Menéndez fue llevado esta mañana, según lo confirmó el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, Mariano García Zavalía, ante quien debe comparecer el ex titular del III Cuerpo de Ejército durante la dictadura, junto al ex gobernador de esa provincia, Domingo Antonio Bussi.

"La delegación salió cerca de las 10.30 en un avión del Ejército, así que lo esperamos esta tarde en Tucumán", dijo al mediodía el funcionario judicial.

Una hora antes, según dijo Juan María Bouvier, titular del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), efectivos militares habían retirado a Menéndez de la cárcel de Bouwer.

Menéndez estará alojado en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, una dependencia militar que fue el más importante centro clandestino de detención del norte argentino.

Según estimó en diálogo la abogada de derechos humanos de Tucumán, Laura Figueroa, por allí habrían pasado unas mil víctimas de la represión, desde que entró en funcionamiento, en febrero de 1976, antes del golpe de Estado. "Hay testimonios de que en ese lugar se lo vio incluso a Bussi".

Según dejó sentado el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba que lo acaba de condenar, en un fallo de 429 páginas, Menéndez "tenía el control absoluto" y hasta era el ideólogo del plan sistemático de aniquilamiento en el Tercer Cuerpo de Ejército.

Junto a su subordinado Bussi, ex titular de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, Menéndez está acusado de la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, detenido el mismo 24 de marzo de 1976 en la cárcel de Villa Urquiza, y posteriormente sometido a un "simulacro de liberación" para ser pasado a la clandestinidad y nunca más visto con vida, con excepción de la Jefatura de Policía.

La lectura de la acusación está prevista para el 5 de agosto a las 9.30 y el día siguiente ya comenzarán a declarar los 27 testigos previstos, muchos de ellos víctimas de la dictadura, pero también ex personal penitenciario y miembros de fuerzas de seguridad, a un ritmo estimado de 6 por día. Según el diario La Gaceta de Tucumán, la sentencia llegaría el 28 de agosto.

El tribunal está integrado por Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Josefina Curi, mientars que el fiscal es Alfredo Terraf. Bussi tendrá una defensora pública, Amalina Assaf, y Menéndez será asistido por el abogado particular Horacio Guerineau.

Menéndez había pedido gozar del beneficio de arresto domiciliario, en la casa que un hijo suyo tiene en Tucumán, pero la Justicia se lo rechazó luego de que el Tribunal Oral Federal Nº1 lo condenó a prisión perpetua en Córdoba.

De todos modos, como estará en una dependencia militar, la Asociación de Ex presos Políticos de Tucumán ya pidió que sea enviado a una cárcel común.

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                                                              (Gran Papiyo)

El represor Antonio Domingo Bussi no verá cumplido su deseo de eludir la Justicia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió que los planteos que señalan que padece un deteriorado estado físico y mental no son suficientes para zafar del juicio que empezará el próximo martes. “De algún modo u otro, el imputado Bussi se ha dado, se da y se dará a entender –con las limitaciones propias de su edad– en defensa de sus intereses”, aseguraron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas.

Los magistrados destacaron que, pese a que tiene 82 años, “su desarrollo mental no se encuentra nulo sino sólo debilitado, incluso no en los niveles más bajos, sino entre moderado y leve”.

Los jueces ratificaron la presencia de Bussi en el juicio después de analizar el informe del perito del Cuerpo Médico Forense, Marcelo Gustavo Rudelir, quien revisó a Bussi en su casa del country de Yerbabuena. La intervención de un psiquiatra de la Corte Suprema había sido solicitada por el tribunal para escuchar una segunda opinión, después de que una junta de seis médicos tucumanos sostuviera que el represor no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por sufrir de una afección cardíaca y estar atravesado por “un estado profundamente depresivo” que le impediría comprender las consecuencias jurídicas de sus actos.

Rudelir sostuvo, en cambio, que Bussi “se encuentra en condiciones de comprender el alcance de las imputaciones que se le efectúan”, aunque coincidió en que el militar, que está medicado con un miligramo de Rivotril diario y tres de Lexotanil, sufre de depresión.

Los jueces sostuvieron ayer que “el imputado quiere, entiende y, por ello, actuará y ejercerá sus derechos, rodeado de un número de herramientas legales predispuestas para complementar su defensa junto con la actuación técnica de su abogada defensora, sin que tal debilitado entendimiento implique la ausencia de capacidad para desenvolverse en el proceso penal”. Jiménez Montilla y Casas concluyeron que el juicio “no pretende constituir un vejamen, un hostigamiento o un desprestigio de Bussi, sino que supone hacer efectiva la vía jurisdiccional prescripta por la ley para que pueda hacer uso de la totalidad de los medios que le proporciona el debido proceso, en el marco del cual podrá hacer valer su inocencia o su versión de los hechos”.

De este modo, Bussi será juzgado junto con Luciano Benjamín Menéndez por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, en abril de 1976. Bussi y Menéndez –que será trasladado desde Córdoba a los ex arsenales Miguel de Azcuénaga– afrontan, además, acusaciones por otros 600 casos de tormentos y desapariciones. El primero, entre 1976 y 1977, estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería y ofició como gobernador de facto de Tucumán. Menéndez, condenado a prisión perpetua hace una semana en Córdoba, era titular del III Cuerpo de Ejército y controlaba la represión ilegal en diez provincias.

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El primer juicio en Corrientes a ex militares por delitos cometidos durante la última dictadura militar, finalizó ayer con sentencias que van desde la prisión perpetua a los 18 años de cárcel y con incidentes en la sala donde se desarrolló el debate.

Familiares de los ex militares condenados, y Cecilia Pando, esposa del mayor Rafael Mercado y defensora de la represión ilegal en la última dictadura, protestaron por el fallo. Pando insultó a los jueces a los que advirtió: "Ya van a pagar por lo que están haciendo".

La sentencia mas dura recayó sobre el ex teniente coronel Julio Rafael Barreiro, quien fue condenado a prisión perpetua; mientras que el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Carlos de Marchi, al igual que el coronel Horacio Losito fueron sentenciados a 25 años de prisión. Por su parte el ex comandante de Gendarmería Nacional Raúl Alfredo Reynoso, recibió una pena de 18 años de prisión. Cumplirán las sentencias en la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco, donde ya estaban alojados.

El quinto de los acusados por delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, el ex suboficial del Ejército Carlos Piriz fue absuelto por el Tribunal Oral en los Criminal Federal presidido por Víctor Antonio Alonso e integrado además por Lucrecia Rojas de Badaró y Guillermo Navarro, quienes ordenaron su inmediata libertad. Los fundamentos de las sentencias serán leídos en una sesión especial el próximo miércoles 17 de septiembre.

Todos fueron acusados en distinto grado de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad seguida de tormentos y, en el caso de Barreiro, seguida de muerte en uno de los casos analizados. En esta causa aparece también el ex general Cristino Nicolaides, quien debido a su estado de salud cuando se inició el juicio no pudo ser traído a Corrientes. Su caso será juzgado en un debate especial cuya fecha aún no se ha fijado.

La sentencia fue festejada por unos trescientos militantes de derechos humanos que seguían la audiencia desde la calle. Los familiares de los ex militares reaccionaron airadamente, pero se destacó la actitud de Cecilia Pando quien increpó a los jueces gritándoles "¡Cobardes! ¡Cagones!" y asegurándoles que iban a "pagar lo que están haciendo" mientras pasaba su mano por el cuello en el clásico gesto de deguello dirigido al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde a quien amenazó luego directamente (ver: "Con mis propias...") El funcionario denunció más tarde a la señora Pando.

Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos correntinos mostraban su satisfacción por las condenas, Pando se encargaba de gritar: "Para ellos no hubo justicia" en alusión a los ex militares.

El expediente se centró en las desapariciones de Juan Ramón Vargas, dirigente de las Ligas Agrarias, y Rómulo Gregorio Artieda, militante de la Juventud Peronista, de cuya muerte se responsabilizó a Barreiro, quien por aquellos años, 1976 y 1977, era subteniente.

En los cinco meses que duraron las audiencias declararon además de ex militares y ex soldados del Regimiento de Infantería 9, personas que fueron detenidas y torturadas en esa unidad militar, ubicada por entonces sobre la Costanera Correntina.

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Los ojos desorbitados, la mandíbula copándole el rostro, la voz ronca lastimada de tanto gritar. Cecilia Pando se convirtió ayer en la atroz caricatura de sí misma. Su odio y rencor quedaron al descubierto en forma y contenido. La mujer que sigue repitiendo que “los desaparecidos están vivos en España” se mostró en plenitud tras la condena a un grupo de represores en Corrientes. Ante la Justicia, la amenaza de muerte.

En los estertores del verano del 2005, la esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado empezó a construirse como icono de la ultraderecha a partir de una carta de lectores publicada en La Nación. La defensa del entonces obispo castrense Antonio Baseotto fue la excusa para criticar la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. “En esa famosa carta manifesté mis ideas, lo que pienso, porque me sentí y me siento agredida continuamente por el presidente de la Nación. Primero, con el hecho de que lo había sacado a monseñor Baseotto del obispado castrense. Porque el presidente en ese tema no es nadie, tiene que cerrar la boca y respetar lo que dice el Vaticano. Pero él siempre quiere más, quiere pasar por sobre la autoridad del Vaticano”, explicó.

Baseotto oficiaba de padre espiritual de los familiares y represores que empezaban a ser detenidos por delitos de lesa humanidad. Pando, joven, madre de siete hijos, docente, apareció como el mascarón de proa de una remake de los Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (Famus), la entidad que durante el alfonsinismo había intentado contrarrestar la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos.

A medida que ganaba espacio en los medios, aparecieron los sponsors. Bernardo Neustadt la catapultó como uno de “los talentos” de su fundación. Mercado fue pasado a retiro por no haberse diferenciado de los dichos de su esposa, agraviantes para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a la sazón, el Presidente, pero rápidamente consiguió trabajo en Scanner S.A. La empresa fundada por el teniente coronel retirado Héctor Schwab, detenido en el 2003 por orden del juez español Baltasar Garzón, le dio cobijo y apeló a sus contactos para encontrarle lugar a Pando en uno de los colegios de Fasta. La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), que encabeza el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien supo acompañar en los ’70 a José López Rega a Libia, es uno de los refugios del matrimonio y lugar de estudio de sus hijos.

En ese momento desde la secretaría de la Unión de Promociones, Schwab apadrinó a su hija María Pía y a Pando para formar la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa). Remeras blancas con una gran bandera argentina encerrada entre rejas –la “Patria presa”– fue el distintivo de ella y otras señoras frente a los tribunales de Comodoro Py. “Reclamamos libertad ya, para todos los detenidos sin sentencia o proceso por supuestos delitos de la década del ’70. Una Navidad sin presos políticos será el primer paso para terminar este cíclico proceso de venganzas, nuestra historia tiene demasiados vaivenes. Quiera Dios que mañana la venganza y la revancha política que hoy se implementan no causen nuevas víctimas al pueblo argentino”, empezó a arengar en diciembre de 2005.

Para entonces ya se había acercado al entonces ascendente Juan Carlos Blumberg y aportado conciencias de colegios de la zona norte a sus marchas por seguridad. En marzo de 2006 irrumpió en la Casa Rosada. Como asesora de la diputada Nélida Mansur del partido de Luis Abelardo Patti, se coló en un acto por el Día de la Mujer y cruzó a Kirchner a los gritos. Se quejó, con razón, porque su esposo había sido castigado por los dichos de ella en función del código castrense. Fue un ensayo de los gritos desaforados. Poco después amenazó con encadenarse a las rejas del Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, y a los pocos días se le impidió entrar en un acto en el Colegio Militar.

Así, a fuerza de escandaletes Pando fue forjando su lugar mediático. En el camino había quedado el otro rostro femenino de la defensa de los represores: Karina Mujica. La ex novia de Alfredo Astiz tuvo que resignar protagonismo cuando una cámara la descubrió en un prostíbulo marplatense. La doble moral la alejó de las luces y la relegó a una escuela de danza y folklore en Luján. Su militancia en Memoria Completa quedó opacada.

Las señoras de Afyappa redoblaron esfuerzos al ritmo del avance de los procesos contra los represores. Aparecieron en las audiencias del juicio al capellán de Ramón Camps, Christian Von Wernich y Pando tuvo un primer conato de gritos hasta que le prohibieron entrar. En la página web políticaydesarrollo, escribió horrorizada por el traslado del cura al penal de Marcos Paz: “Dios, que en su infinita sabiduría sabe escribir derecho con las conductas torcidas de los hombres, seguramente encontrará en este injusto traslado la posibilidad de que otros detenidos encuentren la paz y el apoyo espiritual que necesitan para soportar su calvario”.

Este año la tropa pandista intentó disputar cada martes la Plaza de Mayo. Un grupo raleado pintó crespones cerca de los pañuelos de las Madres para pedir justicia por “los muertos por la subversión”. Entrenadas ya, se sumaron a más de una marcha en favor del reciente lockout ruralista.

Pando había aparecido en el inicio del juicio en Corrientes y fue consecuente en el final. Desencajada, dejó al descubierto la impotencia de su marginalidad.

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A Eduardo Luis Duhalde las amenazas de Cecilia Pando no lo tomaron por sorpresa. Aunque ayer fue la primera vez que la dirigente del partido de los represores lo increpó en una audiencia pública, el secretario de Derechos Humanos de la Nación parece acostumbrado a sus sablazos. En diálogo con PáginaI12, Duhalde reconstruyó parte de lo que sucedió en la sala de audiencias de los tribunales federales de Corrientes, convencido de que no se trató sólo de una cuestión personal. Para él, la furia de Pando muestra que, “si ellos tuviesen una oportunidad, volverían a hacer lo mismo”.

Cuando concluyó el primer juicio a los represores de Corrientes, Pando saltó y se subió a una silla, le dijo al tribunal que habían sido unos cobardes e increpó a Duhalde. “Vos sos un terrorista indultado”, “ya se te va a acabar la plata para pagarles a los jueces”, “hacías apología del terrorismo desde la revista Militancia”. Y antes de amenazarlo con degollarlo con una mano en el cuello le dijo: “Yo me voy a ocupar personalmente de vos; te voy a agarrar con mis propias manos”.

–¿Qué ocurrió con Cecilia Pando?

–Hablemos primero del juicio porque fue importantísimo por las presiones que se intentaron ejercer sobre el tribunal, desde los sectores de las clases altas de la provincia y desde los medios. Hasta 2003 (el ex capitán Juan Carlos) De Marchi fue presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y al momento de la detención era el vicepresidente y cuando lo detuvieron recibió el respaldo de Luciano Miguens en una declaración.

–¿Por qué cree que Pando lo increpó a usted?

–La Secretaría de Derechos Humanos fue querellante en la causa, no fue la única. También lo hicieron los familiares y los ex desaparecidos de Corrientes. En ese sentido, yo hoy (por ayer) compartí la audiencia en calidad de querellante y creo que eso motivó el exabrupto. Se ve que la hizo superar los límites de lo tolerable y llegó a la amenaza de muerte respecto de mi persona. Creo que eso ahora no tiene otra importancia que la de señalar los dos modelos de conducta que eso está mostrando. Porque mientras los que representan al Estado y a las víctimas lo que exigimos es justicia, los que están emocionalmente ligados a las prácticas del terrorismo de Estado insultan a los jueces y amenazan de muerte. Y creo que eso reproduce mucho más que un mero incidente.

–¿Le había pasado antes con ella?

–No. Ella antes ya había proferido algunos insultos, pero no en la sala de audiencias y creo que eso es anecdótico.

–Cree que Pando lo amenazó a usted como ex abogado de las organizaciones armadas en los ’70 o por su rol ahora en la Secretaría de Derechos Humanos.

–Ella me acusaba de ambas cosas: de haber dirigido la revista Militancia y del presente también. Ella ya había estado en los actos con fotos en las que nos acusa de terroristas, es una permanente dedicación hacia mi persona la de esta señora, pero su actitud de hoy es altamente provocadora. Intentó impactar en la audiencia con un incidente así como el de (Antonio Domingo) Bussi ayer, que hizo suspender la audiencia. Ella pensó que esto podía tener más repercusión que la condena.

–¿Vincula este juicio con el conflicto con “el campo”?

–Esto no tiene que ver con el conflicto con el campo; ellos ya estaban presos y la etapa oral llevó seis meses. Nicolaides no pudo ser cojuzgado por su enfermedad. Pero de todos modos es revelador, no olvidemos que la Sociedad Rural fue una de las instituciones que más se comprometió y aplaudió el golpe genocida de 1976.

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