"Tenemos bronca, impotencia y tristeza. Estamos muy mal, mi madre está destruída", afirmó Rubén López, hijo del albañil y remarcó que "mi viejo tiene que estar acá (en su casa). No nos tiene que estar pasando esto (la desaparición de un testigo) en Argentina".

Rubén López brindó hoy una conferencia de prensa en la puerta de su casa en la localidad platense de Los Hornos al cumplirse un año de la desaparición de su padre.

"Después de un año que no tenemos información, que no hay nada, no puedo descartar cualquiera de las posibilidades", dijo al ser consultado sobre la posibilidad que su padre esté muerto. Rubén López agregó que "de corazón, quiero que esté vivo" y afirmó que "sigo confiando en la palabra del Presidente (Néstor Kirchner), que nos dijo que iba a hacer todo lo posible (para encontrar a López)".

"Estamos en democracia y mi viejo está desaparecido. No nos lo podemos permitir como sociedad", insistió. Respecto a los móviles del secuestro de López, Rubén, su hijo, expresó que "eso habría que preguntárselo a los que tienen a mi viejo. Mi viejo no les tuvo miedo, como no tuvo miedo de ir al juicio".

Sobre un posible vínculo entre la declaración de López contra Etchecolatz y su desaparición, el hijo del albañil aclaró que "no puedo confirmar ni desmentir porque no tenemos nada".

"El propio juez (Arnaldo) Corazza nos dijo que él no está conforme con la investigación, que para él la investigación es un fracaso porque no lo encontraron (a López)", sostuvo. Rubén López remarcó que "seguimos confiando en la justicia y el Estado, no tengo otra opción", y declinó pronunciarse sobre el reclamo de diversos organismos de derechos humanos para que se aparte a la policía de la investigación.

Reiteró su pedido "para que todo el que sepa algo (sobre el paradero de López) lo diga".

"Los muchachos que tienen a mi viejo (en alusión a los secuestradores), quien fuere, les digo que mi viejo tiene que estar acá, con mi vieja, que está destruída", insistió.

Esta es la segunda conferencia de prensa que brinda la familia desde la desaparición de López, ya que eligieron las cartas públicas como forma de comunicación.

El 5 de septiembre último, la familia dio a conocer una misiva donde le pedían al presidente Néstor Kirchner que "el olvido y el silencio no caiga sobre Tito".

"Señor Presidente confiamos en Usted, recordamos sus palabras y el compromiso personal en la búsqueda, y sabemos que le preocupa el tema. Ud. ha dicho públicamente que la desaparición de Tito 'me hizo tomar con claridad la dimensión de la responsabilidad que me toca, la cual asumo y no la esquivo bajo ningún concepto'", destacaron los familiares en una nota.

En la carta se preguntaban "¿Cómo puede ser, señor presidente, que ningún organismo del Estado encuentre a los responsables, a pesar de todo lo que sabemos que se hizo y se está haciendo?".

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El ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich rompió el silencio que mantuvo durante gran parte del proceso y, en sus últimas palabras antes del veredicto que se conocerá esta tarde, apuntó contra sobrevivientes que testimoniaron en su contra al afirmar que "el testigo falso es el demonio, porque está preñado de malicia".

En medio de un clima de tenso y protegido por un chaleco antibalas, Von Wernich intentó exculparse al asegurar que "en 2.000 años de historia ningún sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana violó los sacramentos". Y aseguró: "Si queremos llegar a la verdad, hagámoslo con paz".

"El hombre que quiere reconciliarse necesita paz, si no actúa con un corazón herido", expresó el ex capellán de la Bonaerense, quien no dudó en incluir citas bíblicas para graficar su testimonio. "En caso contrario, va a obrar con el corazón herido y lleno de problemas", agregó.

Más temprano, la defensa de Von Wernich solicitó ante el Tribunal Oral Federal N째 1 que el cura sea absuelto en el juicio en el que tanto la fiscalía como las querellas lo acusan de participar en homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas durante la última dictadura militar.

El abogado Juan Martín Cerolini, uno de los defensores del sacerdote, fundamentó el pedido de absolución en que durante el juicio "no se ha probado o no alcanzan las manifestaciones para arribar a un veredicto condenatorio". En ese sentido, el letrado explicó que "son más las dudas que han quedado planteadas que las certezas a las que pueda arribar este tribunal".

Durante la extensa jornada de alegatos que se desarrolló ayer, las querellas y la fiscalía solicitaron, con distintos matices jurídicos, la prisión y reclusión perpetua para Von Wernich, quien es el primer sacerdote de la Iglesia Católica en ser juzgado oral y públicamente por delitos de lesa humanidad.

En casi tres horas de alegato, la fiscalía general, que encabezan Carlos Dulau Dumm y Felix Crous, pidieron que se lo acuse a Von Wernich de participar en seis homicidios triplemente calificados, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegales de la libertad.

La fiscalía, sin embargo, desestimó acusar a Von Wernich del asesinato de María del Carmen Morettini, una ex detenida desaparecida, lo que generó la reacción de un integrante del público, el ex detenido Enrique Fucman.

Según los fiscales, quedó probado que Von Wernich concurría a los centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps, "donde quedó claro que no realizaba una función pastoral, sino que cumplía un rol dinámico y era un interrogador habitual".

Además, pidieron que la condena a reclusión perpetua se aplique en el marco del genocidio ocurrido en el país a partir de 1976 y que se lo inhabilite de por vida para ocupar cargos públicos.

 

Según informaron fuentes policiales, Barriero arribó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea estadounidense y desde allí fue trasladado a la guarnición militar Campo de Mayo.

Barreiro, quien fue vocero del alzamiento carapintada de Semana Santa en 1987, se encontraba en Estados Unidos desde 2004 y fue detenido en abril de este año en Arlington, en el estado de Virginia, acusado de haber mentido sobre sus antecedentes penales y no por las causas de lesa humanidad.

Debido a que su permanencia en prisión dependía de la decisión de un juez de Migraciones, que podía liberarlo bajo fianza hasta que culmine el proceso de deportación, para evitarlo, los querellantes de las causas contra el represor pidieron a Cancillería que acelere un pedido de extradición.

Hace tres años, la Justicia cordobesa lo había declarado prófugo en la causa por el secuestro y desaparición de un estudiante de Córdoba en 1977 y ordenó la captura internacional a Interpol.

La jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñiuk pidieron su detención, junto a otras diez personas, en el marco del expediente "Rodríguez Hermes y otros", más conocido como causa "Diego Hunziker", el estudiante de 17 años de la Escuela Monserrat de Córdoba, secuestrado el 3 de septiembre de 1977, detenido clandestinamente en Casa de Hidráulica y ejecutado entre el 21 y 22 de ese mes.

Barreiro estuvo a cargo de La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país desde mediados de 1976, y conducía los grupos de tareas de secuestradores y con el represor Luis Manzanelli manejó los interrogatorios.

En La Perla se transformó en uno de los especialistas en torturas más denunciado por los sobrevivientes y recordado por su sadismo.

La Cámara Federal de Córdoba lo citó por primera vez a declarar en 1987, en el marco de la megacausa contra el responsable del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Barreiro se negó a presentarse y desencadenó las sublevaciones que culminaron en el levantamiento de Semana Santa la sanción de la ley de obediencia debida.

Los Barreiro llegaron a Estados Unidos en 2004, cuando huyeron de la Argentina poco antes de que la Justicia dictara una orden de captura contra el ex mayor del Ejército por su participación en la represión.

El ex represor y su esposa, llamada Ana Delia Magi, se instalaron en The Plains, un poblado ubicado a 80 kilómetros al oeste de Washington, donde intentó iniciar una vida nueva, dedicándose a la venta de artesanías criollas y antigüedades.

Fuente: Télam

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Los alegatos de las querellas eran expuestos esta tarde en el juicio que el tribunal oral en lo criminal oral en lo federal cinco (Tof5) lleva adelante contra quien era conocido en la ESMA como "Gordo Daniel" y "Selva", porque, según revelaron algunos sobrevivientes, "era más bestia que todos los animales juntos".

Febres, de 65 años y detenido en una unidad de la fuerza de seguridad en el Tigre, debe presenciar la audiencia desde el banquillo de los acusados, vestido como siempre con saco marrón y pantalón gris, después de haber estado ausente durante la etapa de testimonios.

El primer alegato fue expuesto por los abogados Rodolfo Yanzón y Luz Palmas Saldua, representantes de las víctimas Carlos Garcia y Alfredo Margari y de organismos humanitarios como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, todos querellantes.

Yanzón lamentó que desde la anulación de las leyes de amnistía Punto Final y Obediencia Debida "todavía no sentamos a ningún militar en el banquillo de los acusados" y atribuyó ello "a la obstrucción sistemática de esta causa por parte de Cámara Nacional de Casación Penal, especialmente Alfredo Bisordi".

"Nos tenemos que conformar con este juicio a un prefecto, un juicio muy pequeño, pero juicio al fin", acotó el letrado.

Al exponer el contexto histórico de la represión, Yanzón aportó que "la planificación del exterminio ya estaba fijada desde 1968 en los reglamentos militares reservados que preveían los tormentos y la eliminación fisica, justo cuando el general Agustín Lanusse era comandante del Ejército".

"La eliminación de la guerrilla fue una excusa porque el exterminio en verdad buscó extirpar la creciente organización popular y ejercer un disciplinamiento social", enunció el letrado, que además pronunció varias citas de los filósofos y estudiosos Anna Harendt, Primo Levi, Alexander Roczin, Roberto Gargarella, Giorgio Agamben.

Para el representante de la querella, "Febres era un ejecutor directo" de las órdenes de tortura que provenían de la jefatura militar referentes a lo que denominó como "el plan de exterminio de la dictadura contra los opositores políticos", entre enero de 1977 a diciembre de 1981 cuando estuvo en la ESMA.

Al apuntar el esmero con que el acusado cumplía su tarea, la abogada querellante Palmas Saldua destacó que "Febres no faltó nunca a la ESMA a tal punto que del 77 al 81, según su foja de servicios, nunca se tomó su licencia anual de vacaciones, como sí había hecho hasta entonces".

También recordó los testimonios de varios sobrevivientes que lo escucharon jactarse "en este lugar yo soy el torturador", así como que era quien "tenía más horas de vuelo o de máquina", en referencia esta última al instrumento de tortura conocido como picana eléctrica.

Finalmente, ambos abogados invocaron los testimonios de sus clientes, así como de los otras das víctimas Carlos Lordkipanise y Josefa Prada de Olivieri, involucrando a Febres en las privaciones ilegítimas y tormentos para concluir con el pedido de 25 años de cárcel.

Esta tarde proseguían los alegatos por parte de las abogadas Liliana Mazea, Miryam Bregman y Guadalupe Godoy, representantes del querellante Lordkipanise, sobreviviente del centro naval.

Mañana será el turno del alegato de la fiscalía.

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El ex subprefecto Héctor Febres, juzgado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, fue encontrado muerto esta mañana en dependencias de la Prefectura Naval Argentina, en la zona del delta bonaerense, donde se hallaba detenido.

Fuentes vinculadas al Tribunal Oral Federal número cinco (TOF5), a cargo del juicio que se le seguía por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), confirmaron que se ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte.

"Hay que esperar las conclusiones de los especialistas", dijo una de las fuentes.

Con el resultado de los estudios médicos se podrá precisar, además, el momento de la muerte, ocurrida entre anoche y esta madrugada.

Las fuentes consultadas dijeron que a los guardias de la Prefectura donde Febrés estaba preso les llamó la atención que, llegada la hora, el detenido no fuera a desayunar.

El hecho se registró días antes que el TOF 5 diera a conocer su veredicto en el juicio al ex subprefecto por la privación ilegal de la libertad y tormentos a Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari.

Febrés, de 65 años, alias "el gordo Daniel" o "Selva", también estaba procesado por otros casos de delitos de lesa humanidad en el ámbito de la ESMA, pero los mismos aún no fueron elevados a la etapa oral.

Por los hechos que tuvieron como víctimas a Lordkipanidse, Prada de Olivieri, Garcia y Margari, la querella y la fiscalía había pedido 25 años de prisión, en tanto que el defensor oficial Víctor Valle reclamó la absolución de su asistido.

El TOF5 había dispuesto un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, para que Febres hiciera uso de su derecho a pronunciar las "últimas palabras" antes de conocer la decisión del tribunal.

La ley establece que la "muerte del imputado" extingue la acción penal.

El juicio a Febres había comenzado el 18 de octubre último y declararon, en su mayoría con tenor incriminatorio, alrededor de medio centenar de sobrevivientes de la ESMA.

El proceso oral contra Febres fue el primero en el que se ventilaron los ilícitos cometidas durante el período 1976-1983 en la ESMA, considerado el centro clandestino de detención más importante que funcionó en el país durante la última dictadura, ya que por allí se estima que pasaron miles de detenidos.

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El mismo día que el represor Héctor Febres hubiera sido condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, su esposa, dos de sus hijos y su yerno fueron detenidos en el marco de la investigación sobre su muerte, ocurrida el lunes pasado en una base de la Prefectura Naval. Los cuatro familiares fueron las últimas visitas que Febres recibió antes de ingerir la dosis del cianuro que le quitó la vida.

La jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, quiere saber si fueron ellos quienes le proporcionaron el veneno. También dispuso varios allanamientos, en uno de los cuales se secuestró una computadora que podría resultar importante -según la explicación de fuentes judiciales- a la luz de algún intento de mantenerla oculta. Y además, Arroyo ordenó una inhibición general de bienes sobre todos los imputados que podría abrir una nueva hipótesis en la muerte del prefecto: un móvil económico.

Esta decisión de la jueza pretende congelar los movimientos de una cuenta bancaria a nombre del represor que, a pesar de tener un embargo de un millón de pesos, nunca le había sido descubierta. La esposa de Febres (Ste lla Maris Guevara) y sus hijos (Héctor Ariel y Sonia Marcela) habrían manifestado cierta inquietud sobre esa cuenta entre el momento en que Febres murió y que ellos fueron detenidos.

Los cuatro van a ser indagados hoy, pero se negarían a declarar. No está claro si Arroyo va a imputarles el eventual homicidio, una instigación a un posible suicidio o algún otro delito. La noche de ayer la pasaron incomunicados en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, en la planta baja de los Tribunales de Talcahuano. Al cierre de esta edición se producían nuevos allanamientos sobre casas de otros familiares de Febres.

Estos cuatro no son los primeros detenidos por este episodio. El jueves, la jueza dejó presos a los dos prefectos que estaban a cargo de la custodia de Febres, en una isla del Delta. Fueron quienes habrían permitido que la familia cenara con Febres, cuando esto no está permitido en el régimen de visitas ordinario.

Héctor Antonio Febres tenía 65 años. En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde actuó durante el terrorismo de Estado, se hacía llamar "Daniel", "Selva", "Orlando" o "Gordo". De no haber tomado ese cianuro que le provocó un infarto de miocardio, ayer hubiera tenido que escuchar su primera condena y la primera por los delitos aberrantes cometidos en el principal centro de torturas de la dictadura.

Antes de eso, Febres hubiera tenido oportunidad de dirigirse al tribunal que lo estaba juzgando y decir lo que quisiera. ¿Iba a revelar algo? La Fiscalía había pedido 25 años de prisión. Le hubiera quedado pendiente un nuevo juicio por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y otro por el robo de bebés de desaparecidos.

El abogado de la familia Febres, Martín Orozco, dijo a Clarín que consideraba "apresurada" las detenciones y que, aunque la causa está bajo secreto de sumario, olía que los operativos posteriores tendían a "bucear para ver si aparecen pruebas". Rodolfo Yanzón, uno de los representantes de la querella, calificó la muerte del prefecto como "un mensaje mafioso" que se emparenta con la desaparición -no esclarecida- de Julio López, testigo en otro de los juicios por estos crímenes.

Los allanamientos de ayer fueron realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la jueza Arroyo participó personalmente de varios. A primera hora, en la puerta de los juzgados federales de San Isidro estacionaron tres camionetas de las que se descargaron computadoras, impresoras y cajas con otros elementos de prueba secuestrados en la casa de los detenidos.

La esposa de Febres fue detenida en su casa de la calle Carranza al 1100, en Palermo. Hasta que lo detuvieron, hace cuatro años, esa misma dirección era la sede fiscal de la empresa montada por Febres: Servicios de Investigación y Seguridad NCP.

El ex prefecto Febres estaba alojado en una suerte de cárcel VIP cerca del río, con DVD, dos habitaciones y un balcón. De la custodia del lugar se ocupaba la Prefectura. Desde el Gobierno, no hubo novedades sobre relevos en la cúpula de esta fuerza.

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La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó ayer a la Justicia el "inmediato traslado" de los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos que se encuentran cumpliendo prisión preventiva en unidades castrenses a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Así reabrió la polémica por este tema.

La solicitud está incluida en sendas notas, firmadas por Estela de Carlotto, presidente de esa entidad, que actúa como querellante en esas causas. Los escritos fueron enviados a los jueces federales Daniel Rafecas y Sergio Torres, que investigan las megacausas conocidas como "Primer cuerpo del Ejército" y "ESMA", respectivamente.

El pedido se renovó por la muerte por envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres en una base de la Prefectura Naval.

"Este gravísimo hecho justifica, por si solo, que se disponga el traslado de quienes se encuentran detenidos en prisión domiciliaria y en unidades que no dependan del SPF, pues resulta evidente que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias que requiere la detención de este tipo de imputados" señalan las notas.

Actualmente, hay 153 militares procesados y con prisión preventiva a la espera de un juicio oral que determine si son culpables o inocentes. Si se suman los policías, la cifra llega a casi 200.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín se precisó que 71 militares de ese total que gozan de prisión domiciliaria la tienen por tener más de 70 años o estar enfermos.

Entonces, el pedido de los jueces se concentra en los 73 que se encuentran en unidades militares. De estos, 35 están detenidos en el Instituto Penal de las fuerzas armadas de Campo de Mayo que es una cárcel con cerco perimetral, que será controlada a partir de enero por el Servicio Penitenciario Federal.

De esta forma, como Febres -es decir en unidades militares con condiciones de detención especiales- quedan 38.

La polémica por cómo deben estar presos por militares acusados de delitos de lesa humanidad ya lleva más de dos años. Ante pedidos de las organizaciones de derechos humanos, la ministra de Defensa, Nilda Garré, había solicitado en mayo del 2006 a los jueces que los manden a cárceles comunes.

Luego frente a reclamos de las querellas, la Cámara Federal porteño decidió que debían seguir presos aquellos que habían cumplido 3 años sin condena por tratarse de delitos de Lesa Humanidad, entre otras razones. Además, había ratificado que los jueces de instrucción tienen la potestad de decidir dónde los militares cumplen la prisión preventiva, pero siempre y cuando sean custodiados por efectivos del SPF y con sus reglamentos, es decir en calabozos con llave, regímenes de visitas y sin teléfonos, entre otras restricciones.

En el caso de Febres, el juez Torres había pedido la custodia a SPF pero "por falta de personal y una apelación ante la Cámara de Casación, la medida no se llegó a efectivizar", afirmaron fuentes judiciales a Clarín.

Además, varios jueces también consideran que las cárceles "no garantizan la integridad física" de los militares ante eventuales ataques de presos comunes. Y en algunos casos aceptaron pedidos de los detenidos para estar presos cerca de donde viven sus familias. Dos jueces que pidieron ser no identificados, también dijeron: "una cárcel común no evita tampoco que un detenido eventualmente se suicide".

Ante esa realidad, el Gobierno habilitó un pabellón especial para militares y policías en el penal federal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido, por ejemplo, el ex comisario Miguel Etchecolatz. Allí ya están alojados 38 acusados y sobran 52 plazas.

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