que impulsaba una investigación, el expediente llegó a la Cámara Federal, donde el fiscal Germán Moldes apoyó a su colega. Con las firmas de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, confirmaron la decisión de Rafecas. Hicieron hincapié en que el Memorándum votado por el Congreso, aunque pudiera ser inconstitucional,  no era en sí un delito.
• Moldes, uno de los grandes impulsores de la marcha del 18F por la muerte de Nisman -que en rigor fue una marcha contra CFK– apeló ante la Cámara de Casación. Pero su colega Javier De Luca coincidió en la inexistencia de delito y desistió.
• Ante el cierre de esa vía para insistir con la denuncia contra la ex presidenta, surgió una nueva denuncia: se presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, cercano al macrismo, y entregó la grabación de una conversación telefónica privada entre el ex titular de la DAIA, Guillermo Borger, y Timerman, en la que éste le decía al primero que la bomba en la AMIA la puso Irán y había que negociar con ellos para que sus ciudadanos sospechosos declararan como imputados. Para el denunciante, la conversación demostraba el delito de traición a la patria, una figura gravísima, cuya pena menor es de diez años y puede llegar a ser perpetua. Lo insólito es que no era nada desconocido lo que decía Timerman en aquella conversación: era la postura pública del Gobierno, planteada incluso oficialmente en la causa AMIA. Luego se presentó el denunciante serial José Magioncalda, y se juntaron los expedientes. También se sumaron dos familiares de víctimas del atentado cercanos a la dirigencia de la AMIA y la DAIA. Este expediente quedó en manos de Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. Nunca en la historia hubo un juicio por traición a la patria, según apuntan en Comodoro Py.  Además de  la ex presidenta y el ex canciller, quedaron denunciados todos los legisladores que aprobaron el Memorándum.
• Con los mismos argumentos y el audio en cuestión se presentó la DAIA en el juzgado de Rafecas para ver si, con esos supuestos “nuevos elementos”, lograban reabrir la investigación. También alegaron la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum (que quedó firme porque desistió el gobierno de Macri) Otra vez el juez lo rechazó, igual que la Cámara. Finalmente fue la Cámara de Casación la que, con los votos de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenó en diciembre de 2016, la reapertura de la denuncia de Nisman. El fallo separó al juez Rafecas y ordenó admitir a la DAIA como querellante. Borinsky y Hornos habían resuelto poco tiempo antes que Bonadio podía continuar tramitando la causa “colectora” o melliza de la denuncia original por traición a la patria.
• Cuando se sorteó un nuevo juzgado para la presentación de Nisman le tocó al juez Lijo, quien defendió -al menos en los papeles- su competencia en el caso en el momento en que Bonadio le plantó que se inhibiera y le reclamó la causa. Muchos en Comodoro Py daban por hecho que Lijo, de buena relación con Irurzun, se quedaría con el expediente. Pero olvidaron que todos los caminos, o la mayoría, y más si se trata de causas contra la ex presidenta, conducen a Bonadio.

Como es ostensible con sólo recorrer la cronología, la causa por la denuncia de Nisman es muy anterior a la que tenía Bonadio. Sin embargo, Irurzun consideró que él era el juez más antiguo en el asunto. Bonadio ya procesó a CFK en dos causas: por defraudación en relación a los contratos de dólar futuro, que fue la judicialización lisa y llana de una medida de gobierno; y por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Los Sauces, empresa familiar que realiza negocios inmobiliarios. La raíz de la denuncia de Nisman también es otra medida gubernamental, aprobada por el parlamento.

“Estamos frente a la concreción de una maniobra de forum shopping (elegir el juez) que se inició cuando Bonadio quedó habilitado por la Cámara a abrir una causa colectora sobre el mismo hecho ya descartado. Yo me presente con Timerman -señaló el abogado Alejandro Rúa– y dije que era una duplicación de causas, pero el objetivo de fondo era que se quedara Bonadio con todo el expediente. La discusión sobre la causa melliza está a estudio de la Corte, pero ya han elegido al juez por conveniencia”.

Tanto el fiscal general Javier De Luca como la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta presentaron sendos recursos extraordinarios contra el fallo de la Cámara de Casación Penal Federal que confirmó la condena a la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru por el episodio ocurrido en octubre de 2009 en el que otras personas arrojaron huevos contra el entonces senador y ahora gobernador de Jujuy, contador Gerardo Morales. El escandaloso fallo de la Casación ordenó al Tribunal Oral Federal de Jujuy que ampliara la condena a tres años, que es de cumplimiento condicional, al agregarle una pena por amenazas coactivas. Tanto De Luca cuanto Gómez Alcorta consideran que la sentencia parece escrita de antemano, ya que no responde a los agravios que ambos presentaron por escrito y durante la audiencia pública del mes pasado. La mañana de la audiencia el operador legal de Morales, Ricardo Gil Lavedra, caminó por el piso de Comodoro Py donde tienen su despacho los tres jueces.

El principal agravio desoído es la forma acrítica en que fue convalidada la declaración de los únicos dos testigos contra Milagro y empleados en el gobierno de Morales, René El Cochinillo Arellano y su compañera Cristina Noemí Chauque, ambos denunciados por falso testimonio. El fiscal y la defensa coinciden en que el Tribunal Oral basó su sentencia en afirmaciones de Orellano prestadas en la etapa de instrucción pero no repetidas en el debate oral, que es donde se adquieren las pruebas que luego los jueces ponderan al fallar, incluyendo las preguntas y/o réplicas de las partes. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h) afirman que la declaración de Arellano fue incorporada por lectura al debate y “en consecuencia es prueba válida”. Esto es falso, lo cual transgrede el objetivo de un juicio penal, que es la búsqueda de la verdad. Lo único que se leyó en la audiencia de diciembre de 2016 fueron cuatro líneas de una foja de la instrucción, para establecer si Cochinillo admitía o negaba haber participado del escrache, porque sus dos declaraciones eran contradictorias. Lo que no se incorporó y el Tribunal Oral tomó directamente de la instrucción es la declaración de que Graciela López estuvo en la reunión en la que Milagro habría dicho que fueran a “romper sillas, pegarle a Morales si podían llegar a él y tirar huevos”. Si el más alto tribunal penal del país puede mentir en forma tan alevosa para justificar el encarcelamiento de una dirigente social, hay pocas esperanzas en esta etapa de la vida nacional. En una situación normal, podrían depositarse expectativas en la Corte Suprema o en el Consejo de la Magistratura. Pero esta no es una situación normal y el gobierno de Pro y su aliado radical hacen y deshacen a su antojo en una justicia que se pliega sin pudor a sus operaciones políticas.

El jueves la Corte Suprema de Justicia hasta ordenó cerrar las puertas de los tribunales casi una hora antes de que se cumpliera el horario, para no recibir miles de cartas en las que personas de todo el mundo les reclamaban que se pronunciaran sobre la libertad de Milagro Sala, solicitada en dos recursos extraordinarios, que están en la Corte desde febrero. Sólo la insistencia de Eduardo Tavani, suaviter in forma fortiter in re, consiguió que se permitiera el paso a una delegación. La Procuración  General  dictaminó a favor de Milagro en abril, pero la Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos impuestos ni asumidos por voluntad propia y ostenta un mayestático desprecio por la libertad de las personas. Milagro fue privada de la suya hace un año y medio, en forma arbitraria según el grupo de trabajo de Naciones Unidas.

La semana pasada medio millar de trabajadores estatales, encabezados por el secretario general de la seccional Capital de ATE, Daniel Catalano, manifestaron frente a la sede nacional para exigir la renuncia de Ernesto Suárez, vocal del gremio y candidato de Cambiemos en Jujuy. Suárez forma parte del Instrumento Electoral para la Unidad Popular (IEUP), el microemprendimiento de Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Hugo Godoy, que se colgó de la alianza que en Jujuy encabeza Gerardo Morales. Frente a la sede nacional de ATE Catalano leyó unas líneas manuscritas por Milagro Sala desde la prisión de Alto Sufridero. “Hace rato que mantengo diferencias con la conducción nacional de ATE pero nunca imaginé que iba a tener que ver como algunos de ellos acompañaban a los que me encarcelaron, a los que persiguen a los tupaqueros y empobrecen a los jujeños. Además son los mismos que ya despidieron a miles de estatales y les descontaron los salarios por defender sus derechos”, dijo.

“Santiago debe aparecer. Y debe aparecer con vida”, expresó a través de su cuenta de Twitter la ex presidenta Cristina Fernández sobre Santiago Maldonado, el joven de 27 años que desapareció hace seis días, luego de haber sido visto por última vez mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería durante una brutal represión contra la comunidad mapuche Lof, en la localidad de Cushamen, Chubut. “Hoy (por ayer) por la tarde me comuniqué con Sergio Maldonado y Andrea, su mujer. Sergio es hermano de Santiago Maldonado”, relató Cristina, y afirmó que “el Gobierno Nacional, de quien depende Gendarmería, tiene la obligación de informar donde está Santiago y la responsabilidad de su aparición”.

“Su hermano me cuenta que testigos vieron que la Gendarmería lo llevó,que lo rodearon, lo golpearon y lo subieron a una camioneta de esa fuerza. Desde ese momento, nadie supo más nada de su hermano”, contó la ex mandataria.

“Una rasta no es un arma, una barba no es una munición, mi hermano no es un terrorista sino un viajero, y en lugar de darnos respuestas este gobierno de lacras pretende lavarse las manos”. Germán Maldonado no ocultó la bronca que fue acumulando ayer a medida que le iban comentando las declaraciones de los funcionarios macristas. “La única realidad es que Gendarmería se llevó a Santiago, la ministra (Patricia) Bullrich es una mentirosa”, dijo sobre las declaraciones de la titular de la cartera de Seguridad que afirmó que esa fuerza “no sabe nada” del joven desaparecido el 1 de agosto en el marco de la represión a la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, en Chubut. La familia y los amigos de Santiago Maldonado habían convocado a movilizarse en todo el país, y estuvieron en el acto que realizaron las organizaciones del Encuento, Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), junto al Cels, ATE Capital, CTA Autónoma, el FIT y otras agrupaciones de izquierda y kirchneristas en el Congreso. Hubo coincidencia en exigir la renuncia de Bullrich.

“Iba todas las tardes a la biblioteca de El Bolsón, era una persona que se estaba cultivando, en sus viajes buscaba desarrollarse en contacto con la naturaleza y la tierra, por eso su admiración hacia los mapuches, su sano estilo de vida, sin contaminarla como hace el capitalismo”, dijo Germán Maldonado desde el camión que sirvió como escenario. En ese momento, sus amigos y compañeros le gritaron “es” una persona. “Sí, es una persona y quiero que aparezca hoy con vida, mamá y papá lo esperan”, gritó.

Desde el ministerio de Seguridad aseguraron que no hay registros sobre su detención, y el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman cuestionó a la familia del desaparecido y a la comunidad mapuche por su “falta de colaboración”. “Bullrich es una mujer mentirosa, nunca llamó ni dio la cara”, acusó Maldonado. “Ellos dicen que no hay constancia de la detención de mi hermano porque lo que hicieron es ilegal”, agregó.

El EMVJ recordó que el joven no aparece “luego de la brutal represión de la Gendarmería en un predio recuperado por la comunidad mapuche, con más de cien efectivos disparando balas de gomas y destruyendo todo a su paso.

Luego habló Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Tiene que aparecer con vida Santiago, el Estado es responsable, la señora Bullrich y (el jefe de gabinete Pablo) Nocetti tienen que decir dónde lo tienen. Persiguen a los aborígenes, les quitan las tierras, los encarcelan y los matan. Son unos hipócritas, dejen de decir        barbaridades”, expresó Cortiñas. “Bullrich diga dónde está y luego renuncie. No puede seguir una ministra que tapa un crimen de esta dimensión. Con Maldonado mienten como lo hicieron con Jorge Julio López”, agregó. “Cómo no recordar a Julio López, cuando lo esperábamos esa mañana y no llegó. Cómo no volver a sentir ese mismo dolor cuando el Estado busca excusas y culpabiliza a la víctima”, apuntó a su turno Myriam Bregman, abogada de López en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. “No puede haber ni un sólo desaparecido más, hay que mover cielo y tierra, una gran jornada de lucha hasta obtener respuesta. Este gobierno prepara más represión, no podemos permitir que vuelvan a implementar la desaparición forzada de personas. Salgamos todos a la calle hasta que Santiago aparezca”, agregó.

Desde el improvisado palco se escuchó varias veces “30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre”, y también enunciaron que “el pueblo mapuche es uno solo, a un lado y otro de la cordillera, y no hay terrorismo sino un justo reclamo social y político”. Poco antes, el hermano de Maldonado había vuelto a aclarar que Santiago no era militante, y pidió que no le sacaran fotos con carteles políticos. 

“Cuando la policía fusila un pibe dice ‘sería un ladrón, por algo será’, cuando secuestran a una piba y después nos enteramos del femicidio nos dicen que estaría obsesionada con alguno o tendría la pollera muy corta, y ahora cuando desaparecen a Santiago Maldonado nos dicen que ‘en algo andaría’ porque estaba apoyando la lucha ancestral de la comunidad mapuche. Pero esta vez no pueden lavarse las manos diciendo que fue un milico suelto al que se le salió la cadena, el jefe de Gabinete del ministerio, defensor de genocidas, estaba en la puerta de la estancia de Benetton hablando con los gendarmes y dirigiendo el operativo”, recordó la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi. También acudieron al acto Gabriel Solano (FIT-PO), Vilma Ripoll (MST) y los dirigentes kirchneristas y peronistas Miguel Funes, Horacio Pietragalla, María José Lubertino, Aníbal Ibarra y Victoria Montenegro, entre otros.

Ya sin el juez Eduardo Freiler, suspendido en una maniobra coordinada entre la mayoría macrista del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó al juez Claudio Bonadio al frente de la causa Los Sauces. El pedido de recusación contra Bonadio lo había presentado la defensa del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, que invocó como fundamentos su detención arbitraria y su complicidad con el montaje del ministerio de Seguridad para exhibirlo como un temible narcotraficante. A principios de agosto, al avalar el pedido de excarcelación de Manzanares, Freiler había pedido el apartamiento de Bonadio por arbitrariedad y “vicios de fundamentación” en sus resoluciones. Los camaristas Eduardo Bruglia y Jorge Ballesteros, que entonces firmaron el voto mayoritario, descartaron ayer cualquier indicio que ponga en duda la imparcialidad de Bonadio.

Carlos Beraldi, abogado de Manzanares, recusó a Bonadío por “la detención arbitraria”, por declaraciones en las que anticipó “el desenlace de la causa”, y denunció que “por acción u omisión permitió que las fuerzas de seguridad montaran una actividad humillante e innecesaria al exhibirlo ante la prensa como un peligroso narcotraficante o terrorista, demorando innecesariamente su traslado” desde Santa Cruz a los tribunales de Comodoro Py. Agregó que no hubo respuesta a un pedido para ampliar la declaración indagatoria y destacó la “inexistencia de un motivo real” para llevarlo a Comodoro Py “donde sólo se limitó a notificarlo de la detención”.

“No advierto acto alguno por parte del magistrado que evidencie una violación” a la garantía de imparcialidad “que debe imperar en el proceso penal por parte de los juzgadores”, escribió Bruglia, en el primer acuerdo sin la presencia de Freiler. “La tacha de arbitrariedad invocada como primer causal objetiva de imparcialidad se desvanece”, sostuvo su colega Ballestero. Agregó que en la resolución anterior, cuando rechazaron la excarcelación de Manzanares, se concluyó que la decisión de detenerlo provino de “la comprobación de un comportamiento que, en el contexto en el que se produjo, no puede dejar de ser interpretado como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso”. “Más allá del acierto o desacierto que pudo tener el magistrado en el modo en que desarrolló los actos” vinculados a la detención del contador, “no revisten tenor suficiente” para confirmar su falta de imparcialidad, concluyó.

Las reacciones ante la suspensión del camarista federal Eduardo Freiler en una sesión para el escándalo en el Consejo de la Magistratura se siguieron mutliplicando durante todo el día de ayer. Las críticas llegaron desde organizaciones variopintas del ámbito judicial, consejeros y jueces. Fueron, ante todo, advertencias sobre posible ilegalidad y futuras consecuencias para otros jueces del procedimiento que impuso la mayoría oficialista del organismo, que aprovechó una mayoría circunstancial cuando por un rato quedó sin representación completa el peronismo. El respaldo corrió por cuenta de dirigentes de Cambiemos y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito que había elegido Mauricio Macri en junio para decir que si los jueces no actúan como el gobierno espera “buscaremos otros que nos representen”. El propio Freiler aseguró que su suspensión “demuestra que el presidente (Mauricio) Macri quiere disciplinar a los jueces” y que pone en evidencia “la necesaria participación” del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y ratificó  que presentará una denuncia penal.       

En los tribunales de Comodoro Py la maniobra causó perplejidad. En los pasillos un abogado igualmente azorado ironizaba: “Tuvo prolijidad de un mecanismo de relojería suizo y la falta de sutileza de un camionero, con todo respeto a los choferes”. Se refería al modo en que habían encastrado paso a paso las piezas necesarias para que todo terminara como sucedió con participación de exponentes de todos los poderes del Estado. Primero, un empuje contundente del Gobierno; luego un juez contencioso administrativo que decidió a instancias de un abogado macrista que el senador Ruperto Godoy se tenía que ir del Consejo por no ser abogado; luego una Cámara que lo avaló y que dispuso ejecutar esa decisión; el macrismo más puro del consejo      –con el diputado Pablo Tonelli a la cabeza– que esperaba el momento exacto para conseguir imponerse después de meses de no lograr juntar los votos y al final del camino, la jugada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que decidió sorpresivamente demorar unas horas la jura del reemplazante de Godoy. En ese hueco que dejó el supremo, el oficialismo votó con dos tercios de 12 miembros, ya que consideraba que la presencia de Godoy no contaba.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que nadie podría tildar de kirchnerista, acusó al cuerpo de consejeros de “atentar gravemente contra los principios fundamentales del debido proceso” y generar “una amenaza contra el Estado de Derecho” con su decisión. “Urgimos al Consejo de la Magistratura a anular la resolución en cuestión, y a avanzar en la apertura del procedimiento disciplinario contra el juez Freiler en un Plenario integrado regularmente”, señaló la entidad en un comunicado. “La suspensión del juez y la apertura del jurado de enjuiciamiento se realizó mediante una maniobra irregular”, agregó. Advirtió que no había una urgencia para no esperar la jura de Mario Pais, el senador suplente.

La asociación Justicia Legítima denunció “un atropello institucional” y advirtió que afecta al “sistema democrático”. “Asistimos a mecanismos que cruzan todo límite y agravian a las instituciones”, que “se inscriben en la postura que afirma que el fin justifica los medios”. “Estas actitudes no van a amedrentar a los jueces comprometidos con una administración de justicia propia de un Estado de Derecho”, sostuvo la organización. Su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, describió los sucesos como “una maniobra de barrabravas” que se enmarca en “una campaña de disciplinamiento y domesticación de los jueces”. La camarista laboral Gabriela Vázquez, una de las consejeras que se opuso a la suspensión y apertura del jury, dijo que la decisión debería ser considerada “nula” porque el Consejo “no estaba constituido legalmente”, ya que faltaba un representante del Senado. Además, advirtió que “no hay nada que celebrar” –contra las expresiones de Macri que festejó el desenlace– porque “no hay manera, en este contexto, de poder resguardar la independencia del Poder Judicial”. Jorge Candis, el consejero que representa al estamento académico (que fue el voto que en mayo el oficialismo pensó que tenía para enjuiciar a Freiler, pero se equivocó), fue un poco más suave: dijo que Cambiemos cometió una “picardía” pero que estaba “dentro de los reglamentos”. “No fue muy ético pero está dentro de las picardías que se hacen en política”, evaluó.

Con cierto aire sobrador, Tonelli dijo que el oficialismo no puede hacerse cargo de que los senadores peronistas sean “poco previsores” y no hayan advertido que, tras forzar la salida de Godoy, aprovecharían la mayoría ocasional. “Candis, que no puede ser sospechado de oficialista, dijo que hubo falta de previsión por parte del bloque de senadores peronistas”, enfatizó. El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, dijo que la decisión del Consejo es “auspiciosa”. El Colegio de Abogados de la Ciudad, conocido como Colegio de la calle Montevideo, dijo que se respetaron las garantías y que lo sucedido es “sumamente auspicioso para el restablecimiento y plena vigencia de la calidad institucional”. Teniendo en cuenta que es la entidad que avaló los golpes de Estado, su visión de “calidad institucional” es bastante dudosa.