La derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el PT iba a ganar pero fracasaría y, a partir de ese momento, ella podría dirigir el país con tranquilidad. Lula ganó y el suyo resultó el mejor gobierno que jamás tuvo el país. A partir de ese momento empezó la caza a Lula.

No pudierion impedir su reeleccion en 2006, ni que él eligiera y reeligiera a su sucessora, en 2010 y 2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones del 2018 y volver a ser presidente de Brasil.

En la desesperación, la derecha une todo lo que tiene: sectores del Poder Judicial, de la Policia Federal, los grandes medios privados, en campaña total en contra de Lula. Una campaña que se intensificó a partir del discurso de Lula en Rio de Janeiro, en el cumpleaños del PT, el 27 de febrero, cuando declaró públicamente que, si fuera para garantizar la continuidad del proceso iniciado en 2003, él sería candidato de nuevo.

A partir de ese momento, la derecha declaró la guerra abierta en contra de Lula. Declaraciones falsas, desmentidas enseguida, pero mantenidas por los medios como si fueran reales.

La acción de la Policía Federal directamente en contra de Lula –en su casa, en la casa de su hijo, en el Instituto Lula–, llevándolo a deponer, a pesar de que él ya había prestado declaraciones, fue anunciada por un periodista de la Rede Globo varias horas antes por Internet. Fue una operacion mancomunada de sectores del Poder Judicial con los grandes medios privados y sectores de la Policía Federal.

Es el intento más grave de excluir a Lula de la vida política brasileña. No hay ninguna prueba de las acusaciones que le hacen, intentan que algunos presos declaren en su contra a cambio de la disminución de sus condemnas –las mal llamadas delaciones premiadas–. No han logrado nada. De ahí la acción mediática espetacular en contra de Lula, para ver si logran con ello desgastar la imagen del ex presidente.

Han actuado en este momento en que Lula se declara candidato, en que el ministro de Justicia fue sustituido, pero no ha cambiado todavía los mandos de la Policía Federal, cuando el Supremo Tribunal Federal aún no ha juzagado el pedido de Lula de que el juez más arbitrario de todos deje de estar al mando de los casos en que se lo acusa. Por todo ello, lo han hecho en este momento, acelerando los enfrentamientos y poniendo en jaque, al mismo tiempo, el gobierno de Dilma.

Pero ahora han creado un punto de no retorno. Lula salió de su declaración ante la Justicia, fue a la sede del PT y dio una conferencia de prensa emocionante, donde dijo que su llama está más encendida que nunca, que a partir del lunes retoma los viajes por todo el país para charlar, conversar, dejando claro que la campaña electoral de 2018 ha comenzado ahora.

El destino de Brasil se juega en este momento. O logran, por la vía judicial y policial, excluir a Lula de la vida política para hacer lo que les dé la gana con el país. O Lula logra superar también este momento y vuelve con más fuerza todavía, como el candidato favorito para regresar a la presidencia de Brasil en 2018.

Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula.

Esto es lo que está en juego y es esto lo que explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país.

Se trata de criminalizar y de responsabilizar al PT y a su presidente honorario de actos de corrupción, usando hechos que la Justicia aún investiga como si fueran parte de un plan organizado desde el propio centro neurálgico del poder; esto es, los mandatos presidenciales de Lula y Dilma Rousseff. Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los hechos de corrupción analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás, la única carta que hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder, destruyendo los avances democráticos de la última década.

Lo que está en juego es el futuro de Brasil como nación democrática.

Obviamente, la oposición tiene todo el derecho de aspirar al poder. Pero después de 30 años de democracia, ya debería haber aprendido que la única forma de hacerlo es por el voto popular. Pero no lo aprendió. Después de su última derrota electoral pretende volver al poder por la vía de un golpe judicial o de un impeachment, cuya fundamentación jurídica y política no es otra que la necesidad de despojar al pueblo de su mandato soberano.

Nada se ha demostrado sobre la vinculación del ex presidente Lula o de la presidenta Dilma Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero decenas de calumnias se han formulado contra ellos.

Como quiera que sea, los poderes golpistas saben como actuar. Y actúan. Si no pueden encontrarse pruebas que confirmen las denuncias, pueden crearse hechos que, ante una opinión pública pasmada y desconcertada, hagan parecer culpables a quienes no lo son. El Estado de Derecho se desmonta cuando uno de los principios que lo sustentan se desintegra ante maniobras autoritarias del Poder Judicial y el sistemático abuso de poder de una Policía que ha demostrado ser más eficiente matando jóvenes pobres inocentes que controlando las principales redes del delito que operan en el país.

Ayer por la mañana, un amplio operativo policial irrumpió en la residencia del ex Presidente Lula y lo detuvo con un mandato de “conduçao coercitiva”. Dicho mandato de conducción coercitiva es un medio del que dispone la autoridad pública para hacer que se presente ante la Justicia alguien que no ha atendido la debida intimación y cuya declaración testimonial es de fundamental importancia para una causa penal. El riesgo de fuga o la peligrosidad del sujeto, así como su desatención a las intimaciones judiciales, obligan al uso de este mecanismo coercitivo.

¿Sería razonable aplicarlo a un ex presidente de la república que siempre se ha presentado a declarar cuando le fue solicitado?

Sí, si lo que se quiere es humillarlo, destituirlo de autoridad, desmoralizarlo, postrarlo ante la opinión pública brasileña y el mundo. Hoy, los diarios y noticieros de todo el planeta mostrarán a un Lula llevado por la Policía Federal en medio de un fuerte esquema de seguridad, como si fuera un delincuente. No fue preso ni es culpable de nada en términos jurídicos, es verdad. Pero eso, ¿a quién le importa? Parece preso y culpable. Con eso basta, al menos, por ahora.

No debe sorprender que el hecho ocurra menos de una semana después que, en el festejo de los 36 años del Partido de los Trabajadores, el ex presidente Lula manifestó que si fuera necesario e imprescindible, será él quién asuma el desafío de presentarse como candidato de las fuerzas progresistas a la futura elección presidencial. Allí, miles de militantes le brindaron su apoyo y solidaridad ante los ataques recibidos.

La respuesta de la justicia golpista no demoró en llegar.

Aquí no está en juego ninguna causa por la justicia, la transparencia ni el necesario combate a la corrupción. Aquí está en juego un proyecto de país y, no tengo dudas también, un proyecto de región. El golpe judicial, policial y mediático que se lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la situación que vive el continente y a los vientos que corren a favor de las fuerzas conservadoras y neoliberales en toda América latina.

Intentan cambiar la historia, torciéndola a favor de sus intereses antidemocráticos. No lo lograrán.

* Secretario ejecutivo de Clacso.

El descuartizamiento público de Lula es lo que quieren hacer con Cristina Kirchner, con Evo Morales o con Rafael Correa y lo que hubieran querido hacer con Chávez. La humillación de Lula es una demostración de la rosca de poder en estas épocas de democracia. Derecha política, corporaciones económicas, corporaciones mediáticas, gran parte de la justicia y de los servicios de inteligencia que siempre trabajan para el mismo patrón más allá de los gobiernos de turno. La composición de la rosca les impide discutir política porque representan lo más regresivos de la sociedad. En política son impopulares. Su fuerza es la capacidad de destrucción a partir de operaciones mediáticas en las que cada uno de los miembros de esa rosca juega un rol estratégico: los servicios montan la operación, los grandes medios la amplifican y los jueces la llevan a tribunales, todo esos movimientos requieren además un fuerte soporte de capital para pasear a jueces y periodistas por Miami, engordarles los bolsillos, quebrar voluntades y comprar falsos testigos.

Parte de esa estrategia que se revela descaradamente en Brasil con el ataque a Lula, fue expuesta por el mismo Mauricio Macri en su discurso del primero de marzo cuando habló de la “pesada herencia”, de la corrupción que encontró y que hasta ahora no demostró, e incluso adelantó derivaciones de la muerte del fiscal Nisman con las que quieren implicar a Cristina Kirchner.

Pero cuando se habla de herencias habría que hacer un repaso de lo que fueron en estos treinta años de democracia. Miedo y dolor fue la herencia que recibió Alfonsín de la dictadura. Cuando Menem hablaba de herencia, tenía la híper. Para la Alianza, la herencia menemista fue un campo quebrado y altísima desocupación en las ciudades, marginación y deuda. La herencia de Kirchner eran el 19 y 20 de diciembre, el corralito, los fusilamientos de Kosteki y Santillán y el default. Todas eran situaciones del pasado reciente heredadas por cada nuevo gobierno. Lo novedoso en el discurso de Mauricio Macri del primero de marzo es que, al hablar de herencia, transmitía todo el sufrimiento social que ella implica, pero no en el pasado, sino en el futuro. Más que una descripción de algo que habría sucedido, fue la sensación de un anuncio de lo que está viniendo.

Es comprobable que la situación social y económica que recibió el macrismo fue mucho mejor que la recibida por cualquiera de los presidentes anteriores, desde Alfonsín hasta Kirchner. Sin embargo Macri habló de una “pesada herencia” que tendrá como consecuencia sufrimientos y sacrificios en el futuro inmediato. Una primera diferencia con sus antecesores es que no hereda sufrimientos ni sacrificios, sino que éstos se producirán en el futuro, durante su gobierno. Habrá ajuste, inflación, achicamiento salarial y desempleo supuestamente por culpa de las medidas que tomó el gobierno anterior para lograr que el impacto de esos flagelos fuera el mínimo durante doce años.

Es un contrasentido que las mismas medidas tengan consecuencias opuestas según quien las mire. Los gobiernos kirchneristas planteaban que el crecimiento de la demanda hacía crecer la producción, creaba fuentes de trabajo y activaba la economía. Y para que hubiera demanda había que sostener los salarios. Es la idea de distribución del ingreso. Para el macrismo, en cambio, esa política desalentaba a los empresarios, por lo que iban a ralentizar la economía. En vez de sostener la demanda hay que alentar la inversión, dice el actual gobierno y, en consecuencia en vez de sostener el salario, le ofrece todas las ventajas al sector empresario. Es la idea del derrame, que primó en los años 90, un momento de auge del capitalismo mundial, no como ahora, pese a lo cual, la desocupación en Argentina rompió marcas históricas y no se produjo ningún derrame.

El diario La Nación, que representa a este sector de las clases ricas, y al sector de las capas medias que pretende serlo, se entusiasmó con el discurso de Macri y resaltó la necesidad de una “épica” del macrismo. Siempre fue muy crítica con el “relato épico” del kirchnerismo. Por la forma en que ahora aconseja al macrismo que haga el suyo demuestra que en el fondo se lo envidiaba. Pero para hacer creíble la construcción de ese relato épico del macrismo, el gobierno de Cristina Kirchner tendría que haber terminado en una crisis recesiva infernal, con dólar y precios desbocados y gente incendiando la ciudad.

No hubo estallido, no hubo infierno. Sólo hubo medidas durante doce años que generaron cierto bienestar, pero que ahora culminarían produciendo sufrimiento, según el discurso de Macri. En realidad, lo que dice el discurso, es que el sufrimiento se producirá cuando saque las medidas, y no como consecuencia de ellas. Sacar las retenciones a la soja, al champán y a las mineras, sacar los subsidios y soltar al dólar, aumentar la nafta y el transporte es lo que está provocando ese sufrimiento. No las medidas que tomó el gobierno anterior, sino su retiro por parte del nuevo gobierno.

El discurso de Macri dio a entender que el gobierno anterior llegó a duras penas al final. Según esa versión muy mediatizada y esquematizada, el kirchnerismo pagó con emisión esa especie de “farsa” de bienestar y ahora los costos los tendría que pagar el macrismo. Es probable que hubiera algo de emisión, pero el grueso de las medidas distributivas y de estímulo a la producción provenían de la recaudación en la que tenían un papel central el IVA y las retenciones. El macrismo hizo bajar el consumo –que es de donde viene el IVA– y sacó las retenciones. Fueron esas medidas las que desfinanciaron al gobierno. No hay pesada herencia. Lo que hay son concepciones diferentes y el retiro de las retenciones y la baja del consumo no son necesarias ni forzadas por la situación sino que forman parte del bagaje ideológico del neoliberalismo. Este gobierno no se va a preocupar por recaudar con otros impuestos u otros recursos como hubiera hecho el gobierno anterior: simplemente ajusta, recorta y toma deuda externa. Por ahora esas políticas se verifican más en al área del Estado, pero en pocas semanas se extenderán a la actividad privada con el cierre de pequeños y medianos comercios e industrias y con el achicamiento de salarios. Y en la medida en que eso suceda, irá bajando la inflación. Para los asalariados con más suerte, tanto obreros como profesionales, casi no habrá inflación, pero tampoco habrá dinero para gastar; no habrá cepo, pero el dólar estará demasiado caro como para viajar a Miami, o sea que podrán comprar menos dólares que cuando estaba el cepo. Los de menos suerte perderán el trabajo.

El discurso de la oposición al kirchnerismo transcurrió por diferentes carriles. Como ocurrió con todos los gobiernos populares en América latina, incluyendo Brasil, el discurso menos efectivo fue el que trató de cuestionar las medidas de inclusión y distribución de la riqueza. En el caso argentino aprovecharon el desprestigio del Indec para usar cifras todavía más dudosas de observatorios y fuentes poco serias pero, en general, esa línea fue débil en todos lados porque no podía mostrar un escenario de desastre que no existía. La línea más contundente fue la denuncia de la corrupción. Los medios de comunicación concentrados y parte de sus periodistas y la mayoría de los jueces y fiscales son dispositivos de una estructura de poder antes que profesionales de la información o de la justicia.

Se puede hacer una galería de la vergüenza con los funcionarios judiciales que protegieron al multimedio Clarín con amparos y resoluciones verdaderamente escandalosas o con los periodistas que la corporación usó como mascarones de proa para impedir la aplicación de una ley antimonopólica que hubiera favorecido el ejercicio del periodismo. No ha sido así sólo en Argentina. En Brasil o en Bolivia se produjo el mismo fenómeno donde la oposición, asociada a las grandes corporaciones, sobre todo los grandes multimedios, no tuvo eco cuando intentó desacreditar a las políticas sociales que han sido el fuerte de esos gobiernos. Pero esa formidable alianza entre oposición política, corporaciones económicas y mediáticas y la mayoría de un Poder Judicial que se formó como parte de la estructura de poder en países históricamente sometidos a dictaduras y gobiernos manejados por grandes intereses económicos, fue efectiva con el discurso anticorrupción.

Todo el mundo conoce el ascetismo de Evo Morales. No hay otro presidente de derecha o de izquierda que haya expresado como él su rechazo a la corrupción y su apego a un modo sencillo de vida. Y sin embargo uno de los factores de su derrota en el referéndum sobre la reelección presidencial fue la denuncia de tráfico de influencias contra una empresaria que fue pareja de Evo hace algunos años. Como lo demuestra la campaña contra Evo o la humillación a que fue sometido Lula o los insultos proferidos por el presidente Macri resulta que los gobiernos progresistas son corruptos. Ser progresista o popular es sinónimo de corrupción. El esfuerzo unificado de esta monumental campaña mediático-judicial busca hermanar esos dos sentidos para demonizar cualquier experiencia democrática en disonancia con los lineamientos neoliberales de apertura de fronteras, libre mercado y subordinación económica. Pogresismo-populismo-corrupción es la línea de sentido que están tratando de imponer. Quienes acusan forman parte de un sistema de poder y privilegios que fue afectado por estos gobiernos, pero pueden ocultan estas motivaciones porque dominan en la Justicia y en la construcción de sentidos.

Desde los años 30, la alianza entre los sectores dominantes de las oligarquías con las Fuerzas Armadas y Estados Unidos, se constituyó en una fuente permanente de violencia en América latina, hasta los años 70, donde prácticamente todos los países de la región tenían dictaduras militares. La nueva rosca del poder económico con las corporaciones mediáticas y la corporación judicial más los servicios de inteligencia se constituye como el gran obstáculo actual para que Argentina y en general los países de América latina profundicen sus incipientes democracias.