La Corte Suprema decidió que los jueces deben jubilarse cuando cumplen 75 años y así puso fin a la llamada “doctrina Fayt” que les permitía permanecer en sus cargos en forma vitalicia, tal como anticipó PáginaI12 el domingo. Con una mayoría justa de tres votos, el tribunal revirtió un fallo de la mayoría automática de fines de los años noventa que declaraba nula la edad jubilatoria establecida por la reforma constitucional de 1994 para habilitar la permanencia del supremo ya fallecido Carlos Fayt, quien se quedó en el cargo hasta los 97 años. La sentencia firmada ayer sostiene que el límite temporal al ejercicio de la función no afecta la garantía de “inamovilidad” ni la “independencia judicial” y que la Convención Constituyente actuó en su momento dentro de sus facultades y del temario habilitado por el Congreso. Es una resolución sobre el reclamo puntual del camarista de La Plata Leopoldo Schiffrin, de 80 años, quien deberá dejar el cargo, aunque exhorta al Consejo de la Magistratura “para que adopte las medidas que considere necesarias para asegurar la plena vigencia del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución”. El organismo tiene una lista de al menos 27 jueces (en la Asociación de Magistrados estiman que son más, unos 70) en edad de retirarse por lo que el oficialismo analiza la posibilidad de intimarlos a que inicien los trámites para irse. La oposición supone que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de desgaste inclusive sobre quienes tienen amparos firmes a su favor, como la jueza electoral María Servini de Cubría  y la suprema Elena Highton de Nolasco.

El fallo se concentra en analizar la validez de la cláusula de la reforma constitucional de 1994 que establece que los jueces duran en su función hasta los 75 años, aunque pueden continuar por cinco años más (renovables) si obtienen para eso acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del Presidente/a. En 1999 la Corte había declarado nula aquella disposición al darle la razón a Fayt, algo similar a declarar inconstitucional la Constitución. Fue “la única norma constitucional declarada nula –en toda la historia constitucional de la Argentina– por la Corte Suprema”, recuerda la sentencia de ayer, que firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Estos dos últimos fueron convencionales constituyentes, con lo cual era difícil imaginar que pudieran desdecirse de lo que sostuvieron en la redacción del texto constitucional. El fallo Fayt, para habilitar su continuidad, llegó a decir que la convención constituyente se había extralimitado en sus atribuciones. Pero los supremos ayer sentenciaron: “La doctrina utilizada en el caso Fayt debe ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo expresada por la convención reformadora”.

Como todo fallo de la Corte, éste se aplica al caso específico y a quien promovió la demanda, que fue el camarista Schiffrin. En primera instancia y en la Cámara de Apelaciones había obtenido sentencias a su favor, apoyadas en la doctrina Fayt, pero el Estado Nacional llevó la discusión al alto tribunal, donde el tema llevaba cerca de cinco años. De todos modos, más allá de los efectos sobre Schiffrin, el texto tiene algunos aspectos novedosos que le dan un cariz político: ordena publicar la sentencia en el Boletín Oficial; dispone notificarle al Consejo de la Magistratura (el organismo que nombra y puede promover la remoción de jueces pero que además maneja la administración y los recursos humanos del Pode Judicial); y le pide al Consejo que tome medidas para asegurar la vigencia de límite de 75 años. A eso se suma una aclaración no menor: dice que los jueces que hayan sido nombrados antes de 1994 no tienen derechos adquiridos. Ayer a la tarde, consejeros tanto del oficialismo como de la oposición ya analizaban cómo encarar la situación. En el gobierno interpretan que están habilitados para poner un plazo o tomar alguna medida similar para que los jueces mayores de 75 se retiren. Antes deberán verificar quiénes tienen ya amparos que hayan quedado firmes. En teoría, a los jueces y juezas que estén en esa situación no podrían obligarlos a jubilarse. Pero en la oposición apuestan a que Cambiemos podría aprovechar para este escenario para empujarlos en esa dirección.

El fallo no lleva la firma de Elena Highton de Nolasco, quien ya había adoptado posición en su propio caso, al promover una demanda en diciembre del año pasado, en la que pedía quedarse invocando la doctrina Fayt. Fue llamativo, porque tiempo antes había dicho que creía que había que cumplir con lo que decía la Constitución Nacional. El hecho es que en febrero consiguió un amparo favorable a su permanencia. El Gobierno, durante el trámite del expediente la atacó, pero al momento de apelar no lo hizo, desistió, el fallo quedó firme y la jueza en su silla suprema. Todavía no está claro si el Gobierno negoció con ella o si quedó tan en evidencia que teme votos en contra de su parte, que dio marcha atrás.  El hecho es que con un fallo de la Corte que integra, que cuestiona el carácter vitalicio de los jueces, Highton quedó en una posición incómoda, aunque amparada por una sentencia firme de primera instancia, del juez Enrique Lavié Pico.

Igual que la Corte menemista, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo que la Convención Constituyente no estaba habilitada por el Congreso para reformar el artículo 99, que habla de las atribuciones del Presidente de la Nación, lo que incluye el nombramiento de jueces. Dijo que se debe evitar que se convierta en una “caja de pandora” y que “introduzca temas no sometidos al debate público en forma previa a la elección de convencionales constituyente” y que eso es “lo que asegura la soberanía del pueblo”. Cuestionó, además, que la Corte modifique sus precedentes.

La mayoría sostuvo que el caso Schiffrin encuadra como un caso “grave” que habilita la revisión de la doctrina. Argumentó que el análisis “restrictivo” que hizo la Corte en 1999 sobre el alcance de las facultades de la convención constituyente implica el riesgo de “interferir en el proceso democrático, alterando el equilibrio” entre los poderes y que quede sin efecto “la voluntad soberana del pueblo”. Abogó por un criterio “amplio y extensivo”.

Sobre el límite específico de 75 años señala: “No ha afectado la sustancia de la garantía de inamovilidad ni, por ende, el principio arquitectónico de independencia judicial”, dice la mayoría, aunque cada juez hizo su propio voto aparte. “Se trata de una regulación admisible y legítima, que no coloca a los jueces en situación de dependencia y precariedad sino que simplemente establece un límite previsible y objetivo a la duración del cargo. Es una definición -afirma– que el  legislador constitucional adopta de modo general, a priori, aplicable a una clase de sujetos de modo igualitario, por lo que no es posible establecer sospecha alguna de discriminación ni de afectación del ejercicio independiente de la función”.

El próximo capítulo, que deberá definir la suerte de decenas de jueces, se va a dirimir entre el Consejo de la Magistratura y la Casa Rosada. 

En el juicio por el desvío de las pistas en el caso AMIA se producirá hoy un verdadero escándalo: se va a anunciar la renuncia de la abogada designada por el Ministerio de Justicia de la Nación, Mariana Stilman. La letrada le envió una carta informando de la renuncia al Tribunal Oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge “El Fino” Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a tener un papel activo como querellante y como acusadores. “Esto podría generar la defensa de intereses opuestos”, dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.

La renuncia de Stilman va a producir hoy durísimos planteos en el juicio oral por encubrimiento, que tiene audiencias los lunes y jueves. Ante los jueces, los familiares de las víctimas en todas sus vertientes –Memoria Activa, Familiares, Apemia– dejarán constancia de que una querella que estaba trabajando en la acusación de las irregularidades del caso AMIA recibió instrucciones del ministro de Justicia de no actuar tan activamente contra los imputados. Habrá planteos furibundos también ante el ministro Garavano y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que Néstor Kirchner firmó en su momento un decreto comprometiendo al Estado argentino a juzgar a los que sembraron pistas falsas. Desde esa óptica es un hecho grave que el Estado instruya a su representante que no acuse con la fuerza que debería. 

Texto

Stilman podría haber renunciado argumentando motivos personales o sin argumento alguno. Sin embargo quiso dejar constancia de que lo que motiva su paso al costado es una orden que va contra sus criterios éticos y morales. El texto tiene cinco páginas. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. En otras palabras, Stilman está diciendo que se le pidió no actuar activamente en la acusación y que semejante conducta va contra sus principios éticos y morales y la pondría del lado de los intereses de Menem, Galeano, Beraja, Palacios y las ex autoridades de la SIDE.

Cambios

La querella que representa al Estado, es decir que acusa a los imputados en nombre del Poder Ejecutivo, fue cambiando de manos. Durante la última etapa del kirchnerismo quien se ocupaba de la acusación era Luciano Hazan, ex abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo y en ese momento subsecretario de Justicia. Al asumir Mauricio Macri, Hazan presentó la renuncia y quedó en la primera fila Elizabet Gómez Alcorta, que hoy es defensora de Milagro Sala. Sin embargo, ante la realidad de que le iban debilitando su equipo, también Gómez Alcorta presentó la renuncia. La querella quedó en manos de Stilman, quien en su renuncia menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a ella trabajó el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivía a una cuadra de la AMIA y vivió el atentado muy de cerca: siendo un niño estallaron los vidrios de su casa cuando él jugueteaba allí. Hace tres semanas Strajman fue sancionado y le impidieron continuar en el juicio con el argumento de que “perdió objetividad”.

Desde hace varios meses, el ministerio de Justicia envió para intervenir en el juicio a un nuevo funcionario, Miguel Inchausti. El abogado fue designado por el propio Garavano con el argumento de que es el ministro el que tiene que tener el control de lo que estaba pasando. Inchausti empezó sentándose atrás y fue comentando que la orden era diferenciarse de los familiares de las víctimas. Los gestos fueron advertidos por los abogados de Memoria Activa, Familiares y Apemia: ni siquiera los saludaba. Con el tiempo fue adquiriendo cada vez más protagonismo, pese a que nunca tomó la palabra en las audiencias. 

Micrófono

En una de las últimas audiencias del juicio oral las cosas derivaron en un virtual escándalo. Estaba a punto de declarar un testigo clave, el ex secretario del entonces juez Galeano, Claudio Lifschitz. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se opuso a que Lifschitz declare argumentando razones procesales. Es decir que trataron de impedir que dé su testimonio el hombre que contó los desvíos, las maniobras del juez, el gobierno y la SIDE. Las querellas –la Unidad Fiscal AMIA, los familiares de las víctimas– pusieron el grito en el cielo considerando que se trataba de evitar una declaración clave. Cuando le tocó el turno a la querella, Stilman iba a tomar la palabra, pero se percibió una puja con Inchausti por el micrófono. Este quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia y Stilman se negaba. Se escuchó la frase de la abogada hacia Inchausti: “en ese caso, decilo vos”. Hubo algo bastante parecido a un forcejeo por el micrófono

Finalmente los jueces –Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perill– permitieron que declare Lifschitz quien relató, paso a paso, los vínculos del juzgado con el Poder Ejecutivo en tiempos de Menem. Lifschitz fue testigo de la decisión de abandonar otras pistas y apuntar contra los policías bonaerenses como cómplices del atentado. Todo indica que esa movida –decisiva en el encubrimiento– tuvo como objetivo adjudicarle cierta responsabilidad a una fuerza de Eduardo Duhalde, archienemigo de Menem en la época y, además, entregar algún culpable a la sociedad ante el fracaso de la investigación. El ex secretario describió desde adentro la jugada clave que consistió en pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Lifschitz expuso también una de sus principales hipótesis: la SIDE tenía localizada la célula que cometería el atentado, encabezada por un tal Khalil Ghatea, pero los espías fallaron en evitar el ataque.  Como se ve, era un testimonio de máxima importancia. 

En ese marco de tensión por la envergadura del testigo, el incidente entre Stilman e Inchausti terminó entre lágrimas de la letrada y la sensación de que el cruce derivaba en su renuncia. Es que era conocido que Stilman había trabajado mucho las preguntas para hacerle a Lifschitz, por lo tanto la situación se percibió como intolerable para ella. Incluso si Stilman no daba un paso al costado con sus dos renuncias por escrito –a los jueces y al ministro Garavano–, algunos de los querellantes iban a plantear la cuestión en la audiencia de hoy. Advertirían a los miembros del tribunal de la existencia de la puja y el peligro de que una querella se iba a convertir en defensa de los acusados: lo que Stilman menciona en su carta de renuncia como “la defensa de intereses opuestos”.

Ordenes

En la carta de renuncia a Garavano, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por directas órdenes del ministro de Justicia. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro  –dice Stilman en su texto–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus órdenes expresas”. Por lo tanto, la letrada señala que no puede traicionar su “conciencia jurídica” aceptando lo que en el fútbol se llamaría ir para atrás.   

Stilman ratifica que llegó a encabezar la querella del Ministerio de Justicia por pedido de Carrió “y se me está impidiendo ejercer mi función con libertad y probidad, máxime tratándose de una causa que me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”. 

Clave

El paso al costado de Stilman es de fuerte impacto:

•  No es casual que se haya producido alrededor del testimonio de Lifschitz, una pieza importante en la acusación. La querella del Ministerio de Justicia intentó mostrarse al lado de las defensas y de la querella de AMIA y DAIA, que parece alineada en la idea de tratar de salvar a Beraja. 
•  La implosión de la querella del Ministerio de Justicia se produce a un mes del momento en el que se producirán los alegatos. Iba a ser muy distinto el alegato acusatorio de Stilman. En la renuncia, la letrada tiene una definición: menciona que, cuidando la objetividad, se perciben las graves irregularidades de los funcionarios del gobierno y judiciales. Es decir que la abogada ya deja claro en su texto que acusaría con dureza a los imputados en el juicio. 

Coalición

El escándalo de la renuncia de Stilman deja secuelas en varios terrenos:

•  Hay un nivel en el que habrá, tarde o temprano, denuncias judiciales contra Garavano e incluso contra Inchausti. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero también por aspectos que tienen que ver con un fraude procesal. 
•  Habrá indefectiblemente una denuncia ante la CIDH. La delegación que viene en mayo tiene el tema en su agenda, a raíz del acuerdo que se firmó en Washington en el que la Argentina se comprometió, entre otras cosas, a juzgar las maniobras que se hicieron en AMIA. El ir para atrás –opinan algunos de los querellantes– va directamente en contra de lo firmado. 
•  Y está el aspecto político. Como en otros casos, la administración Macri aparece en coalición con la AMIA, la DAIA, la derecha norteamericana e israelí. Y mirado desde este ángulo, Menem, Beraja, y casi todos los imputados formaron –o forman– parte de ese alineamiento. 

El problema es que salir en defensa de los acusados es impedir que sean condenados por desviar la investigación AMIA. E 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral que juzgó a los imputados de integrar la conexión local del atentado –los policías bonaerenses y Telleldín– dictaminó que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Los responsables de ese armado falso –Menem, Galeano, la SIDE, los fiscales, Palacios, Beraja– son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados y por los que se le pidió a Stilman que no acuse de manera tan activa. Se trata de otra estafa contra las víctimas del atentado y sus familiares.

raulkollmann@hotmail.com

La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los argumentos centrales es que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna. Pero el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas. Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia que, anticipan, traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida.

El fallo tiene una mayoría justa, de tres votos. Así salen últimamente muchas sentencias supremas (la unanimidad es una rareza), aunque la composición del grupo que define hacia donde se inclina la balanza va cambiando. En esta ocasión lo integran los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la misma línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.

En el caso de la jueza, lo más notable es que cambia su postura respecto de sentencias anteriores. En una decisión de 2009 donde se discutía la aplicación de la ley penal más benigna ante el delito permanente de apropiación de niños, el voto mayoritario que ella firmó argumentaba que una persona sufre el delito hasta que recupera su identidad, y la ley aplicable es la vigente al momento que eso sucede, pero no la ley penal más benigna. Lorenzetti también hizo alguna modificación en su fundamentación (cierta vez abonó aplicar la ley penal más benigna), pero no cambió el sentido de sus decisiones.

El represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007 y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio tribunal Oral Federal 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad condicional.

El voto de la mayoría suprema sentencia que: “Las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Agregan los supremos que “la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente” Entonces recuerdan que la ley llamada del “2 x 1” (24.390) estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, que es un lapso intermedio entre el delito y la condena, y señalan que no se planteó una distinción para los crímenes de lesa humanidad. También se aferran a un precedente, “Arce”, que especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma.  

Una simple mirada de la sentencia permite deducir también que los únicos que se podrán beneficiar de sus efectos y de la ley del “2 x 1” son los genocidas y los apropiadores de niños. Son contados los acusados de delitos comunes que podrían invocarla: quienes cometieron un delito antes de 2001, cuando fue derogada, ya se habrán beneficiado con ella o tendrán sentencia, o los delitos ya esta altura estarán prescriptos. Por esta razón algunos organismos planteaban que es falaz que la Corte Suprema esté aplicando la ley del mismo modo para todos, porque los beneficiarios principales sólo serán represores e involucrados en robo de hijos de desaparecidos. El costo será para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia.  

Un párrafo que causó especial irritación en quienes esperaron los juicios después de los treinta años de impunidad generados por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es el que dice  que “la mejor  respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión  de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de  no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto  cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que en este caso requiere decidir con absoluto apego a lo que está claramente ordenado por el art. 2° del Código Penal”, que ese el que se refiere a la ley penal más benigna y que, insiste la  Corte, no admite excepciones. El voto de Rosatti hace una especie de mea culpa, ya que expresa un “dilema moral” por aplicar el “criterio de benignidad” a condenados por delitos de lesa humanidad. Pero insiste en que para los represores no hay un régimen diferenciado y se debe aplicar la ley con ecuanimidad.

El voto en minoría de Lorenzetti, junto con Maqueda, refleja en buena medida la situación actual del presidente supremo, quien ha perdido injerencia a la hora de la confección de los fallos, y más aún temas de lesa humanidad, donde en otros tiempos fue determinante, y su predicamento era determinante para todo el Poder Judicial. En más de un discurso público y ante la corporación de jueces, Lorenzetti dijo que con los juicios de lesa humanidad no había “marcha atrás” y que eran parte de una “política de Estado”. 

Su voto explica que el derecho a la ley penal más benigna requiere evaluar si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa en juego. Sólo en ese caso, señala, se la podría habilitar. Pero la ley 24.390, explica Lorenzetti, no surgió porque se reprobaran los delitos de lesa humanidad sino que fue un mecanismo para limitar la prisión preventiva, fue una medida procesal, pensada para causas en trámite. Que no era el caso de Muiña que, como otros represores, pudo gozar de una larga temporada de impunidad y fue juzgado mucho después. Junto con Maqueda, comparte otro razonamiento: al tratarse de delitos permanentes, no es que durante su consumación rigieron dos leyes penales sino que coexistieron. Se debe aplicar, dicen, la última, que es la que derogó a la del “2 x 1”. Ambos jueces disidentes recuerdan también que el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos obliga a los estados parte “a perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”. Un cálculo aritmético aplicado en un caso que no corresponde, atenta contra ese deber de sanción apropiada, señalan.

Es cierto que la Corte no se había expedido nunca sobre el fondo de la discusión en los reclamos de “2 x 1” en casos de lesa humanidad. Pero no es menos cierto que su comportamiento había sido rechazar, cuanto menos con la fórmula “280” ese tipo de planteos. El fallo de ayer llega en un contexto, además, de estancamiento de los juicios de lesa humanidad denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo ante el Consejo de la Magistratura, y de una seguidilla de otros fallos de este año que anunciaban una nueva mirada: el caso “Fontevecchia” sentenció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias de la Corte argentina (sólo Maqueda votó en disidencia); ratificó la prescripción de las acciones civiles contra el Estado para las víctimas de lesa humanidad (la disidencia fue de Maqueda y Rosatti) y habilitó la prisión domiciliaria para el represor Felipe Alespeiti (se opusieron Lorenzetti y Highton) Anoche, Alan Iud, abogado de Abuelas, resumía los efectos de la sentencia suprema: “Con este criterio, Videla hubiera quedado en libertad el día de la sentencia de Plan Sistemático de Apropiación de Niños”.

La ley 24.390, conocida como “del dos por uno”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad. Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2x1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y, como el delito de desaparición que comenzó en 1976 es permanente, también se cometió entre 1994 y 2001, cuando estaba vigente la ley 24.390. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho. Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.

El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños.   

La decisión de la Corte da lugar a –al menos– tres paradojas. En principio, los represores serán beneficiados por el 2x1 por la sencilla razón de que antes fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos. Sin esas normas, en 1994, cuando se sancionó la ley del 2x1, deberían haber estado presos y esta discusión sería estéril. Por otro lado, quienes participaron de los crímenes del terrorismo de Estado serán a partir de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el 2x1. Dado que la norma se derogó hace más de quince años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los doce, es improbable que alguien que sea juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma, porque debería ser un delito cometido antes de 2001. Podrá haber algunos casos, pero serán los menos. De esta forma, lo que este fallo trae no es la igualdad ante la ley para los represores, como quieren argumentar quienes lo firmaron y lo defienden, sino todo lo contrario. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años. 

Lo ideal sería que los represores no pasaran más de dos años en prisión sin condena (tampoco ninguna otra persona). Algunos, de hecho, han recuperado la libertad por ese motivo. Y he aquí la tercera paradoja: están mucho tiempo en prisión preventiva porque los juicios se demoran. Y mucho. Y los primeros en pedir que se agilicen son las víctimas y sus familiares. El tercer juicio por los crímenes de la ESMA, por caso, lleva más de cuatro años de audiencias; se realizan sólo dos por semana y de tres horas de promedio. Desde que comenzó, más de diez acusados murieron o fueron apartados por problemas de salud. Muchos querellantes, testigos o familiares tampoco llegarán a ver las condenas. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 25 por ciento de los condenados tiene sentencia firme. Y es la Corte Suprema la que debe confirmar los fallos del resto de los tribunales.  

  “El régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional”, dijo Rosatti en su voto. Pero, agregó, “un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y  garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes”. Y siguió: “la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”. ¿Cuál es el mensaje de Rosatti? ¿Que si no se cambia el criterio que viene sosteniendo la Corte desde 2005 hasta ayer somos igual que los represores? ¿Qué los juicios hasta ahora fueron parciales? ¿Es un nuevo intento de desprestigiar el proceso de Memoria Verdad y Justicia que el Estado inició a partir de 2003 y confirmó la Corte Suprema en 2005? Estos juicios fueron ejemplares. Podría haber habido tribunales especiales, como en otros lugares del mundo, como a los nazis, pero se hicieron con los jueces naturales, con las leyes vigentes. No hay altura moral desde donde interpelar a las Madres, Abuelas y Familiares de Desaparecidos que nunca recurrieron a la violencia, que ante la impunidad solo buscaron más justicia, ya sea ante tribunales nacionales, extranjeros o internacionales. Que soportan las prisiones domiciliarias si así lo deciden los jueces, aunque en muchos casos se comprueba que los informes médicos son fraguados y los represores salen a pasear al perro (literalmente) mientras deberían estar, al menos, recluidos en sus domicilios. Que entienden que 77 represores fueron absueltos, muchas veces porque ya no hay testigos, porque los mismos acusados borraron las pruebas de la represión clandestina. Que saben que hay gente que conoce dónde están los cuerpos de sus hijos y el paradero de sus nietos –vivos pero con otra identidad– y calla. Y a pesar de todo eso el reclamo es el mismo: verdad y justicia. Lo que piden no es que los represores tengan peores condiciones que otros presos, sino un trato igualitario. Que no vayan a cárceles mejores que el resto de los presos, como de hecho ocurre. Que no cumplan condenas irrisorias en comparación con sus crímenes, como ocurrirá a partir de ahora.

Pocos horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el beneficio del dos por uno para represores de la dictadura, la mayoría de los organismos de lesa humanidad lo repudiaron pública y conjuntamente. Consideraron que la decisión “abre la puerta a la impunidad de los genocidas” y posibilita la reducción de penas a condenados por apropiaciones de bebés. Referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Hijos y la APDH, entre muchos otros organismos, además de abogados de causas por violaciones a los derechos humanos, coincidieron en que el fallo significa una “amnistía encubierta” a los represores, entre reflexiones que transitaron desde la sorpresa hasta la bronca, pasando por la prudencia y la alarma. “La Corte confirma el cambio de paradigma que se dio en el país desde que asumió Mauricio Macri, posibilita que nos crucemos en la calle con los asesinos de nuestros padres y no lo vamos a permitir”, advirtió Carlos Pisoni, de Hijos. Los organismos evalúan convocar a una movilización y el posible pedido de juicio político a los jueces que votaron a favor del fallo. 

La pesadilla se desató con los votos positivos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quienes consideraron aplicable la derogada ley del dos por uno a Luis Muiña, condenado por torturas cometidas en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas. Según coincidieron los organismos en el documento conjunto que difundieron ayer, el beneficio que la decisión otorga a Muiña “alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena”. En parte, los argumentos que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Carlos Maqueda utilizaron para votar en disidencia fue citada por los organismos: “La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura” ya que “no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes”.

Tras la lectura de la postura conjunta, hablaron los y las referentes de las agrupaciones. “Es inaudito”, remarcó la madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida y relacionó el fallo de la Corte con el pedido de reconciliación que formuló la cúpula eclesiástica el martes, al cual le respondió con igual repudio: “Jamás nos vamos a reconciliar ni perdonamos, nosotras sí tenemos memoria. Ni reconciliación ni perdón, justicia”.

El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, eligió la palabra “hipocresía” para analizar el paso dado ayer por la Corte. “Es evidente que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía.” Para Verbitsky, el voto mayoritario de la Corte se basa en una “imbricada interpretación de leyes que son de dudosa aplicación en estos casos” para “conseguir la libertad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad”. Señaló que las demoras en los procesos judiciales “no son responsabilidad de las víctimas sino de los jueces que no avanzaron con la premura suficiente y de la Corte Suprema que ha sido el tapón que ha permitido la acumulación de sentencias que no han quedado firmes y permitieron que muchos represores murieran impunes al no tener condena firme”. Al respecto, vale el ejemplo que aportó Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, quien informó que por los delitos cometidos en Campo de Mayo hay 21 causas judiciales que esperan un juicio oral, con varios de los sospechosos en prisión preventiva. “El círculo de impunidad abre y cierra en el Poder Judicial. No hay jueces, no se conforman tribunales. En Campo de Mayo se hace un juicio por año, faltarían 21 años para terminar”. 

“Hay una decisión de ir dejando en libertad al mayor número posible de personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, sentenció Verbitsky. Como Almeida, también relacionó el fallo con el pedido de reconciliación eclesiástico y descartó la casualidad en su consecución. “No es ninguna casualidad que coincidan, integran un operativo claramente coordinado”. En tanto, fue prudente con la posibilidad de iniciar juicio político a los jueces que posibilitaron el fallo, aunque destacó como “evidente” el cambio de posición de Highton de Nolasco tras su permanencia en la Corte a pesar de sus 75 años.

Para José Schulman, de la Liga, la de ayer fue “una de las fechas más negras y trágicas de la historia argentina”. Entendió que la decisión de la Corte “no es una provocación a las víctimas y sus familiares, sino a todo el pueblo argentino”, quien “va a responder desde la calle, donde construyó la justicia y donde la va a defender”. “Nos sorprende la creatividad del poder en construir una estrategia de impunidad para los condenados”, admitió. En esa línea opinó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, quien le advirtió a la Corte que “vamos a luchar” y le pidió al Papa Francisco que “diga algo”. 

Pisoni relacionó el voto de Rosenkrantz y Rosatti con la manera en la que llegaron a la Corte, “nombrados por decreto” del Ejecutivo. “Nosotros los impugnamos porque no tenían la idoneidad moral para ese cargo y no nos equivocamos”, planteó. “Este fallo es muy grave porque nos hará encontrar nuevamente en la calle con los asesinos de nuestros padres y ahora solo nos queda la herramienta de nuestro cuerpo, porque no estamos dispuestos a aceptar retrocesos”, arengó tras anunciar una posible marcha para los próximos días. Los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Rodolfo Yanzón opinaron igual. “Se espera un aluvión de pedidos de aplicación del dos por uno y muchos van a quedar en libertad. Sin lugar a dudas, después de las leyes de impunidad y los indultos, éste es el acto de gobierno más grave en materia de delitos de lesa humanidad”, puntualizó ella. Yanzón consideró que el fallo es “la amnistía de Macri”. 

En cuanto al efecto del fallo sobre las condenas por apropiación, el abogado de Abuelas, Alan Iud, explicó que “deja bastante claro que abre las puertas a que se aplique la ley que regía en el ‘80, que establecía una pena mínima de tres años de prisión, posible de prisión en suspenso” y menor a la de aplicación actual, de cinco años de cárcel de mínima. 

Desde el gobierno de Mauricio Macri intentaron despegarse del fallo de la Corte Suprema, pese a las distintas muestras que dieron el Presidente y sus funcionarios sobre qué piensan sobre lo ocurrido en la dictadura. Con cierta incomodidad, y de manera similar a cuando se les pregunta por Milagro Sala, el discurso oficial es que se trató de un fallo de la Justicia independiente. No obstante, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que estaba de acuerdo con el voto mayoritario de la Corte. Luego insistió en que se trata de una cuestión de otro poder del Estado. En Balcarce 50, cruzaban los dedos para no recibir nuevas condenas internacionales a raíz de la liberación de genocidas.

Pese a que ayer buscaban tomar distancia, no fueron pocas las señales que dieron desde el oficialismo sobre un tema al que dicen no querer tocar, para “mirar hacia delante”. El puntapié inicial lo dio el Presidente, quien demoró el recibir a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo hasta que el contexto internacional (las visitas de los presidentes de Francia y Estados Unidos) lo obligó a ceder y hasta tuvo que pisar el Parque de la Memoria. Los organismos de derechos humanos no olvidaron, no obstante, que Macri había hablado en campaña de que se “terminaba el curro de los derechos humanos”, aunque para referirse a la causa de Sueños Compartidos. Puesto a hablar sobre el tema, el Presidente esquivó las preguntas sobre el número de desaparecidos y condenó por igual la “violencia institucional” y la “violencia política”.

Mientras tanto, sus funcionarios recibieron en reserva a representantes de las organizaciones que defienden a los represores, tal como reveló este diario, e iniciaron polémicas sobre el tema. La primera estuvo en manos del entonces ministro de Cultura, Darío Lopérfido, quien puso en duda la cantidad de desaparecidos y aseguró que se había fijado el número para “cobrar indemnizaciones”. Hoy Lopérfido fue pasado a cuarteles de invierno, pagados con el erario público en la agregaduría cultural de la embajada argentina en Berlín. El segundo funcionario fue más allá: Juan José Gómez Centurión negó que hubiera existido un plan sistemático de desaparición de personas. Hoy, aunque delicado de salud, continúa en su cargo como director de Aduana. 

En todos los casos, fue Avruj el que tuvo que ocuparse de hacer el control de daños. Igual que ayer: “Tenemos que ser muy respetuosos. Es un fallo del órgano máximo de la Justicia. Estando en democracia, tenemos que respetarlo”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos, en una actitud del Gobierno que se diferencia de cuando recibe fallos contrarios del fuero laboral: allí se intenta remover a los jueces y se los denuesta públicamente. Aquí hubo un cauteloso apoyo.

–¿Van a acompañar a los organismos de derechos humanos en su denuncia internacional? –le preguntó el periodista Emanuel Respi- ghi en AM 750.

–No se trata de que el Gobierno acompañe. No puede ir el Gobierno en contra del máximo tribunal –fue la finta que eligió Avruj.

No obstante, el secretario de Derechos Humanos terminó por admitir que coincidía con el voto mayoritario de la Corte. “Estoy de acuerdo si este fallo está sustentado, si la normativa que marcan los jueces lo establece”, dijo. “El voto de Rosatti explica claramente que el fallo no deja de lado la gravedad y la inhumanidad que significaron los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares en la dictadura que nos acechó, pero que en un Estado de Derecho hay que juzgar de acuerdo al marco legal”, afirmó. Avruj también le respondió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Me parecen de una gravedad mayúscula los dichos de Estela Carlotto de que esto es un gobierno de ladrones y mala gente. Si el enojo la lleva a adjetivarnos de esta manera, tendría que hacer las denuncias que corresponda a aquellos que son ladrones”, indicó.

En el Gobierno, no hubo otros funcionarios que quisieran comentar el fallo. Primó el silencio. En el Ministerio de Justicia, dejaron entrever una posición diferente, pero en relación a la conmutación de penas: “La ley del 2x1 fue la mayor aberración en materia de política criminal de nuestro país”, dijo una alta fuente. “Nosotros no lo operamos. ¿Qué ganamos con liberar a los genocidas?”, sostuvo uno de los consejeros jurídicos del Presidente ante este diario. “Los jueces más políticos (Lorenzetti, Maqueda) votaron al revés. Esto es un fallo jurídico, no político. No es un tema nuestro. En todo caso, nos hubiera sido más cómodo que no hicieran olas”, argumentó. 

Ante la posibilidad de que el Estado reciba nuevas condenas internacionales, como ocurrió ya con la prisión de Milagro Sala, el discurso volverá a la independencia de la Justicia. “Si nos critican, es gratuito. El Ejecutivo no tiene nada que ver acá”, insistieron.

Se pueden hacer mil discusiones técnicas sobre el fallo de la Corte Suprema, pero el contexto en el que se produce demuestra que los aspectos técnicos de la Justicia van por detrás de los políticos y más atrás de los sociales. Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Y no por el signo ideológico que tuviera, sino por la relación de fuerzas que expresaba. El triunfo electoral de la derecha implicó un cambio en la relación de fuerzas en general, no solamente el reemplazo de un gobierno determinado por otro de distinto signo.

Los dos nuevos jueces de la Corte votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Expresan la nueva situación, que nos retrotrae a la Argentina de 20 años atrás, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos. El núcleo duro del voto a Cambiemos representa a quienes simpatizaron con los represores. Se ve con claridad en los cacerolazos. Pero el espectro más amplio de ese voto había aceptado y hasta veía con simpatía a la lucha por los derechos humanos. En la polarización ese sector se acercó al núcleo duro prodictadura y desbalanceó una ecuación que había permitido un salto gigantesco en materia de ciudadanía y conciencia democrática.

El gobierno de Cambiemos está integrado en su mayoría por ese núcleo duro que se empeñó en desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Hicieron un debate absurdo sobre la cantidad de desaparecidos, hicieron campañas con la manipulación de denuncias de corrupción y atacaron todos los flancos de las políticas de reparación a las víctimas. El mismo Mauricio Macri dijo que iba a terminar con “el curro” de los derechos humanos. Fue una manera de esmerilar en el plano de la cultura los hitos que había logrado instalar la larga lucha de los organismos de derechos humanos.

La declaración de la Iglesia sobre una reconciliación perversa entre víctimas y victimarios precedió a este fallo de la Corte. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura aprovechando el resultado electoral y el cambio que se produjo en la relación de fuerzas, otra vez desfavorable para el campo popular. Habrá que aprender la lección, la formación de consensos en una puja se da entre dos conjuntos, entre dos campos, no tres ni cuatro. Cuando el campo popular se debilita, se fortalece el contrario y se empieza a perder lo que se había ganado.

Los organismos de derechos humanos pueden mostrar una abundante y variada experiencia en la lucha desde el llano. Tienen la piel curtida para no bajar los brazos. En el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos para contrarrestar esta ofensiva de la derecha en el plano socioeconómico y en el de la ética y los derechos humanos.

Surgen dos temas mientras los juristas terminan de estudiar a fondo el fallo dividido de la Corte Suprema que permite la aplicación del dos por uno para un represor, es decir que tras la condena cada día de prisión preventiva debe ser computado como doble.  

El primer tema nace de una pregunta: ¿el fallo está influido por la regresión en el discurso institucional del Estado sobre los juicios de lesa humanidad?

Es posible hacer una apuesta. Si se les elevase la pregunta a Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces que votaron por la aplicabilidad del dos por uno, con toda seguridad la respuesta sería ésta: “No, porque en nosotros solo influye la Constitución”. Es probable imaginar una segunda contestación: “Somos jueces convencidos de la supremacía de los derechos humanos y de la preservación de las garantías individuales, de modo que ninguna atmósfera política o presión de factores de poder nos quitaría esas convicciones”. 

El problema es que los seres humanos son seres históricos. Incluso los ministros de la Corte Suprema.

El problema es la maldita realidad.

El presidente Mauricio Macri suele hablar de “violencia”. Evita usar la expresión “terrorismo de Estado”. No es el mismo concepto. Por un lado, la idea de violencia es imprecisa. Por otro, parece aludir a un momento en que las organizaciones armadas se sentían en condiciones de desafiar a las Fuerzas Armadas y al monopolio estatal de la fuerza. Esa etapa terminó en diciembre de 1975. Un intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo fue aplastado. Cuando la Junta Militar de Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti dio el golpe del 24 de marzo de 1976 no había amenazas armadas en el horizonte. Ni siquiera pequeñas. La guerrilla siempre había tenido un poder de fuego notablemente inferior que el del Estado. Pero conservaba su poder de daño. En 1976 ambos poderes eran nulos. Hablar de “subversión armada” fue una coartada para la matanza sistemática y el reordenamiento económico social que solo eran posibles desde la Casa Rosada, las gobernaciones y los juzgados.

Hay otro elemento peligroso cuando el Presidente no habla de terrorismo de Estado sino de violencia: va contra una elaboración social de búsqueda de memoria, verdad y justicia que se inició con la democracia misma. Esa construcción tuvo sus picos más altos en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el Nunca Más de 1984, en el Juicio a las Juntas de 1985, en los juicios por la restitución de chicos apropiados, en los juicios de la verdad y, desde el 2003, ya sin leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en los procesos judiciales contra los represores. El terrorismo de Estado no fue solo un objeto de análisis sociológico y un blanco de crítica política. Fue el marco de la investigación penal sobre crímenes sistemáticos: matar, torturar, robar chicos y encubrir el asesinato, el tormento y la sustitución de identidad de los nacidos en cautiverio.

Macri se monta en la jerarquía de la Iglesia católica. La conducción del episcopado dice propiciar una supuesta reconciliación pero en rigor busca esconder su propia complicidad o, según el caso, reivindicar a los obispos que santificaron a los cruzados. Y la jerarquía de los obispos se monta a su vez en Macri. Una tormenta perfecta.

El segundo tema es inquietante: ¿habrá influido en la calidad del fallo el hecho de que no haya penalistas en la Corte Suprema? Carmen Argibay era penalista. Se murió. Enrique Petracchi era penalista. Se murió. Raúl Zaffaroni es penalista. Renunció cuando cumplió 75 años. Sería igual de grave que no hubiera ningún civilista. O ningún experto en Derecho Constitucional. Pero hay. Y pueden complementar sus conocimientos con el saber de los otros. En cambio penalistas no quedaron.

Los ministros de la Corte Suprema trabajan con relatores. Son especialistas que escriben los fallos. No hay que escandalizarse. Los jueces no dan abasto para investigar y escribir todo por su cuenta. La clave es que puedan ser interlocutores válidos.

En una entrevista concedida a este diario pocos meses antes de renunciar dijo Zaffaroni que “a lo sumo los ministros, cuando no son especialistas, pueden dar una orientación”. Y agregó: “El ministro no solo debe dar la orientación a los secretarios de la Corte para trabajar en un tema, sino que después, con el borrador terminado, debe hacer el control técnico. Si sólo dio la orientación y no es un especialista, no habrá control técnico. Entonces las sentencias pueden no tener calidad técnica y puede salir jurisprudencia contradictoria y sin vuelo doctrinario”. La consecuencia sería la generación de inseguridad jurídica, que según Zaffaroni consiste en “tornar o hacer imprevisibles las consecuencias de una conducta”. Frase para temblar: “Las sentencias contradictorias afectan la certeza del Derecho”.

¿Será el caso?

martingranovsky@gmail.com

Buena parte del arco opositor repudió la acordada de la Corte Suprema que habilitó para los delitos de lesa humanidad el derogado artículo 7 de la ley 24.390, conocido como el 2x1. Dirigentes políticos y sindicales coincidieron en señalar como “aberrante” y “vergonzosa” la decisión de los supremos Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En tanto,la ex presidenta Cristina Kirchner, indicó que los jueces “equiparan el Terrorismo de Estado con delitos comunes” (ver recuadro). 

El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ aseguró que el fallo tiene un solo significado: “Es llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”. En tanto, sus pares del senado de la provincia de Buenos Aires indicaron que además de significar “un claro retroceso en materia de derechos humanos” también “constituye un mensaje desalentador para la sociedad y un triunfo para los defensores de la impunidad”.

La mesa nacional del Movimiento Evita se sumó al repudio al sostener que “es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico militar porque acorta las penas a los genocidas y se suma a las diferentes avanzadas del gobierno y de los sectores conservadores en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. El Instituto Patria expresó que “la verdadera cara de este gobierno está expresada en este fallo de la Corte” y tras repudiar la sentencia convocó “a todas las instituciones a manifestar su preocupación por estos retrocesos que atentan contra la democracia y el legítimo funcionamiento de sus poderes”.

Por otro lado, el ex diputado del FPV, Agustín Rossi manifestó su descontento al sostener que la decisión de la Corte es “indignante y vergonzosa”. El actual ministro de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla e integrante de HIJOS, calificó de “horrorosa” la decisión de los supremos y aseguró que “no dicen donde están los restos de los desaparecidos, quiénes son los 200 nietos que siguen apropiados, pero la Corte los beneficia con el 2x1”.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, destacó que el fallo de los supremos “no hacen más que abrir la famosa ‘puerta giratoria’ para todos aquellos que cometen delitos de cualquier índole, una manera de fomentar la inseguridad y la violencia en nuestra sociedad”. En tanto, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, indicó que “para este tipo de cosas quería Macri tener mayoría en la Corte. El fallo es aberrante, vergonzoso y es una afrenta a la memoria de las víctimas y una señal de impunidad espantosa”.

El bloque del Frente Renovador que lidera Sergio Massa aseguró, a través de un comunicado, que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”. Mientras tanto, el diputado que integra esta bancada, Facundo Moyano, presentó un proyecto de resolución donde repudia el fallo de los cortesanos por entender que “si la Justicia beneficia genocidas ¿qué garantías puede dar el Estado a víctimas y testigos como Julio López? El fallo de la Corte marca un precedente muy peligroso, los beneficios y garantías no deben ser para los criminales sino para las víctimas”, señaló Moyano.

El partido GEN, que responde a la diputada Margarita Stolbizer, destacó que la medida “desconoce la política de Memoria, Verdad y Justicia” y rescató como positiva la fundamentación del voto disidente de los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes sostuvieron que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad” y que “se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja,la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), advirtió que “el carácter permanente de la ejecución y consumación del delito” de lesa humanidad “bajo ningún punto de vista puede ser un motivo que habilite la aplicación de una ley anterior, la cual no se encontraba ni vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención. Por lo tanto, no existen razones ni válidas ni lógicas para sostener su aplicación en estos casos”. 

Los referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman y Nicolás del Caño, también se manifestaron en contra. La primera indicó que “la Corte está indultando” y Del Caño expresó que “mientras el gobierno de Macri niega a los 30.000 desaparecidos, la Corte beneficia a los genocidas”.

Desde el mundo gremial, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, repudió la decisión de los supremos y manifestó que se trata de “un retroceso sin precedentes en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. También recordó que el antecedente inmediato a esta acordada fue el otorgamiento de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.

El economista y dirigente del partido Patria Grande, Itai Hagman indicó que el polémico fallo permite “entender el apuro y la prepotencia en la designación de los Jueces de la Corte Suprema apenas iniciado el gobierno de Cambiemos. Dos de ellos fueron promovidos directamente por el macrismo. La Corte Suprema vuelve a ser una vergüenza”.

En el marco de la asamblea de la Conferencia Episcopal que se celebra esta semana en la localidad bonaerense de Pilar, los obispos católicos argentinos iniciaron lo que ellos mismos denominaron “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. Cuarenta y un años después del golpe cívico militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta que azotó a la Argentina, los obispos dieron comienzo a la “escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”. Si bien la lista de los invitados no fue dada a publicidad, se conoce que en esta serie de consultas estarán incluidos tanto los familiares de desaparecidos por el terrorismo de Estado como personas que reivindican a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Enmarcado en lo que los obispos denominan la “cultura del encuentro” la acción ahora emprendida recibió el inmediato rechazo de las Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a través de Estela de Carlotto y Nora Cortiñas respectivamente. Fue precisamente la titular de Abuelas, después de una entrevista personal con el papa Francisco, quien fue vocera de la decisión adoptada por el Vaticano de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura militar. Pero el repudio a la propuesta episcopal de “reconciliación” se extendió ahora también a grupos  como los Curas en la Opción por los Pobres y el Colectivo de Teología de la Liberación (ver aparte).  

Si bien el episcopado católico ha señalado que la tarea emprendida es “de largo aliento” está claro que la iniciativa se venía gestando desde hace tiempo en la Conferencia Episcopal, impulsada por un grupo de obispos que sostiene la idea de “la verdad completa” y que, aunque no lo admite públicamente, suscribe la “teoría de los dos demonios” para explicar lo ocurrido durante la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Este grupo de obispos, que abierta o solapadamente enfrentaron la política de derechos humanos del kirchnerismo, sienten que su postura encuentra ahora un nuevo clima de época auspiciado por el macrismo y en el que se sienten más cómodos. No es ajeno a todo esto el anuncio también reciente de la normalización del obispado castrense con la designación del obispo Santiago Olivera. 

Vale preguntarse los motivos por los cuales los obispos decidieron colocar ahora este tema en la agenda, cuando la misma jerarquía elude pronunciarse sobre cuestiones candentes de la realidad nacional, incluso sobre situaciones de crisis social diagnosticadas por el propio Observatorio de la UCA.

No son pocos los obispos que se mostraron molestos por la decisión del papa Francisco de abrir los archivos de la Iglesia relacionados con la dictadura. Si bien no existen demasiadas expectativas respecto de la información que allí se pueda obtener, hay obispos que insisten en “cuidar la imagen de la Iglesia” y recelan del uso que se pueda dar, aún en la Justicia, a lo que tales archivos puedan revelar. Entienden que debe “preservarse la imagen”, ya no de los actuales obispos, sino de quienes habiendo ocupado cargos de gran responsabilidad dentro del episcopado, como es el caso  del arzobispo Adolfo Tortolo (presidente de la CEA entre 1970 y 1976 y obispo castrense desde 1975) y del cardenal Francisco Primatesta (cuatro veces presidente de la CEA), son considerados cómplices de la dictadura militar.

Respecto de los archivos, el episcopado ha dicho que se trata de unas tres mil cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, “sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces”. Saliendo al cruce de algunas críticas, el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que “no le tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”. 

Si bien dentro del episcopado existen discrepancias con Francisco y tales diferencias se manejan con reserva, no menos cierto es los obispos buscan utilizar los pronunciamientos -que pueden resultar ambiguos- del Papa, para el propio beneficio. En tal sentido no extraña ahora que para justificar la iniciativa tendiente a la “reconciliación entre los argentinos” –según la catalogan algunos– se use como eslogan la propuesta papal de la “cultura del encuentro”. ¿Conocía Francisco de antemano la iniciativa que ahora propone la jerarquía católica argentina? Difícil será tener una respuesta precisa sobre este punto. 

El arzobispo Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA y uno de los teólogos más cercanos al Papa, escribió en un libro aparecido en estos días que “Bergoglio siempre rechazó las dialécticas que enfrentan, y su ideal es el poliedro, que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices”. Según Fernández  “se trata de recoger algo de la experiencia y de la perspectiva del otro, pero eso no significa perder mi identidad”, dado que “si no hay identidades claras no hay conflicto, pero tampoco hay vida, todo es cáscara vacía y marketinera”. Por eso, “no es sano huir de los conflictos o ignorarlos. Hace falta aceptarlos y sufrirlos hasta el fondo, nunca esconderlos”.

En abril de 1980, el entonces obispo de Neuquén, Jaime de Nevares (1915-1995) escribió una carta dirigida a todos los obispos argentinos argumentado su rechazo a una propuesta que el gobierno de la dictadura militar había hecho a la jerarquía eclesiástica para realizar una peregrinación a Luján, prevista  para el 1º de mayo de 1980, en la que participarían  obispos y militares. La iniciativa de la peregrinación finalmente no prosperó, por lo que la carta del obispo no fue enviada. Sin embargo, quedó como testimonio de la postura de quien, junto con los obispos Miguel Hesayne y Jorge Novak, fueron aquellos que dentro del episcopado mantuvieron un firme postura de defensa de los derechos humanos. El texto tiene aún valor testimonial. 

Escribía entonces de Jaime de Nevares:

“Por lo que expreso a continuación ningún obispo debe ir a Luján el 1º de  Mayo: 

• Porque van las autoridades militares nacionales y provinciales. 
• Porque las autoridades militares afirman: “que desde el 24 de marzo de  1976 no operan en el país grupos paramilitares o parapoliciales” (General  Sasiaín), y “no hemos necesitado fuerzas paramilitares como se nos acusa,  hemos actuado con la doctrina en la mano, cumpliendo órdenes de nuestros  jefes” (General Riveros). 
• Porque han sido autoridades militares las que asesinaron a nuestro  hermano obispo Enrique Angelelli. 
• Porque han sido autoridades militares las que han asesinado a sacerdotes  en La Rioja, en la Parroquia San Patricio y en otros puntos. 
• Porque han sido autoridades militares las que han secuestrado y, muy probablemente muerto también, a varios hermanos nuestros en el sacerdocio y  a religiosos y religiosas, entre las cuales dos de nacionalidad francesa. 
• Porque han sido autoridades militares las que torturaron salvajemente al  sacerdote Patricio Rice y otros. 
• Porque han sido autoridades militares las que han secuestrado un mínimo  de seis mil personas, las cuales, al no haber campos de detención no oficiales como ellos mismos afirman, con toda probabilidad han sido asesinadas sin forma de juicio. 
• Porque han sido autoridades militares las que han arrojado desde aviones militares al mar o al Río de la Plata cadáveres o personas con vida sin conocimiento a causa de una inyección. 
• Porque han sido autoridades militares las que han torturado sistemáticamente en establecimientos castrenses a los detenidos, algunos de los cuales murieron en la tortura. 
• Porque son autoridades militares las que someten a los detenidos en las cárceles oficiales a un trato bárbaramente inhumano, hasta llevarlos  en  algunos lugares al límite de la resistencia física y psíquica. 
• Porque son autoridades militares las que mantienen indefinidamente durante años en prisión a muchos centenares de personas sin acusación concreta y sin proceso. 
• Porque son autoridades militares las que mantienen en prisión a quienes han cumplido la pena que le fue impuesta o han sido absueltos por los jueces. 
• Porque han sido autoridades militares las que han amedrentado a abogados mediante secuestros, atentados y muerte a fin de impedirles la defensa de los detenidos. 
• Porque han sido autoridades militares las que con iguales métodos, han silenciado a la prensa.” 

Firmado: obispo Jaime Francisco de Nevares.

Tras la resolución de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del "2 x 1" a los condenados por delitos de lesa humanidad, la titular de la Asociación de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que "el fallo no es nada más y nada menos que un indulto encubierto". Durante la habitual ronda de los jueves, las Madres estuvieron acompañadas por los abogados Eduardo Barcesat, Juan Manuel Morente, Carlos Rosanzki y Pablo Llonto quienes coincidieron en la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana, que sesionará en el país entre el 22 y 26 de mayo, y exigieron el inicio de un juicio político, por mal desempeño, contra los tres jueces que votaron a favor de otorgar el beneficio a los genocidas.      

"El fallo de la Corte es uno de los instrumentos por los cuales el macrismo y el radicalismo quieren largar a todos los genocidas. Lo vienen haciendo desde que asumieron, con políticas de vaciamiento de los organismos que investigaban a los represores", denunció Pablo Llonto, quien recordó que las Madres habían señalado a Mauricio Macri como "el enemigo", en el acampe que realizaron el día de la asunción del actual mandatario.  

"Hubo otros fallos judiciales, pero este ha sido el puñal más duro. No hay que olvidar los nombres de los tres jueces que dieron el voto al '2 x 1' para repudiarlos de por vida", pidió Llonto antes de señalar que los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti "son quienes Macri quizo meter por la ventana (con un decreto presidencial) a pocas semanas de asumir" y que "vienen de la mano del Grupo Clarín". Sobre la jueza Elena Highton de Nolasco advirtió que "el Gobierno negoció no apelar la resolución" que le permitirá continuar integrando el tribunal supremo a pesar de cumplir 75 años en diciembre, sembrando la duda acerca de un canje de favores.  

Llonto aseguró que el fallo "no hará retroceder" a los organismos de derechos humanos y anticipó que desde mañana en Santa Fe habrá un encuentro de abogados de derechos humanos para analizar los pasos a seguir. "Tomaremos todas las medidas desde el pedido de juicio político a la denuncia penal, y la presentación ante la CIDH". 

Por su parte, Barcesat ratificó la iniciativa de solicitar el juicio político por mal desempeño contra Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz y aseguró que se trató de una "complicidad de clase". Además, anticipó una presentación ante la CIDH, a pesar de que la Corte Suprema emitió una acordada en febrero en la que sostiene que las sentencias del tribunal interamericano no son vinculantes ante decisiones del máximo tribunal. 

"La denuncia hay que hacerla igual, porque si no no hubiésemos presentado hábeas corpus durante la dictadura militar. El deber es hacerlo por el compromiso como abogados de derechos humanos. Todo lo que signifique denunciar la bajeza moral en la que ha incurrido la Corte lo vamos a decir y hacer", aseguró.  

Para criticar el fallo de mayoría, Barcesat se detuvo en uno de los argumentos utilizados en los fallos de minoría —Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— respecto del "delito continuo". "Cuando se trata de desaparición forzada de personas estamos ante un delito continuo porque ninguno de los compañeros, compañeras, hijos y nietos han aparecido y, por lo tanto, no puede haber ni prescripción ni beneficio para aquellos que fueron parte de la maquinaria de la muerte". 

Hebe tomó el micrófono para cerrar la conferencia de prensa, convocada en la víspera tras la difusión del fallo de la Corte, y reivindicó las políticas de derechos humanos llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Estoy cada vez más segura que es al pedo hacer nada si no tenemos un gobierno como el de Néstor y Cristina. El resto de los gobiernos han servido para poner perdones. Lo que tenemos que tener es un buen gobierno. Tenemos que saber elegir, no nos tenemos que volver a equivocar".