“Tomó o le dieron cantidades siderales de cianuro. Diría que, como mínimo, dos cápsulas. Eso significa varias veces la cantidad que se necesita para que una persona muera. La hora de la muerte: entre las diez y las doce de la noche del domingo. Y se encontró cianuro en el estómago. A simple vista se veía que la carne tenía unas dos horas de digestión y la impresión es que el cianuro se consumió muy poco tiempo después de eso. Ahí está la razón por lo que la jueza vincula a los familiares con el cianuro.” El escalofriante diagnóstico proviene de un forense que trabaja –y trabajó durante la autopsia– en el caso de la muerte de Héctor Febres. Al cierre de esta edición estaban siendo indagados la esposa del represor y sus dos hijos, que dieron las respuestas más obvias: no saben nada, no tienen idea de cómo llegó el cianuro al cuerpo de Febres. También esperaban ser interrogados los dos prefectos detenidos el jueves. La jueza Sandra Arroyo calificó los hechos como “muerte dudosa”, pero tratándose de una persona que estaba presa, es decir bajo la custodia del Estado argentino, está cantado que en las próximas horas se inclinará por “instigación o facilitación de suicidio” e incluso “homicidio”, si encuentra elementos que indiquen que Febres fue envenenado para silenciarlo.

“Mire, una prueba de que era descomunal la cantidad de cianuro que tenía Febres en el cuerpo lo da el hecho de que ese veneno se encontró en el primer test –explicó el forense, que pidió reserva de su nombre–. El método consiste en tomar las vísceras, por un lado, y la sangre, por el otro. De las vísceras se hace una especie de caldo y, antes, mediante un gotero se hacía la prueba con un reactivo que se pone de un determinado color ante la presencia de cianuro. Ahora eso mismo se hace con un kit, que trae un papel que reacciona ante el cianuro, otro papel que reacciona ante el arsénico y así sucesivamente. Es un primer testeo. Al sumergirse el papel de kit dio inmediatamente la presencia de cianuro. Por las dudas, por la tarde se volvió a hacer una contraprueba y estaban presentes todos los forenses. Si el cianuro aparece tan fácil, al primer reactivo, estamos hablando de importantes cantidades. Para matar una persona se necesita, más o menos, un miligramo por kilo de peso. A veces incluso hace falta menor cantidad. En el caso de Febres tenemos que hablar del doble o del triple. No menos de dos cápsulas. Se ve que querían asegurarse la muerte”, completó el profesional.

“Un dato de importancia para este caso y para cualquiera es el horario de la muerte –continuó el forense–. Lo de Febres ocurrió entre las diez y las doce de la noche. Eso se percibe por el lugar donde se encuentra el cianuro, en este caso el estómago. Y, además, por experiencia, al ver el avance en la digestión de lo consumido en la cena, se percibió que el horario en que se ingirió fue bastante aproximado al de esa última comida. Por supuesto que no durante la cena, porque el cianuro mata en segundos. Hay una vieja película que se llamó algo así como Cuente hasta cinco y muera, justamente sobre una muerte por cianuro.”

Desde un punto de vista estrictamente criminalístico, la mayor posibilidad es que alguien le haya suministrado a Febres el cianuro para que se suicide. Ello es así –según afirma criminalistas consultados por este diario– porque el represor apareció muerto en su cama, acostado. O sea que la secuencia más probable es que haya tomado las cápsulas estando ya acostado, enseguida después de la cena familiar del domingo, y murió pocos segundos después. Sin embargo, dadas las irregularidades que la jueza federal detectó en la prisión VIP que ocupaba Febres, tampoco se puede descartar que alguien haya modificado la escena. La jueza Arroyo había convocado a la División Homicidios de la Policía Federal para que investigue el caso. Lo cierto es que cuando llegaron los criminalistas de la Federal al lugar de los hechos, el cuerpo ya no estaba y todo había sido limpiado. De todas maneras, Arroyo vio personalmente la escena de la muerte ni bien recibió la denuncia, pero Homicidios hubiera querido verificar si había vasos, medicamentos o algún otro elemento que pudiera estar relacionado con la muerte.

Una fuente judicial expuso el cuadro de situación de la siguiente manera: “Febres entraba y salía de ese apartamento que tenía en la base de la Prefectura en el Tigre. El descontrol era tan ostensible que el cuerpo sin vida del detenido se encontró once horas después de muerto y sólo porque llamó la atención que Febres no haya bajado a desayunar. Tenía celular, DVD, las visitas eran ilimitadas y extensas. En ese cuadro en el que no hubo control alguno sobre lo que le traían o le daban a Febres, va a ser muy difícil determinar si lo envenenaron o alguien le dio el cianuro porque él, que estaba deprimido, quería suicidarse”.

–¿Es tan fácil conseguir cianuro? –le preguntó este diario al forense que actuó en le caso.

–Sí, el cianuro es fácil de conseguir en su versión industrial. Se utiliza en las industrias del plástico o del acero, por ejemplo. Eso hace que sea sencillo comprarlo en droguerías industriales. Ahora bien, viene en unas pelotitas, del tamaño de huevos de paloma, en las que el cianuro no está refinado y, además, es difícil de digerir. Eso me hace pensar que la provisión de las cápsulas fue distinta. Un químico depuró y concentró el cianuro, porque en ese estado se encontró en el cuerpo. No será fácil determinar cómo accedió Febres a ese veneno –razonó el forense.

Anoche declararon ante la jueza Arroyo, la esposa de Febres, Estela Maris Guevara, y sus dos hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela, todos ellos representados por el abogado Martín Orozco. Pese a que la magistrada dispuso el secreto de sumario, la declaración parecía cantada: no saben nada del cianuro ni de la muerte de Febres. Es más, no son pocos los que dicen que se constituirán en parte querellante porque Febres estaba bajo la custodia del Estado argentino y en esa situación lo mataron o se mató. “No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado argentino”, argumentan los familiares, pese a que la realidad es que los allegados a Febres estuvieron con él en la noche del domingo, la jueza sospecha de ellos y lo concreto es que terminó con cianuro en el cuerpo en ese mismo anochecer de visitas.

Judicialmente hablando, la instigación o facilitación al suicidio tiene una pena de uno a cuatro años. “Como Febres estaba en un lugar de detención, la instigación o facilitación es el encuadre mínimo de este expediente. Porque justamente quienes están a cargo de la custodia deben preservar a un preso de un homicidio o un suicidio –le dijeron fuentes judiciales a Página/12–. Lo cierto es que el homicidio por envenenamiento tampoco se puede descartar. Habrá que ver si aparecen indicios en la documentación y las computadoras secuestradas”.

La jueza Arroyo dispuso que técnicos informáticos oficiales analicen lo que hay en las computadoras secuestradas, especialmente una ubicada en el lugar de detención, pero todo se hará en los próximos días porque se le dará a la defensa la oportunidad de que designe peritos. Debe recordarse que no sólo están detenidos los tres familiares sino también dos integrantes de la Prefectura, a cargo directa e indirectamente de la custodia. Según trascendió, en la mira de la Justicia hay otros profesionales, especialmente de la medicina, que atendían y visitaban a Febres en su lugar de seudodetención.

Entre los forenses y criminalistas consultados por este diario surgió ayer una preocupación relacionada con la posibilidad de que la muerte de Febres haya sido un suicidio: “Debería ponerse mucho acento en el control de quienes están presos por delitos semejantes. Aunque parezca una ironía, los suicidios son contagiosos. Cuando se produce uno de estas características, otros pueden intentar el mismo camino”, razonó ante este diario un forense con más de 30 años de carrera.

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Fuentes judiciales confirmaron que la medida, que entre otros alcanza a Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, fue ordenada a pedido de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo luego que, días atrás, el ex miembro de la Prefectura Naval, Héctor Febres, apareciera muerto en su celda en una dependencia de esa fuerza.

Informes médicos revelaron la presencia de cianuro en el estómago de Febres, cuya muerte se produjo cuatro días antes de la fecha prevista para la lectura del veredicto en el juicio oral y público que se le siguió por cuatro casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en la ESMA.

Además de Astiz y Acosta, la decisión de Torres comprende a Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Redice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario y Rogelio José Martínez Pizarro.

García Velasco y Juan Antonio Azic, internados en el Hospital Naval y la Clínica San Jorge, respectivamente, pasarán a ser custodiados por integrantes del SPF, de acuerdo a la resolución judicial.

El resto se encuentra alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde, según Torres las prisiones preventivas se cumplían "adecuadamente", pero "ahora -remarcó el juez- dicho esquema ha perdido vigencia en función de los sucesos ocurridos recientemente" vinculados con la muerte de Febres.

El viernes último, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo había reclamado, reiterando solicitudes similares de otros querellantes, el "inmediato traslado" de detenidos por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar a unidades carcelarias del SPF.

Torres, la Cámara Federal y la de Casación Penal y el Tribunal Oral Federal número 5 (a cargo del juicio a Febrés) se habían opuesto al pedido.

"Las razones que motivaran las anteriores resoluciones se mantienen, siendo las circunstancias referidas las que obligan a modificar el lugar en el cual se cumplen las detenciones", consignó Torres en su resolución.

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“Afianzar la Justicia”, dice la leyenda del vitral de la sala de audiencias del Palacio de Tribunales. Arriba está la cruz. Y, por encima, el escudo nacional. Con este marco de fondo, el juez federal Ariel Lijo condenó ayer por primera vez desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a altos oficiales del Ejército. El fallo involucró a siete militares y un ex policía federal y agente de inteligencia.

Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval y Julio Simón entraron a la sala, en fila, en ese orden, poco después de las cuatro de la tarde. Los cuatro primeros llevaban traje. Simón –el único que no es militar–, una camisa rosa. Se acomodaron de cara al juez. El público, compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo, sólo veía las nucas. Los otros tres acusados, Cristino Nicolaides, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya no estuvieron en la audiencia. Sus defensores adujeron razones de salud.

Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.

Luego, el juez leyó el fallo, que por sí mismo rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.

En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros.

Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.

Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar a donde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó ayer esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.

El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores. Nicolaides, Arias Duval y Hoya recibieron 25 años. Gualco, Roldán y Simón, 23. Fontana, 21, y Guerrieri, 20.

Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Alvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.

“Es un paso importante”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, antes de retirarse de la sala. “Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.

En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.

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Así lo revelaron esta mañana fuentes judiciales que tuvieron acceso al informe de la autopsia realizada ayer a la tarde en la Morgue Judicial porteña por funcionarios del Cuerpo Médico Forense al ex represor, el segundo que muere detenido en la última quincena, detrás del prefecto Héctor Febres.

La gran diferencia es que el prefecto que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) murió envenenado con cianuro y ahora la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo, investiga si se suicidó, asistido por alguien que le acercó la pócima letal, o directamente lo mataron.

Hoya fue encontrado muerto a la mañana del jueves dentro de la habitación que ocupaba en el Hospital Militar, ubicado en el porteño barrio de Palermo, donde recibía atención médica por varios problemas de salud que lo aquejaban.

Por esas dolencias había justificado, el martes pasado, no estar sentado en el banquillo de los acusados presenciando la condena a 25 años que le impuso el juez federal Ariel Lijo, en la vista oral del juicio por el secuestro y la desaparición de cinco militantes montoneros, en 1980.

En prisión preventiva había pasado 5 años, 5 meses y 9 días detenido, que mayormente cumplió en su casa del barrio Alfar de Mar del Plata.

El juez Lijo detalló en su fallo que Hoya iba a cumplir su condena a un cuarto de siglo de encierro, exactamente, el 12 de julio de 2027.

Oriundo de Cruz del Eje, Córdoba, Hoya era mayor del Ejército en los años '60, cuando debió retirarse de la fuerza a raíz del choque entre las facciones internas denominadas "azules" (dialoguistas) y "colorados" (antiperonistas acérrimos), grupo éste último en el que participaba.

Tomó parte de la represión al "Cordobazo" y otras protestas en esa provincia, donde llegó a ocupar la subjefatura de la polícia cordobesa durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

Pese a haberse retirado del Ejército, fue incorporado como agente del Batallón 601 de Inteligencia -auténtica central de la policía política durante la dictadura de las Juntas Militares- y allí actuó con los alias de "Villegas" y "Pancho" en los grupos de tareas represivas.

Incluso la dictadura militar -con el aval del entonces Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan- lo envió a Honduras junto a otros oficiales a organizar e instruir a la "contra" nicaragüense que combatió al sandinismo y a los escuadrones de la muerte de Centroamérica.

El 24 de marzo de 1980 -coincidiendo con el cuarto aniversario del golpe militar en Argentina- fue asesinado en San Salvador su arzobispo, Oscar Romero, cuando oficiaba misa.

Una bala de fusil le atravesó el corazón y en Centroamérica siempre se sospechó que el francotirador era un argentino.

La ex militante montonera y sobreviviente de la represión ilegal Silvia Tolchinsky, que actualmente vive en Barcelona, conoció en los centros clandestinos de detención a Hoya y en el juicio contra éste testimonió que al militar "todos le tenían pánico".

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“Todos le tenían pánico, tanto los detenidos como su propia gente”. Así describió el juez federal Ariel Lijo al represor del Batallón de Inteligencia 601 Santiago Manuel Hoya. Lo hizo el martes al condenarlo a 25 años de prisión por el secuestro de seis personas en 1980. Dos días después de la sentencia murió. Fue ayer por la mañana en el Hospital Militar. “En principio no hay nada que nos haga pensar en algo extraño, pero se están tomando todos los recaudos y por eso ordenamos una autopsia”, explicaron desde el juzgado. Tenían presente que el día después de que el prefecto Héctor Febres fuera hallado sin vida en su habitación se hablaba de “muerte natural”. Luego, la pericia indicó que en su cuerpo había grandes cantidades de cianuro. Los médicos que revisaron el cadáver de Hoya descartaron la presencia de veneno, pero el resultado completo del análisis estará listo en veinte días.

Hoya tenía 83 años. Los últimos cinco estuvo preso. La semana pasada, Lijo ordenó que viniera desde Mar del Plata, donde cumplía su arresto domiciliario, para entrevistarlo antes de dar a conocer el fallo. Esta es una medida prevista en el viejo código de procedimiento, que regía el expediente en el que además de Hoya fueron condenados otros siete represores, entre ellos, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.

El militar dedicó un buen rato de la entrevista a hablar de sus achaques de salud. Su carrera militar fue otros de los temas centrales de la reunión. Mencionó con orgullo, por ejemplo, que se había negado a participar de un curso de entrenamiento en Israel. Hoya pudo escabullirse de la audiencia en el que el juez leyó su condena. Quedó alojado en el Hospital Militar y estuvo allí hasta ayer.

El nombre de Hoya no dice demasiado. Esto se debe, sobre todo, a las características del sitio desde dónde aportó a la maquinaria de la represión del terrorismo de Estado. El Batallón de Inteligencia 601 era por definición un lugar donde prevalecía el secreto. Sin embargo, algunos de sus misterios fueron descubiertos. De hecho, fueron integrantes de ese organismo los primeros miembros de las Fuerzas Armadas en ser condenados por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Podría pasar más de un año hasta que Alfredo Astiz –cuyas facciones son fácilmente reconocidas por varias generaciones de varios países– y sus compañeros de la ESMA vayan a juicio.

El relato de Silvia Tolchinsky, secuestrada en septiembre de 1980 y llevada a varias quintas cercanas a Campo de Mayo antes de ser liberada, permite un acercamiento a la figura de Hoya, conocido con los alias de “Pancho” o “Villegas”. Mayor retirado, se enroló en 1970 en el Batallón como “personal civil de inteligencia”. Allí se desempeñó como jefe, primero de sección y luego de grupo. En 1976 pasó a integrar las filas de la “central de reunión” bajo las órdenes del coronel Jorge Ezequiel Suárez Nelson, del teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas y del teniente coronel Luis Jorge Arias Duval.

Hoya fue el responsable del grupo de tareas que estuvo a cargo de los secuestros de los militantes de la agrupación Montoneros que volvieron al país en 1980 en el marco de la operación de Contraofensiva. También trabajó en Centroamérica en el apoyo a los “contras” que ofrecían los represores argentinos. Por eso, estaba de viaje cuando a Tolchinsky la llevaron a la primera “quinta”. “Cuando volvió me puso un bombón en la boca, me empujó y me retó como si yo fuera un caballo, diciéndome por qué era que yo militaba y que si quería que las cosas mejoren me tenía que portar muy bien. A partir de su llegada el régimen en las tres quintas fue terrible”, contó la mujer.

Durante su cautiverio, Tolchinsky no llegó a ver a Hoya. “Estuve todo el tiempo con vendas en los ojos, además de los grilletes y las esposas, pero lo escuché muchas veces, tenía una voz muy autoritaria. Puedo decir que tenía dos hijos, una hija en Mar del Plata y al otro hijo alguna vez lo trajo al “trabajo””. Todos los datos, además de su marcado acento cordobés, fueron ratificados durante la investigación.

El martes, Lijo lo condenó a veinticinco años, accesorias legales, costas e inhabilitación especial por ser integrante de una asociación ilícita, por los secuestros de Angel Carbajal, Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky y por reducción a servidumbre. Iba a salir en libertad en 2027. Era previsible que no llegara a cumplir con la sentencia. Pero, a diferecia de Febres, murió después de que la Justicia se expidiera. “No descartamos que eso le haya generado un disgusto”, se escuchó en un pasillo de los tribunales federales.

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