David Gunnlaugsson, había dicho el lunes en el Parlamento en Reikiavik, que no renunciaría.
Sigmundur David Gunnlaugsson, el primer ministro de Islandia, es la primera cabeza en rodar por los escándalos de los llamados "Papeles de Panamá". El político puso su cargo a la orden este martes, en medio de controversias y protestas públicas que pedían su dimisión tras aparecer mencionado en las filtraciones.
Las publicaciones revelaron que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal.
Mientras, en nuestro continente personajes latinoamericanos que fueron señalados han rechazado posibles irregularidades, justificado sus acciones o simplemente han optado por el silencio.
Diversas voces en la región han pedido investigar si las figuras señaladas incurrieron en alguna ilegalidad tras la filtración de los documentos pertenecientes a Mossack Fonseca, una firma panameña que ofrece los servicios en paraísos fiscales y uno de cuyos fundadores aseguró el lunes que siempre han actuado conforme a la ley.
Los famosos salpicados por los “Papeles de Panamá”
En México, los personajes mencionados han mantenido silencio, entre ellos el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, vinculado al presidente Enrique Peña Nieto y quien ha estado en el centro de las críticas entre otras cosas por ser propietario de una mansión que adquirió la primera dama hace unos años y que generó una investigación por un posible conflicto de intereses.
El portal de noticias Aristegui Noticias, que tuvo acceso a los documentos, señaló que justo cuando Hinojosa estaba en el ojo del huracán por la polémica de la mansión, habría ocultado unos 100 millones de dólares en paraísos fiscales. El empresario no hizo ningún pronunciamiento público tras las filtraciones ni pudo ser contactado.
Sin embargo, la autoridad tributaria mexicana informó que ya investiga si hubo alguna irregularidad de las personas señaladas en los "Papeles de Panamá".
El director del Servicio de Administración Tributaria de México, Aristóteles Núñez, dijo en Radio Fórmula que la información divulgada no les sorprende, debido a que muchos mexicanos invierten en países con bajos impuestos, como también son conocidos los paraísos fiscales.
El invertir en esos lugares no necesariamente es irregular. El funcionario mexicano dijo que se utilizan para proteger activos y por motivos de confidencialidad, aunque señaló que algunas personas sí lo hacen para evadir al fisco, algo que es ilegal, y eso es lo que van a revisar.
Papeles de Panamá: qué son y quién escondería dinero
Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, es el principal líder del hemisferio mencionado, aunque en los millones de documentos también aparecen empresarios, legisladores y políticos, e incluso el futbolista Lionel Messi.
Líderes de la oposición en Argentina exigieron a Macri que explique a detalle su participación en Fleg Trading Ltd., una firma registrada en las islas Bahamas para hacer negocios en Brasil, mencionada en los documentos.
"El presidente Mauricio Macri debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación", señaló Graciela Camaño, presidenta del opositor Frente Renovador.
"Está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación", dijo el lunes el mandatario argentino en una entrevista al canal C de la provincia de Córdoba, un día después de que su oficina aseguró que no fue accionista ni cobró dividendos y que su participación fue sólo "circunstancial".
El gobernante aseguró que fue una operación legal, aunque hacia 2008 dejó de funcionar porque al final no se hizo ninguna inversión. Los "Papeles de Panamá" fueron revelados como parte de una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo y cerca de un centenar de medios alrededor del mundo a partir de millones de documentos propiedad de Mossack Fonseca.
Algunos de los medios han divulgado lo que dicen son copias de varios de los documentos, aunque The Associated Press no ha tenido acceso propio a ningún de ellos ni ha conseguido verificar su autenticidad.
Otro de los salpicados es el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien rechazó por medio de su abogado la información publicada por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.
“Rechazamos cualquier vínculo de nuestro cliente con esta investigación periodística. Es falso que tengamos alguna relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa, ni indirectamente. Todas las contrataciones de bufetes de abogados que el artista y sus empresas han realizado por los pasados 10 años se han hecho exclusivamente a través de nuestro bufete Prado, Núñez & Asociados”, expresó el licenciado Edwin Prado en comunicación escrita.
También figura el el futbolista argentino Messi, quien supuestamente habría comprado una firma a Mossack Fonseca para intentar ocultar sus ingresos por derechos de imagen.
La familia del deportista reconoció el lunes en un comunicado la existencia de la sociedad, pero negó los señalamientos de que incurrió en irregularidades y señaló que sus abogados analizarán eventuales acciones legales contra los medios que divulgaron la información.
La Asamblea Nacional de Venezuela, que está bajo el control de la oposición, abrirá una investigación sobre las denuncias de los paraísos fiscales en los aparecen implicados algunos ex funcionarios venezolanos, anunció el diputado opositor Ismael García.
En Brasil, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, rechazó un reporte del portal de noticias UOL de que tenía cuentas en paraísos fiscales, uno administrado por Mossack Fonseca. El político brasileño, quien ha sido señalado de incurrir en lavado de dinero como parte de una investigación por corrupción en la estatal Petrobras, aseguró en su cuenta de Twitter que no tiene relación con la firma.
Ramón Fonseca, cofundador de Mossack Fonseca, dijo el lunes al canal 13 Telemetro de Panamá, que su empresa sólo se dedica a formar sociedades que vende a inversionistas y no interviene en cómo son utilizadas esas firmas.
"Nuestro cliente es una institución, un abogado, un banco... nosotros no tenemos contacto con el cliente final", dijo. "Nosotros somos como una fábrica de cuchillos... y si el cuchillo es usado en un asesinato, nosotros no somos los responsables", añadió Fonseca, quien refirió que al año crean unas 20,000 compañías "offshore" o cuentas de ultramar.
Comentó que sospechan quién pudo haber filtrado los documentos, aunque declinó dar más información.
MACRI HABLA ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN MEDIO DE UN PANORAMA DE FUERTE CAÍDA DE SU IMAGEN EN LAS ENCUESTAS
Un mensaje en el peor momento del Gobierno
Los encuestadores coinciden en marcar que tanto el Gobierno como Mauricio Macri perdieron aprobación. Hoy son más las opiniones negativas que las positivas sobre su gestión. El escándalo por el Correo marcó un quiebre.
El presidente Mauricio Macri viene perdiendo adherentes en forma progresiva. (Imagen: DyN)
Mauricio Macri llega hoy al Congreso Nacional en un momento en que las encuestas le marcan un grave deterioro. En ese diagnóstico coinciden todas las consultoras: el gobierno y el propio Macri perdieron aprobación, los que opinan mal son más que los que opinan bien y no hay expectativas económicas. Aresco, la encuestadora que lidera Federico Aurelio, registró en febrero una caída de ocho puntos en la imagen del primer mandatario, quedando por debajo del 40 por ciento de aceptación, contra un 57 por ciento que opina mal o muy mal. Cuando a los encuestados se les preguntó si están mejor o peor que antes, apenas el seis por ciento contestó que está mejor. Más de la mitad de los consultados sostuvo que no llega a fin de mes y casi todos los índices dan mal: inseguridad, inflación, empleo e, incluso, corrupción. El punto neurálgico de la caída de la administración Macri es la economía y, más en concreto, las altas tarifas, la pérdida del poder adquisitivo, la baja en las ventas, los despidos, pero el deterioro se produce además en momentos en que se disolvió el espíritu de luna de miel con el que llegó a la Casa Rosada. Cambiemos necesita resultados. Rápido.
Federico Aurelio sostiene que “el cambio clave se dio en este mes de febrero. Macri perdió ocho puntos. Nosotros hasta ahora veíamos gran estabilidad en las mediciones con una evaluación equilibrada entre los argentinos que lo valoraban positivamente a Macri y los que lo valoraban negativamente. No se podía determinar con certeza en qué momento esta valoración positiva podía deteriorarse, pero siempre advertimos que eso iba a ocurrir si la sociedad no percibía hechos concretos de mejoría de su situación personal. Esta situación se modificó en el mes de febrero. El fallido acuerdo con el Correo Argentino, los errores en el cálculo de los haberes jubilatorios y el reconocimiento por parte del mismo gobierno de que no son infalibles y que cometen ‘errores’ golpeó la confianza de una parte de los argentinos que apoyaban al gobierno. De acuerdo a nuestra medición, la evaluación negativa de la gestión del gobierno llegó al 57 por ciento de los argentinos. El principal factor de la valoración negativa de la gestión de gobierno es la evaluación que hacen los argentinos sobre la situación económica del país y sobre su situación personal. Éstos hechos que sucedieron en febrero no son los principales responsables del malhumor social sino que fueron la excusa para manifestar la preocupación por la gestión de gobierno. Nos encontramos en un punto de inflexión para el gobierno: difícil que recupere la confianza generando solamente expectativas. El gobierno tiene el desafío de que en este 2017 la sociedad perciba la recuperación que se había prometido para el segundo semestre 2016”.
Manuel Mora y Araujo, de Ipsos Mora y Araujo, percibe una situación similar. “Sin duda lo ocurrido en febrero impactó. El gobierno de Macri está en un momento difícil. Más allá de las discusiones sobre los errores, las rectificaciones y demás, lo cierto es que las cosas no están saliendo bien y la situación no mejora con la rapidez con la que el gobierno esperaba. Por eso, está en un momento difícil y enfrenta el desafío de este año político-electoral en una situación menos cómoda de la que se anticipaba meses atrás”.
Eduardo Fidanza, de Poliarquía, no percibe un cuadro tan negativo. “El gobierno inicia el año parlamentario y electoral con luces y sombras. Entre los aspectos positivos puede mencionarse el éxito notorio del blanqueo, el descenso relativo de la inflación, el bajo nivel de conflictividad social y una tendencia a no presionar a periodistas y jueces. Puede haber casos en esta administración, pero no del modo sistemático en que lo hizo el kirchnerismo. Entre los aspectos negativos se destaca la propensión a los llamados errores no forzados, cierta vacilación a la hora de tomar decisiones y mantenerlas con convicción, la carencia de conducción y comunicación unificada en la política económica, entre otros. En este contexto, el tema del Correo y de las jubilaciones afectaron la imagen presidencial, aunque todavía es prematuro para saber si esa caída se profundizará o se revertirá”.
Hugo Haime, titular de Haime y Asociados, también percibe una caída fuerte en todos los índices de aprobación del Poder Ejecutivo. “La suma de acontecimientos negativos de febrero –incremento de tarifas, peajes, boleto de colectivo, más las idas y vueltas con el tema del Correo y el ajuste de las jubilaciones– impactaron fuertemente en la opinión pública. Es una situación similar a la de agosto 2016 cuando se anunció el incremento de tarifas de más del 500 por ciento. En ese momento también registramos una caída en la aprobación del gobierno, el que luego se recuperó. Pero ese era un tiempo de expectativas altas. Actualmente, al no registrarse mejoras en la situación actual del país ni en el bolsillo las expectativas, hay caída. Además, pocos son quienes creen que la inflación de 2017 vaya a estar cercana al 18 por ciento. Por el contrario, no la ven muy distinta a la de 2016 y también son pocos los que creen que los incrementos salariales deban ubicarse al mismo nivel que la inflación. En suma, una luna de miel que se ve interrumpida y que obliga al gobierno a mostrar mayores resultados en lo económico y laboral y además en evitar situaciones que impliquen conflicto de intereses entre grupos empresarios y el Estado”.
“Todos los parámetros de nuestra última medición fueron muy negativos para el Gobierno –coincide Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP)–. Más de la mitad de los encuestados dijeron que lo del Correo fue un acto de corrupción y que Macri conocía el acuerdo. O sea que no lo tomaron como un simple error. A esto hay que sumarle que nosotros ya veíamos que cada vez crece más la cantidad de personas que se autodefinen como opositores y cada vez cae la cantidad que se considera oficialista. Todo eso se profundizó en febrero”.
“El inicio del año político es el peor que recordemos desde el año 2003 –sostiene Artemio López, titular de Equis–. Ni Alfonsín, Menem o incluso De la Rúa tuvieron un balance tan desolador como Macri transcurrido un año. Analizado en materia productiva todos los sectores –salvo el agropecuario más concentrado– están ya en crisis plena, el consumo en sus niveles mas bajos desde el año 2001, pobreza creciente y desempleo superando ya el 12 por ciento en los grandes conglomerados urbanos. Inflación y déficit duplicando los niveles recibidos y deterioro salarial promedio de 10 puntos analizando masa salarial, formal e informal. Como contrapartida un endeudamiento récord que en un solo año representó el 10 por ciento del PBI. En este contexto el caso Correo agrega un escándalo más. Yo diría que se instala ‘roban pero no hacen’, porque es un contexto de deterioro social galopante”.
“No dudo de que el cuadro de situación para el gobierno es complicado –sostiene Analía del Franco, de Analía Del Franco Consultores–. El descenso del nivel de aprobación del gobierno nacional y del Presidente –si bien de manera leve– se observa desde el mes de julio de 2016. Pero la situación más complicada se ha dado en los últimos 15 días, el descenso en su nivel de aprobación fue más pronunciado, siete puntos menos que en diciembre. Los desencadenantes de estos días son varios además de los más notorios como el caso del Correo Argentino y el descuento a jubilados. La segunda quincena de febrero ha sido siempre crítica para los gobiernos –y esta no es una excepción– el fin de las vacaciones y las compras escolares, son determinantes. Este año, además, con una CGT activa y en posición de demanda”.
“En el último mes –explica Ignacio Ramírez, director de Ibarómetro– se produjo un desplazamiento del centro del debate político de la Argentina: dejó de ser la herencia kirchnerista y pasó a ser el ‘desempeño macrista’. Hasta ahora, la imagen del Gobierno se sostenía en la eficaz reconstrucción comunicacional de la herencia, cierta dosis de expectativas en relación al futuro y, sobre todo, una extendida percepción de ‘intenciones positivas’ que se le atribuía al Gobierno de Macri y que protegía una suerte de ‘salud moral’ en su imagen. Este esquema, exitoso el año pasado, entró en crisis y por ello en las últimas semanas se observó la caída de imagen del gobierno más importante desde el inicio del actual ciclo político. Hoy, el estado anímico de la opinión pública muestra signos agudizados de incertidumbre y preocupación”.
Ramírez redondea: “el gobierno de Macri inicia el año político en situación problemática, está bajando la popularidad y disminuyen las expectativas de recuperación económica. Nuestra medición nacional de febrero indicó que solamente un 27 por ciento de la población de todo el país cree que se saldrá de la recesión en los próximos meses. Se desvaneció el plan que tenía el gobierno el año pasado, que se apoyaba sobre la promesa de una recuperación en el segundo semestre, lo que les daría envión para la campaña electoral. Ahora tendrán que seguir en la línea de comparar el presente con el pasado y de aprovechar las oportunidades que le brinde el Poder Judicial para desprestigiar al peronismo/kirchnerismo. Todo indica que marzo será un mes de manifestaciones antioficialistas que van a complejizar, aún más, el escenario sociopolítico. Hay que agregar que también llueven críticas de aquellos sectores económicos y de comunicación que han apostado fuertemente por esta administración. A esta altura es una obviedad que lo de la deuda del Correo estuvo mal manejado. El 66 por ciento de la población nacional, en nuestra encuesta de febrero, calificó de este modo el problema del Correo y su vinculación con la familia del Presidente”.
“El amor es eterno mientras dura –sentencia Fernando Zack, director de Analogías–. Durante el último trimestre de 2016 pudo observarse con claridad que el encantamiento de la luna de miel con Mauricio Macri comenzó a deteriorarse. A partir de octubre pasado, la imagen positiva del gobierno y de Macri comenzaron a caer lenta pero sistemáticamente. Tal es así que las últimas mediciones comienzan a mostrar que la imagen negativa del Presidente supera ampliamente a la positiva. En este contexto, sale a la luz el acuerdo con el Correo que profundizó el malestar social con el Gobierno ante una crisis que involucra directamente al Presidente, que arroja sospechas sobre su honestidad y, en consecuencia, golpea directamente en uno de los ejes sobre los que Cambiemos construyó su legitimidad social. Este acontecimiento puede significar un punto de inflexión en los apoyos colectados por el oficialismo ya que el acuerdo es rechazado también por los propios votantes de Cambiemos. 2017 no parece ser un año en el que vaya a haber grandes novedades en el plano económico. El Presidente y su coalición política deben tener presentes que la combinación de deterioro económico y corrupción puede ser letal para cualquier Gobierno”.
PREMATURO DESGASTE DE UN GOBIERNO QUE MUESTRA LOS DIENTES
Tres es tres
Las tres movilizaciones y los paros de la semana pasada, más los que se avecinan la próxima y hasta el 24 de marzo, junto con el rebrote inflacionario, el incremento de las percepciones negativas sobre el futuro y el descrédito sobre la honestidad presidencial marcan el peor momento en sus quince meses. Ante el desgaste y el clima social que desbordó a la CGT, el gobierno muestra los dientes y endurece posiciones.
Lunes 6, docentes; martes 7, centrales sindicales; miércoles 8, mujeres. La semana más intensa de los últimos años transcurrió con multitudes en las calles (cerca de un millón de personas según los organizadores) y casi sin incidentes, salvo unos forcejeos y empujones al terminar el acto de la CGT y una cacería de mujeres lanzada desde los gobiernos nacional y porteño dos horas después de la desconcentración. Los opinadores seriales del establishment gráfico, radial y televisivo compararon el primer episodio con los crímenes de la Triple A en 1974 y con la quema del cajón de Herminio Iglesias en 1983, ejemplos de la incurable barbarie peronista, y se gastaron todos los adjetivos para denigrar a las pibas que no quisieron callarse su opinión sobre el rol que asignan a la Iglesia Católica en la situación desmedrada que padecen. El segundo paro de género en dos años coincidió esta vez con el día internacional de la mujer trabajadora e, igual que en octubre de 2016, con las idas y vueltas de la CGT que no termina de fijar fecha para el primer paro general bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Uno de los posters anónimos que convocaron decía “Putas como Eva/Locas como las Madres/ Yeguas como Cristina/ Negras como Milagro/ Y con los ovarios que le faltan a la CGT”. Y entre las consignas repetidas con más entusiasmo en la calle, una decía “Pusimos fecha/ La puta que los paró” y otra “Sí-se-puede/hacerle un paro a Macrì”. El gobierno y los medios que lo apoyan buscan minimizar el impacto que los paralizó de asombro.
Una pobre quema de papeles en la vereda fue convertido por los comentaristas en un atentado a la Catedral, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, justificó la acción policial contra lo que llamó “violencia brutal” de las chicas. Nada dijo de la agresión a quemarropa contra una de ellas con balas de caucho, ni sobre la decisión de no detenerla para evitar que quedara registro de sus heridas, y muy poco sobre la presencia junto con la policía del militante del partido neonazi del fuhrer de Balvanera Alejandro Biondini, Ignacio Montagut, el hombre joven que exhibió una bandera del Vaticano frente a las mujeres que gritaban por el aborto libre y gratuito frente a la Catedral, lo que provocó su reacción e inició los pequeños incidentes. Montagut se autodefine como “Amigo de la Gorra”, teoría que demostró el miércoles. Además trabaja con el manager de redes oficial Yamil Santoro y ambos son dirigentes del partido de Patricia Bullrich, Unión por la Libertad. Las palabras de D’Alessandro son graves porque defendió la presencia de policías de civil encargados de marcar manifestantes para detenerlos horas después y a centenares de metros de distancia, con el pretexto de “proteger la integridad física de los terceros”, lo cual es un contrasentido. Dos de las chicas detenidas en forma violenta son colaboradoras de este diario y estaban trabajando. Tampoco nada prueba que el resto haya tenido alguna relación con la reyerta frente a la sede confesional. Según D’Alessandro los policías se atuvieron a la ley “que tuvo el consenso mayoritario de la Legislatura porteña por su contenido moderno de derechos humanos”. D’Alessandro se burla de sus cándidos oyentes o no conoce la ley 5688 que cita, del Sistema Integral de Seguridad Pública, porque en forma taxativa prohíbe en caso de manifestaciones la actuación de policías de civil y también de uniforme sin la placa identificatoria (artículo 100). Esto coincide con la Orden del Día 184 de la Policía Federal y con la Resolución 210 del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2011, que no fue derogada. Es decir que cualquiera sea el cuerpo policial actuante, lo hizo al margen de la legalidad vigente, lo cual no se subsana con las opiniones de los funcionarios ante la prensa, sólo útiles para medir el desconocimiento de casi todo que les aqueja o su impavidez para mentir. Ya antes de la concentración, la policía había operado en forma injustificable contra cuatro chicas hostigadas por una patota de Cristo Rey a las que persiguieron durante varias cuadras acusándolas de pintar consignas sobre la marcha. Ellas fueron detenidas por supuesto daño y atentado, no se sabe a qué ni a quién, y ellos siguieron camino muy sueltos. Lo único claro fue la adhesión política al descontrol represivo. La confusión imperante era tal que recién al día siguiente fue posible reconstruir en parte la cadena de responsabilidades. Actuaron la nueva Policía de la Ciudad (tanto grupos provenientes de la ex Policía Federal cuanto de la ex Policía Metropolitana) y algunos de lo que queda de la Policía Federal, cuya presencia en la Ciudad no se explica. En las planillas con nombres de detenidos, la policía se refiere a sí misma como Metropolitana en algunos casos y como ex PFA en otros. El caos irremediable se verificó en la conferencia de prensa (por desgracia sin control de alcoholemia) en la que Patricia Bullrich asumió haber impartido las órdenes, aunque el operativo lo coordinó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A esto se sumó el vacío judicial, acentuado por el traspaso y la unificación de fueros. Ni en la web de la justicia ni en el teléfono 0800 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad era posible determinar cuáles eran la fiscalía y el juzgado de turno para tramitar la libertad de las detenidas. Fuera de horario (y todo ocurrió bien entrada la noche), sólo el comisario podía hablar con la fiscalía y el juzgado de turno. Tampoco estaba abierto el juzgado de turno de habeas corpus, cuya titular tardó tanto en resolver que se le anticipó el juez de menores, porque según se dice pero tampoco consta, había alguien de menos de 18 años que atrajo la competencia del resto. Una vez concedida la libertad, no se efectiviza hasta que se certifica el domicilio y llega el médico legista. Como además las trasladaron de una comisaría a otra, se duplicaron la certificación y la revisión médica, lo cual duplicó el tiempo de privación de la libertad.
Aún así, fue imposible disimular que el movimiento de mujeres, travestis y trans, heterogéneo y sin jefas, iniciador del fenómeno del #NiunaMenos en Buenos Aires en 2015, ya se generalizó a 41 naciones del mundo. En ninguna de ellas se llegó a las 200.000 personas que participaron de las concentraciones en 60 ciudades argentinas. Para encontrar antecedentes hay que remontarse hasta la década de 1940, con las patas de los obreros industriales en las fuentes del poder o a la de 1970, a partir de la cual los organismos defensores de los derechos humanos fueron un condicionante insoslayable. El paro fue transversal a todas las fuerzas políticas, e incluso mujeres dirigentes de la Alianza Cambiemos publicaron su adhesión, como la diputada de PRO Silvia Lospennato, quien resumió su acompañamiento en la jerarquización del Consejo Nacional de la Mujer y en la igualdad de derechos laborales. En su libro “Mujer, sexualidad, internet y política”, el consultor Jaime Durán Barba declara la muerte de las ideologías y los relatos totalizadores como motivación de “los nuevos electores latinoamericanos”. No obstante el 8M incluyó una extensa serie de reivindicaciones que lo constituyó en un rotundo enfrentamiento con las políticas oficiales. Una represión tan violenta como innecesaria prueba que esa lectura fue compartida por el gobierno.
El lunes frente al Ministerio de Educación, los manifestantes que estaban más cerca del triunviro Carlos Acuña reclamaron que pusiera fecha al anunciado paro general. El canto se extendió al conjunto de los docentes y de los demás trabajadores que los acompañaban. Incómodo, el orador asintió: “Mañana la CGT va a anunciar la fecha del paro”, dijo. El día siguiente, mientras las columnas iban poblando el acto gigantesco frente al Ministerio de la Producción, el dirigente del sindicato de Panaderos, Abel Frutos, quien estaba a cargo de la seguridad de la concentración, reprochó lo sucedido el lunes a colegas de la Central de Trabajadores Argentinos.
–Al que intente corrernos con el paro hoy lo llevamos a trompadas hasta la 9 de Julio. Que vayan a la CGT a discutir la fecha –advirtió con simpatía.
Le respondieron que la consigna surgió de afiliados a gremios que forman parte de la CGT, como los maestros particulares de Sadop, los técnicos de AMET o los docentes de la provincia de Buenos Aires y la Nación unidos en Udocba y UDA, a los que luego se sumaron con entusiasmo los del Suteba bonaerense y la Cetera nacional, que son la columna vertebral de la CTA, y los de la Federación de Educadores Bonaerenses, que integra Docentes Argentinos Confederados, DAC y no forma parte de ninguna central. Esta incomprensión del clima social no era privativa de Frutos. Cuando el Segundo Triunvirato comenzó a percibirlo, decidió adelantar una hora la iniciación del acto, por temor a que se le escapara de las manos, cosa que de todos modos no pudo impedir. Las posteriores acusaciones a la CTA, al kirchnerismo, a la izquierda o a ciertos intendentes sólo desahogan un reflejo maccarthysta en cuya realidad no creen ni quienes las propagan. Esos grupos estaban a centenares de metros del palco y gracias a la desorganización general ni siquiera sabían lo que pasaba, salvo aquellos que consultaban sus teléfonos de bolsillo, porque no había equipos reproductores de sonido que lo difundieran. En los días previos Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingeri se inclinaban por realizar la movilización, que calculaban entre 10 y 15.000 personas, pero no convocar al paro. Coincidía con ellos Rodolfo Daer, hermano del triunviro Héctor y ex secretario general de la CGT, según cuyo análisis marxista “no hay un nivel de conciencia popular suficiente”. El metalúrgico Francisco Gutiérrez, al tanto de la intensidad del conflicto docente por la decisión oficial de suprimir la paritaria nacional y colocar un techo del 18 por ciento y en cuotas a la bonaerense, les advirtió del mar de fondo que se incubaba, por lo cual ese cálculo sobre la magnitud del acto le parecía ridícula. Se podrá discutir como siempre, cuántos centenares de miles asistieron, pero aún la estimación más modesta decuplica lo que imaginaba el Segundo Triunvirato, que no padeció una agresión física sino una exigencia acuciante de pararle la mano a un gobierno que no reconoce límite si no se lo imponen.
Desgaste y pelea
El desgaste oficial no perdona ningún aspecto. La economía ha dejado de caer con el vértigo del año anterior, pero tampoco se recupera en forma perceptible mientras todas las mediciones indican que han crecido la pobreza y sobre todo la indigencia. Hasta el maquillador Indec oficial midió 2,5 por ciento de aumento del IPC en febrero, de modo que Macrì podría decir que la inflación bajó al doble. Al mismo tiempo cayeron la imagen del presidente y de la gobernadora bonaerense María E. Vidal y las expectativas sobre el futuro de la situación económica y recuperó consistencia la desazón por los problemas de seguridad. De la mano de los negocios personales del presidente con el Correo y con la línea aérea MacAir, que forzaron un apresurado retroceso, se instalaron con una fuerza inédita dos certidumbres paralelas: que el actual es el gobierno de los ricos y que no está en condiciones de predicar honestidad y transparencia. Es como si se hubiera disipado el hechizo que durante un tiempo hizo olvidar quién era y de dónde venía el hombre de negocios dudosos con el Estado Maurizio Macrì. La duda que acucia a su gobierno es si esto tiene regreso o es un plano inclinado que sólo podrá acentuarse. La resistencia social a las políticas oficiales, que retrasó y complicó su ejecución, tampoco se atenuará ahora.
En cualquier caso, es ostensible con el caso de los docentes y el de los metrodelegados que el gobierno no piensa asistir impasible a la respuesta colectiva a sus políticas. La forma en que se produjo el fallo de la sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (por el voto de la jueza Graciela González al que adhirieron sus colegas Miguel Angel Maza y Miguel Angel Pirolo, considerados entre los más reaccionarios del fuero), es reveladora. Ante la concesión de la personería a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, en diciembre de 2015, la UTA apeló a la Cámara. Al mismo tiempo los supervisores reclamaron por su inclusión en la nueva entidad. Los metrodelegados les dieron la razón porque nunca habían pretendido representarlos, pero la Cámara devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo para que se pronunciara sobre ese detalle antes de resolver la apelación de la UTA, que reivindicaba la representación del conjunto. El ministro Jorge Triacca se lo quedó durante todo el año 2016, recién lo devolvió en febrero y la Cámara lo resolvió en el record de diez días. La UTA es el gremio clave para el éxito de un paro general, porque la falta de transporte colectivo es la justificación para el ausentismo de los demás trabajadores que impide a las empresas descontarles el día, una práctica histórica del patronato a la que ahora adhiere con entusiasmo el Estado. Pero además, los metrodelegados son uno de los sindicatos más combativos y quebrarlos, igual que a los docentes, es un objetivo estratégico para un gobierno que no sólo se niega a devolver en 2017 algunos de los 7 a 12 puntos de participación en el ingreso que perdieron las distintas categorías de trabajadores en el comienzo de la Revolución de la Alegría, sino que está decidido a incrementar esa pérdida. Con una inflación que ya se advierte que no bajará del 25 por ciento y podría acercarse al 30, la insistencia en paritarias por debajo del 20 por ciento es batir un tambor de guerra. Lo mismo puede decirse de la promoción del juicio político a los camaristas que convalidaron los acuerdos salariales de la Asociación Bancaria, muy por encima de la pauta oficial, y de las tremendas amenazas de matar a un hijo o un nieto del sindicalista docente Roberto Baradel, que coinciden en forma puntual con las instancias de la negociación paritaria docente en dos tramos de 2016 y por tercera vez ahora. Al mismo tiempo el aparato oficial de desinformación se arrojó al cuello del sindicalista, en un intento desesperado de deslegitimación basado en mentiras directas sobre la vida y las calificaciones del imponente Roby, como figura contrapuesta al Hada Buena. Lejos de aislarlo, estos golpes arteros reforzaron la solidaridad entre los seis gremios docentes, que nunca antes se habían mostrado tan unidos. Esto se demostrará en las dos próximas semanas, con nuevos paros y movilizaciones como la Marcha Federal Educativa, junto con actividades de solidaridad de intelectuales, investigadores científicos y estudiantes, que culminarán el 24 de marzo con otra megaconcentación en la Plaza de Mayo y alrededores. Pasado mañana un plenario reunificador de las dos CTA fijará fecha para el paro general sin esperar una decisión del Segundo Triunvirato de la CGT, que ya no tiene espacio para otra cosa. “Vendieron dos veces el levantamiento del mismo paro. No podía salirles bien”, concluye un conocedor de las entretelas del Segundo Triunvirato.
Tres movilizaciones masivas, una semana inolvidable. Mensaje rotundo contra el Gobierno. Los triunviros que no escucharon, entendieron ni lideraron. Los índices acusadores más la clásica crónica de despidos, suspensiones y cierres de establecimientos. Algo sobre el peronismo en pre campaña.
Las multitudes movilizadas fueron las protagonistas de la semana. Participaron cientos de miles, no importa la cifra exacta. Algunas o algunos habrán concurrido a dos de las marchas o acaso a las tres. Las jornadas rebosaron de civismo, afirmaciones de pertenencia, júbilo compartido. Expresaron a amplios sectores activos, que se perciben agredidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Subestimarlos o ningunearlos es siempre una tentación en Palacio. La conjunción de cuerpos, espíritus, cánticos y consignas revela que sería una gigantesca necedad, de la que nadie está exento. Menos que nadie un oficialismo de derecha, ensimismado, predispuesto a creer los libretos que se inventa o a vestirse con los disfraces que provee la prensa dominante. Quien quiera oír que oiga y ya se sabe quién es el peor sordo.
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La CGT está en orden: “El primer paro a Macri lo hacemos nosotrxs” pudieron expresar militantes, dirigentes o mujeres de a pie que redondearon el formidable 8-M.
La acción colectiva es política por definición: interpela al Estado y a los gobiernos, exige cambios. La versión argentina del paro internacional de mujeres produjo aciertos políticos organizativos, más allá del discurso. Una oradora única al cierre es un acierto cuando confluyen (y también contienden o discuten) grupos diferentes. Un documento colectivo, consensuado es un método atendible. La notable verbalización de Liliana Daunes desgranó demandas o afirmaciones que aludían a la sociedad civil, al mundo laboral, a las relaciones familiares, al aborto libre gratuito y seguro. En su torno se coreó, de entrada, “paro general”: el clamor que fogueados sindicalistas no supieron o no quisieron escuchar o interpretar o encabezar.
La Plaza de Mayo versus una asombrosa esquina de la city porteña, otra diferencia abismal. La Plaza es el espacio simbólico ideal para la protesta. Es, además, logísticamente adecuada: un ámbito relativamente amplio al que se accede por tres anchas avenidas: la de Mayo y las Diagonales Norte y Sur.
Escoger la sede del ministerio de la Producción (un damero de calles incomprensible, estrecho y desconocido) fue la primera opción amateur del acto de los trabajadores. No importó porque la marejada humana, expresiva del vasto abanico de la clase trabajadora, desbordó el marco, se ramificó en calles aledañas. Columnas enormes, grupos numerosos de personas “sueltas”, choris, empanadas fritas en el acto, gaseosas o birra, la tranquila alegría de pertenecer y afirmarse.
Esa movida, como las otras dos, fue transversal en lo político, pluripartidista, con un enjambre de “independientes”. Los triunviros que conducen la CGT podían haberse anotado un poroto con jugar lo que les marcaba el tablero. “Nadie le impone una fecha a la CGT” explicaron después, confusos, enojados, a la defensiva. La traducción clavada es que se dejaron “conducir”; no por las plurales bases sino por el gobierno. Una falla garrafal para tres peronistas, que deberían saber de eso.
El orden de los oradores pudo ser la enésima metida de pata. El más flojo, último, para cerrar. Héctor Daer, superado por el acontecimiento, le puso la frutilla al postre cuando enunció que el paro se hará “este año”. Furcio o lapsus freudiano, no es simple dictaminar a ciencia cierta. El punto es que la idea que el subconsciente de Daer habló por su boca es verosímil al mango. Leyó mal el contexto como quienes lo antecedieron en el parco y olvidable uso de la palabra.
Los organizadores no (auto) garantizaron el control de las cercanías del palco, otra impericia. Macanearon al afirmar que solo se embroncaron contra ellos los grupos que rodeaban al estrado.
Este cronista divagó con los pies por las avenidas. Estaba en Belgrano y 9 de julio cuando comenzaron los discursos, una hora antes de lo establecido mientras seguían llegando multitudes. Desde mucho antes que una sola consigna prendía en todos los grupos, sindicales o de organizaciones sociales o del territorio. Era “Paro general”. Se transformó de volea en “poné la fecha/la puta que parió”, como respuesta a la defraudación.
La cúpula cegetista divulga que quería saltear la fecha del 30 de marzo, que conmemora una formidable jornada de lucha contra la dictadura encabezada por Saúl Ubaldini. Les asiste parte de razón y un sayo les cuelga: ni el macrismo es la dictadura ni ellos son parangonables a Ubaldini. Quedaron expuestos, frustrando a quienes los hubieran vivado (o por lo menos, se hubieran retirado conformes y en calma) si hubieran cumplido con el mandato “de abajo”… que era, a la sazón, el motivo de la convocatoria.
Sería impropio también el cotejo con el Hugo Moyano de sus buenos tiempos o aún con el vandorismo que entendía que había momentos para golpear, para después dedicarse al deporte predilecto: negociar.
Conceder al gobierno un plazo adicional (una semana, un mes) para que cambie la política económica es un abuso de ingenuidad o de hipocresía. El matutino “Clarín” divulgó que Macri en persona llamó a los triunviros y les pidió que enfriaran el acto. Los concernidos negaron las conversaciones que no son verificables sin la cooperación de quienes pinchan teléfonos. Pero, de nuevo, la especie es creíble aunque no fuera estricta.
La conducción cegetista se ablanda en pos de una reunión, así derive en fiascos tan chocantes como el “pacto anti despidos” o la promesa del bono para fin de año.
Rehusamos hacer vaticinios sobre el futuro inmediato de la cúpula cegetista. Los triunviratos son inestables, por antonomasia. Marco Antonio podría dar fe desde ultratumba. Hubo uno en la Central Obrera con José Luis Lingieri, Hugo Moyano y Susana Rueda, la ciento y única mujer que fue (un tercio de) Secretaria General de la CGT. El ensayo duró un añito, entre 2004 y 2005 y decantó en la figura del líder camionero. Los triunviros actuales quedaron descangayados. Anunciarán la huelga, se traducirá como una nueva derrota o una concesión in extremis.
El peso específico de la CGT excede el bajo desempeño de sus referentes: pervive. Las convenciones colectivas son una institución que contiene y expresa al conflicto entre patrones y obreros. Cada dirigente mostrará entonces su carnadura, hay varios que llegan con necesidad de revalorizarse, demostrar la representatividad que malversaron en el palco. Habrá que ver.
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Otras voces, otros ámbitos: La Capital concentra la atención pero las revueltas ocuparon otras geografías. Nuevos frutazos, laburantes que se plantan ante los establecimientos que cierran… Son menú cotidiano, más expresivos que guarismos estadísticos de los que algo hablaremos, de todas maneras.
En los próximos días las organizaciones sociales prometieron copar la parada. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie anunciaron centenares de cortes para el miércoles 15. La Ley de Emergencia Social, estuvo sin reglamentar casi tres meses. En los hechos, es una promesa que cuelga de un cuadrito. El oficialismo se prodiga en encuentros y promesas vacuos. Por lo que parece, los referentes sociales captaron mejor que los cegetistas el pulso de la calle: no hay margen, hoy en día, para dejarse dormir con palabras o conciliábulos sin sustancia.
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Cifras e indicadores: Se conocieron el (excesivamente) célebre informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el índice de precios al consumidor del INDEC.
Ambos refutaron los embustes optimistas del gobierno.
Este cronista jamás fue devoto de los datos de la UCA. De cualquier modo, son más creíbles (relativamente) cuando evalúan la evolución o involución que en sus valores absolutos.
El titular del INDEC, Jorge Todesca, habrá intentado retocar un poquito los índices. Pero no hay modo de encubrirlos del todo.
Los indicadores de la calle son, en la mirada impresionista de quien esto escribe, más impactantes. Despidos y suspensiones, a menudo en cupos de cientos de empleados, se reiteran en la crónica cotidiana. Expoagro festeja a la élite “del campo” mientras las economías regionales zozobran. Los tambos caen como moscas, también las grandes corporaciones lecheras que los explotan desde el fondo de la historia. American Express relocaliza sus locutorios, los traslada a México: pésima nueva para el gobierno que no consigue bajar (tanto) los sueldos en dólares para consagrar su modelo de competitividad. Salarios todavía no irrisorios en dólares pero insuficientes en pesos, ese es el escenario que se configura.
La inflación, el achatamiento del consumo, la devastación de ramas de la producción, de pueblos y ciudades conformados en torno a ciertas actividades evocan demasiado a los finales agónicos de la etapa neoconservadora de la convertibilidad. Los trabajadores son otros, distinta su conciencia, menor su abatimiento. Se creyeron, no más, que son portadores de derechos que exigen y reivindican. La calle no macanea, la polifonía es un desafío para las fuerzas políticas y un mentís para el relato macrista.
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Distracciones y realidades: Parafraseando al presidente Juan Domingo Perón: cuando los gobiernos de derecha agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento policial. El macrismo atravesó una semana espinosa y terminó, fiel a su idiosincrasia, atacando con sadismo a mujeres, en las postrimerías del 8-M. Los uniformados violaron derechos básicos, con la anuencia de funcionarios judiciales y del poder político. Ensañarse con el cuerpo de las manifestantes concuerda con el paradigma oficial… mucho más que el ensayado “ni una menos” que Macri tenía escrito en su discurso del primero de marzo.
Episodios de violencia como los del martes y el miércoles preocupan, siempre. Pero fueron nimios, laterales, numéricamente insignificantes comparados con la magnitud de las jornadas y la cantidad de manifestantes. El Gobierno, con buena ayuda de los medios audiovisuales (que hacen foco en esos detalles morbosos, en detrimento de lo esencial) se esmera en presentarlos como lo más importante que sucedió. Personalizar, criminalizar, judicializar son rebusques para despolitizar el eje.
Terminemos esta columna en capicúa, pues. Las multitudes movilizadas fueron las protagonistas de la semana. Sus voces, sus presencias concuerdan con el cuadro general de empobrecimiento de la clase trabajadora y devastación de buena parte del aparato productivo. La calle habló y su mensaje fue preciso, rotundo, quizá pionero, posiblemente inolvidable.
Maestros, mujeres, trabajadores demostraron su poder de movilización y pusieron en crisis los relatos oficiales. Una galería de imágenes que muestra el protagonismo de los sectores populares.
El peronismo sindical paralizará Argentina el próximo 6 de abril. Al menos eso han prometido los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) tras el anuncio de una huelga general de 24 horas, la primera que declaran al presidente Mauricio Macri, en el poder desde hace 15 meses. Macri deberá lidiar con una lógica de protesta que fue el azote de sus antecesores no peronistas, como Raúl Alfonsín (1983-1989) o Fernando De la Rúa (1999-2000). Ambos se fueron antes de tiempo. Consciente de ese peligro, Macri acordó una tregua con el sindicalismo que se rompió en el inicio del año, cuando se hizo evidente que se demoraba la reactivación económica prometida por la Casa Rosada. El anuncio de la CGT coincidió con una mejora en el índice oficial de desempleo. Durante el último trimestre del año, el porcentaje de argentinos sin trabajo se redujo del 9,2% al 7,3%, aunque la cifra oculta que la tasa de actividad económica ha caído del 46% al 45,3%.
La CGT ha elegido bajo presión la fecha de la huelga general. Una masiva manifestación organizada por la Confederación el 7 de marzo pasado terminó con sus líderes apedreados por grupos radicales que le exigieron precisiones y no solo amenazas. Las diferencias sobre la mejor estrategia de confrontación al Gobierno amenazaron incluso con fracturar en dos a la central sindical, entre aquellos que impulsan la mano dura y los grupos considerados “dialoguistas”, representado por el triunvirato que lidera la CGT. “En estos 15 meses tratamos de reclamar con responsabilidad, más allá de los incumplimientos de este Gobierno en la mesa de diálogo. Pero estamos en la necesidad de dar una respuesta a los sectores que representamos”, admitió Carlos Acuña, miembro de la dirigencia de la CGT, al anunciar la huelga en una rueda de prensa.
Escuelas cerradas
Los maestros de todo el país pararon ayer por segundo día consecutivo para exigir aumentos salariales. Los gremios realizados manifestaciones en las principales ciudades, la más importante de ellas en La Plata, capital de Buenos Aires. Unos 50.000 docentes, a los que se sumaron otros trabajadores estatales, exigieron una subida de sueldos del 35%, por encima del 18% que ofreció el gobierno provincial. Los gremios docentes, que llevan ocho días en huelga, advirtieron que están dispuestos a dar batalla hasta el final a la gobernadora María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen de la administración macrista.
Vidal sostiene que ya no puede ofrecer más dinero a los docentes porque las arcas provinciales están vacías. Su estrategia fue entonces intentar al menos una disminución de la adhesión a la huelga con un premio salarial extra a aquellos maestros que decidieron dar clase. Los gremios provinciales redoblaron entonces la apuesta con la extensión del paro hasta este viernes y el apoyo a la huelga nacional de maestros convocada para el 22 y 23 de marzo.
La realidad social que plantean los sindicatos peronistas difiere de la oficial, un mapa que no tiene puntos de coincidencia. Donde la Casa Rosada ve nuevos puestos de trabajo y mejores oportunidades de negocios, la CGT ve despidos y la apertura de importaciones en sectores industriales sensibles. “Hemos perdido 52.000 puestos de trabajos en la industria, cayeron también en el sector agropecuario, en el sector minero. Queremos que el plan económico nos incluya a todos y por eso vamos a parar el día 6 de abril por 24 horas”, planteó Héctor Daer, otro miembro del triunvirato. La protesta no incluirá movilizaciones de calle, sino sólo “la inasistencia a los puestos de trabajo”, aclaró el dirigente.
La estrategia del Gobierno para neutralizar a los sindicatos peronistas ha sido, hasta ahora, liberar fondos a los seguros médicos controlados por los gremios y la firma de un pacto que debía paralizar los despidos durante enero y febrero. Pero la CGT consideró que las empresas no cumplieron con este último punto y denunciaron que algunos sectores de la industria, como el calzado y los juguetes, agonizan. Se opone, además, al techo de 18% de aumento que el Gobierno ofrece a los maestros de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país y en huelga desde hace una semana.
Macri ha empezado a sentir la presión de la calle, luego de un año de relativa paz social. Los grupos piqueteros, que representan a aquellos que han quedado fuera del mercado de trabajo, cortan cada día las principales avenidas y accesos a Buenos Aires, los maestros se encuentran en una negociación salarial sin final a la vista y la CGT irá ahora a la huelga. Los “gordos”, como se llama a los líderes sindicales peronistas, han sumado a la protesta a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que agrupa a empleados estatales y docentes, además de organizaciones sociales de izquierda. El Gobierno ve detrás de esta escalada al peronismo y, sobre todo, al kirchnerismo, al que acusa de alimentar las demandas para forzar una salida anticipada de Macri. En el fondo está la tesis de que no hay presidente no peronista que haya logrado terminar su mandato desde el regreso a la democracia en 1983.
La Casa Rosada tendrá ahora tres semanas para intentar destrabar la huelga del 6 de abril, aunque ya no tiene mucho para ofrecer a cambio. Macri ha dicho que el rumbo económico es inamovible y durante la reinauguración de una planta de PSA Group (Peugeot-Citroën) en las afueras de Buenos Aires pidió paciencia. La economía, dijo, “empezó a dar sus primeros pasos”, pero admitió enseguida que “para mucha gente no arrancó, porque hace 20 años que no arranca".
La protesta sindical se enmarca en un escenario de cifras negativas para el oficialismo, con índices de inflación récord (40% en 2016), una pobreza que no cede (creció en 1,5 millones de personas entre enero y diciembre del año pasado) y alta desocupación. El índice dado por el Indec, la oficina de estadísticas del Estado, determinó que entre octubre y diciembre de 2016 el porcentaje de desocupados cayó casi dos puntos con respecto a los tres meses anteriores, pero la cifra oculta que hubo una caída de la tasa de actividad de 0,7%. Esto significa que se registraron menos desocupados porque más gente “se refugió en la inactividad” y ya no buscó trabajo.
MACRI MARCÓ DIFERENCIAS ENTRE LOS QUE VAN A ESCUELAS PRIVADAS Y LOS QUE “TIENEN QUE CAER EN LA ESCUELA PÚBLICA”
Sin libreto no puede ocultar lo que piensa
En un acto armado para cargar las tintas sobre los docentes, el Presidente se apartó de su guión y desprestigió la educación pública. Dirigentes de los gremios, opositores y ciudadanos en general repudiaron sus afirmaciones.
Macri buscaba impactar con los resultados de las pruebas Aprender y terminó siendo criticado por dejar expuesto lo que piensa. (Imagen: DyN)
Transcurría la presentación de los resultados de una evaluación que hizo el Gobierno sobre la educación, cuando el presidente Mauricio Macri se salió del libreto y dijo: “Esto marca un problema de fondo: la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”. El uso del verbo “caer” generó una polémica que involucró a los opositores, los sindicatos docentes y que repercutió en las redes sociales con cientos de personas indicando su pertenencia a la educación pública. El Gobierno buscaba impactar con los resultados de las pruebas y responsabilizar a los gremios de “destruir la educación pública”. En vez de eso, el Presidente fue cuestionado por sus prejuicios sobre el sistema educativo público, que la mayoría de su gabinete jamás pisó.
La estrategia venía siendo adelantada desde hace días: Macri buscaba presentar los resultados del Plan Aprender en medio del conflicto docente que ya lleva tres semanas, a un día de la Marcha Federal Docente y cuando le exigen que respete la ley y convoque a la paritaria nacional. El Gobierno buscaba contraponer las demandas salariales a los resultados de la evaluación. No obstante, el desliz en el discurso terminó exponiéndolo a las críticas.
Tropezón y caída
En la presentación del Plan Maestro, Macri sostuvo que el resultado de las pruebas que le hicieron a un millón 400 mil estudiantes “es doloroso”. Indicó que hay un nivel muy bajo en lengua y matemática para los alumnos secundarios. Sostuvo que 7 de cada 10 estudiantes que egresan del secundario mostraron por debajo del margen en matemática, mientras que el 46,4 por ciento tuvo calificaciones por debajo de lo básico en lengua. Además, indicó que hay una brecha entre la educación pública y la privada:
“Es increíble que cinco de cada diez chicos no comprendan un texto en la escuela pública. En la escuela privada, son dos de cada diez”, afirmó Macri, quien se mostró sorprendido pese a que su gobierno viene filtrando hace días los resultados de los exámenes a través de los medios afines.
Luego vino la frase que coronó con los que “tienen que caer” en la escuela pública. Fue pronunciada por el Presidente cuando enfrenta el principal conflicto docente de su mandato. Lo acompañaba en la Quinta de Olivos el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que tiene en común con Macri (y con buena parte del gabinete) provenir de la educación privada y enviar a sus hijos a escuelas privadas. La posición entre educación pública y privada se ve reforzada por los datos de los años en los que Macri fue jefe de Gobierno, en los que se subejecutaron las partidas destinadas a la educación pública a la par de que crecían las que iban a subsidiar la privada. La participación del presupuesto educativo sobre el total en la Ciudad cayó siete puntos durante la gestión de Macri. Con su llegada a la Nación, se multiplicaron las denuncias por despidos en el Ministerio de Educación y cierres de programas, lo que llevó a comienzos de este año a la ocupación del ministerio y la represión de sus trabajadores.
Caen críticas
Tras la frase de Macri, hubo un rechazo masivo de los distintos sectores de la oposición, los gremios docentes y ciudadanos en general, que se expresaron en las redes sociales. La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, afirmó a este diario: “Me parece que cada una de las cosas que ellos han hecho tiene que ver con una decisión clara de enfrentar a los maestros, y además de desprestigiar la educación en la Argentina. El Presidente lo dice con todas las letras, porque afirma que `caen en la escuela publica’. La verdad, es grave. La realidad contradice lo que ellos están diciendo. Los grandes pensadores de la Argentina, los grandes investigadores, ¿donde estudiaron? No estudiaron en el Newman”.
Desde el Suteba, la secretaria de Educación y Cultura, Silvia Almazán, consideró que “es una desvalorización de la escuela pública y también de los trabajos y los proyectos que estamos desarrollando”. También advirtió que estaban analizando cómo se construyó el Plan Aprender, porque “los parámetros que se utilizaron podrían haber sido arbitrarios, en tanto algunos ejercicios tenían más valor que otros”. Almazán advirtió que esta frase del Presidente “se inscribe en un discurso de deslegitimación de la escuela pública”.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un emoticón de vergüenza junto con la frase de Macri y luego posteó una foto de un libro de Mario Benedetti con las siguientes líneas subrayadas: “El sistema es sencillo. Por ejemplo, quitémosle fondos a la Universidad de la República, y cuando esta empiece a ahogarse (...) señalemos entonces qué ineficaz se ha vuelto la educación pública, aún la superior, y destaquemos una vez más que la solución es la Universidad privada, donde no se producen huelgas y hasta hay una cierta facilidad para titularse”.
Por su parte, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá tuiteó: “¿Caer en la escuela pública? El acceso a la educación es un derecho que el Estado debe asegurar, Macri, no es una opción”.
“Es indisimulable la actitud del Gobierno en contra del Estado, de los trabajadores y del pueblo. Tomaron algunos módulos de educación para que les diera decididamente mal. Macri no comete un furcio cuando dice que tiene que caer en la escuela pública. Es lo que piensa. Es el desdén que tiene respecto del Estado”, advirtió el ex ministro de Educación Alberto Sileoni. “Construyen este diagnóstico para tomar decisiones dolorosas. Si tanto le preocupa la educación pública, ¿por qué discontinuaron los programas de capacitación? ¿por qué los chicos se quedaron esperando una netbook que nunca les llegó? ¿por qué no distribuyeron libros? ¿por qué desarman el Plan Fines, el Plan de Educación Sexual Integral?”, se preguntó.
El dirigente del Partido Solidario Carlos Heller indicó: “Nos toca defender la escuela pública, frente a una nueva embestida del Presidente Macri, que de modo cotidiano intenta avanzar en el vaciamiento del Estado y plantea caminos privatizadores”. “Nunca cayó tanto la educación pública como desde que cayó Mauricio Macri. El primer objetivo que tiene es destruir la paritaria nacional. El segundo objetivo es que la educación deje de formar personas críticas y que pase a formar chicos productivos. Se busca desmembrar nuevamente el sistema nacional y dejar desigualada la educación entre los pobres y los más ricos”, advirtió el ex ministro de Educación Daniel Filmus.
La dirigente del PTS, Myriam Bregman, advirtió que “Macri habló de los que tienen que ‘caer’ en la escuela pública. Es humillante. Nos agravia a todos”. En tanto, Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, indicó: “‘Los que tienen que caer en la escuela pública’ dice el egresado del Newman y la UCA que no sabe cuánto cobra ni un jubilado ni un maestro”.
El informe del jefe de Gabinete ante Diputados implicó la defensa del presidente Macri por el Correo, Avianca y los Panamá Papers. Derrochó optimismo en la economía a pesar de los datos y redobló las críticas al kirchnerismo por la "herencia".
Marcos Peña, en la Cámara de Diputados. (Imagen: Télam)
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados que los decretos publicados este mañana en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri, para evitar los conflictos de intereses en contrataciones y juicios no impiden el tratamiento en el Congreso de modificaciones a la Ley de Ética pública. Además, Peña volvió a defender el Presidente por la causa de los Panamá Papers y prometió que "se va a terminar corroborando que el presidente Macri no tiene nada que ver".
La Comisión de Asuntos Constitucionales abrió ayer el debate sobre los proyectos de ley existentes para modificar la Ley de Ética Pública, en una reunión agitada por las denuncias de los bloques opositores que exigían la confirmación de la presentación de los decretos presidenciales, algo que se confirmó por la noche, y las críticas por la "autoregulación" del mandatario tras los escándalos por el acuerdo con el Correo Argentino y la entrega de rutas aéreas a Avianca, en ambos casos operaciones relacionadas con el holding de la familia Macri.
El dictado de decretos sobre conflictos de intereses "no inhibe que el Congreso debata proyectos para reformar la ley de Ética", indicó Peña y aseguró que el debate tendrá el respaldo del oficialismo, además de anticipar que el Ministerio del Interior estudia "más medidas de transparencia para prevenir la corrupción". De esta manera, Peña, a través de una consulta de la diputada radical Karina Banfi, apuntó a saldar una interna del interbloque Cambiemos, en el que los radicales exigían que la regulación para evitar conflicto de intereses pase por el Parlamento.
Peña tuvo que realizar una efusiva defensa del Presidente y se enfrentó con los diputados del bloque del Frente para la Victoria (FpV): "No le falte el respeto a los argentinos, a la gente, y quédense muy tranquilos, los funcionarios argentinos, los funcionarios nacionales, van a cumplir la ley de ética pública y la normativa que hemos implementado de conflicto de intereses".
"Se va a terminar corroborando que el presidente Macri no tiene nada que ver con la mentira de los Panamá Papers", sostuvo Peña por la causa que investiga al jefe de Estado en presuntas operaciones de lavado de dinero.
Peña extendió su enfrentamiento con el bloque del FpV al acusar al exministro de Economía Axel Kicillof de dejar "a ciegas en 2016" al gobierno de Cambiemos porque "destruyeron todos los instrumentos de navegación", días después de que el Indec, en manos de Cambiemos, informara un crecimiento "desestacionalizado" en el tercer y cuarto trimestre de 2016, cuando el propio organismo había informado datos a la baja en empleo y actividad para esa misma época.
El jefe de Gabinete también apuntó contra el presidente de bloque del FpV, Héctor Recalde, al sostener la interpretación de la Ley de Financiamiento Educativo, por lo que no debería convocar la paritaria nacional docente, y acusó al kirchnerismo de no "discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires".
Peña también intentó revertir las críticas de la conductora Mirtha Legrand hacia el presidente Macri al ironizar: "Se está cerrando la grieta mal que mal", en respuesta a las reiteradas citas de los legisladores para señalar que desde el gobierno nacional "no ven la realidad".
Al momento de presentar datos que acompañen el discurso de "brotes verdes", Peña subrayó que “la recaudación tributaria está creciendo a un ritmo del 30 por ciento”, tomado del dato de enero difundido por la AFIP, que, sin embargo, significa una pérdida de aproximadamente 7,5 puntos con respecto a la inflación estimada para los últimos doce meses.
Otro dato aportado por Peña fue sobre las cifras de empleo, indicando que en "diciembre de 2016 había 12.100.000 registrados” y resaltó que “representa más de 80.900 nuevos empleos que en el mismo mes de 2015”. Si se repasa el detalle del tipo de empleos generados, se revela que un parte importante no ocurrió en el sector privado sino a través de empleos públicos, monotributistas sociales, monotributistas y autónomos independientes, y empleadas de servicio doméstico.
Respecto de la pérdida de puestos de trabajo, algunos diputados exhibieron carteles sobre la críticas situación que atraviesa la empresa lechera Sancor, que cerró uno de sus plantas y suspendió a 70 trabajadores. Peña, a pesar de las denuncias sobre la falta de respuesta del Ejecutivo, se despachó cargando nuevamente contra la gestión kirchnerista al señalar que “estamos trabajando para corregir, además, las distorsiones generadas por una política improvisada, intervencionista y autoritaria"
“Estamos convencidos que el camino pasa por poner la realidad sobre la mesa y empezar a invertir en aquellas cuestiones sociales que permitan trazar un horizonte a futuro”, prometió el ministro coordinador.
Y a este delincuente evasor no lo toca la " justicia "Argentina ?
BONADIO ELEVÓ A JUICIO ORAL LA CAUSA DE DÓLAR FUTURO
Una maniobra que pasa a otra instancia
El juez dispuso el cierre de la instrucción del expediente. Junto a Cristina Kirchner irán a juicio oral, entre otros, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli.
En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Kirchner, el juez federal Claudio Bonadío envió a juicio oral la causa abierta contra la ex mandataria y varios ex funcionarios por las operaciones de dólar futuro. La elevación del proceso a esa instancia había sido pedida también, y de manera urgente, por la propia CFK. Ninguno de los imputados está acusado de haberse enriquecido con esas maniobras financieras. Por el contrario, quienes fueron beneficiados son parte de los gerentes y empresarios que actualmente ocupan puestos de gobierno y a los que el propio Bonadio eximió de cargo y culpa.
La ex presidenta está acusada de supuesta “defraudación contra la administración pública” en la fijación del precio del dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015. Por ello, Bonadio le dictó un embargó de 15 millones de pesos, una medida que derivó luego en la inhibición general de todos los bienes de la ex presidenta.
En la misma causa que CFK están investigados el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios de la gestión anterior. Todos sostienen que con esa operatoria lograron evitar una gigantesca devaluación que hubiera pegado de lleno en los salarios reales de los trabajadores y en los ingresos de los jubilados.
De hecho, los funcionarios kirchneristas alegan que la devaluación de fines de 2015, concretada por el macrismo, produjo una inflación del 30 por ciento y fue un golpe para la mayoría de los ciudadanos del país.
Quienes presentaron la denuncia contra Cristina Kirchner, los legisladores oficialistas Mario Negri, Federico Pinedo y el ex ministro Alfonso Prat Gay, sostuvieron que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15. Al llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri devaluó y entre los beneficiados por su decisión hubo varios funcionarios de su gobierno.
Por el mismo tipo de operaciones financieras fueron sido denunciados a finales del año pasado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, Bonadio declaró la "inexistencia de delito" en esos casos.
El pedido para que la investigación pase a la etapa oral había sido formulado en febrero pasado por el fiscal federal Eduardo Taiano, luego de considerar “completa” la etapa de instrucción. El planteo surgió a menos de una semana de que el mismo magistrado pidiera la indagatoria de la ex primera mandataria y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros, en la causa Los Sauces.
A LAS 24 DE HOY ARRANCA EL PRIMER PARO GENERAL CONVOCADO POR LA CGT CONTRA LAS POLÍTICAS DE MAURICIO MACRI
Una muestra de rechazo al ajuste PRO
Desde la CGT adelantaron que la medida tendrá “alta adhesión” en todo el país. No habrá colectivos, trenes ni subtes. No está previsto ninguna movilización, pero la izquierda anunció cortes en los accesos a la ciudad.
La conducción de la central obrera espera hoy una muestra de rechazo contundente a las políticas oficiales.
Al final llegó el día del paro nacional. La CGT está confiada en la efectividad de la medida que cuenta con la adhesión de las dos CTA, pero no se descuida. Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera, pronosticó una “alta adhesión” y, de paso, aclaró que si algunos sectores realizan piquetes, “serán inocuos porque no habrá transporte”. En tanto, el titular de la CTA, Hugo Yasky, negó la condición desestabilizadora de la medida de fuerza y aseguró que “el paro se hace no por aquellos que tienen la caja de seguridad llena sino por los que tienen las heladeras vacías”.
La medida, la primera desde que Mauricio Macri asumió el gobierno, comenzará a partir del primer minuto de este jueves. El servicio de transporte público de pasajeros será uno de los pilares que garantizarán la efectividad. Ayer, desde los altavoces de la estación Constitución se anunciaba que durante la jornada del 6 de abril no habría servicio. En los subterráneos no saldrá ninguna formación. “No tienen ni los empleados jerárquicos para mover los trenes”, aseguró a este diario Roberto “Beto” Pianelli, titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del subte. Sin colectivos y trenes será una ciudad detenida. Los hospitales mantendrán las guardias mínimas, lo que garantizará la atención en casos de emergencias y no mucho más.
Entre los hombres de la CGT había confianza sobre el éxito de la medida pero, agregaban, no querían confiarse ni distraerse porque el Gobierno buscaba presionar y conseguir, a través de medios de comunicación amigos y redes sociales, que un sector de la población rompa el paro. “La movilización del sábado pasado hizo que el gobierno crea que está fuerte y puede contrarrestar nuestro paro, pero se van a llevar una sorpresa”, comentó uno de los hombres que ocupa una de las secretarías de la CGT.
Schmid negó de manera rotunda que vayan a existir “impedimentos para quien quiera ir a trabajar” pero advirtió que “lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades por la alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública”.
A su turno, Héctor Daer, otro de los integrantes del triunvirato cegetista, advirtió que la medida de fuerza tendrá un “apoyo contundente” y servirá para desmentir al gobierno de Macri que dijo que era “una medida oportunista”. Según Daer, el principal responsable de la convocatoria y el éxito del paro es el gobierno porque “es el único responsable de que haya más pobreza, menos trabajo y menos actividad económica”.
Fiel a su estilo directo, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió al Gobierno de una más que segura profundización de la protesta si luego del paro “no da respuestas a los reclamos de los sindicatos”. Es más, Moyano aseguró que entre los afiliados del sindicato que conduce hay un porcentaje importante que exige una repetición de la medida, esto es convocar a otro paro nacional en poco tiempo más.
Moyano se animó y avanzó sobre el día después del paro. Por lo pronto, anticipó que la semana que viene la CGT se reunirá para analizar los pasos a seguir aunque anticipó que “hay muchos compañeros que quieren seguir con estos reclamos, ya sea con otra medida de fuerza o en la calle, con movilizaciones”. El hijo de Hugo Moyano justificó la necesidad de continuar con un plan de lucha porque con el gobierno de Macri “te quedas cruzado de brazos o seguimos peleando para que no cierren fábricas y evitar despidos”.
Yasky, que junto a la CTA de Pablo Micheli decidieron acompañar la medida de fuerza de la CGT, aprovechó para hablar durante el anuncio de la inflación de marzo que emite el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que arrojó un 2,1% de inflación de marzo, igual a la de febrero pasado y que muestra una inflación interanual del 27,9%, promediando un 29,6% interanual en el primer trimestre. Allí, Yasky señaló que las cifras que arroja el estudio cuenta de que “somos los trabajadores los que terminamos pagando los platos rotos de los desaguisados del plan económico del gobierno”. Es más, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo quedará más expuesta con el paro porque “será un plebiscito de la política del gobierno que sólo causó despidos, desempleo y caída del poder adquisitivo de los trabajadores”.
Yasky rechazó la acusación del Gobierno, que acusa al paro de desestabilizador y de poner en riesgo la democracia. “Si hay un sector que puso el cuerpo y su sangre para defender la democracia fue el de los trabajadores. Nunca en la historia se conoció que lo haya hecho un dirigente de la Sociedad Rural, de la Bolsa de Comercio o de una multinacional. Por eso paramos, basta de gobiernos que gobiernan para los ricos”, afirmó.
El Gobierno buscaba ayer maneras de debilitar la medida. El gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta anunció que habrá una fuerte presencia policial para garantizar la seguridad de quienes deseen movilizarse para ir a trabajar. También anunció estacionamiento gratuito y peajes libres en las autopistas de acceso a la Capital Federal.
BUENOS AIRES (DyN) - El diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido lanzó hoy sospechas de coimas sobre la empresa constructora IECSA, que perteneció a la familia del presidente Mauricio Macri, mientras la dirigente oficialista Graciela Ocaña acusó a la Justicia de "negarse" a investigar el caso de corrupción de Odebrecht.
De Vido, cuya indagatoria en las pesquisas relacionadas con supuesta corrupción en obras gasíferas pidió recientemente el fiscal Federico Delgado, sostuvo que "sería muy bueno que un fiscal analice los precios de las ampliaciones de los gasoductos de mi gestión e investigue los actuales", al replicar información periodística sobre la aparición en Estados Unidos de su nombre en la lista de coimas pagadas por Odebrecht.
El ex ministro sostuvo a través de la red social Twitter que si hay 42 nombres en la lista que da origen a la información "sería bueno dar la supuesta nómina completa y no con insistencia, una mentirosa y muy parcial". "Pregúntele a (Mauricio) Macri a quienes coimeó o corrompió IECSA, que está tercera en la lista de las empresas que mayor obra pública tuvo" dijo el ex ministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y descalificó la nota periodística por "falaz, mentirosa y tendenciosa".
IECSA perteneció al primo de Macri, Angelo Calcaterra, quien la vendió Marcelo Mindlin, líder del grupo Pampa Energía y dueño de Edenor. En tanto, la precandidata a diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña aseguró que "el Gobierno está haciendo todo lo posible" para que "el caso Odebrecht se investigue a fondo", pero, según denunció, "la Justicia se niega". En comunicado la dirigente indicó además que "hay más preocupación" por juzgar a los brasileños involucrados "que a los argentinos que recibieron coimas".
La Justicia "está más preocupada por lo que pasó afuera que por lo que pasó dentro del país", insistió Ocaña, que remarcó la necesidad de que el Estado "recupere" el dinero que se habría desviado en sobornos y sobreprecios vinculados a la obra pública. También abogó por modificar el Código Procesal Penal para que los procesos judiciales avancen "más rápido", y dijo que el problema central de la lucha contra la corrupción está "en la Justicia".
"El Consejo de la Magistratura no funciona y esto impide avanzar sobre algunos jueces", enfatizó. La precandidata adelantó que trabajará para que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, que le "facilitará al Estado recuperar los fondos de la corrupción". "Necesitamos una norma que establezca la responsabilidad penal de las empresas y la ley de recompensa, para que los que saben dónde están ocultos los bienes ilícitos de la corrupción puedan denunciar y reciban una retribución", sostuvo.
Exclusivo Macrì, Peña Braun, Caputo y Mindlin blanquean
Gianfrancamente hablando
Un hermano de Macrì, un primo de Peña Braun, el hermano de la vida Nicky Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar, Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas blanquearon 132 millones de dólares. Gianfranco Macrì blanqueó cinco veces más de lo que declaró Maurizio. El fiscal investiga la omisión maliciosa en la declaración jurada presidencial. La burda respuesta de un mercenario a la investigación sobre los bienes presidenciales.
Familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados. Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macrì, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macrì, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.
A la cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia (con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado. Intentaron engañar a la aliada revoltosa Elisa Carrió, que exigió excluir a los contratistas del blanqueo, pero no les preocupó que los viera toda la sociedad, que es más incrédula). Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de gabinete, blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares. El secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, es una pieza fundamental del universo macrista. Compañero de Macrì desde la primaria, abogado y directivo de SOCMA, no sólo es el último filtro antes de la firma presidencial. También fue quien organizó el fideicomiso opaco, a cuyo frente quedó José María Fernández Ferrari, el socio del escribano general del gobierno, Carlos D’Alessio, quien renunció a ese cargo para ocultar el conflicto de intereses. Clusellas Zorraquín tiene cinco hermanos. La mayor, Susana, está casada con Manuel Lucio Torino Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Además, Pablo Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macrì.
Estos 2319 millones de pesos, o 132,5 millones de dólares, pueden parecer una suma exigua, comparada con los 116.000 millones de dólares que blanquearon 254.700 CUITs distintos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el ministro Nicolás Dujovne y el recaudador Alberto Abad, de los cuales 96% corresponden a personas físicas y 4% a personas jurídicas. Pero adquieren otra dimensión si se recuerda que Maurizio Macrì declaró bienes por 82,6 millones de pesos, más otros 44 en el fideicomiso, en total 126,6. Es decir que su hermano golfer blanqueó cinco veces más. Esto ratifica la conocida práctica de la familia presidencial, que ha sido un actor destacado en la constitución de sociedades offshore y la fuga de capitales. La declaración jurada de Marcos Peña Braun es la más modesta del gabinete, con 600.000 pesos, pero su primo blanqueó 181 veces más. En el imprescindible libro recién editado por el economista y doctor en historia Eduardo Basualdo (“Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macrì”) se afirma que la reanudación del ciclo de la valorización financiera desde que comenzó el gobierno de Macrì ha incrementado en forma paralela el endeudamiento externo y la fuga de capitales, dos paralelas que se tocan en los grandes bancos transnacionales, que gestionan tanto la deuda como la fuga, y que tienen a varios de sus operadores en el gobierno. Que casi la mitad de los bienes declarados por los miembros del gabinete nacional estén fuera del país ratifica este perfil estructural del atraso argentino. Hoy esas tenencias son legales, como las de todos quienes figuran en el cuadro, porque el blanqueo perdonó los delitos que habían cometido, aunque no su memoria. Esa autoamnistía fue tan o más importante para el gobierno que la recaudación lograda, equivalente a un mes de recaudación impositiva, que dio un breve respiro a las castigadas cuentas públicas, con un déficit que supera al del tan denostado gobierno anterior. Lo que se fuga, sostiene Basualdo, no es el consumo de los sectores de altos ingresos, que nunca se han privado de nada, sino la inversión, lo cual refuerza la transferencia de ingresos en contra de los trabajadores y la desindustrialización. ¿Qué inversiones externas pueden esperarse en un país cuyas elites, ahora en el poder, funcionan como exportadoras netas de capital, como Angela Merkel le recordó a Macrì?
La clase alta va al paraíso
El blanqueo de capitales fue la respuesta oficial a la publicación de los Panama Papers, que revelaron la existencia de empresas del presidente en guaridas fiscales, que no habían sido declaradas bajo juramento a las autoridades tributarias. La lucha contra esos santuarios ha sido declarada prioritaria por la OCDE. El blanqueo fue camuflado dentro de una ley ómnibus que incluía presuntas mejoras para los jubilados y ninguna restricción para que pudieran aspirar a ese perdón los familiares de funcionarios ni los contratistas de obras públicas. Se trató del blanqueo más exitoso de la historia argentina y uno de los más importantes del mundo. Pero fue diseñado a la medida de los blanqueadores, no del Estado. El informe de cierre de la AFIP, divulgado en abril de este año, consigna que el 80 por ciento de los bienes blanqueados estaban, y siguen estando en el exterior, ya que la ley obligaba a exteriorizarlos pero no a traerlos de vuelta al país. Las estimaciones de los especialistas en la materia son que luego del blanqueo quedan más de 250.000 millones de dólares de argentinos en la clandestinidad fiscal.
El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, comenzó afirmando que los funcionarios públicos podrían acogerse al indulto, Carrió hizo saber en público que sólo lo aceptaría si excluyera a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que se trataba de una autoamnistía. De Prat Gay volvió a la actividad profesional, que incluye el asesoramiento sobre el manejo de fondos de grandes evasores, como la familia Fortabat, que estaba en el listado Falciani del HSBC y tiene tres miembros en la nómina del blanqueo; Carrió apuntó hacia otros blancos menos sensibles para el gobierno; Kicillof acertó al suyo. La primera concesión oficial fue excluir del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Luego, debió extender la veda a un gran número de funcionarios de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales. Pero fue inflexible en el grado de consanguinidad admisible. El dictamen de minoría del Frente para la Victoria hubiera impedido blanquear a quienes “ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”. Esto incluiría a los principales miembros de la Prima Famiglia. Una vez aprobada la ley, los impedimentos remanentes para familiares fueron levantados por decreto presidencial.
Respecto de Gianfranco Macrì y Tomás Peña Braun, aún sin el decreto rectificatorio hubieran podido presentarse al blanqueo, dado que la prohibición alcanzaba a padres, hijxs y esposxs pero no a hermanxs. Pese a todos los intentos de la oposición, el gobierno fue inflexible en mantener la puerta abierta para “quienes participaron en licitaciones y contrataciones públicas, concesionarios de servicios públicos, juegos de azar, etc. Muchos de estos se encuentran seriamente comprometidos en maniobras fraudulentas que la justicia investiga”, según el dictamen en minoría de las diputadas Margarita Stolbizer y Alicia Ciciliani, que impugnó la ley porque “canalizará el blanqueo de bienes fruto de la evasión y de la corrupción”. En este punto, el Frente para la Victoria coincidió con el gobierno y Stolbizer no volvió a tocar el tema una vez que sus temores se concretaron.
El proyecto protegía con los dos años de prisión del artículo 157 del Código Penal “el más absoluto secreto” de toda la información obtenida. La obligación de guardarlo no comprendía solo a los funcionarios intervinientes sino a cualquier tercero que divulgue o reproduzca “documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. A la prisión añadía “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”. Escribí entonces que “si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares”. Sólo me equivoqué en el monto que el amigo del alma se proponía blanquear. Las críticas fueron tantas y tan fuertes que el dictamen de mayoría excluyó a los periodistas y medios de comunicación del castigo por informar sobre la evasión fiscal. Sin ese cambio, esta nota hubiera constituido un delito penal. Pero hasta llegar a ese punto, el gobierno minimizó la cuestión y reivindicó el sigilo, para lo cual recurrió a razonamientos falaces. El presidente explicó que “hay actos que son públicos y otros que no lo son” y que es preciso “respetar la privacidad de las personas” (sic). Para el jefe de gabinete Peña Braun la norma no iba contra los periodistas, “tiene que ver con el secreto fiscal, con el mismo espíritu que está en el Código Penal”. Para los diputados oficialistas Pablo Tonelli (Unión PRO) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica Libertadora, ahora colaborador de Peña Braun en la jefatura) desde 1978 la ley 11.683 establece el más absoluto secreto de la información tributaria y extiende la responsabilidad de guardarlo a “los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones”.
No es cierto. Aquel decreto mal llamado ley establecía esa restricción, pero fue modificado en democracia por el presidente Carlos Menem mediante el decreto de necesidad y urgencia 606, convalidado luego por el Congreso. En consecuencia, desde 1999 el artículo 101 de la ley de procedimiento tributario establece que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes (…) y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales”. Es decir que hasta la sanción de esta ley, el delito no estaba protegido. Esto es lo que Macrì engloba como si fuera lo más natural del mundo dentro de la privacidad de las personas, que no debería ser expuesta al público, lo cual dice mucho sobre su conducta privada en relación con el interés público. El proyecto regresó al decreto de Videla, abriendo una ventana de oportunidad para el periodismo, por la que nos asomamos en esta nota. Esto es coherente con el interés propio del gobierno de las grandes empresas en el blanqueo de capitales ocultos y la amnistía para las deudas previsionales y aduaneras.
Requerimiento fiscal
El fiscal federal Ramiro González requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que pida informes al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires sobre las parcelas de 32,5 y 17,3 hectáreas en Bella Vista, que el presidente no incluyó en su declaración jurada. La desmentida que según el diario Clarín el presidente Maurizio Macrì encargó a un vocero sin cargo oficial genera más dudas que certezas. La velocidad de la respuesta en los medios del Grupo Clarín mide la inquietud del gobierno por la revelación. La nota de PáginaI12 fue citada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade quien denunció al presidente por omisión maliciosa. El vocero presidencial sin cargo sostuvo que Macrì vendió esos lotes antes de asumir como jefe de gobierno de la Capital. Ese es el año en el que la exposa de Macrì, Isabel Menditeguy, embargó la parte del campo que pertenecía a su consorte. El embargo fue levantado en noviembre de ese año.
El vocero reconoce que la Agencia de Recaudación Bonaerense emitió la boleta del impuesto inmobiliario a nombre del presidente, cuyo facsímil se publicó aquí, pero pretende que eso “no significa en absoluto que ese terreno sea de su propiedad”. La explicación de esa incongruencia sería “una sutileza técnica” que el presidente se abstiene de explicar. También hace silencio sobre algo más importante: la minuta de inscripción de la “adjudicación de inmuebles por subdivisión de condominio” en el Registro bonaerense de la Propiedad, fue registrada el 13 de julio de este año, no de 2007. Allí se afirma que los adquirentes en partes iguales son el presidente, casado en terceras nupcias con Juliana Awada, y su hermano Gianfranco Macrì, casado con Eliana Badessich. Lo mismo dice el Catastro provincial. Si la Agencia de Recaudación puede tener su registro desactualizado, al estilo de las compañías prestadoras de servicios que continúan enviando su facturación de electricidad o gas a nombre del propietario anterior de un inmueble, nada de eso es posible con el Registro de la Propiedad, donde la inscripción debe coincidir con la realidad. Por otra parte, la información suministrada por el vocero presidencial no obtuvo confirmación de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico), que construyó y vendió en las tierras de Macrì el barrio privado Buenos Aires Village. Su gerente general, Mateo María Salinas, es el apoderado de Macrì en la escritura por subdivisión de condominio. Su presidente, Jorge O’Reilly Lanusse, respondió una serie de preguntas sobre el sistema que utiliza y aclaró que los ocupantes de las casas tienen cada uno su título de propiedad. Es claro que el mismo terreno no puede tener dos propietarios distintos en forma simultánea. De modo que Macrì tiene la posesión del lote, como indican el registro de la propiedad y la agencia de recaudación bonaerense, o el dinero que percibió por su venta. Al llegar a este punto, O’Reilly cortó el contacto y no respondió más. Pero tampoco avaló la versión presidencial, que fue difundida hace hoy una semana.
Para la Agencia de Recaudación bonaerense, la valuación fiscal de ese predio es al presente de 122 millones de pesos. Otra boleta emitida a nombre de Maurizio Macrì por una parcela contigua, suma otros 11,6 millones de pesos de valuación fiscal. En total 133 millones de pesos, lo cual supera la suma de los bienes declarados bajo juramento por el presidente, más los depositados en el fideicomiso opaco. La minuta de inscripción de la división del condominio consigna además de la valuación fiscal el valor al acto del predio, que asciende a 477 millones de pesos. La valuación al acto se utiliza para calcular las tasas fiscales y los tributos a la herencia. Es siempre superior a la valuación fiscal pero inferior al valor venal o de mercado de la propiedad. Según el descargo del vocero presidencial la venta a la desarrolladora Eidico se realizó por un millón de dólares, que fue transferido en pesos a la caja de ahorro de Macrì en el Banco Galicia. El 13 de julio de este año, esa suma equivalía a 17,6 millones de pesos actuales. Cualquiera haya sido el origen del millón de dólares mencionado en el descargo presidencial, su traducción a pesos es siete veces menor que el valor real a la cotización actual.