Se trata del enfermero Juan "Jeringa" Barrionuevo, señalado por asistir al médico Carlos Capdevilla en las sesiones de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada. En 2003 resultó electo diputado por el PJ en Tierra del Fuego, pero organizaciones de derechos humanos impidieron su asunción.

En libertad, lejos de la sentencia pero condenado al ostracismo desde hace cuatro años, cuando trascendió su pasado en la ESMA, falleció a los 54 años víctima de un cáncer fulminante el suboficial retirado Juan Lorenzo Barrionuevo, más conocido como Jeringa. El enfermero que maletín en mano caminaba entre los secuestrados para curar heridas de picana cometió el error de abusar de su impunidad en 2003, cuando fue electo legislador de Tierra del Fuego de la mano del menemista Carlos Manfredotti. Su pasado se filtró, el sobreviviente Víctor Basterra lo reconoció, su imagen se vio en TV y allí culminó su vida pública. Siguieron el desafuero, el procesamiento, la prisión VIP, la excarcelación y la guarida final en su Tunuyán natal.

“Tenía miedo de que cuando llegara el momento no me iba a animar a empujar a la gente desde el avión. Pero me animé. En ese momento me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, confesó Jeringa a José Luis Díaz, guardia del hospital de Ushuaia que declaró ante la Justicia.

Ser enfermero en la ESMA no era una oficio más. No sólo recorrer “Capucha” rodeado de personas con grilletes y cabezas tapadas es un trabajo atípico. También ayudar a revivir a secuestrados tras las sesiones de torturas para someterlos a nuevos interrogatorios, curar quemaduras de picana y, tal vez la labor más lúgubre, aplicar la inyección de “Pentonaval” para adormecer a las víctimas antes de cargarlas a un avión y arrojarlas al mar.

En 2003 Barrionuevo fue elegido legislador por el PJ. A principios de diciembre, Basterra lo encaró en una calle de Ushuaia y lo identificó. Lo había denunciado ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en 1984. Cuando el programa Puntodoc mostró su rostro, lo reconocieron otros sobrevivientes, como Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz. Después de las sesiones de tortura, mientras le impedían tomar agua para evitar que reventara, una voz particular le dijo a Basterra: “¿Así que querés agua?”. Y le arrojó un balde de agua helada. Era agosto de 1979. Volvió a verlo por una migraña. Jeringa le levantó la capucha, pidió que no mirara, pero Basterra espió y alcanzó a divisar su nariz aguileña y el pelo lacio. Veinticuatro años más tarde volvió a reconocer su rostro y su voz.

Basterra junto con el Cels y la ONG fueguina Participación Ciudadana solicitaron su detención y pidieron a la Legislatura que no le tomara juramento. Se sumaron el ARI fueguino, la Secretaría de Derechos Humanos y la entonces senadora Cristina Fernández. El 17 de diciembre de 2003, con voto unánime, los legisladores decidieron no tomarle juramento, aunque mantuvo sus fueros parlamentarios. El juez federal Sergio Torres debió esperar el desafuero casi un mes para poder detenerlo. El 12 de enero de 2004 declaró durante siete horas, negó haber estado en la ESMA y quedó detenido en dependencias de la Armada. La Cámara Federal ratificó el procesamiento, pero poco después fue excarcelado. En marzo de 2006 Torres amplió su procesamiento por el caso de Lorkipanidse y Liliana Pellegrino y dictó su prisión preventiva VIP en la base naval de Punta Indio. Cuatro meses después los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, en tres carillas, dictaron su falta de mérito y ordenaron liberarlo. Se recluyó en Tunuyán, Mendoza, donde nació el 22 de diciembre de 1953. Hasta el final cobró una pensión como “ex combatiente” de Malvinas, pese a que nunca pisó las islas: durante la guerra fue enfermero del Hospital Naval de Ushuaia.

Mario Villani, sobreviviente de la ESMA, evitó referirse a Barrionuevo pero reflexionó sobre el significado de su muerte: “Es una lástima que por la lentitud de la Justicia mueran sin condena, pero hay una cuestión más profunda: la condena a lo que ellos simbolizan. Tipos como Barrionuevo pueden ser juzgados o morir sin que nos libremos de la peste de sus prácticas. Para eso hace falta que quienes ocupan el poder dejen de recurrir a sus métodos. Hay que seguir luchando para lograrlo”.

“No lo conocí, pero sé a qué se dedicaba: médicos y enfermeros tenían la función de inyectar a los compañeros para los traslados”, recordó Graciela García, también sobreviviente de la ESMA. “Un día me pusieron en una fila y nos inyectaron uno por uno. Llegué a ver la cara de quien inyectaba y lo reconocí años después en su consultorio: el doctor Carmelo Spatocco, ya fallecido. Aquel día lo acompañaban varias personas, tal vez alguno fuera Barrionuevo. Creo que su apodo no es casual. Hace referencia a su función: dormir a los presos para tirarlos desde aviones”, concluyó.

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Tras escuchar las imputaciones en su contra, el represor efectuó una "negativa general" y rehusó contestar las preguntas que querían hacerle el magistrado y el fiscal Eduardo Taiano, tras lo cual el magistrado dispuso que sea remitido al penal de Marcos Paz.

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Puthod afirmó también que sus captores le dijeron que lo que le hacían era en respuesta al homenaje que organizaba junto con sus compañeros de la Casa de la Memoria de localidad bonaerense de Zárate para dos dirigentes peronistas fusilados en 1982.

El acto previsto para mediados de este mes es en recordación de los dirigentes peronistas de la organización Montoneros Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, asesinados en el año 1982 en una zona cercana a la ruta 9 en la localidad de Lima.

"Vos no entendiste los mensajes que te dejamos; vivís o morís en el momento en que nosotros queremos", aseguró el dirigente de los derechos humanos que le advirtieron durante su cautiverio.

En la conferencia de prensa brindada esta tarde Puthod contó cómo fue capturado: "Salgo para la radio (en donde conduce un programa) y me secuestran dos personas en la esquina de Ameguino y Rómulo Noya".

"Una de las palabras de los secuestradores fue 'vos no entendiste todavía que la vida de ustedes las tenemos en nuestras manos, a pesar de estos 32 años, la vida de ustedes sigue siendo nuestra'", detalló el militante peronista.

Además, recordó que su esposa y él vienen recibiendo amenazas "en los últimos tres años" en varias oportunidades, y, en referencia a ello, remarcó que los delincuentes le señalaron: "Vos no entendiste los mensajes que te dejamos".

Puthod fue recibido por sus compañeros de la Casa de la Memoria en un clima de profunda emoción, con abrazos y lágrimas, especialmente visibles en el saludo con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara de Cobacho.

Tras ser liberado ayer después de 27 horas de cautiverio, Puthod fue internado en el hospital Virgen del Carmen de Zárate, en donde recibió la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, y permaneció allí hasta las 9.50 de hoy.

Al ser dado de alta, Puthod se dirigió a la Casa de la Memoria y luego se trasladó a la Fiscalía Descentralizada de Zárate-Campana, en donde prestó declaración ante el fiscal Martín Socca durante aproximadamente tres horas.

Acompañado en todo momento por su esposa, Graciela Lencina, y escoltado por efectivos de la Policía Federal, el dirigente de derechos humanos se mostró visiblemente conmocionado por lo que había vivido, pero remarcó: "en el secuestro anterior no me quebré, voy a seguir levantado las mismas banderas".

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"Dijeron que me van a matar, que están volviendo, que están hartos", fue el mensaje que dieron a Alejandra, la hija de Bonafini, según relató esta mañana su madre. Bonafini agregó que por la mañana, al salir para su trabajo, Alejandra observó que frente a la puerta de su domicilio, al que se había mudado recientemente, había "un hombre pelado y otro dentro de un auto con vidrios polarizados".

"Mi hija está cansada, hace seis años le pasó lo mismo", dijo Bonafini al recordar que en mayo de 2002 su hija fue amenazada y torturada por desconocidos. "Todo lo que hacemos las madres les ha jodido y la forma de atacarme es atacar a mi hija, ir a la casa de mi hija", sostuvo en declaraciones a la radio de las Madres. "Esto es muy grave", dijo Bonafini, en tanto esperaba la llegada de los abogados para presentar la denuncia correspondiente.

La amenaza hacia Bonafini se produce dos días después de que el titular de la Casa de la Memoria de Zárate, Juan Evaristo Puthod, fuera secuestrado y amenazado de muerte durante 27 horas.

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Juan Evaristo Puthod, sobreviviente de varios centros clandestinos, testigo en causas judiciales como Campo de Mayo y presidente de la Casa de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Zárate, fue secuestrado por desconocidos durante 28 horas. Pese al amplio despliegue policial, sus secuestradores nunca perdieron la calma, lo liberaron a las once de la noche a quince cuadras de la Casa de la Memoria, desbordante de compañeros pero también de policías, y al cierre de esta edición no había ningún indicio firme sobre los responsables del hecho.

Puthod y sus compañeros habían anunciado días atrás un homenaje a los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi y recorrieron los campos de la zona donde los fusilaron en busca de testigos. Según relató a Página/12, el acto fue uno de los cuestionamientos más concretos que le formularon los captores. La Casa difundió hace un mes un documento titulado “Crónica de un fusilamiento anunciado” en el cual acusan al subcomisario Luis Abelardo Patti como responsable de esa ejecución.

“Tengo sentimientos superpuestos. Estoy contento de estar con mi familia. Desde que aparecí no pude parar. Estuve internado anoche por mi corazón, porque aparecí con casi 500 de diabetes. Y desde que salí no paré”, explicó Puthod en diálogo con Página/12.

–¿Cómo fue el secuestro?

–Fue a dos cuadras de la Casa, camino a la radio. Me agarraron de atrás. Me pasaron una mano por el hombro, creo que me pusieron una pistola en las costillas y dijeron “tranquilizate, flaco, caminá”. Me bajaron la gorra de lana en los ojos, quedé prácticamente ciego. Además por la tortura en la dictadura perdí el ojo izquierdo. Me subieron a un auto y me llevaron, supongo que a un campo. Me metieron en una casa, en una pieza.

–¿Lo vendaron?

–Primero estoy con la gorra baja. En la casa me ponen la venda y me atan las manos con soga, separadas, a un elástico en el piso.

–¿Ahí lo interrogan?

–Primero me dicen “quedate tranquilo, flaco, está todo bien. No hagas boludeces, no te saques la venda, no te la levantes, no te arrimes la mano porque sos boleta. Si hacés todo bien no pasa nada”.

–¿Qué edad le sugerían las voces?

–Cuarenta y pico de años, calculo. Pero muy controlados, serenos. Evidentemente había alguien en la habitación, pero nadie me habla durante muchas horas. El día que aparezco, ya perdí noción del tiempo, me dan un sandwich. Como a la hora aparece el tipo a hacerme una especie de interrogatorio, 15 o 20 minutos. “¿Cómo está?”, pregunta. “Bien, aguantando, pero mal porque estoy acá.” “Bueno, estás mal porque no entendiste los mensajes que te dejamos. Vos te salvaste en la dictadura, te salvaste de tu corazón (en referencia a los cinco infartos que sufrió hace menos de un mes), tal vez te salves ahora. Vos no entendiste que nosotros somos dueños de tu vida. Vos vivís o morís si nosotros lo decidimos, flaco.” Después me preguntó por la Casa de la Memoria, por qué hinchábamos las pelotas, a quién se le ocurrió el tema del homenaje. Le respondí que el proyecto era nuestro, que no tenía relación con la liberación o el encarcelamiento de Patti, que lo veníamos organizando desde antes. Me preguntó por mi relación con ex dirigentes montoneros. Ninguna, le dije. “¿Qué tiene que ver Cobacho con el monumento?” (Por Sara de Cobacho, secretaria de derechos humanos de la provincia) Nada, respondí. “¿Por qué si la sociedad se había olvidado del caso tiene que salir a refrescar la muerte de esos dos terroristas?”, preguntó. Le dije que es parte de la memoria, que se cumplían 25 años.

–¿Antes del diálogo le dijeron que lo iban a liberar?

–No, no. Después me volvió a reiterar que a ellos les pertenece nuestra vida. Y dijo algo que me dejó pensando: “Nosotros los cuidamos. Nosotros los secuestramos”`. ¿Quién se adjudica cuidarnos? La policía, nadie más. Desgraciadamente ellos son dueños de nosotros. Ellos te levantan, te secuestran, te liberan o te matan cuando quieren.

–¿Así terminó el diálogo?

–El tipo se comunicó con su gente y dijo “sáquenlo”. Uno le respondió “ahora no se puede, Zárate está hirviendo”. Ahí me di cuenta de que me estaban buscando. Me tuvieron un par de horas más hasta que me cargaron al auto y me liberaron en el barrio Villa Fox.

–¿Vincula su secuestro con policías?

–Lo vinculo con la policía y no puedo desvincularlo de Patti. Pero les dejé en claro que nuestro homenaje a Cambiasso y Pereira Rossi no tenía relación directa con Patti. El año pasado quisimos recordar a Dardo Cabo, no pudimos por una cuestión presupuestaria. Este año el gasto es menor y vamos a hacerlo.

–¿Por qué cree que estuvo en un campo?

–Por el silencio, por el frío, la brisa. Cuando me bajaron del auto hacía mucho frío.

–¿Lo golpearon?

–En el auto, me pegaron una patada cuando intenté levantar la cabeza.

–¿En algún momento pensó que podían matarlo?

–Estuve tres meses desaparecido y seis años preso. Cuando me pusieron la venda empecé a acordarme desde mi secuestro el 27 de marzo de 1976 hasta el 9 de julio de 1981 cuando salí en libertad. Me acordé de todo. En ese momento esperás que entren, que empiecen los golpes, la picana, el submarino. Es un momento que no le deseo a nadie. Vos esperás lo peor. La tortura y la muerte.

–¿Le dijeron por qué lo liberaban?

–Me dijeron que no querían otro López, que no me iban a hacer mártir. Es una demostración de poder y un mensaje para meter miedo.

–¿Cómo siguen sus días? ¿A qué se dedica además de la radio y la Casa de la Memoria?

–Soy carpintero metálico. Trabajo con fierros, sí.

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Menéndez fue hallado culpable de los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1977.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, que antes rechazó todos los planteos contra el juicio interpuestos por los defensores de los ocho acusados en el proceso.

El Tribunal condenó también a prisión perpetua a los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz y Oreste Padován y al ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardone.

Además, Jorge Acosta, ex jefe operativo del centro clandestino de detención "La Perla" fue condenado a 22 años de prisión.

La misma pena le correspondió a Hermes Rodríguez, mientras que Carlos Vega fue condenado a 18 años de prisión.

Todos los condenados deberán cumplir su pena en una cárcel común.

Militantes de derechos humanos que se encontraban en las afueras de los Tribunales recibieron con muestras de alegría y llantos la condena.

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Antes de escuchar la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal número 1 por el secuestro, torturas y asesinato de cuatro personas a fines de 1977, Menéndez repitió el discurso que brindó en las primeras audiencias del juicio iniciado el 27 de mayo, en el que comparte el banquillo junto a otros siete acusados.

A 31 años y siete meses de los hechos juzgados, a las 16.30 de hoy la Justicia Federal de Córdoba se expedirá por primera vez sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en esta provincia.

Menéndez dijo que hoy los involucrados en Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) "niegan sistemáticamente la guerra contrarrevolucionaria y llaman represión ilegal a los esfuerzos defensivos de las fuerzas legales".

Según Menéndez, Argentina ostenta el "dudoso mérito en ser el primer país que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas".

"Los Argentinos sufrimos una guerra", insistió, y luego arremetió contra el Gobierno al destacar que "confío en que los guerrilleros del '70, hoy en el poder, no puedan consumar su propósito de imponernos su régimen autoritario".

Al avanzar sobre su reivindicación de la represión que comandó en Córdoba y otras nueve provincias durante la dictadura sostuvo que fue para evitar "el asalto de la subversión marxista" que buscaba arrancar "el alma de nuestro pueblo".

Menéndez, quien aseguró que los guerrilleros "asesinaron a 1.500 personas", de las cuales, dijo, "60 por ciento (eran) de las fuerzas de seguridad y 40 por ciento civiles", y que cometieron en total "21.600 atentados, 6 ó 7 por día" en una década.

Durante las palabras de Menéndez, la ex candidata a intendenta de Córdoba por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Leticia Celli, y una joven que la acompañaba fueron retiradas por la Policía Federal por reclamar a viva voz que interrumpieran la argumentación que llevaba a cabo Menéndez.

"Genocida. ¿Hasta cuándo van a dejar hablar a los genocidas?", gritaba Celli, también abogada del Centro Profesional por los Derechos Humanos (CEPRODH).

Tras las palabras de Menéndez, el resto de los acusados negó nuevamente los hechos tratados en el juicio y proclamó su inocencia.

Tal como habían dicho sus abogados, los acusados señalaron que no fueron vinculados directamente a los delitos de lesa humanidad expuestos en el proceso de los que fueron víctimas Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Sólo Acosta, el ex jefe operativo del campo de concentración La Perla, que tiene defensores particulares, optó esta vez por no hacer uso del derecho a la última palabra antes del fallo.

Rodríguez, ex segundo jefe del Batallón de Inteligencia 141, del que dependía el grupo que manejaba La Perla, dijo que las fuerzas militares actuaron "en legítima defensa de la Nación" y según el "Código Militar".

Además, dijo que su accionar dependió de su superior, el fallecido teniente coronel César Anadón, y aseguró que no conocía a las víctimas ni supo de los hechos hasta que fue indagado por primera vez el 23 de setiembre de 2003.

Luis Manzanelli sostuvo que tampoco conocía a las cuatro víctimas y reiteró su inocencia, mientras Carlos Vega, ex administrador del centro clandestino de detención, dijo: "No soy un asesino, yo nunca maté en mi vida, no he torturado ni tampoco hice maltrato a persona alguna".

Carlos Díaz y Oreste Padován reconocieron la tarea de sus defensores y negaron los hechos, tras lo cual, Ricardo Lardone, el único de los imputados que fue personal civil de inteligencia, dijo que era inocente y aseguró que ninguno de los testigos consiguió vincularlo con los delitos sufridos por las otras víctimas.

Los fiscales habían pedido prisión perpetua para Menéndez, Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone; 18 años para Carlos Vega; y 22 años para Hermes Rodríguez y Jorge Acosta.

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