Renuncia primer ministro de Islandia por Papeles de Panamá

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sumó ayer una nueva denuncia penal en su contra. Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe de bloque, Héctor Recalde, se presentaron en la Justicia para que se investigue el pago de 600 mil dólares a Arribas por parte de un operador de la empresa constructora Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas en el marco de la causa Lava Jato en Brasil. Además de Recalde, la presentación lleva las firmas de Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Sebastián Casanello, y será investigada por el fiscal Franco Picardi. En paralelo, la diputada García presentó un pedido para que Arribas sea citado para dar explicaciones en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. La denuncia se suma a la que anteayer realizó la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. En esa causa, desde la fiscalía de Federico Delgado adelantaron que en cuanto regrese de sus vacaciones pedirá las medidas de prueba correspondientes para iniciar la investigación.

Al tiempo que continúa el conflicto político al interior de Cambiemos y el Presidente Mauricio Macri mantiene a su amigo en el cargo, la situación judicial del titular de la Agencia Federal de Inteligencia comienza a complicarse. Los diputados del Frente para la Victoria quieren que se investigue si violó el artículo 258 del Código Penal, que establece la figura de pago de dádivas a funcionarios públicos.

Según publicó el diario La Nación el miércoles, Arribas recibió cinco transferencias en su cuenta del Credit Suisse en Zurich por un total de 594.518 dólares. La primera se realizó el 25 de septiembre de 2013 por 154.666 dólares. La segunda el jueves 26 por otros 70.500. Y las tres restantes el viernes 27, por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. La cuenta de donde salieron los fondos es del Standard Chartered Bank de Hong Kong y pertenecía a una empresa offshore denominada RFY Import & Export Limited, controlada por Meirelles, un cambista brasileño. En el juicio del Lava Jato en Brasil, Meirelles se acogió al régimen de “delación premiada”, bajo el cual reconoció haber utilizado esa estructura financiera y societaria para el pago de sobornos. La justicia de Brasil determinó que la firma RFY Import & Export Limited es una “empresa de fachada” destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión. “Dichas transferencias a la cuenta de Arribas, coinciden con un nuevo –y en apariencia– definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella)”, advierten los diputados del Frente para la Victoria en su denuncia.

En un comunicado de descargo, Arribas reconoció sólo una de las transferencias, por un monto de 70.475 dólares, “en parte de pago del precio por la compraventa de un inmueble de mi propiedad de la Ciudad de San Pablo”. Negó “enfáticamente” haber recibido otros giros o “tener vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigación del Lava Jato”. Youssef también está condenado en esa causa y era otro de los operadores de la organización delictiva junto con Meirelles.

“¿Cómo explica los otros 525 mil dólares?”, se preguntó ayer Recalde, en referencia al dinero recibido por fuera de la supuesta venta del inmueble en San Pablo. “Entendemos que el entramado es complejo y que algunas de las maniobras denunciadas son de desafiante comprobación, sin embargo, la gravedad de los hechos y el peligro de que estos ilícitos continúen cometiéndose, máxime cuando el endilgado ostenta actualmente un cargo público de máxima jerarquía, requieren este esfuerzo investigativo de parte de vuestra Magistratura”, sostienen los diputados en el texto presentado ante la Justicia.

Ni “amiguismo” ni “trato frecuente”. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, negó cualquier vínculo personal con las empresas aéreas Avian y Fly Bondi que pudieran haber influido para que las mismas, precisamente, resultaran las más favorecidas por el dictamen de la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA) de la mencionada cartera, en la evaluación sobre los tramos pedidos para la concesión de rutas de vuelos regulares. La sospecha había sido planteada por los gremios aeronáuticos, que pidieron la recusación del ministro, ya que “se habría pronunciado abiertamente en favor de las empresas solicitantes en forma previa a la evaluación técnica de sus propuestas”. A Avian Líneas Aéreas se la vincula con el Grupo Macri. A Fly Bondi, con el secretario coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Ayer, por decreto 111, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazaron la recusación dado que “no se acompañaron elementos u ofrecido prueba que eventualmente acreditara dichas circunstancias”. Paralelamente, un informe de un instituto especializado en aviación comercial, conocido ayer, da cuenta de las disparidades de resultados en el dictamen oficial y otros elementos que revelarían “arbitrariedades en la adjudicación de rutas aéreas”.       

Cinco empresas de las denominadas low cost (vuelos a bajo costo) se presentaron a la licitación a fines del año pasado para la explotación de rutas en cabotaje y vuelos internacionales. En total, solicitaron 458 rutas, 349 en cabotaje y 109 con destino internacional. Tras la audiencia pública, en la que se escucharon fuertes objeciones a los antecedentes de las empresas concursantes (incluso la ex titular de Aerolíneas Argentinas había pretendido presentarse, pero la desautorización del gobierno habría provocado su renuncia al cargo), la JATA emitió un dictamen recomendando cuáles rutas aprobar, cuáles rechazar y cuáles “aprobar con restricciones”, categoría esta última que, a criterio del Instituto Indetra (Investigación y Desarrollo del Transporte Aéreo), supone “restricciones que llegan a complicar tanto la operación de las rutas que puede tornarla inviable”.

El dictamen de la JATA arroja el siguiente balance:

•  De las 458 rutas solicitadas, fueron aprobadas 166 (36,2 por ciento);
•  Avian Líneas Aéreas solicitó 26, aprobadas en su totalidad (100 por ciento);
•  Fly Bondi pidió 99, de las cuales le aprobaron 69 (69,7 por ciento);
•  American Jet había pedido 69, y obtuvo aprobación en 41 (59,4 por ciento);
•  Alas del Sur y Andes obtuvieron, en cambio, tan solo el 11,9 por ciento (26 rutas de 218 pedidas) y el 8,7 por ciento (4 sobre 46) de aprobación, respectivamente. 

Además de la notable performance de Avian Líneas Aéreas, la única a la que le aprobaron la totalidad de las rutas solicitadas (25 de cabotaje y una internacional), el informe de Indetra destaca otras “curiosidades” en los criterios de aprobación de rutas:

•  Buenos Aires-Puerto Madryn. Fue solicitada por cuatro líneas aéreas. Sólo a Avian se la aprobó sin restricciones.
•  Buenos Aires-Comodoro Rivadavia. Fue solicitada por 4 líneas. Se la aprobaron sin restricciones sólo a Avian y Fly Bondi.
•  Buenos Aires-Río Cuarto. Dos solicitudes, aprobada solo a Avian.
•  Rutas Buenos Aires-Bariloche/ Calafate / Posadas / Resistencia/ Santiago del Estero / Tucumán/              Ushuaia. En las siete se presentaron las tres mismas líneas. A Fly Bondi le aprobaron sin restricciones las siete. A Andes, le aprobaron con restricciones las siete, y a Alas del Sur le rechazaron las siete. 
•  Similares beneficios se observan en la adjudicación exclusiva de la ruta Comodoro-Puerto Madryn a favor de Avian, y en la ruta Bariloche-Mendoza a Fly Bondi.

El informe del instituto que conduce Gustavo Lipovich (quien acompañó la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas) señala “arbitrariedades” en las aprobaciones, alimentando así las sospechas planteadas por los dirigentes de UALA, APLA, UPSA y APA, entre otros representantes de trabajadores de líneas aéreas. Señalaron ventajas para Avian y Fly Bondi en esta licitación, y perjuicios para Aerolíneas. Avian Líneas Aéreas es la filial de Avianca en Argentina creada en 2016 como sucesora de Mac Air, la empresa aérea del Grupo Macri que fue vendida a Avianca el pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente de Mac Air (cargo que también ocupó Mauricio Macri en los 90), es hoy el vice de Avian Líneas Aéreas. El secretario legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, fue hasta no hace mucho el apoderado legal de Mac Air e, incluso, de Avian en alguna gestión administrativa. Fly Bondi, a su vez, tiene como uno de sus dueños a Richard Guy Gluzman, quien fuera vice de Pegasus Argentina, empresa inversora cuyo titular era Mario Quintana. La misma fórmula Quintana-Gluzman aparece al frente de otras empresas, como Enflex SA o Entertainment SA.

Dietrich deberá ahora resolver, rechazada la recusación en su contra, la adjudicación de las rutas aéreas, contando con el dictamen del organismo de regulación a sus órdenes, la JATA, pero no exento de cuestionamientos.     

La propuesta del juicio político al presidente Mauricio Macri fue impulsada por el diputado del Frente para la Victoria Julio Solanas y fue acompañada por las firmas del jefe de la bancada, Héctor Recalde, y la del presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, entre otras. El planteo contra el mandatario es por "mal desempeño en la función pública y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".

Solanas, legislador por Entre Ríos, indicó que el proyecto se basa en la resolución de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien cuestionó el acuerdo por ser “ruinoso” para el Estado. "Se condonó el presidente 70 mil millones de pesos, el 50 por ciento del presupuesto de educación de este año", afirmó el diputado en diálogo con la agencia DyN.

El planteo hecho por el FpV tiene casi nulas posibilidades de avanzar en el Congreso debido a que la comisión de Juicio Político es presidida por el macrista Álvaro González.

Ayer el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, estuvo en la Cámara baja para intentar explicar lo acordado y reconoció que “es muy probable” que Macri estuviera al tanto de las negociaciones. Recibió críticas de la oposición y dejó varias preguntas sin responder.

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La política de apertura de la aviación comercial al capital privado, promovida por el Ministerio de Transporte en condiciones ventajosas para los ingresantes, implica un perjuicio para la sustentabilidad de Aerolíneas Argentinas. Esto no sólo fue denunciado por los gremios del personal aeronáutico, sino que hasta la entonces presidenta de la compañía, Isela Costantini, habría pretendido exponer su enfoque en contra de los mecanismos de cesión de rutas aéreas a privados que se iba a implementar. Según trascendió, la desautorización del Ejecutivo a que se presentara a la audiencia pública que trataría las propuestas privadas promovió su renuncia. 

 La audiencia pública tuvo lugar en la última semana de diciembre y allí ocurrió lo previsto. Dos de las empresas que participaron –en total fueron cinco– tienen estrechos lazos con el Gobierno en cargos principalísimos. El vínculo de Avian Líneas Aéreas con MacAir, la firma aerocomercial de Socma, el grupo empresario de la familia Macri, es innegable. Avian es el nombre bajo el cual comienza a operar en Argentina la firma colombiana Avianca. A mediados del año pasado, se informó que MacAir había sido transferida a Avianca, para ser incorporada a las operaciones de Avian. Pero el grupo Macri no se fue del todo de la empresa, y hasta se presume que no se fue en absoluto, ya que conserva en los puestos de control a gente de su entera confianza y que, prácticamente, mantiene en Avian Líneas Aéreas el mismo rol que cumplía antes en MacAir. Uno de ellos es Carlos Colunga, vicepresidente de Avian, que antes dirigió MacAir. En la documentación que se revela en estas mismas páginas surge el nombre de Carlos Cobas, ex gerente de MacAir que hasta hoy figura en la planta de Avian Líneas Aéreas. Con un agravante: ocupa un cargo de director dentro de la Secretaría General de la Presidencia.

Fly Bondi, otra empresa aérea de las denominadas low cost,  también surge vinculada al gobierno. Richard Guy Gluzman, uno de sus dueños y fundador de Fly Bondi SA y FB Líneas Aéreas, en junio y septiembre de 2016, aparece cruzado en varias sociedades con Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete, incluso como vicepresidente de Pegasus, la empresa principal del funcionario. Ambos, además, figuran como fundadores de la firma Gustos y Aromas SA en el año 2004. Hay un dato todavía más notable en el caso de este empresario francés de 63 años: desde marzo del año pasado, Richard Guy Gluzman fue incorporado en la función pública como empleado de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con el ambicioso cargo de “Coordinador de Mejoras Continuas”. 

Esta confusión de intereses se vio elevada al rango de escándalo cuando, como resultado del trámite de adjudicación de rutas aéreas, Avian y Fly Bondi no sólo resultaron las más favorecidas en proporción de propuestas aprobadas, sino que fueron privilegiadas con las más rentables. El trámite aún está incompleto, porque las rutas aún no fueron adjudicadas, pero ya pasaron por el filtro de la aprobación de la Junta Asesora (dependiente del Ministerio de Transporte) que las dejó colocadas en primera línea con: 26 rutas aprobadas para Avian en igual cantidad de rutas solicitadas (cero rechazo), y 69 rutas aprobadas para Fly Bondi sobre 99 pedidas (el 70 por ciento de aceptación).

1 La mano en el bolsillo

El jueves fue uno de esos días que empiezan mal. Cerca de mi casa una mujer grande vive en la calle. Se sienta, se acuesta, come, se rasca o dormita, siempre en silencio, sin molestar ni hablar con nadie. Nunca la vi pedir, ni quejarse. Uno de sus zaguanes preferidos era el de un instituto de belleza femenina. Le pusieron una reja que subsiste ahora que quebró, a pesar de los méritos propios de la estilista que de un tiempo a esta parte dejaron de surtir efectos positivos. Nunca se aleja más de una cuadra de allí. Me llamó la atención que no estuviera sola como siempre. Sentado junto a ella había un hombre fornido, que no llegaría a los 30 años, de pantalón, remera y mochila negros. Imaginé que sería un familiar que intentaba convencerla de un regreso a casa. Pero vi que no hablaban y que ella dormía. Seguí unos pasos y me detuve a mirarlos. El tipo le metió la mano en el bolsillo y le sacó un rollito de billetes. Por el color me pareció que el de afuera era de dos pesos. Cuando terminé de entender lo que había visto me acerqué y le dije que se los devolviera. Me miró con una expresión tan vacía que ni brutalidad denotaba.

–¿Por qué se los tengo que devolver? 

–Porque es injusto, ¿no ves que ella está peor que vos?

–Dejame tranquilo, no te metas conmigo– me contestó sin quitarse los auriculares y desprendiéndose de mi mano que intentó retenerlo para que no se alejara. Le bloquee el paso dos veces en distintas direcciones y el diálogo se repitió, hasta que me pegó un empujón y se fue. Lo seguí media cuadra pero iba más rápido de lo que yo puedo. La alternativa era gritar para que alguien de su edad y fortaleza lo tacleara y los honestos vecinos indignados lo lincharan como ya ocurrió en otras virtuosas ciudades y barrios, o buscar un policía para que llegaran varios patrulleros y se lo llevaran a molerlo a golpes en la comisaría y entregárselo al fuero que se encarga de los pobretones, a cuyos familiares veo todos los días aguantando en la puerta de la alcaldía de los tribunales de Lavalle. Por suerte no tuve ninguno de esos reflejos y lo dejé escapar. Había presenciado la miseria humana en su peor expresión, un pobre diablo que encontró una persona más golpeada que él para aprovecharse. 

2 Entre la tristeza y la furia

Pasé las horas siguientes entre la tristeza y la furia.

Se agravó cuando desde Jujuy me contaron que la noche anterior Milagro Sala intentó clavarse una tijera en la panza cuando le anunciaron que la llevarían a los tribunales para notificarle de tres nuevas denuncias en su contra. Me acordé de nuestro diálogo de hace un año, contador Morales, cuando planté mi valija en medio del pasillo del avión para que no pudiera escaparse después de simular que dormía durante todo el vuelo. Le pregunté cuándo iba a dejarla en libertad y me respondió que no decidía usted sino los jueces. Le contesté que los dos sabíamos que eso no era cierto, aunque recién en esa visita a su provincia supe que usted mandó destituir al fiscal que se negó a pedir la detención de Milagro y al magistrado que la había absuelto en varias causas. Tampoco conocía aún que usted había ampliado de 5 a 9 el número de miembros del Superior Tribunal, no en un año como le llevó a Menem sino en una semana, y ni siquiera para designar a algunos juristas afines pero ilustrados, como Julio Oyhanarte o Ricardo Levene, sino a dos de los diputados de su partido que terminada la sesión se calzaron la toga y juraron como jueces supremos, en un tribunal presidido por otra ex diputada radical que a todos les decía que había adoptado un chico, hasta que me pasaron la partida de nacimiento que prueba que se lo apropió y lo inscribió como si ella lo hubiera parido. Ese hijo apropiado lo patrocinó a usted, contador Morales, en su denuncia de 2003 contra Macrì por el vaciamiento del Correo Argentino en la que reclamó la rescisión del contrato y la ejecución de la garantía. Esa misma señora de su íntima confianza designó a su ex socio y yerno para que detuviera a Milagro. Y ahora que todo el mundo habla del Correo usted no dice esta boca es mía. Clarísimo.

Aunque Milagro Sala fue arrestada por reclamarle una audiencia por la supresión de planes e inversiones sociales, el argumento único con que usted me respondía era un monocorde “Se robaron todo”, al que yo sólo oponía que “eso hay que probarlo en un juicio”. Cuando ese diálogo circular ya no daba para más usted mostró su carta de triunfo y me dijo que tenía 60 causas preparadas para ir presentando a medida que se cayeran las anteriores, como la del acampe en la plaza. 

Lo que no llegó a contarme porque el resto de los pasajeros se impacientaron al percibir que las puertas del avión ya se habían abierto y nuestro diálogo les demoraba el descenso, fue que con cada causa caería una nueva humillación contra esa mujer que se atrevió a cuestionar la lógica de un bipartidismo dependiente del poder económico y a organizar a los más vulnerables en la lucha colectiva por derechos elementales en vez de aprovecharse cada uno del más débil como el rufián que le metió la mano en el bolsillo a mi vecina que vive en la calle. Y no le ahorraron ni una, respaldadas con una difusión paga por su gobierno que presenta como delictivos actos tan legítimos como cobrar un cheque en la ventanilla de un banco y guardar los billetes en un bolso. El colmo de la iniquidad fue el periodista que le dio micrófono y pantalla para que usted repitiera sus argumentos falaces, usando como panel de fondo una gigantografìa de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Desde la clandestinidad, con la certeza de ser perseguido y sin esperanza de ser escuchado, Walsh denunciaba con medios artesanales los atropellos del poder contra el pueblo. Casi 40 años después un mercenario con gesto de Catón usa esa carta para que desde el poder se difame a los luchadores y resistentes populares. 

3 Un catálogo de perversiones

El catálogo de perversiones que usted y los suyos volcaron sobre esa mujer y su organización no tiene parangón en las tres décadas de la democracia argentina. Designó una fiscal ad hoc para que se encargara de ella en cualquier causa pasada, presente o futura; se reunió con un grupo de cooperativistas que al día siguiente acusaron a Milagro de los delitos por los que ellos estaban procesados y cuya situación cambió por arte de magia; amenazó a los hijos de otra dirigente para que hiciera lo mismo, lo cual la llevó a un intento de suicidio; puso en libertad a un acusado de homicidio a cambio de que acusara a Milagro como instigadora; compró con empleos y transferencias bancarias a testigos falsos que le permitieran condenarla por un escrache ocurrido siete años antes y en el que ella no participó; mandó indagar a los dos hijos de su rehén y detener a su esposo, de 73 años; ordenó a un funcionario administrativo designado por usted que le suspendiera por tres años y medio sus derechos civiles y políticos, castigo ilegal, inconstitucional, anticonvencional que ni siquiera figura en el código contravencional invocado por su mandadero pseudo judicial. Consintió sin aplicar sanciones que apalearan en la cárcel a uno de los colaboradores de Milagro que no aceptó acusarla y que mataran por estrangulamiento en su celda al sobrino de 21 años de ese hombre. Privó a Milagro de su libertad durante la feria judicial del año pasado, por presuntos delitos que se habrían cometido años atrás, como si se tratara de un caso urgente, y esta semana la llevó por la fuerza a los tribunales para que se notificara de tres nuevas denuncias, en un trámite que hubiera sido más fácil y económico realizar en la cárcel en la que ya estaba detenida, pese a la recomendación de los peritos psicólogos de que no estaba en condiciones de enfrentar esa situación. Los funcionarios judiciales le anunciaron que se retiraban para que la psicóloga de tribunales la entrevistara. Milagro les pidió que se quedaran para que supieran del hostigamiento del que es víctima. 

–Nosotros no tenemos nada que ver señora, sólo cumplimos con nuestro deber –alegaron. 

Esa frase es el emblema de la cobardía burocrática.

–Lo que cumplen son las órdenes de Gerardo Morales que los usa y después los va a tirar. Lástima me dan ustedes –les dijo Milagro.

Las tres nuevas denuncias contra Milagro son por amenazas: alguien cuenta que otro alguien bajó la ventanilla de un auto y le dijo que si no se dejaba de pelotudear lo iba a hacer aca por orden de Milagro. Nunca un testimonio directo que la involucre, siempre dichos de terceros que invocan su nombre. 

4 Los despedidos

Su problema no es sólo con Milagro. Cuando ya la tenía entre rejas usted dejó sin sustento a miles de trabajadores de la Túpac Amaru, que era el tercer empleador de la provincia, luego del Estado y del ingenio Ledesma. ¿Los computará la CGT entre los despedidos por los que pedirá en su próxima marcha? También propició que decayeran por falta de mantenimiento las piletas de natación y el parque acuático que fueron el sello distintivo de la Túpac Amaru, un bien material pero sobre todo simbólico, porque antes era un privilegio de los muy pocos, mientras los muy muchos sólo podían refrescarse en los ríos contaminados con agroquímicos. Su hermano y cajero Freddy amenaza con querellar a quienes denuncien el escandaloso negociado de las tierras de Alto Comedero que junto con otros once ex diputados le compró y le revendió a la provincia, con una ganancia del 4000 por ciento en menos de un año. Yo los denuncié con todos los documentos oficiales que prueban el escándalo pero Freddy y los demás guardaron prudente silencio, protegidos por una prensa provincial y nacional cómplice que ignoró el tema como si no hubiera ocurrido. No existe la realidad sino la agenda, y la manejan ellos. Hasta ordenó usted que el Servicio Penitenciario devolviera al Correo los miles de tarjetas postales que Milagro recibió desde todo el mundo por su cumpleaños, alegando que no estaba autorizada a recibir ese tipo de correspondencia, en contra de lo que garantiza la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, a condenados y procesados como ella. Lo que busca es destruirla física y psicológicamente, reducir por la prepotencia a una líder impetuosa y arrolladora a un rol mendicante, con la ilusión de que algún día implore su compasión. Pierda toda esperanza de verla arrodillada a sus pies, porque aún sometida a esas condiciones degradantes conserva una dignidad de la que usted carece.

Para encubrir esa serie interminable de tropelías está enfangando a su partido, transformado en el ala derecha de la Alianza Cambiemos, lo que no es decir poco. La única queja de la conducción del radicalismo es que el PRO no le ofrece más cargos en el Estado y en las listas. Es doloroso ver a uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera&Cia y que gozó de la confianza de Raúl Alfonsín, trabajando para usted en la pillería de engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando visite el país, en mayo. Así lo demuestran los mails del estudio Gil Lavedra que publiqué aquí, dirigidos en nombre de usted a la presidente del Superior Tribunal, el fiscal de Estado y el encargado de Derechos Humanos de la Cancillería para combinar por encima de la división de poderes  y de la decencia cómo conseguir que la CIDH consienta la detención de Milagro, que ya calificó de arbitraria y cuya libertad solicitó en un comunicado. También está deteriorando el bien ganado prestigio argentino en materia de derechos humanos y hasta le está haciendo pagar un precio innecesario al presidente Maurizio Macrì, cuyo núcleo de allegados más próximos no ven la hora de librarse del chantaje que usted les impone, con la eficaz cooperación de Emilio Monzó y Gabriela Michetti, que abogan por la necesidad de los votos radicales en el Congreso. En España, por primera vez, Macrì mostró algún alivio porque el caso haya salido ya de la órbita jujeña y esté en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros antiguos y nuevos (a pesar del giro reaccionario que avalan con varios fallos recientes) tienen algo que defender y algo que perder si no ponen freno a esta barbarie desatada en nombre de la gobernabilidad, como confesó sin pudor el vicepresidente que no fue, Ernesto Sanz, ante una entrevistadora inteligente que con tono insinuante supo tirarle de la lengua. 

5 Hipócritas de saco y corbata

El día empezó mal y terminó peor. Al anochecer pasé por el mismo lugar y la mujer estaba despierta. Le di 100 pesos, que deben ser más de lo que le hurtó aquel canalla. Primero miró el billete, después a mi sin decir nada, y me imaginé que se preguntaba por las vueltas raras que da la vida. Un rato después Lucho Paz, el abogado y amigo de Milagro, me contó la desgarradora escena que acababa de vivir en el tribunal, que a él lo dejó literalmente de cama y a mí me hizo llorar de indignación y me impulsó a abandonar la nota que estaba escribiendo y encarar de un tirón esta carta abierta a un hipócrita mucho peor que el miserable de la mañana, porque ni siquiera pone el cuerpo y se sirve de un aparato de poder organizado por señores de traje y corbata, con título universitario, buenas casas y lindos autos, que además se creen honestos y respetables.

La química Atanor cerró dos plantas en Baradero y Munro poniendo en la calle a alrededor de 160 trabajadores. Los notificó (es una mala forma de decir) impidiéndoles entrar y mediante un papelucho sin el menor recaudo legal.

Los abusos de los empleadores agravan el dolor y la desazón. El “clima de negocios” los aúpa: las conductas se inducen desde arriba. Si la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich criminaliza en bloque a los inmigrantes paraguayos o peruanos instiga la traducción que harán, en la calle y con poder, gendarmes o policías que encuentren a sospechosos “marcados” desde el máximo nivel oficial.

Los laburantes de Atanor avizoran que la arremetida puede propagarse a otras plantas. La explicación de la empresa alude a las dificultades del mercado, causadas por la política económica del Gobierno del presidente Mauricio Macri, que las grandes corporaciones apoyan sin remilgos.

Atanor es un ejemplo entre tantos. La crónica los prodiga, aunque la narrativa mediática oficial los camufle o esconda. Se echan centenares de personas en la informática Banghó, en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín. El matutino homónimo les destina un recuadro de 20 líneas, invocando que hay otras imprentas que ya cerraron. Por el modo en que lo expone, podría tratarse de una catástrofe natural, como las lluvias o la sequía.

Bell Ville, Córdoba: La semana pasada contamos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) compró 500.000 pelotas de fútbol en China. Las usa para canjear puntos de clientes habituales. Hasta ahora, las adquiría en Argentina. El impacto de la decisión de los gestores macristas podría asolar la localidad cordobesa de Bell Ville. 

La empresa más grande del rubro, “Dale más”, está en peligro: ya echó trabajadoras y trabajadoras, por primera vez en décadas.  

El periodista Elio Rossi es oriundo de Bell Ville, se comunicó con este cronista. Le contó que, cuando tenía trece años e iba a la secundaria, trabajó como “cerrador de pelotas”. “Hay costureros y cerradores (los que colocan la cámara)”. Los costureros son más calificados: ganan más que los cerradores, describe Rossi.

En una nota publicada en “Lavoz.com.ar” la periodista Laura González cuenta que, hoy en día, una costurera cobra a destajo 70 pesos por pelota. Ese es el precio final de los balones chinos, ya en destino. 

Bell Ville fue declarada “Capital nacional de la pelota” por el Congreso nacional en 2016. En octubre pasado se celebró allí la “Fiesta nacional de la pelota”. Los homenajes son merecidos: Bell Ville acuna una gran tradición futbolera. La pelota sin tiento se inventó en esa ciudad que fue la cuna del colosal jugador Mario Alberto Kempes. La prosperidad productiva de los años más recientes redondeaba la lógica de los homenajes. Pero el macrismo es arrasador: tras los arrumacos institucionales, llegó la malaria, derivación de la despiadada política económica.

Hacer una pelota es una tarea artesanal, mano de obra intensiva. Los salarios no son rumbosos pero no pueden competir con los de China, que solo atienden a la subsistencia y donde es regla el trabajo infantil. YPF convalida ese dumping social. Así paga cada pelota a un tercio de lo que vale en Argentina.

No se sabe si esa obtusa fijación en los costos, desdeñando otros factores es producto de mentalidades tecnocráticas cerriles o de talibanes del mercado. El resultado es el mismo, en cualquier caso.

¿Es buena praxis que una empresa estatal, por ahorrarse lo que en su presupuesto general es un vuelto de caja chica, empuje al desmoronamiento a una economía local? La respuesta depende de la concepción del mundo o del país que tengan los decisores. Las ideologías existen y condicionan qué se hace.  El paradigma neoconservador se ne frega de la responsabilidad social, de priorizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo. 

Luján, Buenos Aires: En febrero de 2002, en este mismo espacio, se comentó la alegría de funcionarios duhaldistas al conocer la reapertura de Flandria, que había cerrado sus puertas como consecuencia de la crisis. Se trata de una empresa textil, afincada en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires. La creó un empresario de origen belga con formación social cristiana, Jules Steverlynck. Su historia es finamente contada en el libro “Curas con los pies en la tierra” de María Elena Barral. En su derredor se construyeron poblaciones laboriosas. Como en tantos lugares de la periferia bonaerense un club de fútbol homónimo, con camiseta amarilla, cifró la integración social: alguna vez rasguñó el ascenso a primera. 

La resurrección insinuada en 2002 y engrandecida desde 2003 conmovía a peronistas-productivistas, que muchos lo son. Algunos radicales también pensaban así, con el presidente Raúl Alfonsín a la cabeza, cuando sumarse a Cambiemos no era ni sueño, ni pesadilla, ni realidad.

En 2003, recuerda Barral, el presidente Néstor Kirchner inauguró un parque industrial en el predio original de la algodonera Flandria con 21 emprendimientos: textiles, químicos, de alimentos, de electrodomésticos y de ropa deportiva. Todos están en jaque ahora.

La industria textil de Luján prosperó en la etapa kirchnerista. Días atrás, según informó PáginaI12 esta semana, se declaró en emergencia. El colega Raúl Dellatorre reseñó que “está conformada casi en su totalidad por micro, pequeñas y medianas empresas, constituye el polo de tejidos planos más grande del país. Tiene una capacidad instalada de más de 1700 telares, el treinta por ciento de los cuales son de última generación tecnológica, condicionadas para producir diez millones de metros de tejidos planos”. 

La información divulgada en ese artículo enseña que “durante 2016, la producción de la industria textil lujanense cayó un 55 por ciento y las ventas, el 50 por ciento. En diciembre de 2015, el sector trabajaba al 100 por ciento de su capacidad, con triple turno y horas extras, ocupando más de 4500 trabajadores”. Los números exponen que la “pesada herencia” no era tal. Y desnudan qué desastres causó su ulterior administración meritocrática. 

Fuentes, Santa Fe: Los ejemplos se multiplican y recorren todo el territorio nacional. Las ciudades o pueblos medianos, congregados en torno de ciertas actividades son damnificados habituales.

El impacto total se medirá con el tiempo: el aumento de la desocupación baja el consumo, resiente el desarrollo local, genera depresión y enfermedades, agrava conflictos sociales, familiares. No hay que tener una bola de cristal para predecirlo, basta tener limpio el espejo retrovisor y recordar lo que sucedió en la década del 90 y el comienzo del siglo XXI. 

YPF era, antaño, la empresa cuyos cierres transformaban localidades pujantes en pueblos fantasmas. Hoy su conducción ejercita una variable perversa y absurda de la vendetta.

Hay un dato auspicioso, aunque insuficiente. No todos los mandatarios son tan desaprensivos como Macri: entre los gobernadores se advierten reflejos y reacciones de signo opuesto.

Ya lo hizo el chubutense Mario Das Neves, defendiendo las fuentes de trabajo de los petroleros.

En esta semana, la provincia de Santa Fe y el municipio de Fuentes decidieron impedir el cierre de la fábrica de muebles Fabricantes Unidos (Efe-U) que garantiza 28 puestos de trabajo. El ministro de la Producción santafesino, Luis Contigiani, acordó conceder un crédito blando, con intereses bajos, a tres años y con plazo de gracia. Son más de dos millones de pesos. Una lectura miope podría considerar que es demasiado “costo” para sostener a 28 laburantes. Fuentes tiene 3500 habitantes, según el censo 2010, la cifra de cesanteados y su proyección deben cotejarse con el tamaño de la ciudad. 

La buena nueva tiene alcance parcial, que se angostará a medida que pase el tiempo. Santa Fe afronta problemas similares por doquier. Por mencionar apenas un par: otras fábricas de muebles en Cañada de Gómez, productoras de zapatos en las inmediaciones de Rosario. Seguramente, el gobernador Miguel Lifschitz no podrá producir salvatajes en todas. La defensa de las fuentes de trabajo, una de las mejores herencias del kirchnerismo, solo es viable si la fomenta el Gobierno central… algo exótico al ideario macrista.

Los inminentes tarifazos de servicios públicos, más su efecto cascada, agravarán el daño. El Excel del ministro de Energía, Juan José Aranguren, no cruza tantas variables. Tampoco el del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que pintó un panorama fantasioso y voluntarista. Así y todo, pronostica un déficit fiscal tremendo y la necesidad de desembolsar una fortuna para empezar a pagar la deuda externa contraída con alegría y globos amarillos.

Ladrillos y construcciones: La construcción atraviesa una etapa fatal. Lo expresan los índices y cualquier ojeada costumbrista. Hasta la Cámara del sector lo reconoce. Padecen más los trabajadores. El Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), Luis Cáceres,  lo pintó, en el salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo (CGT): “El sector de la construcción, pero en especial el sector ladrillero, está viviendo el peor momento de su larga historia. Un momento en el que día a día se suman despidos, suspensiones y se fomenta la precarización laboral. La familia ladrillera está al borde del colapso”. La UOLRA participará en la marcha del 7 de marzo, en defensa propia.

La precarización que denuncia Cáceres es un hecho cotidiano, un objetivo del macrismo cuyo modelo de competitividad no se perfecciona sin debilitar o anular derechos laborales y sindicales. Legislar sobre el punto se le hizo cuesta arriba y le seguirá costando si persiste o se acentúa su condición minoritaria en el Congreso Nacional. Pero la precarización de facto, la que se consigue expulsando y amedrentando trabajadores, tiene otro ritmo, se está dejando ver. El propósito es disciplinar, aplacar la combatividad. En los ‘90 resultó. El contexto era abismalmente diferente, el crecimiento de la protesta social y gremial es incomparable   con la apatía que primó durante buena parte de los gobiernos del ex presidente Carlos Menem.

Desarrollismo recesivo: Macri comenzará el período de sesiones ordinarias del Congreso el primero de marzo. Hará más eje en la herencia o en la corrupción K que en los logros (ver asimismo nota aparte). Inventará algunos, distorsionará datos. Tal vez, en un alarde extremo de sentido del humor (negro) se vuelva a definir como desarrollista. 

Entre tanto, los despidos se acumulan de miles, las suspensiones proliferan y los cierres de fábricas forman parte del paisaje diario. Las hay chicas, medianas y grandes. Le puede tocar a una fábrica de pelotas en Bell Ville, a una ignota de muebles en Fuentes. También ronda a La Serenísima, SanCor, Volkswagen, Alpargatas. Y siguen las firmas.

El caso conocido ayer que involucró a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra no es el primero que une a un integrante del entorno del presidente Mauricio Macri con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó 35 millones de dólares en coimas. Está el antecedente cercano del titular de la AFI, Gustavo Arribas, quien es investigado por la Justicia por haber recibido supuestos pagos por casi 600 mil dólares de parte de Leonardo Meirelles, un operador financiero y cambiario brasileño condenado en su país por su rol en la investigación Lava Jato. El fiscal de la causa en la que está imputado el jefe de los espías dijo que ya tiene en su poder la constancia de las transferencias, de las que Arribas reconoce sólo una. 

El operador financiero transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, a través de una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba por intermedio de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión. Estos pagos comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para la UTE en la que están asociadas Iecsa y Odebrecht, entre otros.

Sin embargo, Arribas dice haber recibido solo 70 mil dólares, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo. El caso fue publicado por el periodista Hugo Alconada Mon el 11 de enero en La Nación. Alconada Mon declaró luego ante la justicia que cuando intentaba conseguir una respuesta de parte del funcionario, un allegado le confesó que “toda la operación fue en negro”. Pero luego lo llamó otra persona del entorno de Arribas para decirle que el otro vocero era “un boludo y no estaba autorizado a decir que la operación era en negro”.

Arribas admitió sólo una transferencia de 70 mil dólares, que inicialmente dijo que era el pago de un inmueble en San Pablo aunque luego dijo que en realidad se trata de bienes muebles. La referencia a los movimientos “en negro” fue clave en la causa judicial donde se investiga posible lavado y coimas, en la que el periodista declaró. En el expediente ya consta la coincidencia temporal de los pagos con el anuncio de Odebrecht de la “conquista de un nuevo contrato en Argentina”, en alusión al soterramiento del tren Sarmiento. Mon también reveló que dos funcionarios del actual gobierno le reconocieron que los 70 mil pudieron haber sido el pago de Odebrecht por “tareas de lobby”.  

Después de esta declaración, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito al juez Rodolfo Canicoba Corral para expresar que el testimonio “arrojó un manto de luz” y solicitó medidas de prueba. El eje, a partir de ahora, es el soterramiento del tren Sarmiento, anunciado por Odebrecht en un comunicado en su página web sólo horas después de que Meirelles comenzara a ordenar las transferencias. El fiscal confirmó en recientes declaraciones periodísticas que “los datos son reales y los documentos fueron presentados”.  

Delgado había dicho que era imperativo requerir “al señor jefe de gabinete de Ministros que en un plazo perentorio elabore un informe preciso, concreto y escueto sobre la fecha en que se firmó ese acuerdo, quienes participaron en representación de los contratantes y qué montos de dinero había en juego”. El pedido de Delgado también propone que el Banco Central designe un experto para que “traduzca” al “lenguaje común” los formularios del sistema financiero que fueron entregados por el testigo al expediente como prueba de las cinco transferencias. El dinero salía de una cuenta bancaria en Hong Kong que manejaba el financista Meirelles a través de una empresa que usaba como pantalla: Import & Export Limited. La justicia brasileña ya determinó que era una fachada para lavar dinero, pagar coimas y evadir. Lo recibía al final del camino una cuenta en el banco Credit Suisse.