El informe señala que casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de uno por ciento de la población, que se ha beneficiado de casi la totalidad del crecimiento económico posterior a la crisis. Acierta Oxfam al vincular el crecimiento de la desigualdad a la apropiación de los procesos democráticos por parte de las élites económicas. Acierta también al advertir que la concentración de la riqueza erosiona la gobernabilidad, destruye la cohesión social y aumenta el riesgo de ruptura social.

Lo que no dice Oxfam es que la concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta. Una de las recomendaciones dirigida a los miembros del Foro Económico de Davos suena demasiado ingenua: No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad de sus conciudadanos.

Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas. Estamos ante una tendencia global que no puede ser revertida, en el mediano plazo, en los escenarios locales. Oxfam asegura que la desigualdad ha disminuido en América Latina en la última década. Ciertamente. Pero se trata de la región más desigual del mundo y se compara con la década de 1990, cuando la desigualdad llegó a un pico tan elevado que provocó estallidos sociales y levantamientos populares.

Entre los países donde la desigualdad ha disminuido destacan Brasil, México, Argentina y Colombia. En todos los casos la reducción se debe a razones similares (fiscalidad progresiva, servicios públicos y políticas sociales). Quiero destacar que existen tendencias de fondo, más allá de qué corrientes políticas ocupen el gobierno. Algo similar puede decirse de Europa: la crisis la pagan los trabajadores, tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda.

Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en un estado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular.

El Ministerio de Defensa de Brasil acaba de difundir (parcialmente por cierto) el Manual de garantía de la ley y el orden (GLO), en el que se define la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna (http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md33_m_10_glo_1_ed2013.pdf). El GLO tuvo dos versiones: la primera, de diciembre de 2013, fue pulida en la publicada a finales de enero y se quitaron (o se enviaron a las páginas en blanco) los aspectos más chocantes. Por ejemplo, que las fuerzas armadas van a intervenir para restaurar el orden contra fuerzas oponentes.

Cuando el manual define cuáles son esas fuerzas, puede leerse: movimientos u organizaciones; personas, grupos de personas u organizaciones actuando de forma autónoma o infiltrados en movimientos. Cuando detalla las principales amenazas, se dice: bloqueo de vías públicas; disturbios urbanos; invasión de propiedades e instalaciones rurales o urbanas, públicas o privadas; paralización de actividades productivas; sabotaje en los locales de grandes eventos. En suma, buena parte del repertorio de acción de los movimientos sociales.

Es un buen ejemplo de militarización y de criminalización de la protesta. En rigor, el GLO es la actualización de un conjunto de normativas que figuran en la Constitución y se han ido reglamentando desde la década de 1990. Lo sintomático es que se actualiza luego de las masivas manifestaciones de junio cuando se celebraba la Copa FIFA Confederaciones, y cuando una parte del movimiento popular anuncia nuevas acciones durante la próxima Copa Mundial de Futbol. Por eso se considera como sabotaje cualquier movilización durante grandes eventos. Esa es la disposición de ánimo de un gobierno como el de Dilma Rousseff, que pasa por ser más democrático que los de México y Colombia, por ejemplo.

El problema no es que el gobierno de Brasil haya cambiado, sino que el Estado siente la necesidad de responder al desafío de la calle y lo hace como cualquier Estado que se aprecie: garantizado el orden a costa de los derechos. De lo que se trata en este caso es de asegurar que una de la más corruptas multinacionales, la FIFA, pueda celebrar su actividad más lucrativa sin ser molestada por acciones colectivas de protesta. Insisto: es apenas un ejemplo, no quiero focalizar en Brasil.

Ante la escalada de militarización que atraviesa el mundo, los de abajo organizados en movimientos estamos lejos de tener algún tipo de respuesta. Más aún: nuestras estrategias, nacidas en periodos de normalidad, están mostrando límites en momentos de crisis y caos sistémicos. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de esos límites. En segundo, debemos aprender a defendernos.

Raúl Zibechi
La Jornada