ATENTADO CONTRA CRISTINA - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

La vicepresidenta brindó una entrevista a un reconocido medio de Brasil. Volvió a denunciar la conexión entre los acusados por el intento de magnicidio y los líderes de Revolución Federal. Afirmó que "Caputo, amigo del alma de Macri", los financió.

La vicepresidenta Cristina Kirchner insistió con la conexión entre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, acusados por el intento de magnicidio, y el grupo Revolución Federal, y resaltó que recibió "financiamiento" de "Caputo, amigo del alma de Macri". La vicepresidenta brindó una entrevista exclusiva al diario brasileño Folha de Sao Paulo en la que habló a fondo del presente de la Argentina y volvió a anticipar su condena como forma de presión política.

La vicepresidenta se refirió al intento de magnicidio en su contra el pasado 1° de septiembre y afirmó que la investigación da cuenta de que existen autores intelectuales del hecho pero "los jueces de Macri" no lo quieren investigar. “Después de haber analizado todo, se ve claramente que los detenidos eran sólo los autores materiales. Hay ideólogos y autores intelectuales del atentado”, remarcó.

"El atentado contra mi vida tiene una fuerte connotación política. Estaban vinculados por los grupos de derecha y financiados por grupos del macrismo", remarcó Cristina, quien relató que se encontraron mensajes que revelan el plan para matarla. "Encuentran mensajes que esto (el atentado) está escrito entre gente que se comprobó que recibió 17 millones de pesos de familiares de funcionarios de Macri", afirmó. En este marco apuntó contra"los jueces de Macri" que no quieren investigar las conexiones entre estos grupos. "Me quieren presa o muerta", lanzó.

Cristina insistió en la relación entre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, acusados por el atentado, y Revolución Federal. “Ellos se fotografiaron con estos líderes. Los siguieron. Fueron a las mismas manifestaciones y recibieron un financiamiento de 17 millones de pesos de un fideicomiso de [Nicolás] Caputo, amigo del alma de Macri”, enfatizó.

En otra parte de la entrevista, Cristina se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar y eso será "una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto", el CEO del Grupo Clarín. "El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta. En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto".

Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que "los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno". Sostuvo que "el neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces".

Por otra parte, la Vicepresidenta aseveró que "acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder". En ese marco, apuntó: "Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio, que era un juez que perseguía a mí y a mi familia, del otro".

"Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto' . Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente", añadió.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)

El comienzo del juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner y la aprobación de la ley Bases dieron forma esta semana a un diagnóstico muy aproximado sobre la crisis o sobre la forma como el país resolvió los conflictos y tomó un rumbo. El resultado es alarmante por la salud institucional de una democracia atravesada por discursos de odio instrumentados por sectores del poder económico que finalmente logran favorecer sus intereses.

El capítulo impositivo de la ley Base es autoincriminatorio: un millón de trabajadores pasarán a pagar Ganancias por el equivalente al 0,5 por ciento del PBI. Y por la rebaja al impuesto a los Bienes Personales, los 120 mil millonarios que fugaron dólares al exterior, dejarán de pagar el equivalente al 0,4 por ciento del PBI. Pierden los trabajadores, ganan los millonarios que fugaron dólares.

Ambos impuestos son coparticipables y formaron parte de la extorsión del gobierno sobre los gobernadores para la aprobación de la ley. Los del centro del país, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, agarraron viaje sin dudarlo porque el porcentaje de trabajadores afectados por Ganancias es menor. En cambio, los gobernadores de las provincias del Sur, como Chubut, donde los salarios son más altos porque se considera zona desfavorable, hicieron el teatro de protestar, pero sus diputados igual firmaron. Como la cantidad coparticipable prácticamente no varía, estos gobernadores aceptaron que les aumenten los impuestos a los trabajadores y se los bajen a los ricos.

Los diputados de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires votaron en contra de esos cambios igual que la gran mayoría de esa bancada, además de los diputados de la izquierda. El tema impositivo no fue el más importante pero es muy claro para exponer de manera inapelable quién gana y quién pierde con esa ley. Y muy claro también para mostrar la forma como el gobierno corrompe la política.

Pero quizás lo más clarificador fue que muchos de los diputados que votaron a favor de esta norma, hicieron discursos en contra, con críticas muy certeras a lo que estaban votando. El diputado radical por Córdoba, Rodrigo de Loredo resultó quizás el más famoso por este rasgo esquizofrénico de una parte de la política nacional. “Nosotros le dijimos al oficialismo ¿en serio quieren bajar impuestos a los más ricos, a los que tienen la plata fuera? Si ustedes quieren eso, nosotros lo apoyamos, aunque estamos en contra, porque es lo que votó la gente”. Se sacó la responsabilidad de encima, como si a él no lo hubiera votado nadie.

Y hubo gobernadores que podrían haber negociado la explotación del litio con muchos más beneficios para sus provincias, pero mandaron votar a favor porque temieron quedar por fuera de un probable desembarco atropellado de empresas atraídas por una legislación tan favorable como la del RIGI. Cuando se perciban a fondo las consecuencias desfavorables en las provincias es probable que esos gobernadores ya no gobiernen.

Serán otros los que pagarán el costo. La política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no solamente de las empresas a costa de las personas. La decisión de estos gobernadores para que los costos de sus decisiones las paguen los que vengan después, también es una forma de corromper a la política.

Se aceptó sin discutir ni investigar que las normas incluídas en la Ley Base fueron redactadas por los estudios de abogacía de las principales corporaciones. Cada una puso lo que le convenía a sus clientes. Ni el poder económico ni los estudios de abogados forman parte de los poderes republicanos. Son poderes fácticos, igual que los medios de comunicación tradicionales y las redes. A poco de recuperar la democracia se estableció una tensión intensa entre los poderes republicanos y los poderes fácticos.

La aprobación de la Ley Bases es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos han sido arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con transnacionales.

Los sectores populares, tanto los que aún defienden sus intereses como los que fueron cooptados por el discurso opuesto a ellos, quedaron arrinconados por la ofensiva salvaje de esta alianza reaccionaria, que es el principal factor de corrupción de la política porque sólo utiliza la compra de voluntades en la justicia y la política y la difamación en los medios y las redes.

Una expresión clara de esta forma de hacer política ha sido la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en el caso dramático de la desaparición del niño Loan Peña. Después de diez días de silencio, anunció con gran teatralidad que viajaba a Paraguay porque había indicios de que el niño había sido llevado a ese país.

Y en realidad era mentira porque se trataba de un viaje programado desde mucho antes para una reunión de ministros del Mercosur. Después de ese papelón anunció que ahora sí “venía con todo” y que incluso iba a mirar con aparatos especiales el interior de la panza de animales salvajes, por si se habían comido a Loan.

Ha sido un viaje largo para convertir a la política en este mamarracho. Cuando Patricia Bullrich era presidenta del PRO se negó a repudiar el intento de asesinato de Cristina Kirchner. En ese punto se quebró el contrato democrático establecido cuando se retiró la dictadura. Los que festejaron, los que callaron, los que minimizaron, fueron cómplices del discurso de odio que habían instalado en la sociedad y que culminó con ese atentado. “Sé que hubiera provocado una guerra civil” dijo el criminal en el banquillo de los acusados.

En las narices de la justicia y de los investigadores borraron los celulares de los atacantes y de todas las personas involucradas, no se investigaron los vínculos políticos de los acusados, militantes de agrupaciones macristas caracterizados por sus acciones violentas, ni sus fuentes de financiamiento, cuando era sabido que uno de sus principales dirigentes recibía mucho dinero de empresas de la familia Caputo.

Cómplices los periodistas que acusaron sin pruebas en medios que amplificaron mentiras y cómplices los jueces que condenaron sin fundamentos. Cristina Kirchner era el obstáculo, una referente popular que molestaba a estos intereses que buscaron sacarla de circulación con esa campaña.

El discurso de odio se enfocó con mucha claridad en la obra pública y en las políticas sociales como formas de corrupción que servían para enriquecer a Cristina Kirchner quien, en sus presidencias impulsó ambas líneas de acción estatal. No comprobaron nada, investigaron y amplificaron mucho más estas falsas denuncias que su intento de asesinato.

En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner –ninguneado por las corporaciones de medios-- se aprobó la ley Bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses. Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)

Federico García, uno de los militantes que atraparon a Fernando Sabag Montiel apenas trató de matar a Cristina Fernández de Kirchner, reveló en el juicio oral por el atentado que recibió una amenaza en mayo último después de declarar en otra causa en la que se investiga cómo se dañó el celular del principal acusado. Es porque la madrugada después del intento de magnicidio le había tocado ser testigo de la primera extracción (fallida) de información del aparato que se hizo dentro del juzgado de María Eugenia Capuchetti. No fue la única situación alarmante que relató: contó que mientras esperaba en Comodoro Py para dar testimonio por el intento de magnicidio se le acercó un hombre y comenzó a filmarlo.

La de este miércoles fue una audiencia con sorpresas. Primero, la declaración de García y el anuncio de que todo el debate será transmitido por Youtube por pedido de la querella de la expresidenta, representada por Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira. Luego, otro de los testigos, Cristóbal José Elgueta Collado, el joven que registró el video que recorrió el mundo donde se ve la mano de Sabag Montiel con el arma apuntándole en la cara a CFK, dijo que después del hecho se acercó con un grupo de amigos a la custodia para mostrar y entregar las imágenes. Uno de los policías le pidió que le exhibiera el celular, para ver si ya lo había enviado a otras personas y le indicó que borrara el video. Una de sus amigas, Sofía Manusovich, ya se lo había enviado al agente, que luego lo devolvió al ver que se había difundido. Este relato ya existía en el expediente: fue Sofía quien narró lo sucedido en el juzgado en las primeras horas después del ataque. Cristóbal no había declarado, lo hizo por primera vez ahora.

El celular y la amenaza

El teléfono de Sabag Montiel será finalmente peritado otra vez el 13 de agosto a las 10 según dispuso el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) a pedido de la fiscala Gabriela Baigún como medida de "instrucción suplementaria". Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) había establecido que aún existe alguna posibilidad de recuperar la información del dispositivo. Lo que se hará, dice la resolución a la que accedió Página/12, consiste en "una operatoria de rooteo y posterior extracción física del contenido" del celular. Lo harán los técnicos de esa dependencia y la Gendarmería. Por lo pronto habrá peritos de la fiscalía y de la querella de la dos veces presidenta. Todo indica que será un último intento que se podrá realizar y hay algún riesgo de que se pierdan los datos.

El aparato había llegado en manos de la Policía Federal (PFA) al despacho de Capuchetti ya pasada la medianoche tras el atentado, a las 2.49 de la madrugada del 2 de septiembre de 2022. Dos agentes policiales fueron los encargados de extraer el contenido del aparato que, al parecer, estaba apagado. Lo enchufaron y conectaron al sistema UFED (Universal Forensic Device) pero no lograron bajar nada. No tenían el "patrón" para acceder. El celular se apagaba. García fue testigo de este procedimiento. Lo convocaron porque ya estaba ahí en Comodoro Py. Ante el TOF 6 dijo este miércoles que había visto exactamente eso. El teléfono, dijo, tenía pegado el chip y la tarjeta de memoria. Según García, lo dejaron cargando.

Frente al fracaso de los agentes con el celular, la jueza Capuchetti decidió mandarlo la noche siguiente al laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante el día lo había tenido en su oficina, se supone que en la caja de seguridad. Lo mandó a Ezeiza con la agente que custodia su juzgado, Priscilla Santillán. El secretario se bajó del camino. La mujer manejó sola cerca de las once de la noche. Al llegar a la sede de la PSA, la mujer entregó el sobre abierto (se había roto la cadena de custodia), estaba encendido y tenía un cartel rojo de alerta. Intentaron conectarlo para un nuevo intento de extracción. El teléfono estaba reseteado de fábrica y no se podía rescatar nada. Solo fotos de la tarjeta de memoria y SIM, algunos pocos chats de Telegram.

Para determinar quién fue responsable de lo ocurrido con el aparato se abrió una causa judicial que está a cargo de María Servini. García declaró dos veces como testigo en esa pesquisa, donde hasta ahora están imputados un agente de la Federal y dos de la PSA. Uno de sus testimonios fue por Zoom y el otro fue presencial.

Después de aquella segunda vez fue amenazado el 12 de mayo por un mensaje de Facebook de un remitente desconocido. La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, pidió exhibir en texto que estaba todo escrito en mayúscuas que fue leído por un secretario: "Gordo buchón fijate lo que hablás cuando vas al juzgado de la vieja a hacerte el super testigo Kircho puto mirá que con nosotros no se jode pedazo de ortiva después vas a tener que andar mirando para atrás hasta cuando vayas a comprar al kiosco estás avisado dejá de hablar que sabemos todos los lugares por donde andas y no te vamos a avisar más cerrá el orto, si Ale tiene qilombo vos vas a cagar fuego (sic)".

García, que es concejal de Presidente Perón, hizo una denuncia penal. La causa la tiene el juez Ariel Lijo, quien preguntó a la fiscalía de Carlos Rívolo --a cargo de la instrucción de la investigación del atentado-- qué personas llamadas "Alejandro o Alejandra" había en el expediente. La respuesta fue que en el legajo que le queda en instrucción sobre la llamada "pista Milman" (por el diputado del PRO Gerardo Milman) no hay ninguno. En la causa de Servini hay un "Alejandro" imputado, que es el cabo de la PFA Alejandro Heredia, del departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, a quien se le había encomendado precisamente obtener la información del celular de Sabag Montiel, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes). Esto es un dato del expediente, pero no está para nada claro quién es el "Ale" mencionado en la amenaza.

El día del intento de asesinato de la dos veces presidenta, García estaba en medio de la movilización que iba a respaldarla desde hacía once días (cuando el fiscal Diego Luciani pidió su condena en el caso Vialidad) y colaboraba con un cordón humano que le abría paso cuando llegaba a su casa. Contó que el 1 de septiembre a la noche, empezó a escuchar gritos desde el otro lado del auto que la había traído. "Tiene un fierro", contó que oyó. Decidió meterse en el tumulto y se vio frente a frente con Sabag Montiel, a quien ya otros señalaban. Entre él y otro compañero terminaron agarrándolo. "Me dijo, no le peguen, sacalo. Me lo llevo a la vuelta a unos 10 metros. No iba solo, había otras personas alrededor. Lo pongo contra una pared. Lo sostenía. Él decía 'no hice nada', 'soy compañero'", recordó. Ahí le pidió a Matías Larroca, otro militante, que llamara a la policía. Se fue hacia la esquina. Una persona le señaló el piso, dijo, porque estaba el arma. Él la retuvo con el pie. Después la custodia de CFK, dijo, se ocupó de eso.

García, moreno y robusto, estaba citado a declarar en el juicio la semana pasada pero la audiencia se prolongó y tuvo que volver este miércoles. Aquel día, mientras esperaba en el sexto piso de Comodoro Py, donde están los despachos del TOF6, vivió una situación extraña que contó ante los jueces. Estaba Larroca también. "Una persona con un teléfono vino a preguntar algo y nos dimos cuenta que nos estaba filmando. Era pelado, de unos 50 años, medía aproximadamente 1,70 metros. Estábamos en unos sillones negros", describió. Por la tarde, el tribunal notificó este relato al juzgado de Lijo.

El video histórico

Elgueta Collado, de 28 años, había ido con un grupo de amigos de la facultad de Medicina, militantes, a las inmediaciones de la casa de CFK "a darle apoyo". Se ubicaron cerca de la puerta por donde entraba ella a su casa. Desde ahí comentó que filmó, con el celular en alto ya que notó que no iba a poder acercarse más. "Hacia mi derecha veo que sale y entra un brazo, lo veo en mi celular", declaró. En el momento no entendió lo que pasaba, pensó que era un libro ya que los simpatizantes llevaban ejemplares de "Sinceramente" para que la entonces vicepresidenta se los firmara. "Cristina se agachó", precisó. Lo tenía a Sabag Montiel al lado y en medio del revuelvo notó que otros lo agarraron y lo trataban de cachear. Vio caer algo "que brilla", luego entendió que era el arma, y advirtió que "otra persona lo afirma con el pie". Escuchó al asesino fallido decir "soy compañero" para que lo dejaran ir pero vio que otros lo llevaron sobre la calle Uruguay mientras la entonces vicepresidenta seguía ahí.

Explicó ante el tribunal que había una situación de "confusión" y que cuando se volvió a juntar con sus amigos (Iván, Martina y Sofía) miraron los videos que habían registrado. El de Iván no se veía bien. Cuando vieron el de su propio celular era nítida la imagen del arma, que hasta ese momento no habían advertido. Se acercaron a quienes creían que era la custodia y pidieron entregarles lo que tenían. Intentaron sacárselos de encima hasta que les mostraron el registro. Uno de los policías llevó a Sofía, que tenía una copia que le había enviado Cristóbal. La hicieron ingresar al edificio y después lo fueron a buscar a él también. "Entiendo que estaba el que era el jefe del operativo. Me dijo que le mostrara mis últimos chats, supongo que para ver si se lo había mandado a alguien. Le muestro, no lo había mandado, me pide que le muestre el video, lo veo y me dice 'borralo'. Yo lo borré sabiendo que quedaba en 'eliminados'. Nos hacen entrar al palier", recordó con claridad. Sofía ya se lo había enviado al hombre, pero también a ella le pidió que lo borre. Después contó que el custodio volvió y les dijo que les había devuelto el video porque estaba circulando por todos lados.

--¿Sabe por qué le pidió que borre el video?-- preguntó Namer al testigo.

--No sé, tengo dos teorías. Una, que es que al ser un hecho complejo que ocurrió bajo la responsabilidad de la custodia de Cristina, es decir una brecha en la seguridad, siendo los responsables de eso, querían tratar de ocultar información. Después pensé hablando con compañeros que quizá el policía pensó que era mejor que ellos tuvieran el manejo de la información y cuándo liberar el video.

Todo esto estaba en la causa desde el 2 de septiembre de 2022 con la declaración de Sofía, quien contó lo mismo que su amigo. También hay un legajo que investiga a la custodia de la PFA con numerosos testimonios pero sin conclusiones. También hay un sumario en la fuerza. La filmación siempre estuvo en el expediente y fue exhibida este miércoles en la sala. En la secuencia se escuchan los cantitos de fondo ("Si la tocan a Crsitian que quilombo se va a armar") y aparece el arma en primer plano. Otro de los testigos de esta audiencia, Javier Alberto Chañis, estaba casi pegado a Sabag Montiel. Cree haber escuchado "como que gatillan dos veces". "Justo Cristina me acaricia --recordó--. Se cae un libro. Fue todo confuso. Me di vuelta y lo agarré de la campera".

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)

Cristina Kirchner sobre el atentado: “Me quieren presa o muerta”

La vicepresidenta brindó una entrevista a un reconocido medio de Brasil. Volvió a denunciar la conexión entre los acusados por el intento de magnicidio y los líderes de Revolución Federal. Afirmó que "Caputo, amigo del alma de Macri", los financió.

Cómo se relaciona la Ley Bases con el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Explicación

El intento de asesinato a Cristina Kirchner fue sostenido por el discurso de odio que se instaló para destruir a una referente popular. La ley Bases fue la consagración de los intereses que insuflaron ese discurso.

Novedades en la causa por el atentado a Cristina Kirchner

Amenaza a un testigo, peritaje al celular de Sabag Montiel y la historia del video que recorrió el mundo

Federico García denunció que recibió intimidaciones antes de declarar por el daño del celular de Sabag Montiel. Además, la persona que grabó el ataque contó que un policía pidió que se borrara el material.

El celular y la amenaza

El video histórico