Absuelto por la Historia (edición extraordinaria) - Luis Báez

Presentación

Durante años he buscado las valoraciones emitidas sobre Fidel Castro por destacadas personalidades de la política, el arte, la educación, la ciencia, el deporte, la medicina y otras.

Fidel es un hombre de trato invariablemente cordial. Es un excelente e incansable conversador que, a propósito de cualquier tema, tiene mucho que decir.

El legendario guerrero de la Sierra Maestra se ha sembrado en el corazón de los humildes. Se ha insertado en la historia. Ya está absuelto por la historia.

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Absuelto por la Historia (edición extraordinaria) - Luis Báez

Presentación

Durante años he buscado las valoraciones emitidas sobre Fidel Castro por destacadas personalidades de la política, el arte, la educación, la ciencia, el deporte, la medicina y otras.

Fidel es un hombre de trato invariablemente cordial. Es un excelente e incansable conversador que, a propósito de cualquier tema, tiene mucho que decir.

El legendario guerrero de la Sierra Maestra se ha sembrado en el corazón de los humildes. Se ha insertado en la historia. Ya está absuelto por la historia.

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África Revolución Cubana

África en la Revolución cubana (Letras Cubanas, 2005), de Pedro de la Hoz aproxima al lector a uno de los asuntos de mayor relieve y permanente e inagotable vigencia en la política cultural de la Revolución: el reflejo y tratamiento del legado de los africanos y sus descendientes en la ingente obra de transformación que ha tenido lugar en nuestro país a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Contenido

• Nota Preliminar / 5
• Introducción / 7
• Discriminación racial. La lucha por la igualdad / 16
• Proyección en la música y la danza / 21
• Los museos / 31
• La ruta del esclavo / 36
• Estudios e investigaciones / 41
• El cine / 53
• Literatura e historia / 61
• Una identidad cultural más plena / 67
• Fuentes consultadas / 71

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Apocalipsis según San George. Eliades Acosta Matos

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Los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 provocaron una conmoción global sin precedentes, y el inicio en Afganistán e Iraq, de lo que el presidente Bush calificó como “guerra contra el terrorismo” y que, según sus propias palabras, “deberá extenderse a más de sesenta oscuros rincones del planeta”. Para Irving Kristol, fundador del neoconservatismo norteamericano, se trata, simplemente, del estallido de la IV Guerra Mundial. La victoria electoral de Bush, en noviembre de 2004, y los cuatro años de mandato renovado que ella significa, vuelven a poner sobre el tapete de la política mundial la pregunta que había quedado sin respuesta durante su anterior administración: “¿Cuál es el plan estratégico que se mueve tras el Presidente de la superpotencia más indisputada de la historia universal?”.

El Apocalipsis según San George, de Eliades Acosta Matos es un viaje fascinante y estremecedor que intenta desentrañar las esencias ocultas del movimiento neoconservador norteamericano, permitiendo al lector un recorrido desde sus orígenes, hasta los albores del año 2005, en el cual se perfila como la nueva religión laica del Imperio, y la base filosófica de su práctica política. En un mundo más interconectado que nunca, nadie puede permitirse el lujo de ignorar de dónde vienen, cómo piensan y qué tipo de sociedad global aspiran a construir los neoconservadores norteamericanos sobre las ruinas del viejo orden. Porque, como ha declarado el autor, “sin información previa, la humanidad no podrá detenerlos a tiempo”.

El Autor

Eliades Acosta Matos (Stgo. de Cuba, 1959) Se graduó como Licenciado en Filosofía en 1982, luego de cursar estudios en la Universidad Estatal de Rostov del Don (URSS). Vinculado a medios artísticos y literarios, en especial por la ensayística y el periodismo, ha colaborado regularmente en órganos de prensa cubanos y extranjeros.
Tiene publicados cuatro libros en la Editorial Pablo de la Torriente Brau, de Cuba: Los hermanos santiagueros de Martí (1995); El árbol de la discordia y El siboney de los cubanos (ambos en l997), y 1898-1998: cien respuestas para un siglo de dudas (1998); éste último en coedición con la Pubill Editores, de Barcelona. En febrero de 2002 presentó Los colores secretos del Imperio, publicado por la editorial Ciencias Sociales. Ha sido jurado de los Premios Nacionales de Ciencias Sociales y de Edición, así como del Premio Internacional de Poesía Dulce María Loynaz. Fue, durante dos años, presidente del Consejo de Directores de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales (ABINIA)

Contenido

• Para leer al nuevo Supermán / 9
• Introducción / 15
• Cap. 1 – El vuelo del ángel exterminador/ 25
  • 1.1 Diagnosticando una enfermedad americana /
  • 1.2 Las Instrucciones de Breckenridge / 31
  • 1.3 Un paréntesis para el secreto / 48
  • 1.4 El “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano / 55
• Cap. 2 – Augures y sibilas imperiales / 65
  • 2.1 El 15 de febrero de 1898: la engañosa infalibilidad del Colegio imperial de los Augures / 65
  • 2.2 Un respetable average: cinco incidentes, cuatro guerras / 96
  • 2.3 El 11 de septiembre de 2001 o el ocaso del ingenio imperial / 106
• Cap. 3 – El discreto encanto de lo invisible / 117
  • 3.1 Fabricando enemigos y amenazas / 117
  • 3.2 Manual del perfecto titiritero / 121
  • 3.3 Construyendo el laberinto conservador / 129
  • 3.4 Las maquilas ideológicas / 141
• Cap. 4 – Las legiones del Imperio / 149
  • 4.1 El Leviatán – Padre / 149
  • 4.2 El linaje neocon / 155
  • 4.3 Quince minutos de fama / 164
  • 4.4 La ofrenda de los reyes magos / 169
• Cap. 5 – Trilling, Strauss & Wohlstetter, S.A. / 181
• Cap. 6 – La calidad moral de la guardia pretoriana /233
  • Disparando desde las rocas contra los indios / 233
  • El bushismo como estrategia militar neoconservadora / 265
• Cap. 7 – El neoesplendor americano / 287
  • 7.1 Las neo-utopías / 287
  • Los neo-valores / 290
  • La neo-religión / 293
  • La neo-cultura / 305
  • 7.2 El neoconservatismo global / 317
• Cap. 8 – El anti-neo / 343
• Anexos / 395
  • Programa del Departamento de la Guerra (Estados Unidos) acerca de la organización militar de la próxima campaña en las Antillas [Instrucciones de Breckenridge] / 395
  • Lista completa de fundadores y adherentes al “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano” (PNAC) / 400
• Biografía complementaria / 403

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Amplia selección de frases del Presidente cubano Fidel Castro sobre la Religión, la relación de la Iglesia con el Estado, sus opiniones sobre Juan Pablo II, entre otros temas, extraídas de los libros “Fidel y la Religión”, de Frei Betto; y “Un encuentro con Fidel”, de Gianni Miná.

“Creo que el Papa ha descubierto muchos de los problemas y se ha pronunciado sobre esos problemas, cuando viajó a América Latina. Porque no es lo mismo las condiciones de vida de Roma, París, Londres, Nueva York, que las condiciones de vida de América Latina. El Papa ha tenido contacto con esas realidades y ha sido impresionado, a mi juicio, por esas realidades.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“Las cualidades que nosotros requeríamos de aquellos compañeros -asaltantes al cuartel Moncada*- eran, en primer lugar, el patriotismo, el espíritu revolucionario, la seriedad, la honradez, la disposición a la lucha, que estuvieran de acuerdo con los objetivos y los riesgos de la lucha, porque se planteaba precisamente la lucha armada contra Batista (…) No se le preguntaba a nadie absolutamente si tenía o no tenía una creencia religiosa, ese problema nunca se abordó.” (Frei Betto, Fidel y la religión, 1985)

“Creo que no hay ningún pueblo en la historia humana que no haya tenido una religión difusa.” (Frei Betto.FIDEL Y LA RELIGIÓN.1985)

FREI BETTO: ¿ Y usted como militante del Partido Comunista cubano, ve la posibilidad de que en el Tercer Congreso, ahora en febrero de 1986, se decida proclamar el carácter laico del Partido y exista la posibilidad de que cristianos revolucionarios cubanos puedan en un futuro ingresar en el Partido?.

FIDEL CASTRO: Yo creo que todavía -estamos muy próximos al Congreso- no están dadas las condiciones en el país para eso, te lo digo francamente. (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN.1985)

“Una de las características de nuestra Revolución es que suprime el robo, la malversación y la corrupción. Si la Iglesia decía: “amar al prójimo como a ti mismo”, eso es, precisamente lo que nosotros predicábamos (…).” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Si la Iglesia decía, por ejemplo: “no desear a la mujer de tu prójimo”, nosotros consideramos que uno de los elementos éticos de las relaciones entre los revolucionarios es, precisamente, el principio del respeto a la familia (…).” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“La Iglesia criticaba la gula; el socialismo, el marxismo-leninismo, critica también la gula, casi podríamos decir que con la misma fuerza. El egoísmo es una de las cosas que más criticamos nosotros, y es una cosa criticada por la Iglesia; la avaricia es otra de las críticas sobre las cuales tenemos criterios comunes.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN.1985)

“Aquí hay órdenes religiosas que trabajan en hospitales, que trabajan en asilos de ancianos (…) Hay, por ejemplo, una institución en La Habana, donde se lleva a cabo un trabajo muy duro, dedicada a niños anormales, con problemas congénitos. Allí, hombro con hombro, trabajan en el mismo hospital las monjas y los comunistas.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Si en una revolución que entraña tanta justicia como la revolución socialista en Cuba existiera forma alguna de discriminación con relación a una persona por un motivo religioso, esto sólo sería útil a los enemigos del socialismo, a los enemigos de la Revolución; sólo sería útil a los que explotan, a los que saquean, a los que someten, a los que agreden, a los que intervienen, a los que amenazan, a los que prefieren exterminar a los pueblos de América Latina y el Caribe antes que perder sus privilegios.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“La fe de un cristiano y la fe de un revolucionario no se pueden simular, y la mentira no se puede disimular.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“La esperanza es que se resuelvan de una manera racional los problemas propios de la Iglesia; la esperanza es que la Iglesia comprenda los serios y dramáticos problemas actuales de nuestros países y les preste apoyo.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Es conocido que el Papa Juan Pablo II es hombre muy activo, que se ha movido extraordinariamente y ha visitado un gran número de países. Pienso que esto viene a ser también otra cosa nueva, inusitada, esa movilidad del Papa por distintos países y sus contactos con las muchedumbres.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“A nosotros nos honra cualquier interés del Papa en visitar nuestro país, eso queda fuera de toda duda, y lo consideraría, además, un paso valiente, porque no creas que cualquier jefe de Estado se atreve a visitar Cuba, no creas que cualquier político se atreve a visitar Cuba.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Visitar Cuba se convierte, realmente, en una manifestación de independencia. Y, desde luego, sin duda de ninguna clase, nosotros tenemos al Vaticano como una institución o como un Estado con un alto concepto de la independencia, mas no por ello dejamos de apreciar la valentía que implica la visita a nuestro país.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“En mi opinión -y pienso que en esto habrá coincidencia de criterios entre el Vaticano y nosotros-, una visita del Papa a Cuba debe producirse cuando estén garantizadas las condiciones mínimas, para que sea un encuentro útil y fructífero tanto para la Iglesia como para nuestro país, pues estamos viviendo un momento excepcional.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Diría que si el Che fuera católico, si el Che perteneciera a la Iglesia, tenía todas las virtudes para que hubieran hecho de él un santo.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Nuestros pronunciamientos, los planteamientos, los criterios sobre la cuestión de la deuda externa, de la crisis económica, siempre los hemos hecho llegar a la Santa Sede, los hemos hecho llegar al Papa. Leemos con mucho interés todo lo que dice, sus pronunciamientos sobre la crisis económica, sobre la deuda externa. Tenemos ese tipo de relaciones y ciertamente habría muchos temas que podrían ser objeto de intercambio.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“Tenemos puntos comunes en la cuestión de la paz, del desarme, preocupaciones comunes con la cuestión de la crisis económica internacional, la deuda, etcétera.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“Yo lo que observo en esta época es más bien un sentimiento ecuménico, de acercamiento en las iglesias, diferente, de intercambio, cosas que eran inimaginables en aquella época. Es decir, más bien se avanza hacia un acercamiento y una mejoría de las relaciones entre todas las iglesias. No creo que haya espacio para el cisma.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“He tenido oportunidad de intercambios por correspondencia con personas como el cardenal Arns y otros, y realmente no creo que exista la menor posibilidad de cisma en el seno de la Iglesia Católica, porque la Iglesia tiene mucha madurez, la alta jerarquía de la Iglesia tiene madurez y también los defensores de la Teología de la Liberación tienen mucha madurez, comprenden que no tiene sentido de ningún tipo y que las divisiones y los cismas no van a beneficiar a nadie. Por tanto, en realidad ni por la mente me ha pasado la idea de un cisma.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“Aunque eso no consta en datos, ni en estadísticas, porque ya te digo, nadie hizo encuestas sobre esos problemas- con seguridad muchos de los que participaron en el Moncada eran creyentes.” (Frei Betto.FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Si vamos a nuestra Revolución, es una revolución social profunda. Sin embargo, no se ha dado un solo caso de obispo fusilado, de sacerdote fusilado, no se ha dado un solo caso de sacerdote maltratado físicamente, torturado. Con relación a esto, lo más notable, yo diría, es que no se ha dado el caso ni de un sacerdote ni de un laico. Porque nosotros desde que estábamos en la Sierra Maestra y desde que hicimos las leyes de que te hablé contra los torturadores y los asesinos, establecimos una conciencia profunda en todos nuestros combatientes sobre el respeto a la vida humana (…).” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN.1985)

“Con la Iglesia Católica tuvimos dificultades hace años, que fueron superadas, todos aquellos problemas que en un momento existieron, desaparecieron.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN.1985)

“Si la Iglesia decía: “no mentir”, entre las cosas que nosotros más censuramos, que más duramente criticamos y más repudiamos, está la mentira, el engaño.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Cuando, por ejemplo, la Iglesia desarrolla el espíritu de sacrificio y el espíritu de austeridad, y cuando la Iglesia plantea la humildad, nosotros también planteamos exactamente lo mismo cuando decimos que el deber de un revolucionario es la disposición al sacrificio, la vida austera y modesta.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Yo les recordaba a los obispos que si la Iglesia tiene misioneros, nosotros tenemos a los internacionalistas.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Yo no estaba sugiriendo precisamente a los obispos la idea de organizar un Estado, pero les dije que si lo hubieran organizado de acuerdo con los preceptos cristianos, organizarían un Estado similar al nuestro.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985.)

“Antes que el elemento político, en lo que tiene que ver con la religión, tengo presente el elemento moral y tengo presentes los principios, porque en ningún sentido está planteado, ni está concebido el cambio social profundo, el socialismo y el comunismo, como algo que proponga inmiscuirse en el fuero interno de una persona y negar el derecho de cualquier ser humano a su pensamiento y a sus creencias.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Es lógico que una teoría y una posición religiosa que vaya al reencuentro con lo mejor de la historia del cristianismo esté en absoluta contradicción con los intereses del imperialismo.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Si partiéramos nosotros, los revolucionarios, de que ustedes no fueran gente auténtica, ninguna de las cosas que hemos hablado tuvieran sentido, ni las ideas que hemos discutido, ni la idea de alianza e incluso de unidad, como dije ya en Nicaragua, entre cristianos y marxistas.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Me gustaría que la Iglesia reflexionara sobre estos problemas. Más aun me gustarían reflexiones serenas y profundas sobre los problemas sociales y económicos de los países de América Latina y del Tercer Mundo, la inmensa tragedia que significa lo que está ocurriendo en la realidad, la profunda crisis económica y la deuda del Tercer Mundo. Me gustaría una posición constructiva y solidaria de la Iglesia en torno a estos problemas que sufren nuestros pueblos. Sería una contribución de extraordinario valor a la paz y el bienestar del mundo.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Los teólogos de la liberación han sido abanderados de ese acercamiento de la Iglesia a los pobres, del acercamiento de la Iglesia al pueblo. En ese sentido, es casi innecesario decir que veo con profunda simpatía el esfuerzo que han hecho estos hombres, que podríamos llamar iluminados, en esa dirección.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Limitándome a una consideración estrictamente política, es necesario reconocer que este Papa es un destacado político, por sus actividades, por su movilidad y por su contacto con las masas; porque lo que hacemos nosotros los revolucionarios es reunirnos con las masas, hablarles y llevarles un mensaje. Es un estilo nuevo del jefe de la Iglesia Católica.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Yo estoy absolutamente convencido de que la visita del Papa sería útil y positiva para la Iglesia, para Cuba y a la vez creo que sería útil para el Tercer Mundo en general, sería útil en muchos terrenos para todos los países. Pero requiere que las condiciones sean propicias y adecuadas para ese encuentro.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Una visita del Papa no sería meramente protocolar. Es incuestionable que, sin duda, discutiríamos todas aquellas cuestiones que al Papa le interesan sobre la Iglesia en Cuba, los católicos en Cuba; estoy seguro de que será un tema de su interés, como será de su interés también contactar y conocer a nuestro pueblo revolucionario. Por nuestra parte, yo diría que el interés fundamental de nuestro país estaría relacionado con el análisis de aquellas cuestiones que tienen suma importancia para los países subdesarrollados de América Latina, de Asia y de África; todas aquellas cuestiones que afectan a nuestro mundo pobre, explotado y saqueado por países capitalistas industrializados, que afectan a miles de millones de personas y, por supuesto, un encuentro con el Papa en nuestro país tendría que ver también con problemas que son de enorme interés para toda la Humanidad, como son los relacionados con la carrera armamentista y la paz.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“Pensando en todas estas cuestiones, sobre todo en la paz, creo que podría haber un diálogo muy útil, fructífero, interesante, serio, entre el Papa y nosotros; partiendo, además, de nuestro respeto al Vaticano, nuestro respeto a la Santa Sede, nuestro respeto a la Iglesia Católica.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“En mi opinión, la religión, desde el punto de vista político, por sí misma no es un opio o un remedio milagroso(…) Desde un punto de vista estrictamente político -y creo que conozco de política-, pienso incluso que se puede ser marxista sin dejar de ser cristiano y trabajar unido con el marxista para transformar el mundo.” (Frei Betto. FIDEL Y LA RELIGIÓN. 1985)

“La Revolución creo que actuó muy bien. Nunca expresó un carácter antirreligioso, nunca hubo persecución de ninguna clase contra la Iglesia.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“Siempre hicimos lo posible para que no se pudiera desarrollar ningún sentimiento antirreligioso en la Revolución, por una cuestión de principios, por respeto a las creencias y porque son realidades las religiones y los sentimiento religiosos.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

GIANNI MINA. ¿Los católicos podrán entrar en el Partido?

FIDEL CASTRO. Hay que crear las condiciones. Yo decía que no eran incompatibles; si estábamos de acuerdo en todo el programa social y en todo el programa político, no era incompatible una creencia religiosa con una militancia en el Partido, pero que era necesario un esfuerzo nuestro y un esfuerzo también de la Iglesia.

GIANNI MINA. ¿En un futuro podrán ya entrar en el Partido?

FIDEL CASTRO. Esa posibilidad no se excluye. No es un dogma, pero te explico cuál es la situación actual. (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“He expresado mi admiración por los esfuerzos que realiza, por su capacidad de moverse, de actuar; ha sido un verdadero líder de la Iglesia (El Papa). Eso lo he podido apreciar y lo he dicho.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

“He leído con mucho interés los planteamientos que hace (El Papa) en relación con los pobres, porque se ha reunido con trabajadores en Suramérica, con indígenas en Suramérica, con pobladores en los barrios indigentes, y ha hecho pronunciamientos que si yo los digo serían subversivos, porque ha hablado de trabajo para los padres de familia, medicinas para los enfermos, tierra para los campesinos, viviendas para los que viven en los barrios marginales. Y él los puede decir, pero no se apartan de pronunciamientos que nosotros hacemos con relación a todos estos problemas. Es decir, ha habido puntos de coincidencia que para nosotros han sido de mucho interés, por el papel que puede jugar la Iglesia con relación a estos problemas.” (Gianni Miná. UN ENCUENTRO CON FIDEL. 1987)

Capítulo 2 del libro “Cuba y los derechos humanos”: Los procesos intergubernamentales de la maquinaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos han sido secuestrados por Estados Unidos y sus aliados cercanos como instrumentos de presión para sus políticas de dominación global.

Casi seis décadas después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y transcurridos doce años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la maquinaria de las Naciones Unidas en la materia, ha demostrado una y otra vez su incapacidad para promover y proteger la realización de todos los derechos humanos para todos, sobre la base del respeto y apego a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

Las labores de la Comisión de Derechos Humanos están lastradas por la manipulación política que le ha sido impuesta por un reducido grupo de países poderosos, y muy especialmente por la superpotencia hegemónica mundial. Ese pequeño grupo de Estados ricos, perciben la Comisión como su propiedad privada y la utilizan indebidamente como instrumento de presión contra los intereses de los países subdesarrollados, que representan la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, y para imponerles determinadas normas supuestamente paradigmáticas y el pensamiento único.

La Comisión de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la Asamblea General, se han convertido en una suerte de tribunales inquisidores contra los países del Sur y contra todos aquellos que se oponen a la estrategia de dominación política e ideológica del Imperio. En dichas instancias se intenta de forma permanente la imposición dogmática de patrones y modelos que se pretenden universales, se trata de minimizar la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y se pretende negar el reconocimiento y protección al disfrute colectivo del derecho de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la libre determinación.

Predominan la manipulación, la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos, mientras se cierran los ojos ante realidades con las que convivimos cada día, por más que muchos procuran ocultarlas, o simplemente no verlas.

Resulta difícil reconciliar el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, con el hecho de que los 4,500 millones de seres humanos que viven en los países subdesarrollados sólo consumen el 14 por ciento de todo lo que se produce en el mundo, mientras los 1,500 millones que viven en los países desarrollados consumen el 86 por ciento restante y el 20 por ciento de la población más rica del planeta posee 82 veces la riqueza del 20 por ciento más pobre.

Los nobles propósitos y los elevados atributos reconocidos a cada ser humano en la Declaración Universal, no pasan de ser letra muerta para casi mil millones de personas que pasan hambre, entre ellos 160 millones de niños desnutridos; para las tres quintas partes de la población de los países subdesarrollados que carece de saneamiento; para un tercio de esos 4,500 millones que no tiene acceso al agua potable; para un cuarto de esos seres humanos que no tiene vivienda y para un quinto que no dispone de servicios básicos de salud.

Treinta mil niños menores de 5 años mueren cada día y seiscientas mil mujeres mueren cada año en el parto, mientras más de 20 millones de infectados con el virus del SIDA esperan la muerte en África sin esperanza de tratamiento, en la más dolorosa negación del derecho a la vida.

Las resoluciones que se adoptan en los órganos de Naciones Unidas carecen de valor para los 850 millones de adultos analfabetos que no pueden escribir o leer siquiera la palabra “derecho” y para los 260 millones de niños en edad escolar que no reciben educación.

La Comisión de Derechos Humanos no despliega ni los esfuerzos ni los recursos necesarios para promover el derecho al desarrollo, derecho humano fundamental reconocido en la Conferencia de Viena, y único camino posible para sacar de la miseria y el hambre a la masa de los desposeídos en la Tierra que no comprenden para qué sirven las resoluciones aprobadas en Ginebra y Nueva York.

Aún muchos siguen a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos designe un Relator Especial para dar seguimiento y potenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países industrializados con relación a la cuestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo y al impacto nefasto de su dramático decrecimiento en el disfrute de los derechos humanos en los países subdesarrollados.

Los derechos al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la salud; los derechos de las mujeres y los niños, en fin, los derechos de todos los habitantes del planeta, y no sólo los de un grupo privilegiado, a una existencia decorosa y al disfrute pleno de la justicia social tantas veces postergada, no son hoy prioridad para nadie más que los países pobres y subdesarrollados.

La Comisión de Derechos Humanos necesita ser transformada en un instrumento de todos los países, que vele por todos los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos es patrimonio de todos los pueblos y no sólo de unos pocos.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas desde 1990, apuntan con el dedo acusador hacia los países subdesarrollados, como si fueran ellos realmente los violadores de los derechos humanos; todas fueron propuestas por países desarrollados. Nadie podría cuestionar objetivamente el hecho de que un grupo minoritario de países viene imponiendo sus enfoques y puntos de vista en las decisiones que se adoptan internacionalmente en materia de derechos humanos.

En las Tablas que se anexan, se puede apreciar claramente como todas las resoluciones adoptadas en el plazo de un decenio bajo el tema 9 del programa de la Comisión, establecido para considerar las graves violaciones de derechos humanos en “cualquier parte del mundo”, o con relación a su tema 19, que sirve para promover los servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos, singularizan únicamente a estados en desarrollo.

En la Comisión se aprueba el doble de resoluciones con relación a derechos civiles y políticos que sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Se dedican tres veces más páginas de documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. La causa es bien conocida: a los países desarrollados sólo les interesa que la Comisión se ocupe de los derechos civiles y políticos.

Cada año, unos pocos países desarrollados acreditan para los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos a más delegados que todos los países subdesarrollados, que representan más del 75% de la población mundial. La consecuencia directa de este injusto desbalance es que los países desarrollados presentan más del 65% de todas las resoluciones y decisiones adoptadas en cada período de sesiones, lo que irremediablemente lesiona la aspiración del respeto a la diversidad enunciada en la Declaración y el Plan de Acción de Viena.

La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es decisiva en la preparación de las sesiones y en el seguimiento de las decisiones de la Comisión. Sin embargo, los informes que se presentan a la Comisión, y en general casi todo su trabajo, es realizado por funcionarios que proceden de los países industrializados, imponiendo sus modelos, cultura, ideología y la experiencia histórica concreta de aquellos que han sido agraciados por un injusto orden mundial, que condena al ostracismo y la infertilidad el talento y la iniciativa de las grandes mayorías de seres pertenecientes a la especie humana, a los que tocó nacer al Sur del planeta.

Los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá tienen más personal en la Oficina de la Alta Comisionada que todos los países subdesarrollados en su conjunto. Los derechos humanos son universales, pero es muy difícil que funcionarios procedentes de países con un Producto Interno Bruto per cápita superior a los veinte mil dólares, tengan la misma percepción de esos derechos que funcionarios de países cuyo per cápita no supera los trescientos dólares. Esta contradicción se convierte de forma creciente en un desafío insoluble, mientras los países pobres asisten impotentes al éxodo incontenible de sus intelectuales y profesionales hacia los países ricos, en la búsqueda de mejores oportunidades y sueños imposibles.

Nadie en su sano juicio podría afirmar que en los países desarrollados no existen violaciones de los derechos humanos; lo que sí resulta imposible, es analizar en la Comisión esas violaciones.

La Comisión de Derechos Humanos permanece maniatada como consecuencia de las presiones que sobre sus miembros ejercen algunos gobiernos del Norte. Esa instancia no ha podido evaluar – siquiera debatir -, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos derivadas de la conducta de las autoridades estadounidenses en el tratamiento a detenidos, ya sea en el territorio que ilegalmente ocupa su base militar en la Bahía de Guantánamo o en la prisión de Abu Ghraib y otras en el Iraq ocupado.

La incapacidad de la maquinaria de derechos humanos de la ONU para atender violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos, cuando sus perpetradores son ciudadanos de la superpotencia o de sus principales aliados. La impunidad de los poderosos.

El 26 de marzo del 2003, durante los trabajos del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, se presentó al plenario una propuesta de convocar una sesión especial urgente del órgano, con el fin de examinar los efectos sobre la población iraquí de la guerra desatada por Estados Unidos y sus aliados más cercanos.

Como se conoce, esa guerra imperialista había sido iniciada una semana antes, violando las más elementales normas del derecho internacional, en franco desprecio a la voluntad de la comunidad internacional y a la autoridad de las Naciones Unidas, en particular a su Consejo de Seguridad, recurriendo a los más burdos pretextos y mentiras.

La propuesta de celebrar el debate del tema, fue patrocinada por Argelia, Burkina Faso, la Federación Rusa, la Jamahiriya Árabe Libia, Malasia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Sudán y Zimbabwe, y fue sometida a la consideración de la Comisión, durante los debates del tema 3 de su programa, titulado: Organización de los trabajos del período de sesiones.

La solicitud no prejuzgaba el rumbo y los resultados del debate. Sólo se pedía considerar y atender con carácter urgente los efectos de la guerra en el pueblo iraquí.

La reacción de Estados Unidos y sus aliados no se hizo esperar. Alemania, en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, expresó su rechazo a la propuesta y presentó una moción procesal de aplazamiento del debate por 24 horas, invocando el reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social.

Al día siguiente, la República Árabe Siria, en representación de los coautores de la propuesta, procedió a su revisión. Solicitó que la misma fuera atendida bajo el tema 4 del programa: “Informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos” y enmendó oralmente el título, que quedó de la siguiente manera: “Sesión Especial del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y la situación humanitaria en el Iraq, como consecuencia de la guerra”.

Numerosos miembros del Grupo de Europa Occidental y otros Estados – al que pertenece Estados Unidos -, declararon en el debate su rechazo a la propuesta, recurriendo a los más diversos, insostenibles e impúdicos pretextos.

La propuesta fue sometida a votación nominal y rechazada por 25 votos en contra. Se opusieron Estados Unidos, todos los países miembros de la Unión Europea y sus asociados, varios latinoamericanos cuyos gobiernos fueron arrastrados a la aventura imperialista y algunos otros que sucumbieron frente a las presiones del agresor.

Mientras las bombas “inteligentes” mataban y mutilaban a miles de civiles inocentes y destruían obras insustituibles del patrimonio iraquí y universal, la Comisión de Derechos Humanos fue amordazada y obligada a guardar un bochornoso y cómplice silencio.

En un alarde de hipocresía, la Unión Europea presentó posteriormente su tradicional proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Iraq, bajo el tema 9 del programa de la Comisión, en el que se solicitó al Relator Especial presentar un informe al próximo período de sesiones de la Comisión, analizando las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en dicho país únicamente antes del inicio de la invasión militar, como si la historia de Iraq se hubiere detenido ese día. Ni el más mínimo espacio al monitoreo de los actos de los legionarios del Imperio.

El texto impuesto a la Comisión, permitió detener el calendario de los hechos en Iraq, ese día de marzo de 2003 en que cayeron los primeros misiles estadounidenses sobre su territorio. Las consecuencias humanitarias de una guerra de conquista que ha puesto fin a la vida de decenas de miles de civiles inocentes y que ha impacto a la opinión pública mundial por la brutalidad de las torturas a detenidos perpetradas por las tropas estadounidenses de ocupación, se han mantenido como un tema vedado a la consideración de la CDH.

La impunidad fue confirmada en el 60º período de sesiones de la CDH. Para que los ocupantes no se sintieran siquiera aludidos en sus crímenes, se adoptó una cínica solución: por primera vez tras muchos años, la Unión Europea “se abstuvo” de someter a la Comisión un proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Iraq. Súbitamente, desapareció el interés en el tema.

Otro proceso que puso nítidamente al desnudo la hipocresía y los dobles raseros que aplican Estados Unidos y sus aliados en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolló en el marco de su 60° período de sesiones, en abril del 2004, cuando Cuba introdujo la iniciativa titulada “Cuestión de las detenciones arbitrarias en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.”

Ese proyecto de resolución no pudo ser sometido al voto, a partir de las maniobras emprendidas por la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos, en complicidad con las autoridades de Washington.

La Unión Europea, que una y otra vez ha repetido estar en contra de las mociones de no acción en el ámbito de los derechos humanos, comunicó en aquella ocasión su decisión de recurrir a una maniobra procesal contra el proyecto presentado por Cuba, que no sólo hubiera impedido a la Comisión tomar acción sobre la propuesta, sino que habría incluso censurado e imposibilitado su debate y consideración.

Todo esto sucedió a pesar de que solo unas semanas antes el Parlamento Europeo había pedido a su presidencia que en el mencionado período de sesiones los países europeos patrocinasen un proyecto de resolución en que se instara a los Estados Unidos a aclarar inmediatamente la situación de los prisioneros de Guantánamo, en lo relacionado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario, y, en consecuencia, a proceder al enjuiciamiento o puesta en libertad de los reclusos. También se reiteraba la solicitud de crear un mecanismo de vigilancia independiente sobre ese caso en el marco de las Naciones Unidas.

Los gobiernos de la Unión Europea no sólo se negaron a asumir tal liderazgo, sino impidieron también a otros cumplir tal deber. Una vez más, cerraron sus ojos para no ver y extendieron una cortina cómplice para ocultar las graves violaciones de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades estadounidenses contra cientos de personas confinadas en condiciones que asemejan verdaderos campos de concentración, en los perímetros del territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo.

Meses después, en el marco del período sustantivo del Consejo Económico y Social que tuvo lugar en Nueva York, en el verano del 2004, se sometió a la adopción de ese órgano principal de las Naciones Unidas el proyecto de resolución L.17 Rev.1, titulado: “Cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo”. El proyecto L.17 Rev.1 fue presentado por la delegación cubana al evento, como continuidad de los esfuerzos iniciados en el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

En esta nueva oportunidad, el proyecto de resolución presentado por Cuba sugería un título, un contenido y un enfoque novedoso, al no identificar la responsabilidad de país alguno y mantener una estricta naturaleza temática. De hecho, la mayoría de los párrafos contenidos en el proyecto estaban construidos a partir de lenguaje ya consensuado con anterioridad y, en particular, tomaban como base textos de los instrumentos internacionales vigentes en la materia.

Lamentablemente, para los países que integran la Unión Europea, para el resto de los países industrializados de Occidente, y para algunos otros que no pueden resistir – con apego a la verdad y a la justicia – las presiones de la superpotencia hegemónica, no importó que el contenido de la nueva iniciativa fuera incuestionable desde el punto de vista del derecho, de la necesidad y de la ética.

No incidió tampoco en la determinación de las posiciones de estos gobiernos, que el proyecto de resolución respondiera positivamente a los reiterados y urgentes reclamos de acción, frente a aberrantes violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para el supuesto combate al terrorismo, realizados por importantes personalidades mundiales, organizaciones no gubernamentales, mecanismos de la CDH, órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y la opinión pública mundial.

Bastaría mencionar el Comunicado Conjunto elaborado por la Oncena Reunión Anual de los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, dado a conocer el 25 de junio de 2004, a través del cual cuatro representantes de los procedimientos especiales de la CDH, solicitaron visitar las instalaciones donde se encuentran detenidas personas por supuestos vínculos con el terrorismo, en los territorios de Irak, Afganistán y la base naval estadounidense en Guantánamo.

Lejos de acompañar y contribuir a los esfuerzos de negociación promovidos por la delegación cubana, otra vez los grandes “campeones” de los derechos humanos – las potencias industrializadas del Norte -, se dedicaron a fabricar un arsenal de pretextos y falsos argumentos, para mantener la vigencia de la inmunidad en la aplicación de las normas del derecho internacional a los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas en los territorios de Afganistán e Irak.

La delegación de Estados Unidos solicitó el voto al proyecto, en el Consejo Económico y Social, que fue rechazado por 24 votos en contra, 12 a favor y 17 abstenciones. La responsabilidad de que la propuesta no haya podido ser adoptada, no debe ser sin embargo achacada sólo a las fuertes presiones realizadas por las embajadas estadounidenses en distintas capitales del mundo. Fue decisivo el apoyo cómplice y el activismo desplegado por la Unión Europea y otros países desarrollados, con el objetivo de mantener la impunidad de las brutales violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por su aliado estratégico.

Resistiendo las tremendas presiones norteamericanas, la inmensa mayoría de los países del Sur votaron a favor, o al menos se abstuvieron, en la adopción del proyecto L.17 Rev. 1. De hecho, 30 países, de los 54 miembros del Consejo, no acompañaron la solicitud expresa de Washington de votar en contra de la iniciativa cubana. Con ello, se demostró una vez más, la importante reserva de fuerza y resistencia que tienen nuestros pueblos en defensa de la dignidad humana, la verdad y la justicia.

Los que impidieron que la maquinaria de las Naciones Unidas de derechos humanos diera seguimiento y brindara una respuesta efectiva a casos de violaciones de derechos humanos, como los abusos sexuales contra detenidos cometidos por las tropas norteamericanas que ocupan Iraq, profusamente documentados a través de los medios internacionales son los mismos que están siempre dispuestos a garantizar la impunidad de Washington. Son los mismos que presentan, co-patrocinan y apoyan cada año, injustos proyectos condenatorios contra varios países del Sur en la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos, la inútil y espuria farsa anti-cubana que promueve Estados Unidos.

Una vez más, quedó demostrada la incapacidad del llamado sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, para funcionar sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad.

La Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General y el resto de las instancias de las Naciones Unidas que atienden el tema de los derechos humanos, se mantienen secuestrados y han quedado convertidos en simples instrumentos de los intereses de dominación de las grandes potencias, lo cual ha sido especialmente visible en las acciones de manipulación política de sus trabajos, llevadas a cabo por la actual administración estadounidense.

Las presiones, las amenazas, los condicionamientos y hasta el chantaje, siguen siendo los “argumentos” preferidos por Estados Unidos y sus aliados incondicionales, para continuar utilizando a esos órganos como verdaderos tribunales, en los que pretenden condenar a aquellos que disienten, resisten y luchan contra los designios de dominación global de los centros de poder del capital transnacional.

Sin embargo, son muchos los que cuestionan este estado de cosas y no se resignan a que tenga que seguir así. En el informe presentado por el “Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” que fuera establecido por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas (ver Documento A/59/565), se cuestiona claramente la situación de “menor credibilidad” a la que ha sido conducida la Comisión de Derechos Humanos, afirmando categóricamente que la “Comisión no puede ser creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos.”

Han sido varios los procedimientos especiales de la Comisión que se han negado a sumarse al silencio cómplice que imponen las potencias del Norte con relación a las graves violaciones de derechos humanos de la superpotencia y a su cuestionamiento esencial de principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los presidentes de los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas e Involuntarias y los relatores especiales contra la Tortura, sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel de Salud física y mental posible, sobre la Independencia de Jueces y Magistrados y el experto independiente sobre la Situación de los derechos humanos en Afganistán, acaban de expresar en un informe graves preocupaciones sobre la situación de los detenidos en Guantánamo bajo acusaciones de terrorismo.

El informe señala que muchos de los reclusos han estado virtualmente incomunicados en casi tres años de detención, sin asesoría legal o información sobre la posible duración de su detención, en condiciones que, de acuerdo a numerosos observadores, equivalen a un trato inhumano y degradante.

Los expertos señalaron que las recientes medidas tomadas por Estados Unidos, como la liberación de algunos detenidos y la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al habeas corpus, no disiparon las serias preocupaciones sobre la necesidad de evaluar objetivamente las denuncias de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, particularmente en los métodos de interrogatorio aplicados a los detenidos.

Calificaron de extremadamente desconcertante que la cifra exacta y los nombres de los detenidos sigan sin conocerse y que se realicen traslados no declarados a otros centros de detención, frecuentemente secretos, bajo la jurisdicción de Estados Unidos u otros países.

Agregaron preocupaciones sobre la independencia del proceso de instrucción y la justeza de los procedimientos, incluyendo eventuales cortes marciales en las que los detenidos carecían de acceso a asesoría legal y a la mayoría de las evidencias presentadas en su contra.

Finalizaron diciendo, que las condiciones de detención, especialmente las de confinamiento en solitario, representan un elevado riesgo de deterioro psíquico, incluyendo el posible desarrollo de cuadros psiquiátricos irreversibles.

Después de que tantos mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos hayan dictaminado semejante cuadro de graves violaciones, cabría esperar que se convocara una Sesión Extraordinaria de la Comisión para analizar la situación en la base naval estadounidense en Guantánamo y que en ningún caso, tal asunto permaneciera ajeno a las decisiones intergubernamentales del Órgano.

Al menos, eso es lo que ocurriría si el transgresor hubiese sido un país africano, asiático, árabe o latinoamericano. En ese caso, habrían sido sin dudas el propio Estados Unidos y la Unión Europea los primeros en exigir sanciones inmediatas e invocar un pretendido “derecho de intervención humanitaria.”

Cuba, sabiendo que representa en su batalla internacional en el terreno de las ideas los intereses y las aspiraciones de libertad, independencia, justicia y bienestar de todos los pueblos del mundo, someterá a la consideración de los venideros foros de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, nuevas iniciativas que enfrentarán directamente la hipocresía, el cinismo y el oportunismo que sigue determinando el accionar de una gran parte de los gobiernos del Norte en las labores de esos órganos.

Cuba no cejará en su batalla por colocar dichas instancias en función de la defensa verdadera de las nobles causas y aspiraciones de justicia, desarrollo, equidad, paz y solidaridad, que tanto requieren las grandes mayorías de la humanidad, a las que le continúa vedada la posibilidad de conocer siquiera que tienen derechos.

Bajo la administración de Ronald Regan, Estados Unidos enfiló el tema de los derechos humanos como su arma predilecta para justificar las agresiones Cuba

  Capítulo 1 del libro “Cuba y los derechos humanos”: A pesar del rechazo de los pueblos y muchos gobiernos en el mundo, Estados Unidos insiste en la manipulación de los trabajos de la comisión de Derechos Humanos como parte de su Política Anticubana.

En los años 80 del pasado siglo, se produjo en Estados Unidos el ascenso de las fuerzas de la ultraderecha conservadora al poder. El Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y política a las fuerzas que acompañaron al entonces presidente Ronald Reagan, anunciaba con relación a Cuba: “Un programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente aplicado, es el arma milagrosa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. Curiosamente, la Administración actual[1] (…), no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de derechos humanos contra la Cuba de Castro (…)”

En el marco de la nueva estrategia anticubana, la administración Reagan instruyó a connotados terroristas cubanoamericanos, dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada y “convertirse” en supuestos grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses,  se crearon varios pequeños grupos subversivos de este tipo, reclutando a personas antes implicadas en actividades violentas de carácter contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de la policía del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, oportunistas, resentidos, y a los anexionistas de siempre.

En los años 1985 y 1986, se llevaron a cabo las primeras tentativas fallidas de imponer una condena a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer intento de lograr algo similar en la Comisión de Derechos Humanos tuvo lugar en 1987, cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que no fructificó, al resultar aprobada una moción de no acción.

Estados Unidos presentó en 1988 un nuevo proyecto de resolución dirigido a singularizar de modo condenatorio a Cuba, que también fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa cubana de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros cinco representantes de Estados miembros, a realizar una visita al país.

Estados Unidos tampoco pudo cumplir en 1989 su objetivo de imponer una condena a Cuba en la Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas presentadas por los diplomáticos estadounidenses al proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado se limitó a tomar nota del Informe elaborado por la Misión que visitara Cuba e invitar al Gobierno cubano a trabajar en la aplicación de sus recomendaciones.

Al emerger como única superpotencia, tras la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa Oriental, Estados Unidos logró en 1990 por primera vez la adopción en la Comisión de Derechos Humanos de un proyecto de resolución contra Cuba.

Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con un engendro de tal naturaleza, viciado desde su propio origen, motivado por ilegítimos intereses y resultado de brutales presiones y chantajes.

La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia frente a la infamia y la mentira, fue ganando poco a poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar a 1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado de manera incuestionable, en votación de 16 a favor y 19 en contra.

Tras la inesperada derrota, el gobierno estadounidense se dio a la tarea de crear una nueva imagen a su maniobra anticubana en la CDH. Utilizando sus tradicionales métodos, “convenció” al gobierno de turno en la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de Washington en su objetivo de ingresar a la OTAN, para que asumiera la cara pública del proyecto contra Cuba en la Comisión. No resultó difícil al equipo de oportunistas encabezados por el ex presidente Havel, que durante años aprendió obedientemente a cumplir las instrucciones y a disfrutar el dinero de Washington, asumir tan denigrante tarea.

Con este nuevo diseño y empeñándose siempre a fondo en sus habituales presiones y chantajes, Estados Unidos logró hacer adoptar -siempre por un muy escaso margen de entre uno y tres votos – el proyecto anticubano desde 1999 al 2001.

Ya para finales del año 2001, resultaba evidente que dicho esquema había entrado en una profunda crisis. La superpotencia comprendió que necesitaba “refrescar” la imagen de su ejercicio anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica tras su bochornosa exclusión de la membresía de la Comisión, como resultado de elecciones mediante el voto secreto llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social.

Se recrudecieron entonces las gestiones de altos funcionarios de la administración Bush para imponer a uno o a varios países de América Latina la presentación del proyecto anticubano en el 58º período de sesiones de la Comisión en el 2002.

La intensidad de las presiones ejercidas por altos personeros de Estados Unidos y la profundización de la vulnerabilidad y dependencia hacia la política hegemónica norteamericana en la región de varios gobiernos latinoamericanos, con muy bajos niveles de aceptación de sus pueblos, facilitó la cristalización de su objetivo. Fue el entonces presidente Jorge Batlle, del Uruguay, el que asumiera el papel de marioneta de guiñol en la presentación pública del guión anticubano, redactado hasta el detalle de sus comas y puntos en Washington, acomodando únicamente el parecer de la mafia terrorista de Miami.

En contraste con la posición sumisa de unos pocos gobiernos latinoamericanos, de modo unánime los pueblos de la región condenaron la maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a protestar en varias capitales, sino también en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, los parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran tal acción y mantuvieran una posición de independencia y decoro en Ginebra.

El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión en el año 2002, que sus mercachifles por encargo intentaron sin éxito presentar como un producto “novedoso” y con un enfoque “constructivo”, no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto de monitoreo a una inexistente situación de derechos humanos en Cuba. Lo peor en este caso, es que concurría como factor agravante en la manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses de dominación de Washington, la decisión de involucrar en el sucio procedimiento nada menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana, cumplieron en este proceso un importante papel en apoyo a las acciones anticubanas del gobierno de Estados Unidos. Aprovechando la presencia de sus representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios gobiernos. Por otra parte, cumplieron misiones de propaganda con el objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de la administración Bush contra Cuba, estaba el “reclamo” de un llamado “exilio cubano”.

El 18 de septiembre de 2002, once congresistas al servicio de la mafia terrorista de Miami, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas, urgiéndolo a involucrarse personalmente en las acciones contra Cuba.

El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta al Alto Comisionado, conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación de varios mercenarios que habían sido justamente sancionados en la Isla, por delitos cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos.

A principios de enero del 2003, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, envió un mensaje al Alto Comisionado para recordarle que no había nominado aún a su Representante Personal para Cuba y confirmarle que Estados Unidos consideraba importante que esto se produjera en el más breve plazo.

Ante la reticencia del entonces gobierno de Uruguay a desempeñar nuevamente en el 2003 el papel de “primer actor” en el libreto anticubano preparado por Washington – a partir del alto costo político que tuvo que pagar ante su pueblo -, la superpotencia tuvo que realizar nuevas presiones sobre gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello, con el objetivo de encontrar un nuevo “protagonista”.

La señora Poblete – asistente de la congresista anticubana Ileana Ross-Lehtinen – viajó a Ginebra a principios de enero del 2003 y se reunió por separado con algunos representantes diplomáticos latinoamericanos con el objetivo de explorar sus respectivas percepciones con relación al ejercicio anticubano que promueve Estados Unidos, calibrar las áreas y temas específicos de mayor vulnerabilidad de cada uno de esos gobiernos latinoamericanos y preparar recomendaciones concretas para incrementar el impacto del chantaje y los condicionamientos que serían instrumentados ulteriormente, tanto por el congreso como por la administración norteamericanos.

A fines de ese propio mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobrianski, viajó a varios países latinoamericanos, reuniéndose con presidentes y cancilleres con el objetivo de forzar un comprometimiento en la presentación del proyecto anticubano en la 59 CDH.

Los embajadores de Estados Unidos en diversas capitales del mundo, como ha sido tradicional, cumplieron paralelamente importantes tareas de apoyo al ejercicio anticubano. Redoblaron sus actividades de desinformación y manipulación propagandística contra Cuba, distribuyendo panfletos fabricados por el Departamento de Estado con mentiras y tergiversaciones “actualizadas”. Por otra parte, con mayor o menor sutileza y claridad – de acuerdo al grado de dependencia del gobierno en cuestión a Estados Unidos -, se exigió apoyo a lo que la superpotencia califica como su prioridad en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y se “recordaron” las bondades de una buena relación bilateral con la potencia hegemónica.

Con el cinismo y oportunismo que la caracterizan, la administración  del Presidente George W. Bush intentó infructuosamente aprovechar la coordinación de turno que ejercía Perú en el Grupo de Río, para tratar de imponer a este mecanismo de concertación política de los países latinoamericanos la presentación del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH.

Tras el fracaso en sus pretensiones de “socializar” en un espectro político más amplio su servicio al Imperio, el presidente Toledo de Perú tuvo que cargar directamente con la “responsabilidad” de la presentación pública del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH, con el acompañamiento del obediente gobierno de Costa Rica y del ex presidente Batlle de Uruguay.

A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las presiones de Estados Unidos, que contaron en sus gestiones anticubanas con la complicidad incondicional de gobiernos que actuaban como aliados-clientes de Washington, en particular, del entonces presidente José María Aznar, personero fascista defenestrado por el pueblo español por su servilismo a Bush y su permanente manipulación y tergiversación de la verdad.

Para garantizar los votos necesarios a la imposición del proyecto anticubano, la administración Bush no reparó en límites éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de “ayuda” financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de préstamos y asignaciones en las instituciones financieras internacionales que controla – como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo -, el retiro de facilidades concedidas bilateralmente en materia comercial y migratoria, e incluso, el condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en el tratamiento de temas políticos de importancia vital para los países objetos del chantaje.

Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de Estados Unidos para incluir en el texto del proyecto anticubano una condena explícita a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba, contra mercenarios al servicio de su política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones.

El 18 de marzo de 2003, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, realizó una declaración llamando a la Comisión a condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en los términos más enérgicos.

Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en esta ocasión, debió enfrentar obstáculos más complejos. Algunos gobiernos latinoamericanos ya comprometidos con la presentación o el apoyo al proyecto anticubano,  acorralados por el rechazo de sus opiniones públicas a la agresión imperialista contra Iraq y el temor de explosiones populares si se hacían cómplices de una nueva escalada propagandística que podría servir de pretexto a una agresión militar de la superpotencia contra el pueblo cubano, optaron por no apoyar la nueva pretensión norteamericana contra Cuba.

Fue al Gobierno de Costa Rica a quien correspondió la indigna misión de presentar la enmienda concebida por Estados Unidos para fabricar las condiciones que le facilitasen la agresión militar contra el pueblo cubano y así intentar poner fin a su Revolución. Fue el de Costa Rica el único gobierno latinoamericano y del Tercer Mundo que votó a favor de esa enmienda. ¿Resulta necesario algún comentario adicional?

Cuba radicó oficialmente el 16 de abril dos enmiendas al proyecto anticubano, bajo las siglas E/CN.4/L.77, las cuales exigían el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y pedían al Alto Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo cubano de los actos terroristas llevados a cabo contra la Isla desde el territorio de Estados Unidos.

La consideración de estas enmiendas suscitó un largo debate procesal y, como consecuencia de ello, se postergó por 24 horas la consideración y adopción del proyecto anticubano. En ese debate, totalmente descolocado y desenmascarada la autoría estadounidense de la enmienda presentada por Costa Rica, al embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa que declarar que su delegación “apoyaba cualquier cosa contra Cuba”.

A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la enmienda que intentaba condenar a Cuba fue derrotada en la Comisión, al ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.

Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia anexionista y terrorista de origen cubano, que al iniciarse la agresión unilateral del Imperio estadounidense contra Iraq, en la única manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo – no podría ser otra que Miami -, vociferó una verdadera proclama de aliento a la agresión: “Iraq ahora, Cuba después”.

La enmienda cubana condenando el bloqueo norteamericano como grave violación de los derechos humanos no fue aprobada. El mismo grupo de gobiernos europeos y latinoamericanos que con cinismo e hipocresía alegan una supuesta preocupación sobre una inexistente situación de derechos humanos en Cuba – votando a favor y copatrocinando el texto anticubano en Ginebra -, demostraron no contar con la dignidad y el apego a la justicia suficiente para condenar el bloqueo genocida que impone Estados Unidos al pueblo cubano, en violación de sus derechos más elementales, incluyendo el propio derecho a la vida.

Los gobiernos cómplices y subordinados al Imperio en su maniobra anticubana en la CDH, quedaron al desnudo en su doble moral, hipocresía y sumisión a Washington y a sus pretensiones de dominación a la nación cubana.

Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución anticubano, con las siglas E/CN.4/L.2, resultando aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en contra y 9 abstenciones), esto a pesar de que Estados Unidos contó con 24 horas adicionales para que sus brutales presiones surtieran efecto.

La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas sus expectativas, garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los trabajos de la Comisión. Además de mantener el tema en la agenda del órgano, logró consolidar el mecanismo de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado, garantizando a su cruzada anticubana los servicios de un funcionario que compilaría y reproduciría las mentiras elaboradas en Washington y Miami y por qué no, también aquellas fabricadas con el dinero del Tío Sam en otras plazas como Praga y Varsovia.

Con vista al 60 período de sesiones de la Comisión, efectuado en el 2004, Estados Unidos aprovechó cada oportunidad desde fecha temprana para presionar a los gobiernos en función del ejercicio anticubano, lo que incluyó, entre  otras acciones, visitas de varios subsecretarios de Estado a capitales latinoamericanas y de Europa Oriental, en particular, la subsecretaria para Asuntos Globales del Departamento de Estado, Paula Dobrianski. Fueron despachadas también a esas latitudes con igual fin, dos delegaciones de congresistas, en una de las cuales se incluyó la mafiosa de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la Florida. Las acciones anteriores fueron complementadas con varias giras y visitas a países latinoamericanos del ex Embajador Especial de la Casa Blanca para América Latina, el protector de terroristas y anticubano Otto Reich y del ex colaborador de Jesse Helms y también anticubano Roger Noriega,  subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Cumplida esta primera fase de presiones político-diplomáticas, los personeros de Washington se convencieron de que sólo podrían imponer la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH a uno o varios países centroamericanos o de Europa Central y Oriental. Aunque ambas opciones les resultaban poco atractivas en cuanto a imagen – varios gobiernos centroamericanos y de Europa Central y Oriental son percibidos por gran parte de la opinión pública mundial como clientes del Imperio – optaron por la variante centroamericana.

Con todo lo que pudiera alegarse, los gobiernos centroamericanos tienen la ventaja comparativa de pertenecer al concierto latinoamericano; el protagonismo público de uno o varios gobiernos centroamericanos contra Cuba en Ginebra, permitiría a la poderosa maquinaria de desinformación estadounidense presentar la maniobra anticubana como una preocupación surgida en el seno de su “propia región”.

Estados Unidos se empeñó entonces en la tarea de imponer a los gobiernos centroamericanos como grupo, la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH. Sin embargo, además de la resistencia desde un principio de uno que otro gobierno, sabiendo que tal escalada anticubana concitaría el más profundo repudio popular y afectaría gravemente las relaciones bilaterales con Cuba, Washington encontró un escollo que no pudo superar, a pesar de sus presiones y chantajes.

El gobierno estadounidense, tras la derrota de la enmienda presentada por encargo por Costa Rica en la 59 CDH, necesitaba asegurar la inclusión desde la primera versión del texto anticubano en la 60 CDH, de una referencia crítica a Cuba por la justa sanción impuesta a varias decenas de mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Algunos gobiernos centroamericanos objetaron sumarse a la presentación pública de un texto anticubano si tenía ese añadido.

Frente a ese estado de cosas, Washington desechó la estrategia del involucramiento colectivo de la subregión en la presentación del proyecto anticubano y concentró sus presiones sobre los gobiernos centroamericanos más vulnerables y dependientes. La estrategia sería sacrificar inicialmente el prestigio y la credibilidad pública de un gobierno – que sería condenado a interpretar el papel de “autor principal” – al que luego se le sumarían como copatrocinadores aquellos que sucumbieran bajo la amenaza del garrote de la superpotencia.

Más adelante será identificado el gobierno que cumplió el triste papel de presentador principal del proyecto anticubano en la 60 CDH. Como resultaría lógico pensar, la tarea recayó en un gobierno que cuenta con uno de los peores historiales en el hemisferio en materia de derechos humanos. Sólo un adelanto, se trata de un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de poner fin a la impunidad de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales de decenas de sus niños.

Capítulo 6 del libro “Cuba y los derechos humanos”: La agresión radioelectrónica de Estados Unidos contra Cuba.

Antecedentes de una guerra silenciosa

Desde los primeros años del siglo XX, el entonces emergente imperialismo estadounidense recurrió a los principales adelantos tecnológicos en materia de medios de difusión, como instrumentos de su labor de propaganda, injerencia  e intervención. La radio alcanzó en esta primera etapa de penetración y dominación imperial un papel de primer orden. Bastaría remontarse al comienzo de las transmisiones norte­americanas hacia América Latina, el 25 de mayo de 1924, bajo la cobertura de la Unión Panamericana.

Las interferencias incompatibles en la radiodifu­sión por ondas medias entre Cuba y Estados Unidos tienen sus antecedentes mucho antes de enero de 1959. En la década de los años 30 del siglo pasado, las emisoras cubanas -con sistemas de ante­nas de poca eficiencia y de reducida potencia -, eran afectadas por la interferencia en sus áreas de servicio de emisoras radiales de Estados Unidos, que contaban con transmisores de mayor potencia y sistemas de antenas muy eficientes.

En 1937 se celebra en La Habana la Conferen­cia Regional de Radiodifusión, donde los 16 Estados americanos allí representados crearon la Oficina Interamericana de Radio y distribuyeron frecuencias en tres distintas zonas de América.  Dicha Conferencia fue convocada por el interés de Estados Unidos, que negoció desde posiciones de fuerza para imponer a los participantes las bases técnicas concebidas para garantizar la continuidad de los privilegios que ya disfrutaban las estaciones norteamericanas, tanto dentro de su terri­torio, como hacia el exterior.

Los instrumentos firmados en La Habana, el 13 de diciembre de 1937, comprendían la Convención Interamericana sobre Radiocomunicaciones, el Arreglo Interamericano sobre Radiocomunicaciones y el Con­venio Regional Norteamericano de Radiodifusión (NARBA).

El último de los instrumentos antes mencionados regulaba las cuestiones de la radiodifusión por ondas medias en la región definida como norteamericana, que comprendía a los siguientes territorios: Canadá, Cuba, Estados Unidos, Haití, México, Terranova y República Dominicana.

El Convenio definió 105 canales de radiodifusión que clasificó en canales despeja­dos, canales regionales y canales locales. Fueron distribuidos de la forma siguiente: Canadá 14; Cuba 9; Estados Unidos 63; Haití 1; México 15; Terranova 2 y República Dominicana 1.

Al tener más desarrollados sus medios de radiodifusión, Estados Unidos obtuvo en virtud del Convenio más del 50% de toda la banda, casi siempre con estaciones en “canales des­pejados”, lo que permite ofrecer un servicio libre de interferencias a grandes zonas, tanto del país emisor, como de vecinos más cercanos.

La distribución antes detallada obligó a los demás países firmantes a proporcionar protección a las extensas zonas de servicios delimitadas por los técnicos de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.

Para Cuba en particular, el ulterior desarrollo de su radiodifusión nacional quedaría lastrado por la carga económica que impone la necesidad de instalar complejas y costosas redes de antenas direccionales, para asegurar la disminución de las señales ra­diadas hacia Estados Unidos, y así proporcionar la protección estipulada en el Acuerdo Regional. Sólo muy pequeñas emisoras locales de baja potencia y por lo tanto de muy reducida área de servicio pudieron ser instaladas, con antenas simples de bajo costo.

Luego de varios aplazamientos, el 13 de septiembre de 1949 se reunió en Montreal, Canadá, la III Conferencia Regional Norteamericana de Radiodifusión. La Conferencia sesionó ininterrumpidamente hasta el 8 de diciembre del propio año, fecha en que fue de­clarada en receso ante la imposibilidad de lograrse un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos.

En agosto de 1950 se reanudó la Conferencia para analizar las asignaciones de frecuencias, potencias y ubicación de las estaciones, con la participación en ella de Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Haití, Jamaica, Bahamas y República Dominicana. El resultado final de la reunión fue la adopción del  Acuerdo NARBA, con la asig­nación de un total de 3 085 estaciones.

Estados Unidos recibió 2 402 asignaciones, para un 80% del total. A Cuba, con 116 estaciones, le correspondió sólo el 3%. Las asignaciones de Estados Unidos se distribuyeron entre los 106 canales disponibles. Cuba tuvo acceso a 81 canales.

El aspecto más significativo de este nuevo acuer­do fue la muy desigual distribución de las prioridades, es decir, los derechos de protección a las áreas de servicios de las emisoras.

Mediante el acuerdo NARBA de 1950, Estados Unidos se aseguró el virtual dominio de las ondas medias en el área y el derecho a agredir con sus on­das de radio a Cuba y otros países de la región.

El caso de la Voz de América y Radio Swan

Como ha denunciado el gobierno cubano en los más diversos foros internacionales, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959, las sucesivas administraciones nor­teamericanas han recurrido a todo su poderío económico y tecnológico en apoyo a la agresión radioelectrónica contra Cuba. Mediante ilegales transmisiones radiales primero, y luego también televisivas, se ha venido agrediendo de modo permanente el espacio radioeléctrico cubano, difundiendo programaciones especialmente diseñadas para la incitación al derrocamiento del orden constitucional establecido por el pueblo cubano. Hacia ningún otro pueblo del mundo ha sido transmitida por una potencia extranjera, durante tanto tiempo, tanta mentira y estímulo a la destrucción y al odio.

Concebida, instrumentada y financiada por los grupos de poder norteamericanos  que no renuncian a la pretensión de reimponer su control neocolonial sobre la Isla, en contubernio y complicidad con la mafia terrorista de origen cubano radicada en el territorio de la superpotencia, la agresión radioelectrónica constituye una pieza clave en la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Estas transmisiones ilegales de radio y televisión buscan, mediante falsas alegaciones, la tergiversación y la propaganda dolosa, promover el desencanto y el cuestionamiento del pueblo cubano a su Revolución, el desacato al orden constitucional del país y el enfrentamiento a sus autoridades, y la emigración ilegal de cubanos poniendo en riesgo sus vidas. En resumen, fomentar el desencadenamiento de una crisis artificial que sirva de pretexto a una eventual intervención mili­tar y una guerra de conquista contra Cuba.

El uso de la radio como instrumento de guerra y subversión se convirtió en norma del Departamento de Es­tado norteamericano desde fines de la década del 50, en particular, al ser colocada la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA), bajo la dirección de Leonard Marks y Frank Shakespeare, connotados ideólogos anticomunistas.

EI 21 de marzo de 1960 se inicia oficialmente la agresión radial contra la Revolución Cubana, al salir al aire una nueva emisión de La Voz de América (VOA) en idioma español. La VOA es uno de los órganos centrales de manipulación propagandística y guerra psicológica e ideológica de la USIA.

La nueva programación estaba dirigida contra Cuba, aunque cínicamente se alegaba la supuesta transmisión “a todo el Continente”. Sus contenidos reflejaban la creciente agresividad de las administraciones estadounidenses de turno frente al proceso de transformaciones revolucionarias que avanzaba en Cuba.

Como emisora oficial del gobierno de los Estados Unidos, La Voz de América tenía determinadas limitaciones para cumplir todas las expectativas y necesidades de propaganda en la aplicación de la política de guerra no declarada decidida contra la Revolución Cubana. No resultaba recomendable – en tanto brindaría pruebas de cargos contra las autoridades norteamericanas -, que la VOA transmitiera determinado tipo de conteni­dos hacia Cuba, tales como la incitación directa a la rebelión o las instrucciones para ejecutar actividades terroristas.

Es por ello que el 17 de mayo de 1960, se puso en el aire una estación de radio subversiva con cobertura comer­cial, nombrada Radio Swan, para realizar transmisio­nes que sirvieran para alentar y orientar a los terroristas que operaban en territorio cubano.

Radio Swan comenzó a operar en una frecuencia cuidadosamente escogida para penetrar en toda Cuba y causar la menor interferencia nociva posible a las emisoras de los Estados Unidos. Era una operación clandestina, y como tal, jamás fue inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias de la Unión Internacional de Telecomu­nicaciones (UIT)[1].

Según do­cumentos hechos públicos en 1980, la emisora Radio Swan imponía a la CIA una erogación mensual de entre 400 a 500 mil dólares, sosteniendo una programación que llegó a contar con tres horarios: matutino, vespertino y nocturno, con una duración promedio de entre 8 a 12 horas diarias.

Poco antes de la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos, Radio Swan fue dotada de un transmisor adi­cional en la banda internacional de onda corta de 49 metros, el cual funcionaba en la frecuencia de 6 000 khz y también estaba dirigido hacia Cuba.

Los contenidos de las emisiones de Radio Swan se hicieron cada vez más abiertamente agresivos, incitando a diversas formas de terrorismo, entre ellas el sabotaje económico, la destrucción de instalaciones administrativas y de servicios, el asesinato de los principales dirigentes revolucionarios. etc.

EI 17 de abril de 1961, al iniciarse la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos organizada, financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, Radio Swan pasó a brindar un apoyo y orientación directa en sus transmisiones a la contrarrevolución y los agresores.

Tras la rotunda derrota propinada a los invasores mercenarios de Bahía de Cochinos por el pueblo cubano, la CIA decidió cambiar el nombre de Radio Swan – a partir de su total des­crédito -, rebautizándola  como Radio América, “La Voz de la Verdad para todo el Continente”, la cual continuó su propaganda contra Cuba hasta que los recortes en el abultado presupuesto para operaciones anti-cubanas de la Agencia, la hicieron desaparecer a mediados de los años 60.

Durante la Crisis de Octubre (Crisis de los Mísiles), los Estados Unidos intensificaron la utilización de la radio como instrumento de guerra psicológica contra Cuba, mediante la ejecución del llamado “Plan Jacobs”. Este plan contemplaba la instalación emergente de dos nuevos transmisores de ondas medias en cayos al sur de la Florida, en las frecuen­cias de 1180 khz y 1040 khz, respectivamente.

Estas instalaciones iniciaron una nueva fase de la guerra radial contra Cuba, al llevar el ataque directo de Estados Unidos a la banda de ondas medias, esperando aumentar considerablemente su audiencia en nuestro país.

La mal llamada Radio Martí

Con el ascenso de la administración de Reagan y el incremento de las acciones de hostilidad y agresividad contra el pueblo cubano, se reinician las emisiones oficiales de radio expresamente dirigidas hacia Cuba.

En grave afrenta a la dignidad y al legado histórico y patriótico de la nación cubana, el servicio de transmisiones de radio diseñadas y dirigidas a fomentar el cumplimiento de la sempiterna pretensión de anexarse la Isla, fue bautizado por los representantes del gobierno imperialista nada menos que con el nombre del Héroe Nacional cubano, José Martí.

Las transmisiones del Servicio Especial de Programas de la Voz de América: Radio Martí, se han mantenido, a partir de su salida al aire, como un eslabón esencial de la política de guerra propagandística, psicológica e ideológica de sucesivas administraciones norteamericanas contra el pueblo cubano.

La victoria de la superpotencia hegemónica en la llamada Guerra Fría – que algunos han calificado como la Tercera Guerra Mundial -y en particular, el derrumbe del llamado “socialismo real” en Europa Oriental y el desmoronamiento de la Unión Soviética, condujeron a los estrategas del Imperio triunfante a la conclusión errónea de que los métodos de guerra ideológica utilizados contra el socialismo en aquella región del mundo, serían también eficaces en la destrucción de la Revolución Cubana.

De las 20 emisoras que transmiten programaciones subversivas contra la Revolución Cubana, 14 lo hacen específicamente contra la Isla. Dos de ellas son propiedad del gobierno de Estados Unidos: las mal llamadas Radio y Televisión Martí, que recibieron 26.7 millones de dólares en la Ley Consolidada de Asignaciones presupuestarias para el 2005.

Varias de las emisoras son propiedad o prestan sus servicios a organizaciones promovidas o vinculadas directamente a elementos terroristas que residen, operan y actúan con total impunidad contra Cuba desde el territorio norteamericano y cuyas actividades han sido denunciadas por Cuba en diversos foros de las Naciones Unidas que abordan el tema del combate al terrorismo, y de forma oficial ante el gobierno norteamericano.

En lo que se convirtió en plataforma programática del Partido Republicano, el documento conocido como Santa Fe I, se estipulan claramente las motivaciones del establecimiento de la mal llamada Radio Martí (que fuera inicialmente concebida como radio Cuba Libre):

(……) “La Habana debe ser responsabilizada por su política de agresión contra los estados herma­nos de América. Entre otras medidas, será creada la radio Cuba Libre, bajo abierta res­ponsabilidad de Estados Unidos, la cual emitirá información objetiva al pueblo cubano(…) Si la propaganda falla, debe ser lanzada una gue­rra de liberación contra Castro”(……).

¿Qué observador imparcial y con un conocimiento mínimo de la historia de la última centuria, podría acreditar que Estados Unidos – el campeón de la desinformación y la mentira – destinaría un solo dólar a la transmisión de “información objetiva” al pueblo cubano? ¿Cómo podrían hacerlo los personeros políticos del Imperio que con su política de bloqueo genocida niega la posibilidad al pueblo cubano del intercambio de información e ideas que propiciaría la visita de turistas estadounidenses a la Isla? ¿Cómo es posible tanto cinismo e hipocresía, si esos mismos sectores políticos hoy encumbrados con la administración Bush, han incrementado los obstáculos y prohibiciones al intercambio educativo, cultural y científico entre cubanos y estadounidenses?

Las mal llamadas Radio y Televisión Martí no emiten información, por el contrario, la falsifican y tergiversan; no aspiran a respetar valores como la objetividad y el apego a la verdad, fabrican con premeditación y culpa la mentira e incitan al odio destructivo.

El Reglamento de Radio Comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su edición de 1990 y su revisión de 1994, estipula en su artí­culo 30, Sección 1, numeral 2666, que las transmisio­nes de radio en AM deben ser concebidas como “un servicio nacional de buena calidad dentro de los límites del país que se trate”.  Quiere esto decir que incluso en el orden técnico y operativo, las emisiones de la mal llamada Radio Martí transgreden las normas internacionalmente aceptadas en la materia. Sus transmisiones en los 1180 khz son ilegales, al invadir de forma grosera y dolosa el espacio radioeléctrico del territorio nacional cubano.

Por su parte, las transmisiones de onda corta que realiza Radio Martí -utilizando 13 frecuencias para ello -, también son ilegales, en tanto el contenido de esas emisiones contraviene principios consagrados en la Constitución y Convenio de la UIT, entre ellos la afirmación que realiza su Preámbulo respecto a que “las transmisiones de onda corta deben facilitar las relaciones pacificas y la cooperación internacional entre los pueblos”

Mientras pretende convencer a incautos acerca de un falso fin de las ideologías – intentando “universalizar” los patrones y dogmas de una doctrina diseñada en función de los intereses de dominación hegemónica de sus círculos imperiales de poder político, económico y militar -, el gobierno estadounidense dilapida partidas millonarias del dinero de sus contribuyentes para imponer al pueblo cubano un clima de permanente hostilidad y amenaza de guerra.

A partir de la experiencia vivida por el pueblo cubano en la última década, no podría admitirse la afirmación de que la Guerra Fría ha llegado a su fin, sólo se ha “tropicalizado”. Con el factor agravante del “envalentonamiento” y arrogancia de la superpotencia, la hostilidad y agresiones de la administración Bush contra Cuba han venido oscilando en rangos superiores a la “Guerra Tibia”, con amenazas periódicas y cada vez más graves de alcanzar la temperatura de ebullición.

Una televisión que no se ve

En fecha temprana tras el triunfo revolucionario en Cuba, aprovechando los avances que se habían producido en la introducción de la televisión en el país y conociendo perfectamente las características tecnológicas de los equipos instalados – todos eran de producción norteamericana -, fueron concebidos los primeros planes oficiales estadounidenses para utilizar la televisión con vis­ta al apoyo de la agresión contra la Revolución Cubana.

En 1962 la Agencia de Información de los Estados Unidos elaboró un plan de propaganda anticubana, que incluía la utilización para las transmisiones de dos aviones DC-6, volando a 18 000 pies, muy cerca del espacio aéreo cubano. Aplazado el proyecto, la idea resurgió durante la administración Carter, cuando el profesor George Chester, de la Universidad de Maryland, propuso la variante de una transmisión desde Cayo Hueso, a través de un canal cubano no utilizado.

Bajo la administración Reagan, circuló por prime­ra en el Congreso de los Estados Unidos un pro­yecto, promoviendo llevar a cabo estudios de factibilidad para iniciar las trans­misiones de televisión a Cuba con fines de agresión política, propagandística e ideológica. La mafia terrorista cubano-americana de Miami fue incorporada activamente a la labor de cabildeo y apoyo a dicha iniciativa.

En 1989, la Cámara y el Senado aprobaron sendas resoluciones autorizando la estación de televisión una vez que las pruebas de transmisión hubiesen sido llevadas a cabo de manera satisfactoria.

La variante escogida fue un globo cautivo con un transmisor a bordo, de una potencia aproximada de 10 mil watts, que se mantendría a una altura de 10 a 14 mil pies en la zona de Cudjoe Key.

La señal de televisión se generaría en Miami y sería transmitida a una estación terrena ubicada en Cudjoe Key, de ahí hacia el transmisor ubicado en la góndola del aeróstato, de donde partiría la señal para tratar de entrar a Cuba.

Con anticipación más que suficiente y por todas las vías posibles, Cuba hizo todo lo que estuvo a su alcance en el orden político y diplomático, incluyendo una carta al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el objetivo de convencer al gobierno de los Esta­dos Unidos de la conveniencia de abandonar su nueva escalada en la agresión en materia de telecomunicaciones. Se le expresó la disposición del gobierno cubano a negociar un en­tendimiento respecto al intercambio de programas y transmisiones de televisión.

El 27 de marzo de 1990, comenzó la agresión televisiva, que fue neutralizada a los 10 minutos de penetrar en los telerreceptores cubanos. Día tras día, desde esa fecha, el ataque ha sido repelido, dismi­nuyendo el tiempo en que se observa la señal desde 10 a un minuto.

El 27 de julio de 1990, la administración de Bush (padre) presentó al Congreso un informe evaluando el llamado período de pruebas de Tele Martí. En el mismo se reconoce que Cuba de modo eficaz y sistemático lograba interferir las señales, que la Junta In­ternacional del Registro de Frecuencias ha certifica­do la ilegalidad de esa acción y que la reacción internacional había sido desfavorable a Estados Unidos. No obstante, el presidente Bush (padre) ordenó con­tinuar las transmisiones.

Estados Unidos pretende cubrir su impúdica agresión a la soberanía y la dignidad del pueblo cubano, alegando que sus transmisiones televisivas no generan interferencias en Cuba, al transmitir en un horario en que no está en servicios la televisión cubana. Oculta cínicamente que nuestros transmisores han sido debidamente re­gistrados para ofrecer servicios las 24 horas del día.

No sólo se transmite hacia Cuba una programación televisiva repleta de mentiras, tergiversaciones de la historia y la realidad actual, profundamente ofensiva a la determinación de independencia y justicia de la nación cubana; se pretende coartar el ejercicio del derecho de libre determinación a su pueblo, impidiéndole – como hace cualquier otro país en el mundo -  administrar soberanamente sus frecuencias radioeléctricas y espacio radio-electrónicos, y decidir al interior de sus fronteras, el modo y horario de transmisiones de los servicios de radio y televisión.

La agresión radio-televisiva contra Cuba evidencia no sólo la naturaleza  demencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano, también el total desprecio del gobierno de Estados Unidos por las normas y principios del Derecho Internacional que rigen las relaciones entre los Estados.

La guerra radio-electrónica de los Estados Unidos contra el pueblo cubano viola directamente la letra o transgrede el espíritu de instrumentos internacionales como:

• Los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosos instrumentos internacionales, en particular los relativos a la igual­dad soberana de todos los Estados y la no injerencia en los asuntos que son de jurisdicción interna de los mismos.
• La Declaración de Principios de Derecho Internacional relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, consagrada mediante la resolución 2625(XXV) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970.
• El Tratado Internacional de Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, en particular su numeral 23. 3, que limita las transmisiones televisivas más allá de los límites nacionales.
• El Artículo I común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1966.
• La Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, proclamada el 28 de noviembre de 1978 en la XX Reunión de la Conferencia General de la UNESCO.
• La Resolución 37/92 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1982, que estableció los principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión.

El 20 de noviembre de 1997 se inició una fase cualitativamente nueva en la agresión televisiva,  al comenzar las transmisiones de la mal llamada Tele Martí en la banda de UHF. Nuevamente el pueblo cubano brindó una respuesta contundente al agresor, neutralizando en pocos minu­tos la penetración de la señal subversiva.

Los reiterados intentos de utilizar el factor sorpresa, mediante cambios en el canal o los horarios de transmisión, no han reportado resultado satisfactorio alguno al agresor.

La escalada de la agresión radio-electrónica contra Cuba decidida por el presidente Bush.

El 6 de mayo de 2004, el presidente Bush decidió dar nuevos pasos en el escalamiento de la agresión radioelectrónica y las campañas de desinformación y estímulo a la subversión en Cuba, al anunciar la asignación de 18 millones de dólares adicionales para las transmisiones de las mal llamadas TV y Radio Martí contra el pueblo cubano, desde un avión militar C-130, que sería destinado exclusivamente a ello.

Los referidos 18 millones de dólares se suman a lo asignado en la “Ley Consolidada de Asignaciones presupuestarias para el 2005″ y elevan el financiamiento gubernamental de ambas emisoras a 44.7 millones de dólares.

Con todo el potencial tecnológico y la experiencia acumulada por un amplio número de especialistas altamente calificados en este tipo de guerra sucia, se recrudeció la contienda bélica anticubana en materia de transmisiones radiales y televisivas, que alcanzó en octubre del 2004 los notables índices de 2 258 horas semanales emitidas en 30 frecuencias de radio y televisión.

Con esa decisión agresiva y desafiante, los Estados Unidos no sólo agravarán sus sistemáticas violaciones a las regulaciones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sino el contenido de las Resoluciones 110 (II) y 127(II) de la Asamblea General de la ONU, adoptadas ambas en 1947, a sólo dos años del fin de la segunda conflagración mundial.

Mediante su Resolución 110(II) la Asamblea General condenó “toda propaganda destinada a provocar o a estimular amenazas contra la paz, la ruptura de la paz o todo acto de agresión”; mientras en virtud de su Resolución 127(II), la propia Asamblea invitó a todos los Estados a adoptar medidas para luchar “contra la difusión de noticias falsas o deformadas que puedan perjudicar las buenas relaciones entre Estados”.

[1] En 1865 en Paris se fundó la Unión Telegráfica Internacional. Su nombre actual, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) fue decidido en la Conferencia Plenipotenciaria celebrada en 1932, en Madrid. La UIT es una organización internacional con sede en Ginebra, constituida para promover el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en todo el mundo.

Capítulo 5 del libro “Cuba y los derechos humanos”:  Estados Unidos intensifica el reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios en sus pretensiones de socavar la libre determinación del pueblo cubano.

La guerra no declarada de los círculos de poder en Estados Unidos contra la nación cubana – que ha sido convertida en verdadera política de Estado -, ha incluido las más diversas formas de agresión.

El reclutamiento, dirección, y apoyo logístico y financiero a mercenarios al servicio de su política dentro de la Isla, ha desempeñado un papel clave en el diseño y ejecución de la estrategia anticubana. Washington siempre ha pretendido fabricar – manipulando a los traidores y anexionistas que conforman su nómina de asalariados -, la falsa percepción de que en Cuba se dirime una supuesta lucha “entre cubanos”.

Los mercenarios al servicio de la política imperialista contra el pueblo cubano – siempre cumpliendo instrucciones expresas de los servicios especiales norteamericanos -, han mutado sus “métodos de lucha” en función de los requerimientos de cada etapa en la estrategia de agresión contra la Isla. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a supuestos “defensores” de derechos humanos.

Las operaciones encubiertas de los servicios especiales estadounidenses contra Cuba, se iniciaron en fecha tan temprana como el verano del propio año 1959. Así ha quedado demostrado en informes desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Una prueba contundente al respecto aparece en el documento elaborado en octubre de 1961 por el Inspector General de la Agencia, Lyman Kirkpatrick, con el objetivo de evaluar las razones del fracaso de la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos).

El 17 de marzo de 1960, en una reunión en la que participaron entre otros, los entonces vicepresidente (Richard Nixon), secretario de Estado (Christian Herter) y director de la CIA (Allen Dulles), el presidente Eisenhower aprobó el llamado “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, sugerido por la CIA, en el que se autorizaba la creación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y para ello se asignaban los fondos necesarios.

En un memorando desclasificado acerca del desarrollo de esa reunión, el general Goodpaster anotó: ”El Presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación.  El gran problema es la filtración y la falla de seguridad.  Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él [Eisenhower] no sabe nada de esto. [...] Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga.”[1]

Lo cierto es que Eisenhower, al percatarse que día a día Estados Unidos perdía el control en Cuba, ordenó que se aumentara el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios dentro de la Isla y dio luz verde para preparar la invasión a Playa Girón, un asalto militar a gran escala que fue ratificado por su sucesor, John F. Kennedy.

El 17 de abril de 1961, Washington lanzó unos 1 500 mercenarios contra el pueblo cubano, al frente de los cuales situó mayoritariamente a ex militares de la tiranía pronorteamericana de Fulgencio Batista, derrocada dos años antes por el Ejército Rebelde.

El reclutamiento de mercenarios de origen cubano constituía una tarea sencilla en el territorio norteamericano, donde habían recibido cobija y garantía de impunidad tras el triunfo de la Revolución Cubana: personeros de la burguesía antinacional criolla, cliente y beneficiaria de los esquemas de dominación neocolonial a la Isla; asesinos y torturadores que sostuvieron la dictadura de Fulgencio Batista, impuesta y apuntalada por Washington para el enfrentamiento a la insurrección popular; políticos fraudulentos y corruptos, que lucraban con el sudor y la sangre del pueblo; individuos lumpen y antisociales, que vieron interrumpidas sus fuentes de ingreso ilícito con las medidas revolucionarias dirigidas a promover la seguridad ciudadana, la equidad y la justicia social;  y otras personas que  simplemente no estaban dispuestos a realizar el más mínimo esfuerzo personal para lograr la compatibilidad de sus intereses y aspiraciones individuales con los objetivos del bienestar general de la sociedad.

La invasión a Playa Girón fue derrotada en menos de 72 horas por el Ejército y el pueblo cubanos. El error del gobierno norteamericano, fue subestimar la voluntad de lucha y el arrojo en el combate de un pueblo que defendía su derecho a existir de modo digno e independiente.

Más del 90% de la fuerza invasora fue hecha prisionera. A pesar de la gravedad de los actos cometidos – más de un centenar de patriotas cubanos fueron asesinados por los mercenarios -, todos los invasores detenidos recibieron un trato ejemplar de nuestro pueblo. Ningún invasor fue vejado, ni maltratado. A todos se les respetó rigurosamente su integridad física y su dignidad humana. Cada uno de los mercenarios heridos recibió esmerada atención médica. Una vez más, quedó demostrado el decoro, la bondad, la  generosidad y el humanismo de los revolucionarios cubanos, principios que habían glorificado ya la conducta del Ejército Rebelde durante los difíciles años de la guerra de liberación.

El Tribunal que juzgó a los prisioneros fue extraordinariamente magnánimo. No se impusieron sanciones extremas, no hubo venganza. Se les exigió el pago de una indemnización que el Gobierno estadounidense no honró siquiera en su totalidad. En diciembre de 1962, Cuba accedió al intercambio de  mil ciento trece mercenarios por el valor de 53 millones de dólares en medicinas y compotas para sus niños.

Luego del estruendoso fracaso de las fuerzas mercenarias en Playa Girón, el Presidente Kennedy creó un Comité Especial en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, que se encargaría de aprobar diversas operaciones -como la “Operación Mangosta” -, encaminadas a “utilizar los medios disponibles para ayudar al pueblo de Cuba a derrocar al régimen comunista, desde dentro del país, e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz”[2].

A partir de ese momento, Estados Unidos priorizó en la ejecución de su política anticubana, las  operaciones encubiertas de sus servicios especiales, dirigidas a recrear la falsa imagen de una activa oposición contrarrevolucionaria dentro del territorio cubano.  Al no contar con una base social de apoyo en el pueblo cubano para hacer avanzar sus planes anexionistas, sucesivas administraciones norteamericanas siguieron reclutando y financiando mercenarios.

A lo largo de los años, han persistido en un grado extremo de continuidad las motivaciones, métodos de reclutamiento, formas de pago y vías de orientación de tareas a los mercenarios de la política anticubana de Washington. Sólo han sido modificados el ropaje y los instrumentos de agresión suministrados a los mercenarios anti-cubanos.

El ascenso de la administración Reagan al poder en los Estados Unidos, en la década de 1980 del siglo pasado, impuso significativos cambios tácticos en la estrategia estadounidense para el derrocamiento de la Revolución Cubana.

De la noche a la mañana, connotados terroristas y agentes de la CIA de origen cubano aparecieron avituallados con disfraces – y oficinas, “organizaciones” y conexiones a ONGs internacionales -,  de defensores de derechos humanos y de “opositores pacíficos anticastristas”.

Para la labor de influencia y “sensibilización” de la opinión pública norteamericana, se exigió a varios grupos de cubano americanos que operaban bajo las órdenes y el financiamiento de la CIA y que hasta entonces habían cumplido tareas básicamente de sabotaje y terrorismo desde el territorio de los Estados Unidos contra Cuba o contra sus propiedades y representantes en el exterior, cambiar su fachada y modos de lucha.

Fue en ese período que se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), con el objetivo declarado de “promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba”.  La realidad ha demostrado que la FNCA no abandonó nunca el método de actividades terroristas contra la Revolución Cubana, como lo demuestra la responsabilidad directa de varios de sus principales personeros en planes de atentado contra el Jefe de Estado cubano y la organización y financiamiento de actividades terroristas contra instalaciones turísticas en Cuba a fines de la década pasada.

En el interior de la Isla, involucrando directamente en sus planes subversivos a funcionarios de la Sección de Intereses de los Estados Unidos, fueron creados pequeños grupos de supuestos “disidentes pacíficos” y “defensores de los derechos humanos”, reclutando para ello a individuos que habían estado implicados en actividades violentas, e incluso a antiguos funcionarios y agentes de la policía, ex sargentos políticos y otros elementos de baja condición humana, que estuvieron estrechamente vinculados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista.

Entre esos supuestos “defensores de derechos humanos” descolló Armando Valladares, exmiembro de la policía batistiana sancionado por acciones terroristas en los primeros años de la Revolución, un falso inválido y profesional de la simulación, convertido en “poeta” gracias a los poderosos mecanismos de propaganda del gobierno de los Estados Unidos. El caso del señor Valladares pone de manifiesto claramente la baja catadura moral y el descrédito de las figuras que han sido utilizadas a través de los años para orquestar el circo anticubano en la Comisión de Derechos Humanos.  La histeria anticubana ha alcanzado tales niveles, que el terrorista Valladares llegó a ser nombrado Embajador de los Estados Unidos ante la Comisión que funciona en Ginebra.

Así aparecieron, como por arte de magia, con el dinero y la orientación del gobierno de los Estados Unidos, los llamados activistas y grupos de derechos humanos en Cuba. Estas personas, reclutadas y financiadas como cualquier otro mercenario, llevan a cabo misiones instruidas por Estados Unidos con el objetivo de destruir el orden constitucional elegido por los cubanos y de hacer cumplir las disposiciones de la Ley Helms-Burton.

La agresividad de estos grupos y la gravedad de su accionar como quinta columna contra el  proyecto social y de libre determinación emprendido por el pueblo cubano, se ha incrementado con la presencia decisiva de grupos ultraconservadores y militaristas de la extrema derecha estadounidense en las administraciones republicanas de los presidentes Reagan,  Bush (padre) y George W. Bush.

En el caso del actual presidente George W. Bush, a las apetencias imperialistas de los círculos que integran su régimen, se sumaron las cuotas de poder alcanzadas con su administración por los sectores más agresivos y reaccionarios de la  mafia terrorista de origen cubano.

En el curso de los últimos años, el régimen impuesto por la administración de George W. Bush a los Estados Unidos ha llevado a cabo un recrudecimiento sin precedentes de las medidas de bloqueo y hostilidad contra Cuba, de las acciones de injerencia públicas y encubiertas, de las declaraciones de amenaza de funcionarios de alto nivel, y en particular, un creciente involucramiento directo de sus funcionarios diplomáticos en La Habana en el fomento a la subversión del orden constitucional cubano y un incremento exponencial de los fondos oficiales destinados a estas operaciones.

Cuba reconoce que los mercenarios reclutados en la Isla por Estados Unidos para llevar a cabo su política de dominación contra el pueblo cubano, carecen de potencial – por el rechazo popular que generan y por carecer de una base social autóctona y de un proyecto independiente – para convertirse por sí mismos en un desafío al proceso revolucionario cubano. Sin embargo, su peligrosidad estriba en la posibilidad de que sus actividades sean utilizadas, aprovechando la demostrada capacidad de manipulación mediática del gobierno estadounidense, como pretexto para llevar adelante o para brindar apoyo, a una eventual agresión militar estadounidense contra Cuba, eventualidad que se ha hecho real y cercana en la actual coyuntura.

El incremento abrumador de los fondos y medios asignados al reclutamiento y financiamiento de sus mercenarios anti-cubanos y la decisión de escalar a niveles sin precedentes el involucramiento de las agencias estadounidenses en la desestabilización, desgaste y estrechamiento del cerco a Cuba, corroboran la gravedad de las amenazas que enfrenta la nación cubana en la defensa de su existencia misma (ver al respecto el análisis que se realiza en el capítulo 2, Parte I de este documento, acerca del informe presentado por la llamada “Comisión para Asistir a una Cuba Libre”).

No sorprende entonces la magnitud y agresividad de las campañas de desinformación y mentiras orquestadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en los últimos meses, a partir de la justa sanción a un grupo de mercenarios reclutados, pagados, instruidos y dirigidos por el gobierno de la superpotencia.

Ellos cumplían actividades dirigidas al derrocamiento del orden político, económico y social decidido con rango constitucional por los cubanos, en una votación abrumadora de apoyo popular, facilitada por un referéndum universal realizado en 1976, dos siglos después que fuera adopta la Constitución estadounidense. Por cierto, la constitución de la superpotencia se mantiene vigente, aún cuando en la elaboración de su texto no fue consultada una parte significativa de ese pueblo, en particular, los afronorteamericanos, las mujeres y las personas de bajos ingresos económicos.

La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de desinformación desarrolladas por los servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados,  falsos calificativos como  “disidentes”,  “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o    “periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados “arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”.

El Jefe de la Oficina de Intereses norteamericanos en La Habana santificando la creación de el ala juvenil de una agrupación mercenaria en La Habana

Tanto la Carta de las Naciones Unidas, como los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” y que todos los Estados promoverán y respetarán este derecho de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.    De conformidad con y en virtud del ejercicio  de este derecho, el pueblo cubano ha establecido su Constitución y sus leyes.

Nadie tiene el derecho de cuestionar el orden constitucional que decida darse un pueblo en ejercicio de su soberanía. Nadie tiene tampoco el derecho de juzgar los actos del pueblo cubano, desconociendo las circunstancias de permanente y grave amenaza externa que plantea la hostilidad de Estados Unidos contra su propia existencia independiente como nación.

Al pueblo cubano le asiste en estas circunstancias, como a cualquier otro pueblo, el derecho a defenderse de la agresión política, diplomática, económica, comercial, financiera, radial y televisiva que libra el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 4 décadas.

¿Acaso los propios países europeos no establecieron y aplicaron legislaciones y decretos especiales frente a la amenaza planteada por el fascismo en la región en los años 30 y 40 del siglo pasado? ¿Por qué nadie cuestionó las demenciales y archirrepresivas medidas y disposiciones jurídicas adoptadas en el período de la llamada “Guerra Fría” en Estados Unidos y varios países de Europa Occidental contra el supuesto peligro “comunista”, muchas de las cuales se mantienen aún vigentes?

¿Por qué nadie condena las disposiciones de la Ley Logan, incluida en el capítulo 45, título 18, parte 1, de la codificación de Crímenes y Procedimientos Criminales de los Estados Unidos de América?  En esa norma jurídica se plantea que cualquier ciudadano estadounidense, dondequiera que se encuentre, y que sin la autorización del Gobierno de Estados Unidos, directa o indirectamente, comience o mantenga cualquier correspondencia con cualquier gobierno extranjero, oficial o agente del mismo, en relación con cualquier disputa o controversia con los Estados Unidos, será multado de acuerdo con dicho título o encarcelado hasta tres años o ambas cosas.

Estados Unidos impide que sus ciudadanos mantengan correspondencia con cualquier gobierno extranjero en relación con cualquier disputa o simple controversia que los afecte. Pretende sin embargo que Cuba permita el reclutamiento y las actividades de mercenarios que no sólo mantienen correspondencia con el gobierno de una potencia imperialista, sino que cumplen instrucciones y misiones dirigidas a la aplicación contra su pueblo  de una política extranjera de hostilidad y agresiones, que persigue el derrocamiento de autoridades legítimamente elegidas y la destrucción de un sistema constitucional refrendado por la voluntad popular.

Los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  tal como establece su artículo 29, no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana, la independencia y la integridad  territorial  de cualquier país.

Solicitar al Gobierno de Cuba que libere o reduzca las condenas  a mercenarios juzgados y sancionados por tribunales competentes e independientes, con apego a leyes adoptadas por su parlamento, equivale a pedirle que interfiera en el funcionamiento de su sistema judicial y abra el camino a la impunidad. Esto no solo violaría la Constitución y las leyes cubanas, sino todos los principios y normas vigentes del Derecho Internacional.

El caso de los mercenarios juzgados y sancionados por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado cubano.

A partir de la decisión y las orientaciones emitidas al respecto por el gobierno de la superpotencia, en el año 2003 se multiplicaron las acciones de los mercenarios al servicio de la política anticubana de Estados Unidos.

Desde su arribo a Cuba, en septiembre del 2002, el actual Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, incrementó la frecuencia de las reuniones con sus agentes mercenarios reclutados en la Isla.  Crecieron también sus declaraciones y acciones injerencistas y provocadoras,  violatorias de las normas elementales para el comportamiento de los diplomáticos.

Mediante los canales diplomáticos se advirtió a la representación estadounidense y a su Jefe de las violaciones de las leyes cubanas e internacionales en que estaba incurriendo, tratando de persuadirlos para que cesaran su provocadoras e ilegales conductas.  Por el contrario, el Jefe de la Sección norteamericana continuó con ese proceder, estimulando nuevas y más graves acciones subversivas.

Cuba fue paciente y tolerante, pero las cosas habían llegado a un punto insostenible para la seguridad del país, ante la  intención deliberada de continuar con el estímulo a la confrontación y a la subversión. Cuba no podía admitir la impunidad y el abierto desacato a las leyes cubanas e internacionales. Cuba debía proteger el orden constitucional establecido por su pueblo y hacer respetar la autoridad de su Gobierno legítimamente elegido.  No quedaron abiertas otras alternativas. Hubo que actuar soberana y firmemente en virtud de las leyes, como lo habría hecho cualquier país del mundo.

Teniendo en cuenta la escalada y la gravedad de los hechos cometidos por esas personas, al atentar con sus actos contra la independencia, la integridad territorial y la economía del Estado cubano, fueron detenidas varias decenas de  mercenarios los días 18 y 19 de marzo de 2003 y enjuiciados los días  4, 5 y 7 de abril de ese propio año.

En total se celebraron 29 juicios en distintas provincias del país, en los que cada uno fue acusado y enjuiciado en vista pública. Se impusieron por los tribunales sanciones de privación de libertad de entre 6 y 28 años. A pesar de los graves delitos cometidos y los peligros que estos entrañaron para la seguridad nacional del país, en ningún caso se impuso la sanción de pena de muerte, ni cadena perpetua, como se ha difundido fraudulentamente por la propaganda anticubana.

No se utilizó violencia o fuerza alguna -  ni siquiera mínima -, por los agentes de la policía que detuvieron a los mercenarios. Conociendo perfectamente la entidad de los delitos cometidos y sin una razón moral o principio de justicia que alentara sus actos, los mercenarios no se resistieron a los arrestos.

Capítulo 4 del libro “Cuba y los derechos humanos”: Los derechos humanos de cinco jóvenes luchadores antiterroristas cubanos injustamente encarcelados en Estados Unidos, y los de sus familiares, son violados burdamente por espurias motivaciones políticas.

René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Gerardo Hernández Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez, son cinco jóvenes luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos humanos del pueblo cubano, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de los Estados Unidos aplica contra esos cinco jóvenes, detenidos de manera arbitraria desde hace seis años en ese país, prácticas sostenidas y sistemáticas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, las cuales forman parte de una bochornosa confabulación encaminada a doblegar la integridad física y moral de estos cinco defensores de los derechos humanos del pueblo cubano.

Estos valientes jóvenes, al riesgo de sus propias vidas, se mantuvieron alertando y previniendo la realización de numerosas acciones terroristas contra Cuba, planeadas y organizadas por varios grupos que operan con impunidad en el territorio de los Estados Unidos.

Los cinco son intelectuales, hombres sencillos, y tres de ellos son padres de familia. Ninguno cometió acción violenta alguna. Los hechos por los que se les acusan están relacionados con el ejercicio pacífico del derecho de legítima defensa del pueblo cubano frente al terrorismo. Trabajaban en defensa del derecho a la vida, al bienestar y al desarrollo de su pueblo. Actuaron sólo respetando su conciencia y principios, e inspirados en un profundo amor a su pueblo.

El único instrumento de lucha de cada uno de ellos fue su propia inteligencia y su sacrificio, convencidos de que la información que obtuvieran para neutralizar las acciones terroristas de los grupos anti-cubanos asentados en Estados Unidos sería decisiva para proteger las vidas y los bienes de hombres, mujeres y niños en Cuba.

Miles de cubanos han sido asesinados o mutilados permanentemente durante más de 40 años a consecuencia de la actividad de estos grupos, cuyos campos de entrenamiento y campañas de reclutamiento y recaudación de fondos tienen amplia cobertura publicitaria en ciudades como Miami.

Las actividades criminales de esos grupos terroristas contra Cuba constan en documentos oficiales desclasificados del propio gobierno norteamericano y han sido expuestas en este documento.

Resumen del caso:

El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos y trasladados al Cuartel General del FBI en Miami, donde fueron interrogados por 6 horas ininterrumpidamente, sin la presencia de abogado alguno.

El 14 de septiembre fueron presentados a una Corte de Miami donde le fueron asignados los abogados de la defensa y el calendario de las audiencias de fianzas, las que fueron negadas en la vista del 29 de septiembre del propio año.

A partir del 5 de enero de 2000, los abogados de la defensa comienzan a presentar las Mociones solicitando el cambio de sede, al considerar que la ciudad de Miami no constituía una sede adecuada para la realización de un juicio imparcial a los acusados, amparados en la V y VI Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.

El 20 de marzo de 2000, los Cinco, representados por sus abogados, presentaron una Moción solicitando que el juicio fuera trasladado a Fort Lauderdale, argumentando que en Miami estaba el núcleo básico de los terroristas contra los que los Cinco se estaban enfrentando. También ampararon su pedido en una encuesta, que arrojó la existencia de prejuicios contra los acusados en esa ciudad.[1]

Resulta imposible en Miami lograr un veredicto justo en cualquier caso relacionado con Cuba. En esa ciudad se pasean por las calles terroristas confesos que se jactan de sus fechorías, las anuncian y preparan públicamente, sin que las autoridades hayan hecho jamás absolutamente nada para impedir sus acciones o sancionarlas.

El 27 de julio de 2000, la jueza Joan Lenard vetó la Moción en la que se solicitó el cambio de jurisdicción, hecho que sentó las bases para que el 27 de noviembre del propio año comenzara un juicio plagado de irregularidades, que lo convertiría en ilegal e inconstitucional, habiéndose transgredido la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Fueron juzgados en una comunidad que les resultaba completamente hostil, lo que impidió la posibilidad de un jurado imparcial con las garantías del debido proceso.

Las sentencias impuestas fueron irracionalmente desmesuradas y vengativas, no aceptándose ninguna de las atenuantes sugeridas por los defensores.

Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad; Ramón Labañino a cadena perpetua más 18 años; Antonio Guerrero a cadena perpetua más 10 años; Fernando González a 19 años; y René González a 15 años, sin haberse probado los cargos fundamentales que les fueron impuestos y a pesar de las declaraciones a su favor realizadas por los testigos durante el juicio.

El 12 de noviembre de 2002, el Sr. Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, respaldado por los otros defensores, solicitó al tribunal de Miami la celebración de un nuevo juicio mediante Moción presentada ante la corte del Distrito de la Florida.

Las razones principales que fundamentaron dicha Moción fueron la conducta dolosa de la Fiscalía y de la jueza en el manejo de la pretensión original de la defensa, que en varias oportunidades desde enero del 2000 interesó y razonó que el juicio se realizase fuera de Miami. Asimismo, se anexaron documentos y declaraciones juradas que probaron ampliamente la justeza de esa petición y la necesidad de restituir la legalidad quebrantada, todo ello a la luz de nuevas evidencias en el interés de la justicia.

El 10 de febrero de 2003, la jueza Lenard de la Corte federal del Distrito Sur de la Florida, desestimó esta Moción, sin siquiera conceder una audiencia donde los abogados ilustraran los motivos en que sustentaban su pretensión.

El 10 de marzo de 2004, tuvo lugar la vista oral ante el 11no circuito de Atlanta, donde nuevamente se solicitó la realización de un nuevo juicio, fuera de la Ciudad de Miami, pretendiendo asegurar las garantías del debido proceso que ha estado ausente en este caso desde su inicio.

Actualmente los familiares de los Cinco se encuentran a la espera de la decisión de la Corte.

Elementos que manifiestan el carácter amañado y políticamente manipulado del proceso seguido contra los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas y defensores de los derechos humanos de su pueblo.

1. Miami: un lugar completamente hostil e imposible para la justicia.

La garantía de un jurado imparcial fue totalmente ignorada al insistirse en realizar una farsa de juicio contra los Cinco jóvenes en Miami, lugar completamente hostil y parcializado contra los acusados. Se violaron groseramente la V y VI enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

Miami es la ciudad de los Estados Unidos donde grupos terroristas han hecho estallar bombas y han agredido violentamente a quienes sólo han querido escuchar una orquesta cubana y donde se mantuvo secuestrado, a despecho de las decisiones de tribunales competentes, durante cuatro meses, al niño cubano Elián González.

2. Violación del Principio del Debido Proceso Legal

Se impusieron sanciones por supuestos delitos sin haberse presentado una sola evidencia concreta y exacta, violándose el principio de que la Fiscalía debe probar los hechos delictivos imputados, más allá de toda duda razonable.

La defensa se vio constantemente constreñida en su derecho a disponer libremente de la documentación considerada como evidencias, para su estudio y examen, dado que fue clasificada bajo la CIPA (Ley de Procedimiento de Información Clasificada). Su desclasificación se produjo de manera arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a la misma de los abogados de la defensa con la suficiente antelación para una adecuada valoración. Al propio tiempo, no se accedió a varias solicitudes de la defensa para que algunos documentos que resultaban relevantes en el esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como documentos oficiales e incorporados como pruebas.

Se permitió a la Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se potenció una campaña de prensa dirigida a atemorizarlos, dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que constituyen evidencias favorables a la defensa de los acusados.

3. Crueles condiciones de reclusión dirigidas a obstaculizar gravemente la defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y a sus familiares torturas y sufrimientos que califican como flagrantes violaciones a sus derechos humanos.

En violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, el artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso la VIII Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se les mantuvo tras su detención en confinamiento solitario en celdas de castigo, sin haber cometido indisciplina alguna, en dos períodos -el primero de 17 meses y el segundo de 48 días.

En el mes de abril de 2003, los Cinco fueron sometidos nuevamente a los horrores de “El Hueco”. En esta ocasión, el objetivo perseguido por las autoridades gubernamentales estadounidenses fue el de obstaculizar la preparación de los documentos apelatorios que fueron presentados en el XI Circuito de la Corte de Atlanta y la demanda de un juicio justo e imparcial fuera de Miami.

4. Malos tratos y tortura emotiva y sicológica contra los familiares de los Cinco jóvenes.

Por la persistente negativa de visas de las autoridades estadounidenses, Adriana Pérez y Olga Salanueva no han podido ver a sus respectivos esposos, Gerardo Hernández y René González, desde que fueron detenidos hace cinco años. La decisión afecta también a la pequeña Ivette, hija de René, que no conoce a su padre, pues tenía cuatro meses al momento de su detención.[2]

En franca violación de las obligaciones y deberes asumidos en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Departamento de Estado ha obstaculizado el cumplimiento del deber de los funcionarios consulares cubanos de brindar asistencia consular a los Cinco y el derecho de estos últimos a recibirla.

5. ¿Defensores de los derechos humanos de su pueblo?, ¡sí!; ¿espías?: ¡no!.

En una acción sin precedentes, los Cinco fueron condenados por supuesto espionaje contra Estados Unidos, sin que se presentaran pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios o violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses de su pueblo. Hubo testigos que específicamente negaron que ellos hubiesen realizado espionaje, entre ellos el general Clapper, ex-jefe de la CIA, quien concurrió al juicio como experto de la Fiscalía y ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner.[3]

6. No se cometieron actos de violencia o perjuicio alguno contra las personas o sus bienes.

Resulta alarmantemente escandalosa la injusticia de condenar a Gerardo Hernández por asesinato premeditado, sin haberse presentado en su contra pruebas o testigos, ni siquiera evidencias circunstanciales, que lo vincularan personalmente con incidente alguno de tal naturaleza. Se le atribuyó, sin evidencias o testigos, responsabilidad en los sucesos del 24 de febrero de 1996, día en que las autoridades cubanas derribaron 2 avionetas que realizaron invasiones reiteradas a su territorio nacional.

Al juzgar la decisión ejecutada ese día en legítima defensa por la República de Cuba, el Tribunal violó la Doctrina del Acto de Estado que ha sido clara y reiteradamente reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos. Al juzgar la conducta del Estado cubano, el Tribunal de Miami violó el Derecho Internacional y el norteamericano y al personalizar esa conducta en Gerardo Hernández, quien no representaba a ese Estado, no desempeñaba ninguna función en la fuerza aérea cubana, ni tuvo participación alguna en el incidente ocurrido ese día, el Tribunal violó groseramente las nociones básicas del derecho penal.

Se puede decir que Gerardo Hernández es la única persona en el mundo que está condenado a dos cadenas perpetuas y una de ellas, por algo de lo que no era acusado por la Fiscalía al momento de determinarse la condena. En el desarrollo del juicio el propio acusador se vio obligado a reconocer por escrito, el 25 de mayo del 2001, que no podía probar el cargo por el que se le impuso una de las cadenas perpetuas y solicitó que esa acusación fuera modificada. Diría el Fiscal:

“A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo, ya que impone una barrera insuperable a esta Fiscalía.”

7. Ocultamiento por el Gobierno estadounidense de las evidencias y pruebas de las acciones terroristas contra el pueblo cubano en el proceso contra los Cinco.

El Gobierno estadounidense presentó varias mociones para excluir de las deliberaciones del juicio la consideración de las actividades de grupos terroristas contrarrevolucionarios asentados en Miami, que lógicamente eran la motivación del accionar de los Cinco.

Con este objetivo, la Fiscalía preparó y presentó una moción para que connotados terroristas se acogiesen a la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana. Impidió así los testimonios de esos individuos y la declaración acerca de sus acciones terroristas contra el pueblo cubano, elementos claves en la argumentación de las motivaciones de los Cinco.

8. Irregularidades en la selección del jurado.

En ninguna otra jurisdicción, los acusados se verían obligados a utilizar 9 de sus 15 vetos perentorios, sólo para eliminar como miembros del jurado a personas vinculadas con los grupos anti-cubanos que operan en el sur de la Florida.

La Fiscalía recusó 6 candidatos a integrar el jurado, sin causa distinta a la de ser afronorteamericanos.

9. Comportamiento sospechosamente inusual del jurado

A pesar de escuchar las declaraciones de 74 testigos (43 de la fiscalía y 31 de la defensa), en un período de casi siete meses, el jurado de Miami sólo deliberó por breves períodos de tiempo y anunció con gran antelación el día y la hora exactos en que pronunciaría su veredicto. No solicitó ninguna aclaración, no expresó duda alguna, a pesar de la complejidad que suponía su tarea -decidir sobre una documentación de decenas de miles de páginas y decenas de cargos contra cinco acusados. Se emitió de forma expedita un veredicto de culpabilidad para los Cinco en todos los cargos imputados.