Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda. Cinco nombres bien conocidos. Son represores emblemáticos de la ESMA. Fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas cometidas en ese centro clandestino de detención, uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura. Ahora condensan (apenas) la primera muestra de quienes quedaron en condiciones de obtener el beneficio de reducción de la pena por la ley del 2x1, que a pesar de que rigió en un período en que estaban libres y sin proceso judicial gracias a las leyes de impunidad, la Corte Suprema considera que les resulta aplicable por el criterio de la “ley penal más benigna”. Es más, algunos de ellos ya lo habían pedido, anticipándose. Es probable que la mayoría de los acusados por apropiación de hijos de desaparecidos aspiren a salir en libertad, ya sea porque recibieron penas más bajas luego de estar en prisión preventiva, o porque reclaman que se les aplique un tipo penal más benévolo. Ayer mismo presentó un planteo el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, para que le rebajen la pena, invocando la sentencia del máximo tribunal.

Después del fallo de la Corte que aplicó anteayer el “2x1” al represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comenzó a hacer un análisis preliminar que permita proyectar los efectos que traerá la decisión. A última hora de ayer habían llegado a relevar 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2x1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto. La llamada ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y previó que pasados dos años de prisión preventiva sin condena se debían computar dobles los días de detención. Fue un período en que no era posible juzgar los secuestros, homicidios y desapariciones forzadas porque regían las leyes de Punto Final y Obediencia de Vida, invalidadas en 2005. Sí existían algunos juicios por apropiación de niños y robo de bienes, que avanzaban con dificultad.

Un caso paradójico de los que entran en el análisis de la Procuraduría es el de Antonio Herminio Simón, ex jefe del Batallón de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, condenado en la causa conocida como de la “Contraofensiva”, por su participación en la desaparición forzada de un grupo de militantes que regresaban al país en los años ochenta. Simón había pedido años atrás el beneficio del 2 x 1 y la Corte Suprema había rechazado su recurso con una fórmula llamada “280”, que exime a los jueces de dar fundamentos. La usaron en muchos otros casos para negar el beneficio de aquella ley. Esta semana emitieron, con tres votos (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) un fallo de fondo que aplica a los delitos de lesa humanidad aquella norma que permite reducir las penas. Muchos represores tuvieron largos períodos de prisión preventiva.

Jorge “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, solía firmar sus escritos con una leyenda que decía la cantidad de años que llevaba detenido sin sentencia. El torturador de la ESMA estuvo preso primero por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y por robo de bienes de las víctimas; en 2011 recibió su primera condena, a prisión perpetua, en el juicio por los crímenes en la ESMA. Más adelante fue condenado por el robo de niños. Es uno de los que la Procuraduría especializada prevé que podría obtener una reducción de la pena.

El juicio que se conoció como ESMA II incluyó acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Algunas de las condenas sumaron la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Algunos de los acusados, sentenciados a perpetua, como Astiz, Radice, Cavallo y también Donda, podrían recibir el beneficio del dos por uno y quedar libres. Por la investigación sobre ESMA tienen condena firma ya. En otros casos no. Radice está procesado en siete causas más, también por apropiación de bienes. Donda tiene cuatro causas más, una de ellas por la apropiación de Victoria Donda. Cavallo tiene siete causas más.

Para realizar el primera análisis la Procuraduría tomó una muestra de 136 sentencias dictadas entre 2006 y 2016, en las que se condenó a imputados por delitos llamados de “ejecución permanente” como la privación ilegítima de la libertad  y la sustracción y ocultamiento de menores.

El fallo de la Corte –que cambia el rumbo de las decisiones supremas en materia de juicios de lesa humanidad– dice que “las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrá ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Luego agregaba que la solución más benigna cabe a todos los delitos, incluso los de “carácter permanente”. Los jueces que votaron en minoría, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, dijeron que en la Argentina y según la propia Corte, los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, no se puede rebajar la pena. La ley que se aplica, en todo caso, es la última por tratarse de delitos  permanentes.

Los genocidas de la ESMA habían pedido, algunos, hace tiempo el beneficio del 2x1. Pero ayer el primero en presentarse con el fallo de la Corte en la mano fue el represor Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de robo de bebes. En 2016, se le otorgó una pena única de 25 años, al reunificarla con otras anteriores. En ese momento, su defensa había realizado un primer planteo que contemplaba la excarcelación bajo libertad condicional, pero el Tribunal Oral Federal 6 lo rechazó y la apelación estaba en la Sala III de Casación Penal. En Abuelas de Plaza de Mayo y en la fiscalía ya analizan cuestionar su nueva presentación porque incluso encuentran diferencias con el caso de Muiña resuelto por la Corte.         

El TOF 6 había rechazado el primer pedido en este sentido por parte de la defensa de Gallo, con argumento similares a los a los de la minoría del fallo de la Corte, en base a la continuidad del delito, que sólo terminó con la condena por la apropiación de Madariaga, para cuando el 2x1 ya no estaba vigente. Lo cierto es que esta nueva fase recién empieza.

Toda la bronca, la indignación y la tristeza acumulada desde que fue anunciado el fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley del 2x1 para reducir la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad comienza a transformarse en visibles y callejeras acciones de repudio y resistencia. “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión para los genocidas”, rezaba la bandera que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo colgó de la reja de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en Suipacha al 1000. Ellas, con sus pañuelos blancos, hicieron una sentada en la vereda para rechazar el llamado a “reconciliación” que la cúpula de la Iglesia Católica impulsa entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Luego, en conferencia de prensa pidieron el juicio político de los jueces del Máximo Tribunal que, con su voto mayoritario, beneficiaron al represor Luis Muiña. Por la tarde, los organismos de derechos humanos en conjunto anunciaron la convocatoria a un “acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas” que se realizará el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales, en Plaza Lavalle. 

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, sostuvo el comunicado que firmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Además, los organismos planean hacer visible el rechazo al fallo de la Corte cerca de los escenarios oficiales previstos para las próximas visitas de mandatarios de Suecia, Italia y Alemania. 

Tras la “acción relámpago” que protagonizaron ayer por la mañana siete Madres de esa organización en la puerta del Episcopado, Bonafini cuestionó a los ministros de la Corte que beneficiaron a ese condenado por delitos de lesa humanidad. “Esos jueces no van a pasar a la historia, nuestros hijos sí, los pusieron para eso, es gente paga”, dijo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante una entrevista por la AM750 respecto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces propuestos al máximo tribunal por el gobierno de Mauricio Macri y quienes fallaron a favor de la morigeración del cumplimiento de las penas a los genocidas. “La batalla callejera es la que te salva”, subrayó la dirigente. 

Las Madres permanecieron allí hasta el mediodía y luego realizaron un acto y conferencia de prensa en Plaza de Mayo con la presencia de Carlos Rozanski, ex juez del tribunal federal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes pidieron el juicio político contra Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. “En Santa Fe nos reunimos abogados y abogadas de todo el país para decidir las medidas que vamos a tomar, que desde ya van a ser todas: el pedido de juicio político, la denuncia penal”, anticipó Llonto. 

Por su parte, los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el jueves 11 a las 17, para que “todo el país convierta ese día en una jornada nacional contra la impunidad y la represión”.

En tanto, las rondas de las Madres en Mar del Plata y en Rosario de ayer fueron masivas para repudiar el “indulto encubierto” que significa el fallo de la Corte para centenares de represores.

“Ha habido un profundo malentendido; la decisión nuestra ha sido simplemente escuchar y hacer un examen de conciencia de nosotros los obispos, no de intervenir en ninguna propuesta”, dijo ayer el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, buscando salir al cruce de las críticas recibidas por la jerarquía católica una vez conocida la iniciativa de abrir “un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura”. Ojea dijo también que para la Iglesia la reconciliación no significa impunidad, sino que “todo proceso implica memoria, verdad y justicia”.

Los obispos, reunidos esta semana en asamblea general en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, en la localidad bonaerense de Pilar, convocaron en la segunda jornada de su encuentro a Graciela Fernández Meijide, Cristina Cacabelos y al general de brigada (retirado) Daniel D’Amico con el fin de escuchar sus testimonios acerca de lo vivido durante la dictadura militar. 

La iniciativa episcopal, enmarcada en la denominada “cultura del encuentro”, fue leída como una propuesta de “reconciliación” tanto por organismos defensores de derechos humanos como por organizaciones católicas, y recibió un fuerte rechazo con el argumento de que no puede haber reconciliación sin justicia y aceptación de responsabilidades por parte de los agresores. 

Mientras las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, realizaban una sentada frente a la sede capitalina de la Conferencia Episcopal (ver página 2), Ojea sostuvo que “la Iglesia ha sido clara en numerosas ocasiones cuando ha afirmado que no puede haber reconciliación sin justicia, de modo que esto es muy claro para nosotros los obispos”.

Dijo también el obispo de San Isidro que “no ha habido ninguna convocatoria por parte de los obispos, sino que ha sido una necesidad nuestra de escuchar”. Y sostuvo que “no hemos querido poner en una mesa a personas para que entre ellas dialogaran, sino que nosotros hemos querido escuchar a cada una, recibir su testimonio y trabajar nosotros a partir de eso”.

Ayer los obispos enviaron al Papa una breve carta en la que le informan a Francisco sobre la decisión de iniciar el “itinerario de reflexión” en “orden a crecer en la cultura del encuentro tanto al interior de la Iglesia como en la amistad social de nuestra querida Patria”. Un informe de prensa del Episcopado precisó que “en este camino de reflexión también se irá conversando sobre cuáles son los desencuentros que generan exclusión e inequidad social y las injusticias que promueven la violencia”.  

Los tres invitados a la sesión del miércoles en la asamblea episcopal se dirigieron al plenario episcopal durante media hora cada uno de ellos y luego algunos obispos formularon preguntas.

Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep, sostuvo luego que no cree que pueda haber reconciliación “cuando no hay voluntad”, dado que “no es algo que pueda imponerse”. Agregó que “sin que haya de parte de los que fueron conducciones, es decir, los que sobreviven de Montoneros y de los militares, un mensaje respecto al daño que han hecho y que lo lamentan profundamente y algún tipo de rechazo a la violencia utilizada como metodología política, no será posible una reconciliación”.

Cristina Cacabelos, quien también presentó su testimonio ante los obispos, es una abogada católica que cuenta con dos hermanos desaparecidos y una asesinada a manos de grupos de tarea de la ESMA. No obstante, Cacabelos, muy cercana al obispo Jorge Casaretto, ex titular de la diócesis de San Isidro, se presenta como una activista de la reconciliación. Como parte de esta tarea y junto al obispo, la abogada visitó el pasado 24 de febrero a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza y que se consideran a sí mismos como “presos políticos”. La información sobre el encuentro fue proporcionada en su momento por una página web denominada “Prisionero en Argentina”. En su portada, la publicación digital califica a la Argentina como “país terrorista” porque “no reconoce a hombres, mujeres y niños asesinados por terroristas; mantiene ilegalmente en prisión y aceleran su muerte a quienes los combatieron; posee funcionarios gubernamentales y periodistas que fueron terroristas; indemniza, paga subsidios y erige monumentos a terroristas”. 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña concediéndole el cómputo de dos por uno en el cumplimiento de una sentencia por delitos de lesa humanidad sumó más repudios de todo el arco político. “Es un retroceso de veinte años en un tema como los derechos humanos, donde Argentina ocupó desde 2003 un lugar de ejemplo en el mundo. Todavía no sabemos qué pasó con muchos de los desaparecidos. Siento que con esto se los hace desaparecer dos veces”, dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El senador Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, sostuvo que “el fallo sorprendente tira abajo todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos”. Los diputados del Bloque Justicialista (BJ) afirmaron que “hay un grave retroceso en la política de derechos humanos”; y, desde Unidad Popular (UP), el ex diputado Claudio Lozano agregó que “estamos frente al fallo de la impunidad”. La CGT también expuso su “perplejidad” ante “la decisión de la Corte de beneficiar a los genocidas que implementaron el terrorismo de Estado”. La única excepción fue la alianza oficialista Cambiemos: el PRO y la CC esquivaron pronunciamientos, aunque el comité nacional de la UCR se diferenció con un escueto comunicado cuestionando el fallo, a lo que se sumaron algunos diputados.

“Quiero vivir en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Lo de ayer (por el miércoles) es un punto de inflexión y yo creo que la sociedad va a saber encontrar los caminos para retrotraer esto”, agregó CFK en un acto junto a los docentes de Sadop. “No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser de otro color. Si puede cambiar esto y el pueblo lo convalida, ¿qué piensan que van a hacer con los otros derechos?”, planteó la ex mandataria.

Ya se habían pronunciado en duros términos contra el fallo los diputados nacionales y los senadores bonaerenses del FpV-PJ, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda, el GEN y Libres del Sur. Además del conjunto de los organismos de derechos humanos.    

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos. No se trata sólo de una cuestión legal, sino que este fallo también es coherente con los cambios que viene llevando a cabo (el presidente Mauricio) Macri. Ninguna de sus declaraciones han sido meras provocaciones sino decisiones planificadas”, sumó ayer Solanas.

Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) presentó un proyecto de resolución que propone al Senado expresar el “más profundo rechazo” al fallo de la Corte Suprema que beneficia a un condenado por delitos de lesa humanidad.

“Los avances de estos años fueron el resultado de un fuerte compromiso del Estado, los organismos de derechos humanos y la ciudadanía. Esta vez nos encontramos ante un indulto encubierto”, dice el comunicado de los diputados del BJ, quienes mostraron su preocupación: “Produce escalofrío pensar que podrían volver a caminar entre nosotros los apropiadores, los secuestradores y los asesinos hoy detenidos”. La UP también se plegó a los repudios. “Estamos frente al fallo de la impunidad”, dijo el ex diputado Lozano. 

La CGT se pronunció contra el beneficio que el máximo tribunal de Justicia concedió al represor Muiña: “La desafortunada decisión de la Corte Suprema –adoptada por simple mayoría– aplicó de forma errónea normas del derecho penal común a los delitos contra la humanidad”, dice el comunicado firmado por el triunvirato cegetista conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. “La desaparición de personas y los secuestros de bebés son de ejecución permanente hasta tanto aparezcan las víctimas, por lo que es arbitrario que los responsables recuperen la libertad mientras ese delito continúa cometiéndose”, subraya el documento.

La Corriente Federal de Trabajadores que encabeza La Bancaria e integra la CGT calificó el fallo de los supremos como “aberrante” y estimó que representa “un retroceso inadmisible en las políticas de Estado de derechos humanos”. “El fallo se enmarcó en la expresa política de la coalición gobernante, que procura borrar la memoria y tergiversar la verdad como estrategia para imponer idéntico plan económico al de Martínez de Hoz durante la dictadura”, puntualizó su documento.

El oficialismo, en cambio, esquivó cualquier definición. El PRO y la Coalición Cívica-ARI confluyeron en una estrategia de silencio. Los sacudones internos no le permitieron al radicalismo seguir la misma línea y el comité nacional de la UCR expresó su “enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte”, aunque reafirmó su “irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”. “Lamentamos y repudiamos el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos”, dice el segundo y último párrafo de la declaración. También opinaron algunos diputados radicales. El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se manifestó más en términos técnicos que políticos: “Reduciendo sensiblemente la pena a aplicar, se vulnera el derecho internacional que obliga a sancionar de manera efectiva los delitos de lesa humanidad”, sostuvo en un comunicado. “No tengo dudas de que el fallo de la Corte no es el correcto”, advirtió Ricardo Alfonsín.

¿Dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío.

Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida.

Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No les parece justo?

Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. ¡Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio! ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien: ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos?

Les recuerdo una cosa:

Todavía cantamos. Todavía pedimos. Todavía soñamos.

¡Todavía esperamos!

Apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri mostró hasta dónde estaba dispuesto a forzar la institucionalidad democrática. Designó por decreto a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Dos delegados del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado que aceptaron presurosos el honor. El escándalo fue tal que tuvo que hacer que respetaba el decreto 222 y envió los nombres de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Senado. 

El vicio de origen de sus postulaciones no fue obstáculo ni para ellos ni para los senadores radicales, peronistas y parte del Frente para la Victoria que los convirtieron en supremos. 

Pasado más de un año, queda claro el plan sistemático que empezó con ese avasallamiento inaugural. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se permitió decir que “es un error apuntar al Gobierno por una decisión de la Corte”.

“Eso fue hace dos años”, había dicho Avruj cuando le recordaron que Macri se ufanaba y repetía: “Se va a acabar con el curro de los derechos humanos”, como si fuese una cuestión de tiempo el bastardeo de la lucha por memoria, verdad y justicia.

Con la ayuda de Elena Highton de Nolasco, quien no dudó en cambiar de criterio y aplicar el 2x1 para delitos de lesa humanidad, la cabeza del Poder Judicial extremó los razonamientos y justificó un privilegio impensado para sortear las condenas.

El plan sistemático tiene un derrotero certero: en un fallo previo desconocieron el rango constitucional de los tribunales internacionales y se consagraron como palabra última de esta alambicada democracia. 

Esperaron que el Episcopado retomara las banderas de la reconciliación sin justicia y que pasaran los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo y dieron el paso que imaginan final para llegar a las elecciones con la mayoría de los represores libres. 

Fortunas amasadas al calor de la dictadura, la cúpula de la Iglesia cómplice junto a insistentes editoriales de La Nación forman los cimientos de una decisión que recrea un fuero especial para los represores. Actores menores como Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión probaron hasta dónde se toleraba el retroceso. 

Un fallo que duele, ofende y avergüenza.

 “Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi”, decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2x1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue. En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia. En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2x1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite. Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco (ver aparte).

El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio. El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años. Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema. Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978.  

El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en “los supuestos” del “2x1”, pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio. Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.

El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2x1. El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia. Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.

El fallo de la Corte impresiona como un millonario que asegura la lealtad de sus guardaespaldas. Cero institucionalidad, cero ciudadanía, cero democracia. Es impopular. El rédito ciudadano es negativo. Una encuesta telefónica rápida mostró que el 85 por ciento de los encuestados rechazaba la aplicación de la ley del dos por uno a delitos de lesa humanidad. Se aplica una ley que no estaba vigente desde dos años antes de que se empezara a juzgar a los beneficiados. El argumento es tan rebuscado que deja expuesta la voluntad política que lo motorizó. Para que la jerarquía más alta de la Justicia produjera un fallo de este tipo, un fallo que la marcará como la Corte que reabrió el camino a la impunidad, tuvo que ser empujada por una voluntad política en la que esa impunidad figura entre sus prioridades y con mucha fuerza. Una voluntad que incluso está dispuesta a aguantar el malestar que genera entre un sector de sus propias filas y que le aleja simpatías. Esa voluntad copó sectores de la Justicia, impuso jueces propios en la Corte y orilló al máximo tribunal a jugar su proyección histórica con un fallo enrevesado que vulnera tratados internacionales. La impunidad tiene una dimensión simbólica y otra más concreta y el ciudadano común no alcanza a medir la importancia que siempre le asignaron la derecha y el poder económico, el establishment o las corporaciones.

La historia reciente de la impunidad demuestra esa importancia que le asignan. Raúl Alfonsín fue obligado a legislar el Punto Final y la Obediencia Debida. Carlos Menem otorgó los indultos porque entrevió la importancia que ellos tenían para sus nuevos aliados del neoliberalismo, todos ellos viejos socios de las dictaduras. La Alianza, que en un primer momento contó con la simpatía de un sector del movimiento de derechos humanos, ni siquiera lo intentó. Cuando ganó Néstor Kirchner, todo hacía pensar que se mantendría igual. El 5 de mayo de 2003, pocos días antes de asumir la presidencia,  Kirchner recibió la visita del entonces subdirector del diario La Nación José Claudio Escribano, que le presentó cinco puntos que debía respetar el nuevo presidente si quería durar más de un año. El primero se refería a la alineación incondicional con Washington. El segundo era terminar con la investigación y los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 

La idea de impunidad se relaciona con la de justicia y con los principios para la construcción de sociedades democráticas. Pero también se relaciona con la discusión del poder. La derecha siempre tuvo claro que el debate sobre los derechos humanos era también un debate sobre los resortes de poder en la Argentina. En cambio, el movimiento de derechos humanos no habló nunca de poder, siempre habló de justicia y de principios. Desde ese lugar resulta difícil entender la importancia que la derecha le otorgaba a la impunidad. 

Kirchner juntó las dos cosas: usó el poder que obtuvo en las elecciones para atacar a la impunidad, lo contrario que le exigía la derecha y el poder económico. Hizo votar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y comenzaron los juicios junto con la furiosa hostilidad de la derecha. El corazón del odio anti k inicial se enquistó alrededor de esa problemática y funcionó como vector de contagio. 

Aun así, para restarle méritos al gobierno kirchnerista, un sector de la izquierda, inclusive una minoría del activismo de los derechos humanos, se llevó por delante la realidad y acuñó en esa época la frase “los derechos humanos del pasado” ya no eran importantes, que la derecha los había concedido. Muchos periodistas que habían buscado cercanía con el movimiento de derechos humanos para ganar cierto prestigio, tomaron rápidamente este argumento para pasarse de bando. Pero también hubo un debate en los organismos de derechos humanos. Resultaba paradójico que esa discusión se planteara cuando la derecha lo incluía entre sus prioridades con mucha claridad y confrontaba duramente con el kirchnerismo por ese tema. Con la anulación de las leyes de impunidad, el kirchnerismo se ganó el primer odio furibundo, una ola que no cesó en doce años y que aún hoy se expresa en medios y dirigentes del oficialismo. 

Al usar el poder político para desterrar la impunidad y convocar a los organismos de derechos humanos a esa tarea, Kirchner introdujo en el movimiento de derechos humanos una discusión que estaba ausente en ellos y que era necesaria. La lucha de los organismos de derechos humanos fue la base, el cimiento, la materia prima de ética y  dignidad que expandió esos valores hacia el resto de la sociedad. Pero la lucha contra la impunidad es una lucha de poder, contra una forma de poder. Nunca se hubiera podido alcanzar la anulación de las leyes de impunidad si no hubiera existido el poder para hacerlo y la voluntad política para decidirlo aún a costa de todas las amenazas que había advertido Escribano: el gobierno que se meta con la impunidad no aguantará más de un año. Si se lo hicieron a Kirchner, es evidente que esa presión se aplicó a cada gobierno que asumió en estos treinta y pico de años de transición democrática. Y es evidente que casi todos ellos se sometieron a ella o fueron doblegados, menos los gobiernos kirchneristas. La discusión sobre el poder hizo que se criticara al kirchnerismo por una supuesta cooptación del movimiento de derechos humanos. Sin embargo, varios de los que hicieron esa acusación, votaron o se expresaron después en las cercanías de la alianza Cambiemos a través del radicalismo o de la agrupación de Elisa Carrió o de Luis Juez. Los que promovieron esa crítica contra un gobierno que atacó la impunidad terminaron respaldando o –por omisión en el caso de los que decían que eran iguales– facilitando la llegada de un gobierno que empezó a reinstalar la impunidad.

La relación de los organismos de derechos humanos con el poder es más compleja que el maniqueísmo interesado que se plantea tanto desde algunos sectores de izquierda como de la derecha. Hay una relación que no se puede negar. Y hay una disputa de poder, una disputa política que alguien tiene que dar para defender esos reclamos y en esa trama se insertan los organismos de derechos humanos generando a su vez distancias y estableciendo especificidades porque ellos no son ni tienen que convertirse en partidos políticos. Pero si se actúa desconociendo esa trama, se consigue ubicarlos en el lugar testimonial decorativo que la derecha y el poder económico le quieren asignar siempre a la izquierda.

El fallo de la Corte tiene un mensaje y un destinatario. No es tan difícil adivinarlos. Puede decirse que el destinatario general como mensaje aleccionador es la sociedad en su conjunto: “el poder puede matar y asesinar porque nadie se lo va a impedir ni castigar”. Pero el destinatario más específico son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Y el mensaje para ellos es claro: “ustedes quedarán en libertad porque obedecieron órdenes del poder, no importa si mataron, secuestraron o violaron porque esa es la función de ustedes”.

Un millonario necesita guardaespaldas. Y los millonarios que llegan al gobierno visualizan esa función para las Fuerzas Armadas y de seguridad, son sus guardaespaldas. Y así como los guardaespaldas los protegen a ellos, ellos tienen a su vez que protegerlos y garantizar que nada de lo que hagan para defenderlos será castigado. Es un pacto mafioso. Lo institucional desaparece en el ejercicio de un poder autoritario de derecha. La lucha por los derechos humanos contra la impunidad es una lucha contra una forma de poder justamente porque busca destruir ese pacto de  “millonario y  guardaespaldas”,  que es una forma de poder,  y convertirlo, institucionalizarlo, a través de la justicia y de otras formas de control, en la relación entre un gobierno y las fuerzas armadas y de seguridad. 

El fallo de la Corte va en contra de estas metas ciudadanas  y democráticas y tiende a convertir a estos organismos del Estado en mafias impunes con la libertad de cometer cualquier desmán. En el marco de una política económica que aumenta drásticamente el desempleo y la pobreza, con sus consecuencias de marginación y desesperación, el mensaje de la Corte con este fallo es atemorizante porque muestra a un gobierno que desarma los controles, en este caso de la Justicia, y se prepara para la represión del descontento, asegurándoles a las fuerzas represivas que serán impunes.

“Pasan los días y el dolor se profundiza. El dolor y la desesperanza. El fallo de la Corte Suprema me dejó anonadada”, dice Gladys Cuervo, ex enfermera del Hospital Posadas y una de las víctimas del grupo de tareas Swat, que integraba el represor Luis Muiña.

–¿Le dolió del fallo?

–No me llama la atención de (Carlos) Rosenkrantz y (Horacio) Rosatti, que son abogados corporativos, pero sí de Elena Highton de Nolasco, que siempre falló de otra manera. Borró con el codo lo que había escrito con la mano. Me llama aún más la atención por ser mujer, que no se haya sensibilizado con las madres, las abuelas, las hermanas, todos los que no tienen adónde llorar a sus seres queridos. Que no se haya sensibilizado con la tortura.

–¿Cree que es una forma de amnistía?

–Es un indulto encubierto, de eso no tengo duda. Es un golpe terrible a la democracia, a la humanidad, pero además abre la puerta para que 752 represores pidan lo mismo que Muiña. Yo no quiero encontrarme con  Astiz, con (Jorge) Rádice, en un bar. Sería una cosa horrible. 

–¿Es un regreso a una etapa de impunidad?

–Para mí era un orgullo ser un país emblema de los derechos humanos, pero “aquí no ha pasado nada”. A pesar de que tengo 77 años, no voy a bajar los brazos, vamos a seguir luchando. Me había relajado en los últimos años porque había políticas que estaban en lo correcto, pero ahora voy a levantar la guardia: me tocó a mí recibir el primer golpe que lamentablemente no me afecta sólo a mí, sino a toda la sociedad.

El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe, el Hospital Posadas fue ocupado militarmente, con Reynaldo Bignone al mando del operativo. Gladys Cuervo se enteró la noche de ese mismo día, cuando ya se había retirado del hospital, donde trabajaba como enfermera en traumatología. Al día siguiente, Gladys, quien tenía cierta actividad gremial, decidió que si ella iba a ser detenida, sería mejor que sucediera en el Posadas y no frente a sus hijos. Se subió al colectivo y fue a trabajar. Se encontró con una escena de película: tanques de guerra apostados en las inmediaciones, helicópteros sobrevolando el lugar, soldados trepados a los árboles. Y dos retenes en los ingresos, con listas que se modificaban hora tras hora: de allí salieron los nombres de los 50 trabajadores detenidos y torturados, de los cuales 11 permanecen desaparecidos.

–¿Cómo fue ingresar al hospital aquel día?

–Había mucho miedo, tratábamos de avisarles a compañeros que no estaban y hubo algunos que no fueron nunca más al hospital. Los compañeros que ya habían sido detenidos, estaban sentados en el piso en el comedor de médicos, muy golpeados. 

Gladys siguió yendo al hospital. En abril de 1976, la dictadura designó al coronel médico Julio Esteves como director interino del Posadas, quien pidió refuerzos para la guardia arguyendo que sucedían “cosas incontrolables”. La realidad era bien distinta. “El hospital era un cementerio, ni nos animábamos a hablar en el ascensor”, describió Gladys.  

En ese contexto se puso en marcha un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal, Ricardo Nicastro. El grupo de tareas se autodenominó Swat y profundizó la represión.

–¿Qué recuerda?

–Cuando aparecen estos personajes constituyeron una guardia paramilitar. Se metían adentro de las habitaciones, amedrentaban a los profesionales y pacientes. A los pacientes de traumatología, donde yo trabajaba, les levantaban las sábanas para ver qué tenían y pensaban que los aparatos que usábamos eran artefactos de guerra. 

–¿Cuándo la detuvieron?

–El 25 de noviembre me llaman de dirección. Pensé que era un tema trivial. Me llamó la atención que no había nadie en el hall central, sólo un portero del hospital, un personaje desagradable. “Vos sí podés ir a la Dirección”, me dijo. Cuando voy a golpear la puerta, me toman de atrás, me golpean, me tapan la boca, me ponen arriba de una mesa y me empiezan a torturar. “Esto es la aceituna del vermut”, me dijeron. 

–¿Cómo reconoció a Muiña?

–Era una banda que se paseaba por el hospital impunemente, a cara descubierta. 

–¿Y el resto del Swat?

–El más sádico, Juan Cocteleza, estuvo prófugo un largo tiempo pero fue detenido en 2006. Hizo un infarto masivo antes de llegar a juicio. Muiña y el ex brigadier Hipólito Mariani fueron los únicos juzgados. 

Luego de que la torturaran , Gladys fue paseada en una camioneta durante 15 minutos. La bajaron encapuchada y la llevaron hasta El Chalet, el centro clandestino que funcionó dentro del propio hospital.

–¿Ahí la torturaron?

–Me hicieron cosas que nadie normal podría imaginar. Me metieron picana, me hicieron el  submarino varias veces, me rompieron huesos, me quemaron con colillas de cigarrillos. Tengo cicatrices en el cuerpo pero fundamentalmente en el alma.

–¿Qué le preguntaban?

–Cualquier cosa, siempre con la cara tapada. Con qué médico me acostaba, si era la mujer de Vaca Narvaja, dónde estaba Galimberti. Luego me trasladaron a la Base de Palomar. De allí me liberaron, el 22 de enero de 1977. Me dijeron que en la guerra siempre caían inocentes.

El regreso de Sting a la argentina contó con una sorpresa especial. Antes de arrancar el show por la presentación de su nuevo disco, el músico inglés mantuvo un encuentro con las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, en el que expresó su respaldo a la lucha contra la impunidad de los genocidas. La visita se produjo a casi 30 años del histórico recital organizado por Amnistía Internacional en el que Sting, entre otros artistas internacionales, compartió escenario junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo bajo el lema “derechos humanos, ya”. “Ellas no bailan solas”, escribieron ayer desde la institución que preside Estela de Carlotto, en alusión a la popular canción del cantante inglés y su acompañamiento en un momento complicado por el reciente fallo pro genocidas de la Corte Suprema.

El jueves pasado, antes de ingresar en la zona del Hipódromo de Palermo donde se realizó la presentación del disco 57th & 9th, se podía ver a un grupo de chicos interceptando al público. Uniformados con una remera amarilla, y con una carpeta debajo del brazo, los integrantes de la oficina local de Amnistía Internacional concientizaban a los asistentes acerca de diversas cuestiones de derechos humanos como la situación de los refugiados en el mundo. Se trató de una Polaroid inédita en los espectáculos musicales nacionales desde que Daniel Grinbank se tomó un hiato en la producción de eventos. Sin embargo, lo que también se transformó en una sorpresa fue el encuentro del músico inglés con Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y la nieta recuperada, Victoria Montenegro. 

Si bien ofreció un recital en el que primó la música frente a las palabras, el artista nacido con el nombre de Gordon Matthew Sumner expresó una vez más su apoyo a la campaña que exhorta a los jóvenes a que se acerquen a Abuelas si tienen alguna duda acerca de su identidad. Según Amnistía Internacional, durante el diálogo que sostuvieron varios minutos, el ex líder del grupo The Police reconoció que “admira” el compromiso de la institución fundada en 1977 y que conserva “perfectamente” en su memoria el momento en que se conocieron. Además, reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos llevan a cabo en la Argentina desde hace cuatro décadas, y portó un cartel con la leyenda “Nunca más impunidad”. 

El encuentro –que se produjo bajo la consigna “como ayer, como hoy, junto a Abuelas y Sting decimos No a la impunidad”– se produjo un día después de conocerse el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que otorgó el beneficio del 2x1 a los represores juzgados por delitos de lesa humanidad. “Gracias Sting por el compromiso de siempre”, expresaron las Abuelas, quienes recordaron aquel recital del 15 de octubre de 1988 en el Estadio de River. 

En aquella ocasión, tras cantar todos juntos el himno de la entidad, Get Up, Stand Up (clásico de Bob Marley), Sting, acompañado por figuras musicales del temperamento de Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Youssou N ‘Dour, León Gieco y Charly García, homenajeó la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes al subirse al escenario con sus pañuelos blanco dejaron grabada una imagen que recorrió el mundo. La siguiente parada de aquella gira era Chile. Sin embargo, ante la negativa del gobierno del dictador Augusto Pinochet, fue suspendido. Por ese motivo, Amnistía Internacional lo postergó para el 14 de abril en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde una gran cantidad de público chileno llegó para disfrutar de un show de connotaciones históricas.

La Justicia le cerró la ventana por la que el macrismo intentó colar al juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta –cercano al presidente Mauricio Macri– como subrogante del juzgado electoral bonaerense, el principal distrito del país. El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, declaró la inconstitucionalidad de la designación de Culotta al juzgar que el Consejo de la Magistratura de la Nación “no posee atribuciones legales para crear juzgados o dividir la competencia de los existentes”, de las que se valió para imponer su nombramiento y que deben ser “los jueces de primera instancia más cercanos en la jurisdicción (La Plata) los llamados a subrogar”. 

La designación de Culotta estuvo respaldada por sus ex compañeros del Cardenal Newman, con llegada directa y poder de decisión en la Casa Rosada: el abogado personal de Macri, Alejandro Pérez Chada, y Pablo Clusellas, secretario legal y técnico y amigo de la infancia del Presidente. Abuelas de Plaza de Mayo habían denunciado Culotta por “obstaculizar” (como juez subrogante de San Martín) una causa contra el ex secretario del Ejército, Eduardo Alfonso, por su participación en un operativo que en la última dictadura terminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuya hija fue apropiada. 

En la síntesis del fallo de 68 páginas, Recondo plantea que hasta tanto no se habilite el Juzgado Federal electoral bonaerense la competencia del juzgado criminal correccional federal 1, secretaría electoral de La Plata, “debe ser ejercida por un solo magistrado por tratarse de un órgano unipersonal” (y no dividido para cederle a Culotta la competencia electoral), que la creación del juzgado electoral de la provincia depende de la sanción de la ley del Congreso de la Nación y a la Corte Suprema su puesta en marcha, y que “el Consejo de la Magistratura de la Nación no posee atribuciones legales para crear Juzgados o dividir la competencia de los existentes”, y que “los jueces de primera instancia mas cercanos en las jurisdicción (La Plata) son los llamados a subrogar” esa vacante. 

Por lo que Recondo falla que “la designación de Culotta como juez federal a cargo de la secretaría electoral en el juzgado criminal, correccional federal 1 de La Plata, resulta inconstitucional”. 

La denuncia por la irregular designación de Culotta había sido presentada por la asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, Berisso y Ensenada, ante la falta de concurso del designado, así como la violación de las atribuciones del Consejo de la Magistratura (que dividió el juzgado, designó a Culotta para subrogar la Secretaría Electoral y al juez federal de La Plata, Adolfo Ziulu, para subrogar las causas criminales) y el “derecho a la jurisdicción y al ‘juez natural’ constitucionalmente consagrado”. 

En diciembre pasado, el propio juez federal Culotta se autopostuló por carta al presidente del Consejo de la Magistratura para ocupar el juzgado platense con competencia electoral por razones de “crecimiento personal”. Motivos suficientes para el Consejo remita las actuaciones del traslado al Ejecutivo a pesar –como dice Recondo en su fallo– que “el dictamen de la comisión de selección no fue aprobado en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura pero tampoco desechada”.

A pesar que la Cámara Electoral le advirtió al Consejo que Culotta no podía ser juez electoral porque no concursó para esa competencia, los consejeros del macrismo y sus aliados insistieron en imponer a su candidato en la exclusiva competencia electoral del juzgado que dejó vacante la muerte del juez Manuel Blanco en 2014. 

Atrás había quedado el interinato de la jueza con competencia electoral porteña, María Servini de Cubría, que renunció a la subrogancia del juzgado electoral bonaerense en medio de una dura disputa intestina del Poder Judicial. Para reemplazarla, el macrismo designó a Culotta en el juzgado que tiene a cargo el control de los comicios y su escrutinio definitivo en el principal distrito del país y define las controversias electorales judicializadas. Ahora su designación fue declarada inconstitucional. 

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó ayer la incorporación del juez Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal y juez de la Cámara de Casación porteña. Con el voto a favor de Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar, la CFCP negó al traslado de Mahiques a ese tribunal luego de que el Consejo de la Magistratura aceptara anteayer su designación. Mediante el acuerdo conformado por la mayoría del máximo tribunal penal del país se ratificó la postura que habían adoptado el 28 de abril cuando se abstuvieron de considerar el pedido de traslado.

La decisión de la Cámara de Casación llega luego de un primer pedido de opinión realizado por el Consejo de la Magistratura. Allí se desestimó la incorporación de Mahiques al considerar que existe un concurso ya abierto para cubrir las cuatro vacantes en el tribunal.

El acuerdo extraordinario de ayer, resuelto por cuatro votos a favor y tres en contra (Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani), alude al Reglamento de la Justicia Nacional y además implica que no se le tomará juramento a Mahiques.

El ex funcionario del gobierno bonaerense no concursó pero obtuvo el jueves la aprobación del Consejo de la Magistratura para ocupar en la Cámara Federal de Casación Penal la vacante que dejó Pedro David por ser mayor de 75 años. En el Consejo de la Magistratura, la solicitud de traslado de Mahiques fue votada primero en la comisión de selección y luego en el plenario, con el respaldo de ocho votos contra cuatro y la abstención de su hijo Juan Bautista Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia que representa al Poder Ejecutivo en el órgano que selecciona y acusa a los jueces nacionales y federales.

La Magistratura había pedido opinión sobre esa solicitud de traslado a la CFCP, que en el acuerdo del 28 de abril, con el voto de cinco magistrados contra tres, se opuso al nombramiento de Carlos Mahiques para cubrir la vacante que dejó el juez David, que sería definitivo y no una subrogancia.

De las cinco vacantes en la Casación Federal, Carlos Mahiques solicitó ocupar la más reciente, el lugar de David, en la Sala II, que integran los jueces Ledesma y Slokar. Esa sala tiene una de las causas que más preocupan al gobierno: la que investiga presuntos sobornos pagados por parte de la empresa Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento.

El Consejo de la Magistratura ya comunicó su decisión al Poder Ejecutivo a fin de que firme un decreto para el traslado de Mahiques. Sin embargo, ese tribunal se resiste a recibirlo, y no sería precisamente por un capricho. Según fuentes consultadas por PáginaI12, hay irregularidades constitucionales, legales y reglamentarias referidas a la designación de un juez definitivo federal en la máxima instancia penal de todo el país, que, a su vez, implican una afectación a la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica. En el caso de Mahiques no hubo concurso de oposición y antecedentes, a pesar de que hay un concurso en trámite desde hace 4 años y el aspirante desistió de dar examen. Tampoco hubo propuesta de terna al Poder Ejecutivo, ni publicidad del candidato para adhesiones e impugnaciones, como así tampoco acuerdo del Senado. Para su traslado no hubo conformidad de la CFCP ni pedido de opinión a la Cámara de origen, la casación porteña.

Como si todo esto no fuera suficiente para invalidar su aspiración, Mahiques no es juez del mismo fuero, pretende pasar a federal pero se desempeña en la justicia ordinaria, y tampoco trabaja en la misma jurisdicción, dado que integra la Casación porteña y quiere ir al tribunal que tiene jurisdicción en todo el país. El candidato, además, no cumple con los 4 años antigüedad en el cargo. 

Los expertos señalan que no una hay situación de urgencia que podría justificar el ingreso irregular de Mahiques, dado que está cubierto el cargo con una subrogancia por resolución de la presidenta del cuerpo, con conformidad de la CFCP en pleno. Y agregan que esta movida no se ajusta a precedentes de la CFCP, que en tres casos anteriores se opuso a traslados.

La posibilidad de que cientos de condenados por crímenes de lesa humanidad puedan salir en libertad a partir de la decisión de la Corte Suprema de abrirles las puertas de las cárceles mediante la aplicación del beneficio del 2x1 acumula una crítica tras otra. “Las consecuencias de este fallo pueden ser aberrantes”, advirtió el juez español Baltasar Garzón y dijo que lo " avergüenza que se cambie la posición de Argentina en estos años en materia de derechos humanos". “Es un gran retroceso”, criticó también Ignacio Montoya Carlotto lo resuelto por los supremos. El nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó sentir “una gran decepción” y remarcó que se beneficia a “los criminales más temidos de la Argentina".

La reacción de los organismos de derechos humanos en contra del fallo de la Corte que con el voto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz –los dos jueces designados por Mauricio Macri- y Elena Highton de Nolasco favoreció al represor Luis Muiña fue inmediata. Inmediata fue también la presentación de planteos por parte de otros partícipes de crímenes de lesa humanidad que también reclaman que les apliquen el 2x1.

Hasta ahora ningún otro represor obtuvo ese beneficio, pero la posibilidad está latente y sigue generando repudios. “El fallo es una trampa grosera”, alertó Garzón y planteó: "Me gustaría saber a cuántos presos comunes les es aplicable este razonamiento, quedaríamos sorprendidos.”

El ex juez de la Audiencia Nacional de España declaró que la decisión de la Corte “sorprende, aunque no tanto en función de los tiempos que vivimos” y que “es muy grave lo que se está percibiendo” en cuanto al desprecio de las políticas en materia de derechos humanos. En declaraciones a Radio Rebelde, consideró que “las consecuencias de este fallo pueden ser aberrantes. Es muy grave y socava los cimientos de la lucha contra la impunidad”. Y añadió: "Me avergüenza que se cambie la posición de Argentina en estos años en materia de derechos humanos."

El jurista, quien como magistrado dio luz verde al reclamo en España por los crímenes de la dictadura mientras imperaban en el país las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, apuntó al voto de Elena Highton de Nolasco: “En 2009 mantuvo una posición contraria, tiene que explicar por qué cambia de posición. No se puede jugar con las interpretaciones, un tribunal puede cambiar de postura, pero lo tiene que argumentar.”

"No podemos ser indiferentes ni tenues cuando hablamos de violaciones masivas de derechos humanos", agregó Garzón. También opinó sobre el negacionismo que asomó durante el gobierno de Cambiemos.  “Las consecuencias de la dictadura argentina están probadas. No entiendo cuando dicen que no son 30 mil los desaparecidos ¿Creen que se hace menos perversa la dictadura? Es tremendo el desprecio contra las víctimas", reflexionó.

Otra voz que se alzó fue la del nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Sentí una gran decepción con el fallo de la Corte, es un gran retroceso. Estos señores son los criminales más temidos de la Argentina, ¿qué queda entonces para el resto?", expresó.

Para Montoya Carlotto, el cambio de clima político tras la asunción de Mauricio Macri posibilitó este escenario. "Creo en la independencia de poderes, pero algo debe haber relacionado al cambio político. No deberíamos estar volviendo a hablar de cosas juzgadas, es muy triste", declaró. Además, instó a que la marcha del miércoles a Plaza de Mayo sea masiva. “Hay que armarse y seguir luchando, espero que seamos mucho", afirmó a FM La Patriada. Los organismos de derechos humanos convocaron a concentrarse ese día a las 18 horas frente al Palacio de Justicia para manifestar el rechazo a la aplicación del 2x1 a los genocidas.

Victoria Donda, diputada de Libres del Sur e hija de desaparecidos,  consideró "inadmisible” el fallo de la Corte Suprema, que no fue acompañado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, ni por Juan Carlos Maqueda. “Jurídicamente es una aberración, es una  interpretación que es resultado de un clima de época, de una lectura política de ser parte de una sociedad donde tenemos un Presidente que niega la cifra de desaparecidos en el país. En otro contexto, esto no puede ser posible".

La diputada no dudo en calificar la decisión del máximo tribunal como “uno de los fallos más graves de la historia de la Corte Suprema. Ni la Corte menemista tuvo fallos tan graves", enfatizó durante una entrevista con Radio Mitre. Coincidió con Garzón en apuntarle a Highton de Nolasco, quien en 2009 "falló exactamente en contra" en un caso similar. “Me queda alguna duda, sobre todo después de que le llegara una carta para jubilarse. Hay que preguntarle por qué cambió de opinión", expuso a propósito del aval que la jueza consiguió del Gobierno para seguir un funciones a pesar de haber superado el límite de 75 años que establece la Constitución. Cerró diciendo que “no hay posibilidad de que haya paz en el país sin justicia", y que Macri “no tiene un compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".

Por su parte el diputado y titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, calificó el fallo como “una devolución de favores” al gobierno de Macri por parte de Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz. También calificó la decisión de la Corte como “un golpe a la Memoria, Verdad y Justicia. No es el camino indicado". Agregó que “es muy curioso que Highton de Nolasco haya cambiado de opinión. Claramente está viciado el fallo".