El 5 de febrero el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará a juzgar a los responsables del Regimiento de Infantería 9 por quince secuestros y desapariciones forzadas. Será el primer juicio oral del interior del país, donde las medidas de protección alcanzarán a unas 120 personas, ente ellas los 40 testigos ofrecidos por la querella que incluyen a los peritos del Equipo Argentino del Antropología Forense.

"En Corrientes no han habido amenazas ni hay un clima de violencia, al punto que nadie pidió protección. Pero vamos a curarnos en salud", dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel.

La seguridad de testigos e imputados en juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se torno apremiante tras la desaparición de Julio López, el testigo clave del juicio al represor Miguel Echecolatz.

Las características de las medidas de seguridad para este juicio, el primero de este tipo que se realiza en el interior del país, no fueron divulgadas.

Lo que si se informó es que las labores de vigilancia y custodia las realizarán efectivos de la policía correntina y fuerzas federales con excepción de la Gendarmería, ya que dos de los juzgados son ex oficiales de esa fuerza de seguridad.

La implementación del plan se anunció a mitad de semana durante una visita que realizó a Corrientes una delegación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por su jefe de gabinete, Luis Alen.

El programa de protección de testigos no sólo se aplica a los de la querella sino también a otro medio centenar de los ofrecidos por la defensa, además de los cuatro integrantes del tribunal oral federal, los tres fiscales y los cuatro abogados de la querella.

Asimismo, con apoyo federal se implementó un programa de contención psicológica de los testigos de modo que no sean revictimizados por sus secuestradores y torturadores de hace tres décadas.

Durante el juicio, rendirán cuentas el ex comandante de la Brigada de Infantería VII general Cristino Nicolaides, su jefe de inteligencia capitán Juan Carlos Demarchi (próspero ganadero, miembro de la Sociedad Rural), los coroneles Horacio Losito (agregado militar en Italia hasta su detención) y Rafael Manuel Barreiro, el suboficial Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso. Salvo Nicolaides, con domiciliaria, y Reynoso, en Marcos Paz, el resto aguardará en el Instituto Penal de Campo de Mayo.

Durante el juicio Nicolaides permanecerá en Córdoba -donde cumple prisión domiciliaria- dado que su defensa alegó cuestiones de salud y su edad avanzada para que no deba comparecer personalmente durante el debate.

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                                                         (Gran Papiyo)

Mediante un escrito de puño y letra presentado durante la feria judicial y conocido esta mañana, el represor también efectúa consideraciones políticas y sostiene que "la Armada toda, INSTITUCIONALMENTE (en imprentas en el original) participó de la guerra contra el terrorismo, los pocos privados de la libertad son combatientes y no delincuentes como se pretende calificarnos".

En las seis carillas de la presentación Pernías sostiene que "la visión de la historia reciente ha sido perversamente malversada".

Tal como lo hacen sus camaradas de armas en sus presentaciones judiciales, Pernías -con procesamiento confirmado por más de un centenar de delitos de "lesa humanidad" en la ESMA- alude a un supuesto "uso político que hacen los organismos de derechos humanos" y que en el juzgado "habrían caído en saco roto" sus "aportes en búsqueda de la verdad".

Pernías hizo su presentación en la "megacausa ESMA", que tramita el juez federal Sergio Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski; reabierta tras la derogación de las leyes de impunidad cuya nulidad insalvable declaró, en 2005 en el "caso Simón", la Corte Suprema de Justicia.

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                                                 (Gran Papiyo)

TIRANOSAURIOS

Los defensores de la dictadura, encabezados por Cecilia Pando, intentaron dificultar el inicio del primer juicio a los represores realizado en el interior del país tras la anulación de las leyes de impunidad. Hubo roces con defensores de los derechos humanos, pero no pudieron impedir la sesión

En un marco de tensión permanente entre los familiares y amigos de las víctimas –acompañados por integrantes de las organizaciones de derechos humanos– y un grupo de personas que apoyó de viva voz a los represores –entre las que destacaba la activista Cecilia Pando– se leyó ayer la acusación en el juicio oral por crímenenes cometidos durante la dictadura militar en el Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad. Los acusados son el capitán retirado del Ejército Juan Carlos Demarchi, los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, el oficial de la misma fuerza Carlos Roberto Piriz y el gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quienes estuvieron presentes en la sala para escuchar cómo se los incriminaba por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por 15 de las decenas de personas que estuvieron cautivas en un galpón del RI-9 que funcionó como centro clandestino de detención. Se dijo que los cinco acusados presentes, el también imputado en ausencia general retirado Cristino Nicolaides, otros represores ya fallecidos y algunos que todavía no pudieron ser identificados por sus víctimas formaron “una empresa criminal creada por la dictadura militar” para desarrollar “una actividad delictiva en forma clandestina”. Es el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el interior del país.

–¿A usted qué le parece este juicio?

–Me parece bien que la Justicia empiece a juzgar los crímenes cometidos en Corrientes por la dictadura militar.

–¿Qué crímenes? ¿Qué dictadura militar? Acá hubo una lucha contra el terrorismo subversivo. Además, esto no es Justicia, esto es un circo. Ellos (por los militares acusados de delitos de lesa humanidad) defendieron la patria y el juicio es un verdadero circo.

La que empezó el interrogatorio fue Patricia Mariño de Barreiro, la esposa del coronel Rafael Manuel Barreiro. A la mujer no le parecieron muy satisfactorias las respuestas de Página/12, pero no se amilanó en ningún momento, siguió con su prédica: “Yo lo que quiero es que se diga la verdad. Que se hable de todo, no de una sola parte. El periodismo sólo repite lo que dice el gobierno de turno, que sólo quiere condenar y humillar a los militares que defendieron la patria”.

Acompañada por sus cuatro hijos, la mujer comenzó temprano, en la calle, con sus voces de apoyo ante la llegada de los detenidos: “Tranquilo viejo”, “Fuerza Puchi”, “Viva la patria”, “Vamos Piriz”. Los gritos siguieron en la sala de audiencias, en cada cuarto intermedio. Los hijos de Barreiro levantaban los brazos, sin gritar, como si festejaran un gol virtual. Lo hicieron para “celebrar” el ingreso de los acusados al recinto.

En la calle, varios centenares de personas, movilizadas por Barrios de Pie y los organismos de derechos humanos, se plantaron sobre la calle Carlos Pellegrini al 900, detrás del vallado policial, para exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia. Los familiares y amigos de los represores también hicieron lo mismo. Unas 70 personas, con rosarios y escarapelas a lo French y Beruti, entonaron el Himno Nacional y rezaron un Padrenuestro.

Los nostálgicos de la dictadura se mostraron agresivos ante la presencia de la diputada Victoria Donda, nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada durante el cautiverio de su madre desaparecida, y trinaron por la presencia, en apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado, de la monja Martha Pelloni, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y del subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel. Los amigos de la represión contaron con el apoyo de Cecilia Pando, que poco menos quería “prohibir” el ingreso de Pelloni a la sala de audiencias. “Esta es una jornada de alegría, no hay que entrar en el juego de ellos”, respondió Victoria Donda.

Los cargos

En la acusación, que ahora será llevada en el juicio por los fiscales Germán Wiens, Jorge Auat y Flavio Ferrini, se hizo una larga exposición de argumentos tendientes a probar que los imputados conformaban “una asociación ilícita”. En ese sentido, se dejó sentado que hay “razones suficientes como para que se los condene por asociación ilícita agravada, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”. En la imputación se dejó planteado que “dentro de una asociación lícita, en este caso el Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado, puede gestarse una asociación ilícita con el objetivo de cometer hechos delictivos como los cometidos en Corrientes”. De esa forma, la fiscalía se anticipó a contrarrestar argumentos que seguramente van a ser expuestos por los abogados defensores.

Del mismo modo, se citaron párrafos de fallos de la Corte Suprema de Justicia con definiciones técnicas acerca de cuándo corresponde aplicar la calificación legal de “asociación ilícita” y sobre todo acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Sobre el punto, se recordaron párrafos enteros del fallo del máximo tribunal en la causa contra el agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, condenado por el asesinato en Buenos Aires, en el año 1974, del general Carlos Prats y su esposa. En ese marco, las mayores imputaciones recayeron sobre el capitán Juan Carlos Demarchi, aunque también se hizo mención a la responsabilidad mediata, como jefe de la Brigada de Infantería 7, del general Cristino Nicolaides, quien estuvo a cargo de la Subzona de Seguridad 23, de la que dependía el RI-9 de Corrientes. Como Nicolaides está ausente por enfermedad, el tribunal omitió ayer la lectura de las partes que lo involucran en forma directa, para respetar su derecho de defensa en juicio. Ayer tampoco estuvieron en la audiencia sus abogados defensores.

El que debutó ayer en el juicio, como defensor de Demarchi, fue el abogado porteño Eduardo San Emeterio, quien arrancó demostrando que no se va a andar con chiquitas. Con un discurso propio de la dictadura, le pidió al tribunal, sin nombrarlas, que se retiraran de la sala de audiencias las dos representantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Angela Boitano. El letrado alegó que los pañuelos de las Madres, a los que tampoco nombró como si hacerlo fuera pecado, tenían “un significado político”. El presidente del tribunal, Víctor Alonso, cortó en seco la intervención de San Emeterio: “No hay nada en la sala que tenga connotación política. Le ruego que no vuelva a interrumpir la audiencia con este tipo de intervenciones”.

La sala estaba dividida. De un lado, los familiares de las víctimas. Del otro, los amigos de los represores. Al finalizar la audiencia, la mujer de Barreiro y Cristina Losito, la esposa del coronel Horacio Losito, volvieron a manifestarse a los gritos. Recién allí el presidente del tribunal, Víctor Alonso, les advirtió por primera vez: “Si siguen alterando el orden, les voy a prohibir la entrada”. Las provocaciones siguieron en la calle.

“No hay que hacerles caso. Lo que les pasa es que están perdiendo los privilegios y la impunidad. Eso es algo que no pueden soportar”, comentó Martha Pelloni mientras se retiraba “feliz de que en Corrientes se empiece a hacer algo de justicia”.

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Los casos que se tomaron en cuenta en la acusación contra los cinco represores son los de Rómulo Artieda, Jorge Hugo Trainer, Ramón Aguirre, José Pedro Almirón, Marta Angélica Alvarez, José Arnaldo Gómez, Ramón Félix Villalba, Rogelio Domingo Tomasella, José Luis Núñez, Gladys Meza Herrero de Trainer, Miguel Angel Miño, Zoilo Pérez, Eduardo Francisco Ferreira, Juan Ramón Vargas y Hugo Bernardo Midón.

Muchos de ellos denunciaron que fueron secuestrados por el propio Juan Carlos Demarchi, en persona, acompañado casi siempre por Rafael Barreiro y Horacio Losito. De los tres se dijo que estuvieron presentes en la mayoría de las sesiones de tortura, sobre todo Demarchi, quien era “el encargado de conducir los interrogatorios”. Uno de los casos más terribles fue el de Hugo Bernardo Midón, quien tuvo que soportar larguísimas sesiones de picana eléctrica y que le aplicaran inyecciones que los represores llamaban “el suero de la verdad”. Midón dijo que esas aplicaciones le producían “el efecto de una borrachera”, al punto de que no podía mantenerse en pie y debía ser trasladado a pulso por los represores.

Otra de las personas mencionadas en varias ocasiones a lo largo de la primera jornada del juicio fue el teniente coronel Adolfo Pietraneve, quien estuvo al frente del RI-9 desde enero de 1977 hasta diciembre del año siguiente, en reemplazo del teniente coronel José Félix Aguiar. Pietraneve, ya fallecido, asistía a las sesiones de torturas y despidió al detenido-desaparecido Jorge Trainer con una frase memorable: “Me dijo que después de lo que me había pasado tenía que amar a Dios y a la patria”, según declaró el testigo. En su relato ante la Justicia, Trainer recordó que en una ocasión lo habían torturado amarrándolo al elástico de una cama. Luego le colocaron “un cable con electricidad en el pene”. Trainer estuvo secuestrado en el RI-9 junto con su esposa, Gladys Meza Herrero.

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"Él dice que no tiró ni un tiro", indicó el juez federal Hugo Sastre, quien presidió la indagatoria, lo que lleva a deducir que fueron los restantes implicados quienes dispararon las ráfagas que provocaron la muerte de 16 de los militantes políticos que se habían fugado una semana antes de la cárcel de Rawson, alojados desde su rendición en la Base Almirante Zar.

Sosa comenzó a declarar poco antes de las 11 y fue interrogado hasta cerca de las 17, tras lo cual abandonó el juzgado mascullando "sin comentarios... sin comentarios", mientras ocultaba su cara de las cámaras detrás de una carpeta para ascender a un auto policial y volver a la celda.

Sastre reveló que "Sosa repasó los sucesos con lujo de detalles, en primera persona, como protagonista. Se prestó a la declaración indagatoria, cosa que para nosotros es importante, ya que nos permite hacer una conformación de lo que pudo haber pasado".

"El reconoce que estuvo ahí (cuando se produjo la masacre), aunque niega muchos de los hechos. Por ejemplo, dice que él no comandó, ni dio la orden, ni mató", explicó el juez, quien confirmó que Sosa quedará preso pero no incomunicado para que "pueda tomar contacto con su familia, si quiere".

En esta etapa de indagatorias está vedado el acceso al contenido de las declaraciones de los imputados, pero fuentes vinculadas a la causa aseguraron que Sosa se refugió en la versión original y dijo que fue un intento de fuga, ante lo cual sus camaradas abrieron fuego.

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El gobierno de España aprobó el miércoles la extradición a la Argentina del ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, acusado de cometer “delitos de lesa humanidad y genocidio” cuando era uno de los jefes operativos de la organización de ultraderecha Triple A. El pedido de extradición lo formuló el juez federal Norberto Oyarbide, que reabrió la investigación luego de que un diario español descubriera al ex jefe de la custodia de José López Rega en las afueras de Valencia. La sala I de la Cámara Federal porteña, en tanto, debe resolver si ratifica o rechaza el fallo de Oyarbide que consideró delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes cometidos en los años previos al golpe de Estado por la Alianza Anticomunista Argentina.

Almirón, que mañana debería festejar sus 72 años, está imputado entre otros casos por los asesinatos en 1974 del abogado y diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mugica, el ex subjefe de la policía de Buenos Aires Julio Troxler y el intelectual marxista Silvio Frondizi. Llegó a España en junio de 1975 acompañando en su huida a López Rega, ministro de Bienestar Social de la presidenta Isabel Perón.

El 17 de diciembre de 2006 el diario El Mundo informó que Almirón vivía en una pequeña casa del barrio de Xellinet, en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia. Ante la denuncia periodística el Movimiento de Argentinos en el Exterior pidió su detención. No era necesaria: el juez federal Julián Ercolini, que subrogaba a Oyarbide, reactivó una orden de detención de 1984, que se concretó el 28 de diciembre.

El 25 de mayo pasado la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal de España, resolvió en forma favorable el proceso de extradición de Almirón cursado por la Justicia argentina. Su defensa presentó entonces un recurso de súplica, que la Audiencia desestimó el 16 de enero. La extradición sólo precisaba del visto bueno del Consejo de Ministros, que se concretó el miércoles.

La entrega de Almirón se realizará conforme al contenido, los límites y las condiciones establecidos por la Audiencia Nacional de España, que solicitó a la Justicia argentina “que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad”, explicó el Consejo de Ministros.

Almirón llegará a la Argentina para ser juzgado, como jefe operativo de la Triple A, por “asociación ilícita en concurso real con homicidios cualificados y privación ilegal de libertad”, luego de un año “en situación de prisión provisional”. informó el Consejo. Los delitos que se le imputan fueron cometidos durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, quien se encuentra en libertad provisional en España con dos pedidos de extradición: uno de Oyarbide y otro del juez federal mendocino Héctor Raúl Acosta.

Al reabrir la causa, Oyarbide consideró que los asesinatos cometidos por el grupo paraestatal son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado “bajo su amparo y garantía de impunidad”. Consideró que representaron “la antesala del plan sistemático” que implementó la dictadura militar.

Ante un planteo de la defensa del comisario mayor retirado Juan Ramón Morales, yerno de Almirón, que consideraba que los delitos estaban prescriptos, la causa fue elevada a la Cámara Federal. La resolución se demoró por la excusación del camarista Eduardo Freiler, que fue rechazada por sus pares. Si el voto de Freiler no coincidiera con el del otro integrante de la Sala I, Eduardo Farah, deberán recurrir a un miembro de la Sala II para que estudie y resuelva el fondo de la cuestión.

El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A estuvo archivado hasta que la prensa informó el paradero de Almirón. Un año antes el fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado su desarchivo, pero no obtuvo respuesta. Ante la publicación del diario El Mundo el juez Oyarbide descubrió que los custodios y guardaespaldas de Isabel y López Rega tenían pedido de capturas pendientes desde 1984. Desde entonces varios partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y particulares se presentaron como querellantes para pedir el esclarecimiento de cientos de crímenes.

El 12 de enero de 2007 se presentó espontáneamente ante la Justicia el ex oficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira. Gracias a su edad, 72 años, quedó detenido con prisión domiciliaria. Días después fue detenido el comisario mayor retirado Juan Ramón Morales. Gracias a sus 88 años también se benefició con el régimen domiciliario, que cumplió hasta su muerte el 24 de agosto. En la misma causa continúa prófugo Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A. Este diario reveló el año pasado que Romeo vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos.

A la Triple A se le atribuyen unos 1500 asesinatos políticos. Desde su llegada a España en 1975 junto a López Rega, Almirón frecuentó grupos de ultraderecha europeos. Está acusado de participar, el 9 de mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra carlistas progresistas y asesinaron a dos de ellos. En 1983 trascendió que trabajaba como jefe de la custodia del dirigente conservador Manuel Fraga Iribarne. Durante los siguientes 23 años nada se supo de su paradero. Lleva más de un año en prisión provisional. Su llegada al país podría demorar entre dos y tres meses.

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“Socialmente no está aceptado el castigo a los apropiadores. Creo que tiene que ver con algo más general sobre quiénes son las personas adecuadas y quiénes no para criar a los chicos. En algún momento y todavía ahora había que sacarles los hijos a los pobres porque otras clases sociales podían criarlos mejor. En el ’70 eran los militantes los que no tenían que criar a sus hijos. Y la Justicia, cuando trata un caso de apropiación de bebés durante la dictadura, no lo hace como si fuera un caso grave, sino como si estuviera tramitando el robo de un automóvil”, dice María Eugenia Sampallo Barragán. Es hija de desaparecidos, fue secuestrada y recuperó su identidad en 2001. El martes comienza el juicio contra el militar que la entregó y la pareja que la crió como hija propia y le mintió durante 23 años. Ella es querellante en la causa. Es la primera.

El juicio oral y público que empieza el martes en los tribunales de Comodoro Py es el cuarto de ese tipo en el que se ventilan el secuestro y robo de un menor durante el terrorismo de Estado. Hasta ahora los únicos casos que llegaron a esa instancia (los otros procesos fueron escritos) fueron los de Martín D’Elia, Claudia Poblete y Carmen Sanz. En el primero la apropiadora fue condenada a sólo tres años de prisión en suspenso. En el segundo, el militar Ceferino Landa y su mujer recibieron nueve y cinco años y medio. La tercera vez no hubo apropiadores en el banquillo: los represores Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés fueron a juicio por el secuestro y recibieron siete años. Esta vez, María Eugenia y su abogado, Tomás Ojea Quintana, pidieron quince años para los tres acusados: Osvaldo Arturo Rivas, María Cristina Gómez Pinto y el militar Enrique José Berthier. El médico Julio César Cáceres Monié (“El Tordo”), que firmó su falsa partida de nacimiento, murió antes de poder ser procesado.

En los anteriores juicios orales, los jóvenes apropiados prefirieron mantener el perfil bajo. Pero María Eugenia se puso al frente de la causa. Fue la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo en hacerlo. La decisión se originó, en parte, por la propia burocracia judicial. Rivas y Berthier habían abierto una contracausa en la que la acusaban a ella y a todos los testigos de mentir. Con el visto bueno de los fiscales del caso, María Eugenia pasó a estar imputada por falso testimonio. Eso la llevó a comprometerse con el devenir de la investigación y a tomar el rol de acusadora de quienes alguna vez creyó sus padres.

No sabe cuándo ni dónde nació. Festeja el cumpleaños el 8 de febrero: “La elegí democráticamente con mi abuela, mi tía y mi hermano. Era el aniversario de casamiento de mi abuela. A propuesta de ella quedó esta fecha... hasta nuevo aviso. Si algún día hay una nueva noticia me lo tendré que cambiar de nuevo”.

Su mamá, Mirta Mabel Barragán, era trabajadora de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada de la sección Tableros y militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá, Leonardo Rubén Sampallo, trabajaba en el Astillero Río Santiago, era subdelegado de la sección Calderas y también militante del PCML.

Mirta tenía un hijo de tres años –Gustavo– y estaba embarazada de seis meses en diciembre de 1977 cuando fue secuestrada junto con Leonardo. El pequeño Gustavo fue a parar a la comisaría 7ª, de donde lo rescató su papá. A Mirta y Leonardo los llevaron al centro clandestino El Atlético y después al Banco. En febrero de 1978 la mujer fue sacada de ese lugar para parir. Se supo que su bebé nació bien, tal vez en el Hospital Militar. Allí, en las celdas y salas de tortura del Primer Cuerpo de Ejército, se perdió el rastro de Mirta y Leonardo.

Tres meses después, días más o días menos, llegaba una beba a la casa del matrimonio de Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto. Eran una pareja de clase media –él, empleado en una oficina, ella ama de casa– con un amigo militar: Berthier, que “consiguió” a la niña.

“Ahora sé casi lo mismo que sabía al principio. Que Berthier me entregó, que él no podía tener hijos y que es probable que me haya secuestrado en un primer momento para que fuera su hija. Sé que cuando llegué no era un bebé recién nacido, el 7 de mayo es la fecha que figuraba en la partida –narra María Eugenia, treinta años recién cumplidos, pelo oscuro y ondulado recogido, tez blanca, anteojos y ojos grandes–. Es ese tiempo en el medio... que no se confirmó.”

María Eugenia supo que no era hija de Rivas y Gómez antes de los diez años. En 1989 las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron una denuncia que llegaba hasta ella. Se sacó sangre, pero su familia paterna no estaba en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la tecnología de los estudios genéticos de esa época no permitió que se consiguiera un resultado de compatibilidad.

María Eugenia preguntaba. Y obtenía respuestas diferentes. Que sus padres habían muerto en un accidente, que era hija de una empleada doméstica, que era hija extramatrimonial de Berthier. “Todas mentiras. Siempre hacían hincapié en el tema del abandono, salvo en esa primera versión del accidente. Ellos se ponían en el lugar del salvador. Es lo que sostuvieron siempre y lo que siguen sosteniendo. A pesar de todo, piensan que lo que hicieron estuvo bien. Que hicieron una obra de bien”, dice.

Se enteró de la verdad en 2001. Hacía dos años que ya no veía ni se hablaba con sus apropiadores. Cortó el vínculo harta del “maltrato”: “Seguramente lo que yo califico como situaciones de maltrato hay quienes las soportarían como si estuvieran tomando el té. Pero para mí la frase ‘los trataron bien’ es un mito”, asegura.

Se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) más para descartar que para confirmar que era hija de desaparecidos. Pero se llevó una sorpresa. Supo que la separación de sus padres había sido forzada y que su familia la había buscado: “Eso fue fuerte... Fue impactante. Tantas versiones haciendo hincapié en el abandono. Fue el contrapeso de todas esas mentiras”.

El martes, cuando empiece el juicio, se leerá la acusación. Después, Eugenia ella será la primera en dar testimonio. Dice que quiere “que los tres sean condenados por el máximo de la pena”. Y que esto no se trata de haber tenido una buena o mala relación con ellos, sino de que cometieron un delito grave, enmarcado en el terrorismo de Estado. “Después de lo que llaman la restitución de identidad, es decir, cuando uno sabe quiénes son sus padres, y tiene de nuevo su nombre y más o menos una fecha y un lugar de nacimiento es como si el asunto se terminara. Pero todo lo que viene después, que tiene que ver con el proceso judicial y que involucra el delito que cometieron los apropiadores queda en el vacío. Es difícil que se acepte que este tipo de personas, ya sean militares o civiles, como éstos, cometieron un delito y que quisieron ser padres basándose en un delito.”

La defensa intentará crear la ilusión de que Rivas y Gómez hicieron “una obra de bien”, porque, por ejemplo, la mandaron a la escuela. “Yo te crié entre pañales de seda. Si no fuera por mí estarías tirada en un zanjón, mocosa caprichosa, hija de guerrillera tenías que ser para ser tan rebelde”, le dijo un día Gómez a Eugenia. Ella era chica y no se acuerda. Un testigo lo declaró en la investigación.

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                                                     (Gran Papiyo)

“Tomo esta decisión en pleno uso de mi libertad y facultades. Nadie, de mi entorno familiar, ni de mi contexto tiene conocimiento de lo que he dispuesto hacer. Lo hago solo sin participación de tercero alguno. Adopto esta conducta como el mejor camino para mí.” Esas palabras dirigidas al “señor juez” dejó escritas el teniente coronel Paul Alberto Navone, quien apareció muerto en La Granja, Córdoba, horas antes de tener que declarar en una causa por robo de bebés en Entre Ríos. El informe de la autopsia –al que accedió Página/12– corrobora que “el traumatismo craneoencefálico debido a herida por proyectil de arma de fuego ha sido la causa eficiente de la muerte” de Navone y que “la distancia estimada entre la boca del arma y la piel ha sido menor de 50 centímetros”. A pesar de la carta y del informe forense, los querellantes pidieron que la justicia de Córdoba investigue si se trató de un suicidio o de un homicidio. “Sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que declarar”, destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto .

La imputación contra Navone fue reactualizada en la causa por el testimonio del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. La abogada Marina Barbagelata, querellante en la causa por la apropiación de los niños nacidos en el Hospital Militar de Paraná, dijo que “surge del relato de ese testigo que cuando Navone se desempeñaba en el Area de Inteligencia del Segudo Cuerpo de Ejército, había desarrollado toda la logística para que el grupo de tareas que trasladaba a Raquel Negro embarazada desde un centro clandestino de detención en Rosario, pudiera manejarse en esa jurisdicción con total tranquilidad, sin ningún inconveniente”.

“El Asticito”

Navone fue enterrado ayer en La Granja, en esa localidad lindera a Ascochinga, Córdoba, donde se había refugiado y explotaba una parrilla. Apareció muerto en el parque de un Hotel de la Fuerza Aérea. Los que lo conocían dicen que temía quedar detenido y sufrir una descompensación por su diabetes en prisión. También se quejaba por la posibilidad de que se le embarguen sus bienes.

A la luz de su historia parecían preocupaciones menores. Cuando era capitán en los ’70, Navone integró el Batallón de Inteligencia 601 cuya sede funcionó hasta los ’80 en la esquina de Viamonte y Callao. Como integrante de los grupos de tarea del Ejército estuvo en Tucumán al mando de Acdel Vilas y de Antonio Domingo Bussi. Después del Mundial ’78 se ocupaba de amedrentar periodistas. “Era una especie de ‘Asticito’ del Ejército” parangona un militante de los años de plomo en alusión a Alfredo Astiz, el por entonces joven oficial de la Armada usado para las tareas más sucias.

En el ’79 apareció asesinado Horacio Mendizábal, integrante de la conducción de Montoneros. “En la tarde del viernes 21 de setiembre la foto de Horacio Mendizábal apareció en los televisores. El Ejército informó que había sido abatido”, detalla Marcelo Larraquy en Fuimos soldados. Entre los integrantes de la patota Navone dicen que se hacía llamar “Mendizábal” y se arrogaba el “mérito” de haber sido él quien disparó al dirigente montonero que había regresado al país en la segunda etapa de la llamada Contraofensiva, operación que fue infiltrada, justamente por Inteligencia del 601.

Cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín se desmanteló el Batallón de Inteligencia 601, los agentes de inteligencia se apropiaron de documentación que nunca más apareció. “Navone sabía mucho más que el destino del robo de un bebé en Paraná”, dijo a Página/12 un conocedor del entramado represivo.

El tiro del final

Marina Barbagelata, abogada de Sebastián Alvarez, el hijo de la desaparecida Raquel Negro que busca a su medio hermana nacida en cautiverio, dijo que “suponemos que el juzgado de Córdoba tomará las precauciones para no cerrar la causa como suicidio rápidamente y verificará que haya sido eso y no un asesinato”, reclamó e insistió en que “es altamente probable que existan personas que pudieran verse amenazadas frente a la declaración” que iba a prestar Navone en el juicio que se le seguía por robo de bebés. La abogada señaló que “lo que pasó con Navone es una muestra cabal que confirma lo que planteamos: la necesidad de que a las personas imputadas de estos delitos no se las anoticie 20 días antes, sino que sean compulsadas a comparecer ante la autoridad”.

Barbagelata comentó a Página/12 que la fiscalía de Córdoba está elaborando un informe para la jueza federal de Paraná con toda la información sobre Navone que pueda servir para el caso. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que en la Fiscalía General de Córdoba tenían total certeza sobre el “sucidio” del teniente coronel. Guillermo Germano, coordinador del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos y querellante en la causa afirmó que “podría tratarse de un suicidio inducido por el pacto de silencio que aún persiste”.

En Paraná reconstruyeron las últimas horas de Navone y establecieron que estuvo reunido con sus abogados preparando la defensa para el día siguiente. Justiniano Martínez declaró “estar sorprendido” por la muerte. Quienes dudan de que se haya quitado la vida especulan con que alguien que va a tomar esa decisión no hubiera preparado un certificado médido con la opinión de tres especialsitas sobre el pico de glucemia que había padecio, ni habría enviado a su abogado al juzgado para justificar su ausencia y pedir prórroga de la audiencia, prevista en principio para anteayer a las 9.

El informe de la autopsia, firmado por los médicos forenses Ramiro Ortiz Morán y Luis Mercado y dirigida a la Fiscalía de Jesús María, secretaría doctora María Dimegli, describe como “antecedentes” que Navone “se habría disparado en la cabeza con una 9 milímetros. Hora presunta del hecho 03.00. Encontrado hoy (por el 25 de febrero) a las 8.15”. Al detallar “el examen externo” del cuerpo señala que tiene “un orificio en sien izquierda compatible con salida de proyectil”. En la necropsia se le extrajo “sangre y humor vítreo” para el estudio químico toxicológico, como así también material del cerebro, corazón, pulmón y otras visceras.

En causas por delitos de lesa humanidad hubo otros suicidios, en el caso del prefecto Héctor Febres la jueza Sandra Arroyo Salgado descartó el suicidio. En julio del 2003, el prefecto Juan Antonio Azic, se pegó un tiro en la boca también con una 9 milímetros pero sobrevivió. En setiembre de 2004, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza el coronel retirado Emilio Anadón que cumplía prisión domiciliaria en la causa del Tercer Cuerpo con asiento en Córdoba, también integrante del cuerpo de Inteligencia.

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Cuando la Justicia apenas comenzó a investigar el supuesto suicidio del represor Paul Alberto Navone, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su preocupación porque “sugestivamente están muriendo muchos militares que tienen que ser citados y que tienen que declarar”. “Lo que es terrible y conmueve es dónde estarán o en qué manos estarán nuestros nietos, porque están eliminando, prácticamente, gente”, dijo Carlotto, en relación con la muerte de Navone y el homicidio del prefecto Héctor Febres, responsable de los bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, “es evidente que los genocidas no quieren que se sepa dónde están nuestros hermanos, que ellos apropiaron”. Con este nuevo caso se reavivó la discusión sobre la situación de los militares sometidos a juicio por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Aunque todavía no se determinó con certeza cómo murió el teniente coronel retirado Paul Navone, que su cuerpo haya sido encontrado con un balazo en la sien el mismo día en que debía declarar en una causa por robo de bebés generó dudas entre los organismos de derechos humanos que reclamaron nuevamente a las autoridades nacionales la agilización de las causas por delitos de lesa humanidad. “A Abuelas nos preocupa que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, sin poder contar una historia que lleva ya 31 años y que es tan dolorosa, no sólo para nosotros, sino para las propias víctimas que son los jóvenes que vamos encontrando y que han vivido en esa mentira durante tanto tiempo”, relató Carlotto.

Navone debía presentarse a declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Paraná, acusado de la sustracción de bebés nacidos en el Hospital Militar local. En noviembre pasado, otro represor, Eduardo “Tucu” Constanzo, declaró ante la Justicia que Navone formaba parte del grupo de tareas que llevó a Raquel Negro desde Rosario a Paraná, donde entre febrero y marzo de 1978 dio a luz a mellizos. Por este motivo, la presidenta de Abuelas lamentó la muerte de “este hombre que tenía que dar detalles del traslado de Raquel Negro y posiblemente su participación en otros casos”. “Me atrevo a dudar de la muerte por suicidio, porque él estaba citado –por la Justicia–, declaró estar enfermo, le habían vuelto a poner una fecha el 3 del mes próximo y ocurre esto que estamos viviendo”, analizó Carlotto, quien consideró que “habría que investigar el caso profundamente”.

La agrupación H.I.J.O.S. responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado por la muerte de Navone, al igual que del asesinato del prefecto Héctor Febres. Además las vincularon con la situación de “detención de privilegio” del comisario Alfredo Fanchiotti y las culparon de “haber perjudicado la investigación por la desaparición de Julio López”. Por eso H.I.J.O.S. exigió a la Justicia y al Gobierno “garantizar la seguridad de los testigos, querellantes y demás comprometidos con la Justicia, asegurar que los acusados no gozarán de privilegios ni impunidad y que las fuerzas de seguridad no entorpecerán los procesos judiciales”.

Ante estos obstáculos para conocer la situación de los casi 500 hijos de desaparecidos que fueron apropiados, Carlotto le reclamó al Estado que “arbitre los medios para encontrar respuestas de quienes se han apoderado de nuestros nietos”. Abuelas propone investigar a los hijos de todos los miembros de las Fuerzas Armadas nacidos entre 1976 y 1983. “Esto se puede hacer, no es tanto el número; se podría hacer de una manera respetuosa y progresiva que nos daría luz sobre muchos encuentros que ahora no se producen, ahora con más razón por este silencio”, detalló.

La presidenta del organismo explicó que “está todo documentado”, porque los militares “registran los nacimientos” y precisó que debería investigarse a “aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que tienen hijos de la edad de nuestros nietos y que podrían serlo”. Hasta ahora, Abuelas lleva recuperados 88 nietos que estaban en manos de apropiadores o familias sustitutas.

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“Hace seis días Eduardo cumplió cincuenta años. Hace treinta y dos que no pudo vivir su vida. Esto lo quería decir porque creo que es importante. El tiempo como se ve en estas fotografías es lo que marca la permanente presencia de la ausencia, que es lo que creo que todos los familiares y argentinos conocemos. Yo quiero agradecerles a todos los que hicieron posible este trabajo y a los que se conmuevan con él.” Así, tan breve pero intenso, se expresó ayer el fotógrafo argentino Gustavo Germano, nacido en Entre Ríos y radicado en España, que vino a la Argentina a presentar su muestra Ausencias que, al igual que con la misma contundencia de su escueto discurso, muestra a través de la fotografía catorce casos de historias de desaparecidos donde quedan expuestos el dolor de la ausencia y el sentimiento de la permanente presencia de quienes ya no están. Uno de ellos es Eduardo Raúl Germano, hermano de Gustavo, quien fue secuestrado el 17 de diciembre de 1976 a los dieciocho años por miembros del Ejército y de la policía de la provincia de Santa Fe, en Rosario. La muestra se inauguró ayer en el Centro Cultural Recoleta y contó con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, miembros de organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el periodista, escritor y titular del CELS, Horacio Verbitsky, Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya –institución que produjo la muestra– y directivos de Página/12, auspiciante junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Antes de que comenzaran los discursos, Cristina Fernández de Kirchner recorrió las 28 fotografías que componen Ausencias. Cada historia se compone de dos fotos. Una extraída de álbumes familiares donde aparece en un determinado lugar una víctima del terrorismo de Estado junto a familiares y/o amigos; es decir, una foto producto de la espontaneidad y de la cotidianidad de un momento agradable. En la otra, tomada por Germano treinta años más tarde, aparecen en los mismos lugares que en las fotos de origen los familiares y/o amigos, dando cuenta del ser ausente pero, a la vez, presente. El autor de la muestra le fue explicando a la Presidenta las características de cada foto, de cada situación, de cómo había sido la desaparición y el corazón de la muestra; es decir, cómo se habían hecho las fotos con los familiares sobrevivientes. Posteriormente, Fernández de Kirchner se reunió con algunos de los familiares que aparecen en las fotos y que viajaron especialmente a Buenos Aires, y mantuvo una conversación con ellos. Cada uno le contó las historias de sus vidas, de sus cosas hasta que la Presidenta escribió una frase en el libro del C. C. Recoleta, donde pueden expresar las emociones y reflexiones de los visitantes: “No es casualidad que estas ausencias cuenten con nuestra presencia”, dejó estampado de puño y letra. Vale destacar que es la primera vez que una máxima autoridad del país visita el C. C. Recoleta, ya que si bien se inauguró durante la dictadura, ningún presidente de la democracia había estado en esta institución cultural. Al finalizar el recorrido y ante la pregunta de un cronista acerca de qué comentario le merecía la muestra, la Presidenta dijo conmovida: “No necesita comentarios”. Un rato más tarde, luego de abrazar a Estela de Carlotto, señaló: “Cuando uno mira estas fotos, los comentarios huelgan. Creo que la fuerza de las imágenes junto a la fuerza de la historia es definitiva”.

El significado de la barbarie

Para aquel momento, el Patio de los Naranjos del Recoleta estaba superpoblado. Arrancó Verbitsky explicando que la muestra fue organizada inicialmente en Barcelona por la Casa Amèrica Catalunya y que estará recorriendo distintos lugares del país, de la región y del mundo porque “ha tenido un enorme impacto. Transmite con muchísima intensidad lo que significa la ausencia de una persona insertada en la cotidianidad de una familia”. El autor de El vuelo destacó: “Para quienes tenemos relación con el tema es muy conmovdeor, pero además creo que ayuda a que quienes no tienen relación con esta cuestión se representen mejor qué significa esa barbarie de arrancar una persona de su propia vida, de su cotidianidad, de su familia, como ocurrió en nuestro país. Yo quiero agradecerle a Gustavo Germano la enorme sensibilidad poética, artística, con la que él ha hecho esto. Los que hemos trabajado desde el periodismo, desde los libros, sobre los derechos humanos en este tema creo que somos los que sabemos que nadie mejor que un artista para transmitir en profundidad lo que esto significa. Y el trabajo que ha hecho Germano, desde mi punto de vista personal, es la cosa más conmovedora que yo he visto nunca sobre este tema”.

Una obligación
moral y ética

Luego de Germano habló Traveria: “Ausencias es una muestra que rescata la memoria de quienes están para los que no están, pero que nunca se fueron, los recuerdos más íntimos, aquella salida al campo de los amigos, las sonrisas, las vivencias, aquella fotografía de más de treinta años en cualquier lugar de encuentro personal”, expresó el director de Casa Amèrica Catalunya quien, además, comentó que Germano presentó su proyecto a esa institución nada menos que un 24 de marzo de 2006, y que traer la muestra a la Argentina fue una “obligación moral y ética”. “Es una satisfacción, un lujo trabajar con Gustavo y compartir con él sus emociones, sus sentimientos a través de sus fotografías y de lo que cada una de ellas muestra y representa”, reflexionó Traveria.

Ausencias fue inaugurada el 17 de octubre del año pasado en Barcelona y, desde aquel mismo momento, el impacto que causó hizo crecer su repercusión, motivo por el que seguirá circulando por Europa pero también por América latina y por las provincias de la Argentina. En Buenos Aires estará hasta el 30 de marzo, luego irá a Paraná en mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la hará itinerante por las provincias. Estará en Santiago de Chile, se podrá ver también en Uruguay y Paraguay, mientras se está conversando con Colombia y México para llevarla a esos países.

El director de Botín de guerra y Cazadores de utopías, David Blaustein, presente en la inauguración, señaló a este diario: “La verdad es que estoy un poco perplejo. Hacía mucho tiempo que un recurso artístico no me dejaba tan conmovido y tan enmudecido. Me impresiona la capacidad del artista para conmover, y para que el arte siga siendo en nuestro país tan original para producir memoria”.

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En diálogo con este diario, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló que “la muestra es impactante”. “Vi la imagen de mi hija, de mis hijos: el look, el peinado, la pose, la mirada de esa juventud que sabía lo que quería, se arriesgó, sabía que iba a dar la vida, pero lo hizo a conciencia porque, como me dijo Laura: ‘Nuestra muerte, mamá, no va a ser en vano’. Están presentes, de alguna manera, aunque en fotos en blanco y negro, pero se los ve sonrientes, militando. Es aberrante ver que hay niñitos que también cayeron bajo las bombas de los genocidas. Y todo eso produce una sensación de mucho dolor pero de mucha memoria, y casi diría de triunfo sobre el olvido, porque muchos pretendieron el olvido”, expresó Carlotto. “Muchos nos dijeron: ‘No hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, ¿por qué no pensamos el futuro y no miramos el pasado?’. De ninguna manera se puede vivir sin memoria. Sería como querer matarnos a medias. De manera que para mí ver esta muestra fue cumplir con lo que deseaba: acompañar a la familia y recordar a los compañeros de mi hija”, sintetizó Carlotto.

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