Antes incluso de abrir las compras que trajo de un nuevo viaje a los EE.UU., el promotor Sergio Moro trasformó a Lula, de nuevo, en reo de su operación jurídico-policial. Son tantos sus viajes al Imperio, que no queda claro si vive alla y viene a actuar en Brasil o si vive en Brasil y va regularmente a los EE.UU. a recibir orientaciones para actuar en Brasil. Un buen tema de investigacion para el Parlamento.

Lo cierto es que Moro, frente al fracaso espectacular de la nueva farsa montada por sus comparsas en un hotel de Curitiba en contra de Lula, que recibió la condena unánime (incluso de los que apoyan esa operación), no tuvo el coraje de tomar una decisión solo. La sensación era la de un nuevo paso en falso de sus comparsas, que habían tomado una vez más una actitud precipitada, para buscar protagonismo, en medio de la campana electoral municipal, y que ello dejaba a Moro y sus secuaces en una situacion difícil, porque sería imposible, en base a la ridícula demostracion del power point y de la falta de pruebas, hacer a Lula reo de nuevo.

Pero frente a esa situacion difícil, Moro fue, una vez más, a buscar nuevas instrucciones, seguramente de los que, según Wikileaks, lo hicieron depositario de los materiales obtenidos por Estados Unidos en el espionaje de la Presidencia de Brasil, en el Ministerio de Minas y Energía y en la misma Petrobras, y le han permitido iniciar su operación. Como confesión de que no solamente sus comparsas, sino él mismo, no tienen pruebas, sino tan solamente convicciones, Moro ha referendado la misma presentación de la farsa del power point. Esto es, no posee ninguna otra acusación con pruebas en contra de Lula, habiendo viajado para reforzar sus convicciones hacia su patria adoptiva y volviendo enseguida a tomar rápidamente la decisión para reforzar la manipulación en el escenario electoral municipal.

Significatitvamente, Lula viaja en este mismo momento al nordeste de Brasil para hablar con el pueblo, mientras Moro fue a los EE.UU. a hablar con sus patrones. Cada cual en lo suyo, cada uno con su gente. Mientras uno intenta ampliar los espacios democráticos achicados en el país, en medio a tantos golpes en contra de la democracia, el otro refuerza la idea de que su operación Lava Jato no cabe en la democracia brasileña, tiene que destruirla definitivamente para triunfar.

Se trata de dar continuidad al proyecto ambicioso de Moro y de sus comparsas de reescribir la historia reciente de Brasil, como copia ridícula de la Operacion Manos Limpias de Italia. Sólo que en Brasil, apenas en contra de la izquierda, de Lula y del PT. Con el intento grotesco de intentar invalidar la historia reciente del país, que no sería un momento virtuoso de combate a las desigualdades sociales, sino una farsa montada por la corrupción de recursos públicos.

Habría así que destruir la imagen de Lula, para invalidar ese período de la historia de Brasil, revertir su sentido, mostrar que sólo habría sido posible gracias a la corrupción, aun si no hay pruebas, sólo convicciones. De ahí la decisión estrafalaria de hacer a Lula reo, aun con la falta de pruebas, ya ridiculizada en Brasil y en el exterior mediante un power point, con la grotesca alegación de que faltan pruebas pero sobran convicciones.

Moro llega así a su fin de línea. Ha agotado sus investigaciones, los intentos de que con presiones logre delaciones premiadas con tal de que impliquen a Lula y puedan ser fuentes de pruebas forjadas, confiesa que los malabarismos realizados con espectaculos mediáticos son todo lo que tienen en contra de Lula. Que el departamento que le atribuyen a Lula no es de él, pero son las únicas convicciones de Moro y de sus comparsas.

Como marioneta de la derecha brasileña y de los proyectos macabros del imperio en contra de Brasil –que suponen el desmonte de las bases económicas del proyecto de desarrollo con distribución de renta, incluyendo la destrucción de Petrobras y del Presal—, Moro se revela así como un obstinado militante en contra de la democracia, la distribución de renta y el proyecto nacional de Brasil. Luego se va para EE.UU., donde terminará por recibir algún oscuro título de alguna universidad trucha de Miami y gozar de buenas remuneraciones por los servicios prestados al Imperio.

Pero con ese nuevo paso en falso –que se suma a la tentativa frustrada de apresar a Lula y a otras denuncias pirotécnicas– Moro corre el grave riesgo de ser desenmascarado en público y frenado en sus aventuras por el Supremo Tribunal Federal y por el propio Congreso. La farsa montada por sus amigos ya fue condenada unánimente en Brasil. Si él la reforzó, antes de que fuera desechada completamente, es porque es su última carta. Por lo menos fue lo que han decidido en la reunión recién realizada en el imperio y cuyas decisiones tomó apenas bajó del avión en su nueva incursión en los EE.UU., país al que se debe en cuerpo y alma.

Es el final para el proceso de corrupción moral de farsantes que actúan según los intereses extranjeros en el intento de relegar a Brasil a ser una república de bananas, sin democracia, ni Poder Judicial, sin proyecto nacional.

Cristiano Martins tiene como cliente al presidente más popular de la historia brasileña. Es el mismo a quien hoy los conservadores desean ver preso o, al menos, inhabilitado para presentarse en las elecciones presidenciales de octubre de 2018: Luiz Inácio Lula da Silva. De paso fugaz por la Argentina, Martins dialogó con este diario y explicó por qué dice que Lula es objeto de persecución.

Las campañas contra Lula parecen avanzar más rápido que las causas contra él. Según la empresa de sondeos Vox Populi el perseguidor penal de Lula, el juez Sergio Moro, aún tiene un respetable 45 por ciento de popularidad, pero había llegado a un pico de 90 por ciento. El juez no pierde oportunidad de hacerse más famoso. Hasta participó del lanzamiento del libro “Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”, en alusión al nombre de la investigación que lleva adelante Moro en paralelo o a menudo de manera subsidiaria a su combate contra Lula. El autor, Vladimir Neto, de la Red Globo, ya vendió los derechos para una serie de televisión que Netflix pondrá al aire en 2017. El experimentado periodista Elio Gaspari escribió que en el esquema de pensamiento de Moro “hay algo de Savonarola”, el fraile dominico que en el siglo XV, según Maquiavelo, quiso dividir Florencia en dos bandos: “Uno que milita con Dios, el suyo; y otro con el diablo, el de sus adversarios”.

–No hay ninguna prueba capaz de sustentar las acusaciones contra Lula en la Operación Lava Jato –dijo Martins a Página/12 lejos de Florencia y más de cinco siglos después de Savonarola–. No hay ningún indicio contra Lula incluso después de que la Justicia ya investigó al ex presidente, a sus familiares, a sus colaboradores, al Instituto Lula y a la empresa de conferencias LILS. Las acusaciones son típicas de lawfare, es decir la manipulación de las leyes y los procedimientos jurídicos para fines de persecución política. El concepto lo trabajó con un sentido determinado Charles Dunlap, un abogado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo utilizó para tipificar herramientas que a su criterio ponían en riesgo la seguridad nacional de su país. Pero nosotros lo usamos con otro sentido. El que le da, por ejemplo, el catedrático de Harvard John Comaroff. Para él, lawfare es una forma de apelar a tácticas legales coercitivas para dominar a un pueblo colonizado. Escribió un libro, que traducido sería “Ley y desorden en la poscolonia”. Es un término utilizado en referencia al fenómeno del uso abusivo y frívolo del derecho, nacional o internacional, como forma de alcanzar objetivos militares, económicos y políticos, eliminando, deslegitimando o incapacitando al enemigo.

–¿Ésas son las armas del uso de instrumentos legales para la guerra?

–Sí, son armas muy variadas. Acusaciones frívolas, planteo permanente de que todo sigue una lógica amigo-enemigo, desmoralización del adversario, uso de recursos inmorales o amorales, poner al adversario como inmoral, deconstruir su imagen hasta hacerla irreconocible. Todo eso se usa en warfare. Nosotros incluimos el asunto en nuestros escritos. Es la primera vez que el método de lawfare fue criticado judicialmente en Brasil.

–¿Cuál es el punto de partida de la guerra en su forma de lawfare?

–La premisa es que lawfare busca perseguir a un inocente por mecanismos jurídicos. Lula es un inocente perseguido con mecanismos jurídicos.

–¿No es la utilización de los mecanismos jurídicos normales lo que la defensa de Lula cuestiona?

–No.

–¿Y es lawfare investigar a figuras prominentes de los Panama Papers?

–De ninguna manera porque ahí hay una realidad: la posesión de empresas offshore. A partir de esa realidad la evasión impositiva es una hipótesis verosímil. El caso de Lula es el de un ciudadano inocente perseguido con el uso de mecanismos jurídicos que tienen apariencia de legalidad. Cuando uno habla de denuncias frívolas es que no tienen materialidad. Falta la secuencia lógica de establecer la conducta, la circunstancia y la prueba. Las acusaciones no dan elementos de cómo, para ellos, Lula habría cometido los delitos que le reprochan. En el marco de lawfare, además, al margen del blanco principal pueden ser blanco los hijos, la esposa... Hasta los nietos. Y los métodos de pesquisa no son los correctos.

–¿Por ejemplo?

–La famosa detención por la fuerza de Lula el 4 de marzo por parte del juez Sergio Moro. ¿Para qué usó la coerción si no hacía ninguna falta? Para acumular denuncias vacías. Desde que comenzó el Lava Jato quedó siempre claro que el objetivo final era Lula. El juez incluso autorizó la intercepción telefónica del conmutador del estudio.

–¿Del suyo?

–Efectivamente. Del nuestro. Con 25 abogados. Algo nunca visto en Brasil. Y encima el contenido de las llamadas telefónicas fue divulgado. Revelar el contenido es delito. El juez, después, dijo que se había equivocado. Que ordenó interceptar ese número porque creyó que era el del Instituto desde el que Lula organizaba las conferencias.

–¿Quién intercepta y quién escucha en Brasil?

–La Policía Federal y el Ministerio Público.

–¿Lo que ocurrió fue una violación del debido proceso?

–Y del derecho a defensa consagrado no solo por la Constitución sino por las Naciones Unidas en tratados a los que adhirió Brasil. Pero todo se está haciendo de la misma manera. El martes un jefe de la Policía Federal dijo que los investigadores encontraron una planilla de presuntos sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht. Contó que una persona con el apodo de “Amigo” recibió cuatro millones de reales. “A mi entender esa persona apodada de tal manera es Lula”, dijo el jefe policial. Livianamente.

–¿Sin indicios?

–Ningún indicio. Incluso aclaró que él no era responsable de la investigación pero que dejaba registrada la sospecha para que otro jefe se encargara. No dio motivo real alguno, pero al minuto la gran prensa brasileña puso: “La Policía Federal dijo que Amigo es Lula”. Desnudaron la vida de Lula y de sus familiares sobre la base de una simple hipótesis sin indicios. En ninguno de los casos encontraron un solo elemento que señalara una conducta ilegal. Tampoco una cuenta secreta. Ni propiedades. Lula vive en la misma vivienda desde hace más de 20 años. Por eso hablo de frivolidad. Algunos fiscales sostienen que la corrupción en Brasil comenzó en el 2003.

–En ese año asumió Lula.

–Claro. La tesis es que todo el gobierno fue un proyecto político-criminal.

–Lula tiene tres causas en actividad, ¿no es cierto?

–Sí. La primera fue abierta por presunta obstrucción de justicia. Un senador, Delcídio de Amaral, hizo lo que se llama delación premiada. Un acuerdo en la Justicia. Delató que Lula le habría pedido que impidiera que otra persona hiciera una delación premiada porque lo perjudicaría.

–¿Es mentira?

–No exhibieron ni pruebas ni testigos. La delación no es una prueba. En todo caso es el medio para obtener una prueba. Delcídio además declaró a la revista Piauí que él firmó el acuerdo después de estar detenido y aislado. Es decir que su delación para colmo de males está viciada. Hasta el diario Folha de Sao Paulo publicó que otras delaciones premiadas fueron frenadas en los últimos tiempos porque la Justicia solo estimula las que tengan que ver con Lula o puedan ensuciarlo. Es el llamado Derecho Penal de Autor. No importan los hechos. Importa quién es el enemigo. Es el Derecho Penal del Enemigo. Veremos qué sucede en la audiencia con este caso. Es el 8 de noviembre.

–¿Y el famoso triplex en la playa de Guarujá que sería propiedad de Lula?

–Es la segunda causa. La acusación es que Lula habría nombrado tres directores de Petrobras que habrían formado una banda con empresas constructoras para permitir que aumentasen sus ganancias y eso generase desvíos en los pagos de Petrobrás. La contrapartida habría sido el departamento. La verdad es que Lula no formó ninguna banda y que tampoco en este punto hay un solo indicio. Marisa, la mujer de Lula, entre 2005 y 2009 pagó una cuota. Pero cuando llegó el momento no había ningún departamento como los que ella había visto. Entonces le mostraron otro. Lula lo vio y dijo que no lo quería. Pidió de vuelta el dinero de Marisa. Es la única vez que fue al complejo de departamentos. ¿Cuál fue su delito? Para esa causa el juez todavía no marcó una audiencia.

–¿El tercer caso?

–Haber ejercido una presunta influencia para conceder a Odebrecht siete mil millones de reales por parte del Banco Nacional de Desarrollo.

–¿A cambio de qué?

–De un plan de salud para el hermano y del pago de dos conferencias que pronunció en Angola. Ridículo. Todavía no fue citado. Todo es igual. El relator del Lava Jato es Joao Pedro Gebran, del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Es quien debe revisar las actuaciones del juez Moro. Un libro publicado en 2002 habla de su amistad con Moro. Si Moro es parte, ¿cómo podrá juzgarlo un amigo íntimo? En lugar de reparar en este tipo de detalles, que son importantes para evaluar si se violenta el principio del debido proceso, el objetivo es crear condiciones de histeria colectiva para que la gente crea que no se trata de dirigentes políticos sino de una enorme banda. Hasta nosotros sufrimos el resultado de esa histeria colectiva.

–¿Atacaron el estudio de abogados?

–Atacaron a mi familia. Tenemos chicos de 5 y 2 años en un establecimiento escolar de Sao Paulo. En marzo a alguien se le ocurrió exhortar a un grupo de madres a que se manifestaran contra los niños porque eran hijos del abogado de Lula. La divulgación indiscriminada de acusaciones sin fundamento y sin datos ciertos demoniza. Deja en pie apenas un discurso y atenta contra la democracia. La dictadura cometió crímenes tremendos. Muertes, tormentos, desapariciones. Pero ni siquiera la dictadura atacó de este modo las prerrogativas de los abogados. Ni parlamentarismo ni presidencialismo. ¿Acaso queremos vivir en un judicialismo? Pero vuelvo a Lula: dentro del Estado democrático de derecho no hay otra alternativa que su absolución.

–A menos que aparezcan pruebas.

–¡Pero es que no hay pruebas, no hay indicios, no hay nada! Ni un solo hilo lleva a pensar que Lula cometió un acto ilícito.

–¿La Justicia brasileña está usando el argumento de que Lula no podía no saber qué sucedía por debajo?

–A veces peor. Comparan la presidencia como la cabeza de una cadena de mandos, como si las instituciones fueran instituciones militares. En el caso del triplex hasta hablan de “comandante” y de “general”.

–Como si fuera un crimen de guerra.

–Incluso en una fuerza militar debe probarse la subordinación directa. ¿Pero sabe qué pasa? En Petrobras las auditorías no registraron desvíos. Tampoco los encontró el Consejo Fiscal. Ni el Tribunal de Cuentas. Ni la Contraloría General. Ni el Ministerio Público. Ni la Policía Federal. Nada. Lawfare.

Diario UNO*

El golpe de Estado contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff es obra de una banda de delincuentes que manipulan legisladores al servicio de la oligarquía y el imperialismo yanqui. La noche del miércoles 31 de agosto, Michel Temer, el “presidente” que remplaza a Rousseff, viajó a China a la reunión del G-20 que reúne a las 20 mayores potencias económicas. Viaja a la cabeza de un selecto grupo de malhechores.

Temer compartía el avión con Renán Calheiros, presidente del Senado, la rama legislativa que aprobó, por 61 votos contra 20, destituir a Rousseff, Calheiros tiene pendientes diez causas judiciales en el Tribunal Superior judicial de Brasil. Por corrupción. Otro pasajero del avión era el ministro de Relaciones Exteriores José Serra, a quien un grupo de empresarios acusa de haber recibido entre siete y diez millones de dólares en sobornos.

Esos inmaculados personajes se han beneficiado de la maniobra iniciada por Eduardo Cunha, entonces presidente del Congreso, en diciembre del 2015. Cunha decidió emplear como arma defensiva una denuncia contra Rousseff por haber esta maquillado cifras para ocultar un déficit presupuestario. Ese ha sido un recurso usual de mandatarios cariocas. No constituye delito. Cunha quiso chantajear con esa revelación, pues la Fiscalía lo acusaba de tener en Suiza cinco millones de dólares producto de sobornos de Petrobras.

Joyas morales como esa sirvieron para escandalizar a Brasil, un país donde cinco familias son dueñas de todos los diarios, televisores, radios y revistas del país, y en el cual la izquierda, poderosa durante años, no construyó una réplica mediática. Los tigres del papel y de la imagen presentaron a Rousseff, que no cometió delito alguno, como involucrada en escándalos de corrupción, sobre todo en Petrobras.

Hay que rescatar el hecho de que, pese al alud mediático, el pueblo de Brasil ha rechazado enérgicamente el golpe de la gran empresa nacional y extranjera, que sin duda va a lanzarse contra los programas sociales que desde la presidencia de Lula combatieron, con audacia y coraje, la pobreza.

Aparte de sus programas sociales, la política del Partido de los Trabajadores, creado por Lula, se distinguió por el crecimiento productivo, salvo en años recientes, y la generación de empleo. Pero cometió un crimen horrendo a ojos de Washington y la reacción latinoamericana: defendió la unidad, la soberanía y el desarrollo independiente de Nuestra América.

*http://diariouno.pe/columna/golpe-delincuente-en-brasil/