El 21 de agosto de 1984, a la salida de Canal 13, Menéndez intenta atacar a manifestantes.

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                                                 (Gran Papiyo)

El primer juicio oral en Tucumán contra Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez llega a su fin. Esta tarde, se conocerá la sentencia del tribunal que los juzga por la desaparición, en 1976, del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse.

Por la mañana, los dos acusados podrán dar su último testimonio y se da por descontado que ambos harán uso de ese derecho. Y luego se pasaría a un cuarto intermedio hasta que los vocales del tribunal, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, anuncien el fallo por la tarde. Los fundamentos se conocerán el 4 de setiembre.

El ex gobernador Bussi –lo fue durante la dictadura y también en democracia- y Menéndez están acusados como coautores mediatos de los delitos de lesa humanidad de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio.

El fiscal Alfredo Terraf pidió para los dos la pena de prisión perpetua en cárcel común. Mientras que los defensores Amalina Assaf (de Bussi) y Horacio Guerineau (de Menéndez) pidieron la absolución, aunque también plantearon que, si son condenados, se les conceda a sus defendidos el beneficio de la prisión domiciliaria en consideración de sus edades (son octogenarios) y estados de salud.

Vargas Aignasse fue secuestrado en la capital tucumana el 24 de marzo de 1976 y retenido en la Brigada de Investigaciones y la cárcel de Villa Urquiza, donde se le permitió a su esposa verlo desde lejos. El 5 de abril fue, supuestamente, liberado y desde entonces figura como desaparecido. La versión de la dictadura, a la que se aferraron las defensas de Bussi y Menéndez, era que había sido "secuestrado por desconocidos cuando era llevado de regreso a su casa".

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Desde Tucumán

Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El Tribunal Oral Penal de Tucumán los encontró culpables de asociación ilícita, desaparición forzada, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 1976. Los jueces resolverán recién después del 5 de septiembre si Bussi será trasladado a una cárcel común o no. Esa indefinición ocasionó que los manifestantes, que se encontraban en la puerta de la sala de audiencias, se desbordaran al demostrar su descontento. La intervención de la Gendarmería Nacional terminó en una refriega con unos treinta militantes de derechos humanos heridos al igual que otros quince efectivos de esa fuerza de seguridad. Hubo corridas a diestra y siniestra ante la lluvia de gases lacrimógenos.

En el clímax de la protesta se cerró la sala de audiencias como medida preventiva. Ahí siguieron los cruces verbales entre los defensores de Bussi y los organismos.

Como estaba previsto, a las 10.30 el Tribunal Oral Penal en lo Criminal abrió la audiencia otorgando la última palabra a los represores antes de pasar a deliberar. En el recinto se tuvieron que incrementar las sillas ya que su capacidad estaba colmada con más de 270 personas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el genocida local, que primero prefirió dedicar gran parte de su descargo al fiscal general federal, Alfredo Terraf, quien optó por darle la espalda a Bussi. Como ya es costumbre, el represor lloró en dos oportunidades mientras leía sus últimas palabras frente al Tribunal. Tenía una carpeta con doce carillas escritas en computadora y había párrafos subrayados con resaltador flúo, ahí cambiaba la voz, por una más potente, como cuando ordenaba durante la dictadura. Sus palabras se centraron más en su “carrera política” que en su responsabilidad como general con asiento en Tucumán durante el golpe. Trató de tener una actitud complaciente con los magistrados al resaltar que “ustedes, excelentísimo Tribunal, serán los protagonistas de este fallo cualquiera sea su sentencia y pasará a la posteridad como un antes y un después en la vida política tucumana”, mientras era asistido por tres médicos del sistema provincial de salud. En dos oportunidades pidió que se le incremente el flujo de oxígeno porque, según susurró, “le faltaba el aire”.

Bussi acusó al fiscal Terraf de “mentiroso” al señalar que “tendrá otro espacio en la historia con posterioridad inmediata a este juicio, donde seguramente no tendrán cabida sus falsas acusaciones, avaladas por delincuentes comunes. También se lo recordará por su pretendido vedetismo publicitario. Usted ha cambiado, señor fiscal, yo no. Yo sigo siendo el Bussi de toda mi vida. Fui reconocido por todos los tucumanos en más de treinta años de carrera política. El coraje se demuestra combatiendo y no como usted, que insulta a mis hijos, y en la defensa de las causas verdaderamente justas”.

Después de los treinta minutos de lectura de Bussi, se pasó a un cuarto intermedio. Luego, tomó la palabra Luciano Benjamín Menéndez, quien desempolvó casi el mismo discurso que pronunció en Córdoba cuando fue condenado. Sus palabras parecían haber quedado detenidas en el tiempo, repitió que la culpa de todo el proceso vivido en nuestro país durante la dictadura fue por los primeros movimientos guerrilleros a fines de la década del ’60. Menéndez no lloró, pero se quejó que mientras era amo y señor del suelo tucumano no podía ir de descanso a los cerros norteños, más precisamente a la localidad de Tafí del Valle, porque en ese entones “la ruta 38 estaba llena de montoneros”.

“Hace cincuenta años la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país. Sin tener arte ni parte, sino porque estábamos en la ruta de conquista del terrorismo internacional, los argentinos sufrimos el asalto de la subversión marxista, que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de su sucursal Cuba se proponían someter a nuestro país a su sistema y a sumarnos a su satélite. Era la guerra, pero la más total de todas las guerras, la guerra revolucionaria, no se tratada de sacarnos un pedazo de territorio, no se trataba de un paso entre dos océanos. En realidad, la subversión apuntaba al alma de nuestro pueblo”, aseveró mientas exageraba las eres en su lectura.

Acompañando a los represores estaban la hija y la viuda del capitán Humberto Viola, ajusticiado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en abril de 1974 en Tucumán. La mujer llevaba una lámina con la imagen del militar muerto tal como la confeccionan los familiares de desaparecidos.

Cerca del mediodía y con mucho calor en la sala, los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi pasaron para la tarde la lectura del veredicto. Desde ese momento, comenzaron las especulaciones sobre cuál sería la decisión final de los magistrados. La lectura de todos los cargos para la condena de ambos represores insumió nueve minutos. También se elevaron dos pedidos de detención por falso testimonio, para los testigos Carlos Antonio Décima y José Víctor Gerez, y otros dos por falsificación de instrumento público, en contra de Roque Cabral y Raúl Molina, funcionarios militares quienes habrían sido encargados de “armar” la historia oficial del caso Vargas Aignasse antes de que los militares dejaran el poder.

Los familiares de Vargas Aigna-sse y los organismos de derechos humanos pretendían que Bussi fuera llevado a una cárcel común en el penal de Villa Urquiza, capítulo todavía abierto hasta la decisión final del Tribunal Oral. A la hora de las declaraciones a la prensa, ambos sectores dijeron estar disconformes con parte del fallo. Uno, porque todavía sigue vigente la prisión domiciliaria para Bussi, aunque fue condenado, y otro porque fue condenado a cadena perpetua, pero detenido en la casa de uno de sus hijos ubicada en un country.

Ahora falta la lectura de los fundamentos de la sentencia que se concretará el 4 de septiembre por la mañana. Luego, tendrán cinco días hábiles desde el 5 de septiembre para decidir el lugar donde Bussi deberá cumplir la condena. La sensación que quedó entre los tucumanos es que al Tribunal Oral Penal en lo Criminal le faltó un pequeño trazo para terminar de cerrar el círculo de impunidad impuesto por Bussi y Menéndez durante la oscura década del ’70. Lo positivo es que todavía queda una puerta abierta.

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Nora Cortiñas, integrante Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Es una satisfacción muy grande, pero lo mejor sería que además de perpetua le den cárcel común. No deberíamos haber tenido la humillación de que a este personaje siniestro lo hayan dejado en su casa. Porque después de los crímenes que ha cometido, de ninguna manera pueda estar en la comunidad de su hogar. Fue repugnante verlo llorar al genocida Bussi, es un cobarde. Es una bajeza moral en su accionar. Fueron lágrimas de cocodrilo y de miserable. Más allá de esto nuestro trabajo sigue, porque creemos que las causas ahora deben ser llevadas adelante por el accionar militar en los campos de concentración. No se puede detener por tanto tiempo en una sola persona desaparecida y un solo genocida, sino por todos los torturados. Menéndez se quedó en el pasado y en su mentalidad fascista”.

Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados: “Estamos viviendo jornadas históricas. Tal vez hace algunos años no pensábamos tener en el banquillo de los acusados a los responsables de la mitad de los crímenes de la Argentina, como es el caso de Menéndez y Bussi. Creo que esto lo tenemos que mirar con la perspectiva del valor histórico. No es sólo una condena para reparar el daño que se le provocó a la familia Vargas Aignasse, sino es una señal importante para el futuro de nuestro país. No podemos sustentar un modelo democrático si pensamos que tenemos que convivir con los responsables de los crímenes más atroces. Hubo un profundo respeto de los familiares en todo el proceso del juicio, como lo hubo en los últimos treinta años exigiendo justicia de manera pacífica. Estamos cumpliendo con los compañeros que ya no están. Bussi y Menéndez tienen el discurso de los impunes, de aquellos que pensaron toda su vida que iban a subsistir en ese marco. Creo que los intentos que hicieron de justificar la masacre y anular períodos históricos realmente tienen características de vergüenza. Los intentos de provocación de parte de Bussi, para ver si podía interrumpir el juicio, eran un signo de desesperación”.

Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos: “Hoy es un día histórico. La única verdad que dijo Bussi es que marca un antes y un después en la historia de Tucumán. Claro, él lo dice por razones absolutamente opuestas por las que lo digo yo. Hoy se ha terminado la impunidad y han empezado a imperar la verdad, la memoria y la justicia. Su defensa ha sido pueril y escandalosa por la falta de consistencia cuando quería hacer creer la supuesta libertad de Vargas Aignasse y el secuestro por fuerzas que no conocía. Fue todo un disparate. Esto prueba que más allá de sus bravuconadas, de su egocentrismo y su vocación cuartelera, no es capaz ni siquiera de asumir lo que dice. Además, se ve a sí mismo y llora”.

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La ministra de Defensa, Nilda Garré, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, solicitaron que los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi cumplan sus condenas en una cárcel común. “Con el respeto que se merecen las decisiones que tome la Justicia, creemos que quienes fueron juzgados deben purgar sus condenas en cárceles comunes sin ningún privilegio, como ya lo han hecho otros tribunales del país”, consideró Randazzo en un comunicado. Por su parte, Garré le solicitó de manera urgente al presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla, que ponga “fin al uso de la unidad militar ex Arsenal Miguel de Azcuénaga” para alojar a Menéndez. La ministra argumentó que ninguna unidad militar es “idónea para alojar a personas condenadas en procesos penales, ya sea desde el punto de vista edilicio, como en lo que respecta a las condiciones de seguridad”.

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Fue amo, señor y fusilador número uno de Tucumán. En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana. A fines de la década del ’90, la difusión de la información sobre sus cuentas secretas y millonarias en el exterior le hizo derramar sus primeras lágrimas en público. Pero recién ayer, 32 años después de sus mayores hazañas, el Mussolini tucumano de llanto fácil conoció la Justicia.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Tiene 82 años. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión. “Siempre los Bussis (sic) nos hemos batido en minoría”, mintió ayer. En los registros militares consta que la Compañía de Monte del ERP tuvo, en su momento de mayor despliegue (1975), entre 120 y 180 efectivos.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el ex gendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona.” Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Juan Martín describió el método de entierro en vida, contó que obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, dijo ayer.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. Fue en la misma causa que ayer derivó en su condena. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

De la mirada de hielo de hace treinta años no quedan ni rastros. Si el general Menéndez se esmera en mantener su estampa de guerrero, la barba y las lágrimas de Bussi sugieren abandono y conciencia de la derrota. La única buena noticia que podrá escuchar de aquí en adelante es que le permitan seguir en su country de Yerba Buena. Es improbable: ya violó su arresto domiciliario, demostró –pese al tubito– que tiene buena salud, y ningún condenado por crímenes de lesa humanidad goza de ese privilegio.

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Alias “Cachorro”, alias “Chacal”, alias “Hiena”. El más bravo de los sicarios del Estado en dictadura, el que se animó a cuestionar a los jefes de la Junta Militar por blandos, uno de los represores con más imputaciones en procesos judiciales. El genocida Luciano Benjamín Menéndez, poderoso ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, fue autoridad máxima en Córdoba durante los años del terror y estuvo a cargo de la represión en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Bajo su mando funcionó el destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, del que dependía el centro clandestino de detención La Perla, conocido como “la ESMA cordobesa”, por donde pasaron 2500 hombres y mujeres. Menéndez solía visitar ese campo de exterminio y algunos recuerdan haberlo visto mientras presenciaba fusilamientos al borde de las fosas. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, también aparecía durante los interrogatorios y las torturas.

Le adjudican ser ideólogo del “pacto de sangre”: hacía participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales para que en el futuro “no se dieran vuelta”. Hombre de armas llevar, en agosto de 1984 sacó un cuchillo cuando militantes de la Juventud Comunista lo repudiaron al grito de “asesino” en la puerta de un canal de televisión, cuando salía del programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. En 2003 hubo un incidente similar en Córdoba, cuando amenazó con una sevillana a un grupo de estudiantes que lo reconoció en una playa de estacionamiento.

El “Cachorro” participaba de algunos operativos en los que se reservaba el “botín”. En la Justicia cordobesa hay un pedido de reapertura de la causa Mackentor, una empresa constructora que fue ocupada y saqueada por los militares en abril de 1977 por orden de Menéndez. Veinte empleados y los accionistas jerárquicos fueron secuestrados y llevados al centro clandestino La Ribera, mientras que el presidente Natalio Kejner y el síndico Gustavo Roca lograron salir del país.

Desde hace un mes, Menéndez duerme en la cárcel cordobesa de Bower, tras haber sido condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue su primera sentencia de una larga lista de procesos por los que debería ser juzgado en varias provincias. Hasta ese momento había gozado del beneficio del arresto domiciliario en su casa de Bajo Palermo, en la capital cordobesa, con su rutina de caminatas y su apacible existencia de general de división retirado. Si bien tuvo menos exposición pública que un Videla o un Massera, ejerció la misma influencia en las decisiones políticas y represivas. Mantuvo algo de ese poder durante los años ’80 y ’90, cuando el Ejército lo seguía invitando a sus actos oficiales.

Fuera del amparo de la Ley de Obediencia Debida, en 1988 fue procesado por 48 homicidios, 76 tormentos y 4 sustracciones de menores. Pero en 1990, cuando estaba a punto de ser juzgado, el entonces presidente Carlos Menem lo incluyó en el indulto, a pesar de que nunca había sido condenado. Esa medida lo salvó, además, de otras 700 causas en las que se lo acusaba de homicidios calificados, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegales de la libertad y sustracción de menores (masacre de Palomitas, centro Arsenales, asesinato de Paco Urondo, torturas a Raúl Ernesto Morales, entre otros casos). En abril de 2000 pasó cinco días preso tras negarse a declarar en el proceso en el que se investigaban los 30 asesinatos de presos políticos en la Penitenciaría. Fue la primera vez que se encontró frente a dos hijos de sus víctimas.

Junto a Ramón Díaz Bessone, Santiago Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason integró el grupo de Los Duros y llegó a soñar con la política desde la organización Nueva Opción Republicana. Fue ferviente partidario de que Argentina entrara en guerra contra Chile en el conflicto del Beagle. “Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo hacemos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico”, dijo entonces.

Menéndez nació hace 81 años en San Martín, entró al Colegio Militar en 1943 y ascendió a coronel en 1966. De familia militar, su abuelo también había querido iniciar la guerra contra Chile, su padre se sublevó en 1951 contra Juan Perón y su sobrino, Mario Benjamín Menéndez, se rindió en Malvinas.

Mientras otros genocidas callan, Menéndez usa el banquillo de los acusados como si continuara arengando a la tropa. En sus ardientes defensas del terrorismo de Estado (que le “ganó la batalla a la subversión marxista”), hay una aceptación implícita de los delitos que se le imputan. Como en sus “Instrucciones para actuar contra la subversión”, en las que instaba a los ciudadanos a la delación de sospechosos y de “cualquiera que esté alejado de sus padres, no crea en Dios y excite contra todo tipo de autoridad”.

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El ex comisario Mario "Malevo" Ferreyra anticipó hoy ante las cámaras de televisión su decisión de suicidarse debido a la presencia de la Gendarmería, que iba a detenerlo ante la sospecha de que estaba involucrado en una causa por crímenes en la dictadura.

Ferreyra dijo que iba a tomar una determinación "a lo animal", adelantó a los periodistas que iban "a transmitir algo real" y aseguró que si los efectivos ingresaban a su casa "no sostendría un segundo" resistencia.

"Esto va a tener un final, que obren, que operen, que usen armas y tengan buena puntería", señaló el ex policía en el último reportaje brindado a una periodista del canal Crónica TV, sobre el tanque de agua de su casa, en un paraje tucumano.

Enseguida, pronunció un "hasta siempre María", en alusión a su esposa María de los Angeles Nuñez, y se disparó cerca de una oreja, imagen que quedó filmada y luego fue transmitida a todo el país.

Antes del desenlace, afirmó que la Justicia lo buscaba por una "causa inventada" y que esto provocaba una situación que "estaba arruinando" a su familia.

Además, acusó a los funcionarios judiciales de no tener "coherencia y actitud" y de haber "armado una acusación integral" que lo ponía "bajo presión".

En tal sentido, opinó que las acusaciones contra represores de la dictadura "están llevando" a la justicia "en una especie de dictadura, de tiranía".

"Van a seguir deteniendo gente inocente. Si no hay algo supremo, esto no va a tener fin. Pido que dejen de arrestar a policías", agregó La noche anterior al suicidio, Ferreyra, según admitió, pidió la presencia de un sacerdote para confesar sus pecados y solicitar que lo "absuelva", y recordó que en su juventud había pasado "tres años" en la orden de los franciscanos.

"Le temo a tata dios, nada más", dijo cuando se le preguntó si la presencia de la Gendarmería le daba miedo.

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El Malevo Ferreyra había fundado una corriente política que se llamaba “Horizonte Norteño”, Honor, al que calificaba de partido “itinerante”, o sea, apoyaba al que le parecía mejor, aunque siempre apoyó al mismo: el de su viejo jefe durante la dictadura y ex gobernador Antonio Domingo Bussi. Parecía el personaje cantado de una novela negra mediocre, el del malo que tiene cosas buenas, el lugar común del pistolero valiente que al final, en la realidad, se achica hasta el drama mezquino del personaje violento, acostumbrado al ejercicio impune del poder de vida y muerte sobre los demás, que no puede concebir que la justicia es igual para todos, incluso para él.

En 1986 fue absuelto por la muerte del “Prode” Correa. En 1988 fue acusado nuevamente por el crimen de un jefe de los “Gardelitos”. El cadáver del hampón, que estaba en la morgue policial, fue rociado con ácido y se perdieron todas las pruebas. El comando Atila, un grupo clandestino formado por efectivos policiales, había acudido en su ayuda.

En 1991 secuestró a tres ladrones en Salta, los llevó a Tucumán, donde los tuvo encerrados un día entero y después los fusiló en Laguna de los Robles. Fue condenado a cadena perpetua en 1993, pero en 1996 Bussi, entonces gobernador, le bajó la pena y pudo salir en libertad en 1998. “Es un hombre de la ley y el orden –dijo en ese momento Bussi, que seguramente se ha excedido, pero que revela en su encarcelación una conducta ejemplar–.” Volvió a estar preso y se las arregló para salir nuevamente.

El Malevo había hecho escuela durante la dictadura. Había aprendido junto a Bussi que quien tiene el poder, tiene todo. Había visto cómo se despersonalizaba a los prisioneros, cómo se los torturaba y cómo se los asesinaba. El que tiene el poder es más que las personas comunes. Es el ángulo primitivo sobre el que se basa la mano dura, el espíritu glorioso de los linchamientos.

Antes de fundar Honor, en 1999 tenía el partido “Fidelidad y Honestidad Republicana”, que era un sublema del partido bussista “Fuerza Republicana”, que llevó como candidata a diputada a su mujer, María de los Angeles Ferreyra.

En el ’93, cuando era juzgado por el triple asesinato, el comisario se fugó con ayuda de sus secuaces y se ocultó en un rancho de Pacará Pintado, en las afueras de la ciudad de Tucumán. Una vecina se quejó de que los caballos del prófugo invadían sus terrenos y se enredó a gritos y puteadas con la esposa del Malevo. La represalia no tardó en llegar. El Malevo juntó 30 hombres, balearon la casa de los vecinos, golpearon a toda la familia y los amenazaron de muerte.

Para algunos tucumanos, el Malevo era el héroe de la lucha contra la inseguridad. Un paladín de la ley, como dijo Bussi. La brutalidad como símbolo del orden y el progreso. Un hombre violento y descontrolado empujando el progreso. Una imagen que se propone todos los días en todo el país. El progreso de la mano de la brutalidad. También era la idea básica de la dictadura, de todas las dictaduras. No es tan casual que en este caso se entrelacen en la mismo figura.

Porque el pedido de mano dura encarna inexorablemente en esos personajes que actúan el lado oscuro de quienes la reclaman. Ellos hacen secretamente lo que les repugna a quienes lo aclaman. Y quienes después se horrorizan cuando la salvajada se hace pública. El Malevo fue el protagonista oscuro de ese pacto, igual que sus víctimas. Un pacto que está latente cada vez que “ciudadanos intachables” piden mano dura. Porque alguien tiene que hacer lo que ellos piden (lo que al mismo tiempo ellos no pueden o desprecian hacer porque son ciudadanos intachables). Es el reclamo para que alguien peor que los delincuentes actúe en sus nombres. Una forma de delegar la brutalidad y la violencia que está en ellos mismos. Por eso, el Malevo estaba convencido de que actuaba en nombre de los que piden mano dura. Y no se equivocaba. Era un producto de ese reclamo.

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