A lo largo del día de hoy y durante los días venideros, la prensa internacional se hará eco –descalificándolo gratuitamente desde la soberbia y la ignorancia- del nuevo paso adelante que ha dado Evo Morales y, en definitiva, el pueblo de Bolivia en su estrategia de recuperación del control sobre sus hidrocarburos.

Ese avance se manifiesta en la decisión adoptada en el día de ayer cuando, a través de un Decreto Supremo, se exigió a los grupos BBVA y Zurich la entrega al gobierno de Bolivia de las acciones de las empresas petroleras que integran parte de los fondos de pensiones que dichas instituciones gestionan. La operación se realizará sin que el Estado pague ningún tipo de contrapartida (“a título gratuito”) y será, desde entonces, el encargado de su gestión.

En concreto, ambos grupos financieros deberán entregar las acciones de las empresas Andina, Chaco y Transredes.

Ante esta decisión -en apariencia tan drástica y que, evaluada a la ligera, pudiera parecer que contraviene el sacrosanto derecho capitalista a la propiedad-, la pregunta que cabe plantearse es si, realmente, la misma ha podido tomar por sorpresa a alguien que se hubiera tomado la molestia de leer con un mínimo de atención el Decreto Supremo 28701, de nacionalización de los hidrocarburos.

Cualquiera que así lo hubiera hecho habría comprendido que el control de las empresas que operan en dicho sector exige, ineludiblemente, de la disposición de la mayoría del accionariado y que, con esta medida, Bolivia no hace más que avanzar en ese sentido.

Las acciones cambian de gestor, no de dueño

En efecto, el accionariado de las empresas de hidrocarburos afectadas está integrado, fundamentalmente, por dos grandes bloques cuyos orígenes se remontan a las particularidades propias del proceso de privatización –llamado en Bolivia de “capitalización”- de las empresas del sector a partir de 1994.

Por un lado, se encuentra el bloque de las acciones que, a efectos de la “capitalización” de las empresas públicas, el gobierno de Bolivia licitó internacionalmente y que fueron adquiridas por una serie de empresas transnacionales a cambio, no de su valor nominal –cualquiera que fuera éste-, sino tan sólo de una serie de compromisos de inversión de aquéllas para el futuro. En este sentido, y aunque constituya una digresión, hay que destacar que ahí radica la razón de ser de la intervención militar de las empresas en el momento en el que se produjo la nacionalización. A pesar de todas las interpretaciones habidas y por haber que se ha dado de dicha intervención, su principal justificación era evitar que dichas empresas pudieran destruir información o tergiversarla de cara a las auditorías que deberán enfrentar para que pueda conocerse si, efectivamente, han realizado los planes de inversión a los que se comprometieron y por los que, sin otra contrapartida, tuvieron acceso a la riqueza gasífera del país.

Este paquete accionarial constituía el 50% de las empresas capitalizadas pero, también –y esto es singularmente importante-, otorgaba el derecho a la gestión de la empresa.

Y, por otro lado, el 50% restante de las acciones –salvo un pequeño porcentaje que fue vendido a los trabajadores de Yacimientos Petroleros Fiscales Boliviano (YPBF)-, se distribuyó entre la población boliviana con mayoría de edad (21 años) a diciembre de 1995. Con esas acciones se conformó un fondo no contributivo denominado Fondo de Capitalización Colectiva por un monto inicial de 1671 millones de dólares que sería gestionado privadamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A cambio, y derivados de los beneficios de su gestión, esas Administradoras se obligaban a pagar un beneficio denominado Bono Solidaridad (BONOSOL) que se otorgaría en pagos anuales “vitalicios” a todos los bolivianos beneficiarios una vez cumplieran los 65 años de edad. Lo cual no deja de ser una triste y cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de la década de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres, respectivamente.

Igualmente, hay que señalar que esas Administradoras también gestionan de forma privada el sistema de pensiones individuales constituido a partir de los aportes de los bolivianos al seguro social, es decir, el Fondo de Capitalización.

Pues bien, lo que acaba de hacer el gobierno de Evo Morales no es más que solicitarle a dos de esas Administradoras, BBVA y Zurich, que transfieran la tutela, que no la propiedad -porque ésta nunca les perteneció-, de las acciones de las empresas de hidrocarburos que integran el Fondo de Capitalización Colectiva que éstas gestionan a través de Previsión (BBVA) y Futuro (Zurich).

De esa forma, en el caso de Andina, las Administradoras tienen bajo tutela el 48% de las acciones, Repsol-YPF posee el 50% y el 2% restante está en poder de los antiguos trabajadores de YPFB. El caso de Chaco es similar salvo que el 50% está en manos de Panamerican Energy, propiedad en un 60% de la British Petroleum y en un 40% de la argentina Bridas. Y, finalmente, Transredes, dueña de la mayor parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre ellos el que transporta gas a Brasil, es el resultado de una sociedad entre la anglo-holandesa Shell (25%) y la estadounidense Prisma Energy (25%); otro 16% está en poder de socios no identificados y el 34% de las acciones restantes es propiedad de bolivianos y se encuentra tutelada por las Administradoras.

El objetivo último es que, progresivamente, el gobierno boliviano alcance, al menos, el 50% más una de las acciones de las empresas de hidrocarburos que participaron en el proceso de privatización, lo que les permitirá disponer de la mayoría del capital y hacerse con el control de su administración.

Algo completamente lógico si se tiene en cuenta que, de los siete miembros que integraban los directorios de las tres empresas afectadas, cuatro eran nombrados por las propias transnacionales y tres por las Administradoras. Una vez consolidada la nueva situación, la mayoría de los puestos de ese directorio estará integrada por representantes de YPFB.

Por otro lado, y en relación con Petrobras, que entró posteriormente al mercado boliviano, el Decreto Supremo de Nacionalización también obliga a que venda el 50% más una de las acciones de Petrobras Bolivia de Refinación (PBR), dueña de las dos refinerías de petróleo que operan en Bolivia y que fueron adquiridas en 1999 por 100 millones de dólares.

No hay nada que temer de momento… ¿o sí?

Que nadie tiemble en las sedes de las grandes empresas afectadas, no hay nada de lo que asustarse por esta vez. Sólo les están reclamando lo que nunca fue suyo a pesar del mucho tiempo que lo custodiaron y los muchos beneficios que le reportaron. Esas acciones retornan ahora a un tutor, el gobierno boliviano, que, en pro del bien común, las gestionará con criterios más acordes a los de su legítimo propietario, el pueblo de Bolivia.

No es de este pequeño avance, paso lógico en la cadena que Evo Morales comenzó a eslabonar a primeros de mayo, de lo que tienen que asustarse. Si quieren despertar sus temores, muy propios de quienes tienen tanto que perder, asústense del conjunto, de esta decidida estrategia de nacionalización de los hidrocarburos que, a todas luces, sorprende por la inteligencia con la que ha sido planificada y la decisión con la que está siendo implementada.

Y asústense porque el gobierno de Bolivia está dando muestras de que la pobreza no está reñida con la dignidad; de que la sumisión es patrimonio de quienes carecen de esperanza y, precisamente ahora, Bolivia derrocha esperanzas; y de que, cuando un pueblo decide ejercer su soberanía para enfrentar las causas de sus males y recuperar sus riquezas, la razón está siempre de su lado, tanto más cuando frente a él se alzan las voces e intereses de quienes han sido sus verdugos.

Asústense porque esa enfermedad es contagiosa; porque América Latina despierta a la luz del ejemplo boliviano, como Bolivia ya lo hizo a la luz del venezolano; y porque, por una vez, no tienen la sartén por el mango. ¿Cómo les sienta?

* Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.