El fiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, reclamó que la presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, sean indagados por la Justicia bajo la acusación de querer encubrir a Irán por el atentado a la AMIA y "fabricar la inocencia" de los ex funcionarios iraníes involucrados en el ataque.
El pedido de indagatoria, que incluye un pedido de embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, se extendió al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; a un ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, y a un encumbrado agente de Inteligencia que trabaja con la jefa del Estado.
Cristina Kirchner es el segundo presidente que enfrenta una acusación por querer encubrir a Irán. Carlos Menem ya está procesado por eso y está a la espera de que el Tribunal Oral Federal N° 2 le ponga fecha al juicio en su contra.
Nisman presentó su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, el mismo que procesó al vicepresidente Amado Boudou, porque es el magistrado a cargo de las irregularidades en la investigación de la causa AMIA. La jueza Servini de Cubría es quien cubre a Lijo durante la feria judicial. La magistrada decidirá hoy si entiende que es competente, si es un tema de feria y si le manda la denuncia a un fiscal para que impulse el caso. Todo hace pensar que esperará a febrero.
La denuncia, de 300 páginas, es durísima. El fiscal difundió una síntesis para no revelar los nombres de los agentes acusados. Pero incluye escuchas telefónicas que revelan que la Presidenta hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con "el Cuervo" Larroque y que éstos ponían en conocimiento de D'Elía o Esteche esas órdenes. Y D'Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque.
Nisman sostiene que Cristina Kirchner negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".
El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari. "El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."
El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.
Nisman dijo que se estaban armando falsos culpables para endilgarles el atentado. Explicó que Esteche, de Quebracho, un grupo que siempre se sospechó ligado a la ex SIDE, le acercó al agente iraní Khlail al ex juez Yrimia, que había trabajado como fiscal en los albores del caso. Esteche dijo en una de las escuchas citadas: "Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla". La acusación relata reuniones del iraní con D'Elía y Esteche. Y le adjudica a Cristina Kirchner haber tomado las decisiones de poner en marcha el plan y seleccionar a quienes lo ejecutaran. "De la Sra. Presidente de la Nación Argentina, se probó haber emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento", dijo Nisman, y citó a los acusados que señalaron que todo está "cerrado muy arriba", todo había sido decidido "al más alto nivel" porque "lo pidió la jefa", y su canciller implementó el plan porque fue "orden, orden y orden".
Muchas de las acciones relacionadas con el plan, "por ser notoriamente delictivas", no podían ser ejecutadas por funcionarios y se recurrió a intermediarios. Para ello, dijo el fiscal, se valió de ciertos sectores de la ex SIDE, de D'Elía y, especialmente, de Larroque.
¿Cómo sigue la investigación judicial?
Denuncia. Nisman presentó su escrito en el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita una causa por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. En la feria judicial de enero lo reemplaza Servini de Cubría
Feria. La jueza decidirá hoy si el asunto es perentorio y resolverá si habilita la feria para tomar medidas urgentes, como allanamientos o pedir levantar el secreto sobre agentes de la ex SIDE, como lo solicitó Nisman
Competencia. También analizará si se queda con el caso o si lo manda a sorteo para designar un nuevo juez
Impulso fiscal. El primer paso será enviar la denuncia a un fiscal para que le dé impulso y formalice las imputaciones
EL PAIS › INTERPOL CONFIRMO QUE EL GOBIERNO ARGENTINO NUNCA QUISO MODIFICAR LOS ALERTAS ROJOS DE LOS ACUSADOS DEL ATAQUE A LA AMIA
“La posición fue consistente y firme”
La denuncia del fiscal Alberto Nisman asegura que el objetivo del supuesto plan de impunidad era que se levantaran las notificaciones rojas. Interpol aseguró que el gobierno argentino “se mantenía ciento por ciento comprometido a que permanezcan en efecto”.
Por Raúl Kollmann
El canciller Héctor Timerman leyó ayer una carta firmada por el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, en la que el funcionario de la policía internacional desmiente las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman. “En cada ocasión que usted y yo hablamos o nos vimos, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes.” Las notificaciones o alertas rojos son un refuerzo o un status superior de las órdenes de captura internacionales, una especie de prioridad en esas capturas. En el caso AMIA, los alertas rojos fueron emitidos contra cinco funcionarios o ex funcionarios de Irán. Noble, que estuvo a la cabeza de Interpol desde 2000 hasta noviembre de 2014, enumeró una serie de encuentros, llamadas telefónicas y reuniones en los que Timerman sacó el tema de las notificaciones o alertas rojos y le insistió a Interpol en que no debía haber ningún cambio en el status de los requerimientos. En su denuncia, Nisman afirma que “el plan criminal” consistió en firmar el Memorándum de Entendimiento y a cambio de ello se prometió a Irán el levantamiento de los alertas rojos. Noble sostuvo ayer todo lo contrario.
La denuncia de Nisman ya había sido desmentida con una prueba incontrastable: la carta que Timerman le dirigió a Interpol para informarle que se había firmado el Memorándum con Irán. El facsímil fue adelantado en forma exclusiva por Página/12 el jueves. Esa carta tiene fecha del 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma del Memorándum, cuyo contenido se le adjuntaba a la organización internacional de policía. En las 20 líneas de la carta de Timerman a Interpol, el canciller menciona que cualquier cambio en las capturas internacionales solo podía ser decidido por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y que la forma del memorándum no producía cambios en el “status de los requerimientos”.
Nisman buscó ayer confirmar su posición diciendo que no es lo mismo órdenes de captura que alertas rojos, pero Timerman no sólo habló de órdenes de captura, sino específicamente del “status” de esas órdenes de captura. La carta dice, en forma textual: “La firma del Memorándum no produce cambio alguno en el status de requerimiento de captura internacional arriba mencionado”. El status, como es obvio, es el que regía hasta ese momento y sigue rigiendo: captura con notificación o alerta rojo.
Que ayer Noble haya salido a avalar lo dicho por Timerman y a dejar en claro la postura del gobierno argentino es un golpe fuerte para el propio Nisman. Durante los años que lleva el fiscal al frente de la causa AMIA no se cansó de elogiar a Interpol y a su cabeza norteamericana. Antes de ser el secretario general de la organización internacional de policía, Noble fue uno de los máximos jefes de los servicios secretos de Estados Unidos, de la agencia antidrogas y titular de investigaciones de lavado de dinero. Es decir que no puede ser sospechoso de favorecer a Irán. Que Noble diga que la posición de Timerman y el gobierno argentino “fue consistente y firme” en relación con los alertas rojos, es una derrota para la denuncia del fiscal.
Desde el inicio, el departamento legal de Interpol vio con buenos ojos el Memorándum. Lo expresó en marzo de 2013, poco después de la firma del acuerdo. “El referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa.” El texto llevó la firma del juez francés Joel Stollier, Consejero General de Interpol y número uno del departamento legal. Como es obvio, la carta tenía el visto bueno de Noble. En ese mismo mensaje, la Oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol ratifica que “dicho acuerdo no implica ningún cambio en el status de las notificaciones rojas”.
Interpol trata de que sus miembros busquen soluciones a conflictos por capturas y en ese marco sostuvo, por escrito, que el Memorándum constituía un desarrollo positivo. Nisman, en cambio, operó bajo cuerda contra el acuerdo, como lo señaló en este diario en forma reiterada el periodista Horacio Verbitsky.
La concreción de una indagatoria a los acusados llevaba a poner sobre la mesa las pruebas acumuladas por el fiscal que tenían un marcado acento de informes de Servicios de Inteligencia –volcados en especial por su mentor en la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiuso– y que tenían dificultades para ser probados judicialmente. Lo reiteró en estos días el juez Canicoba Corral: “Cuando firmé las órdenes de captura contra los iraníes, dejé por escrito que el fiscal debía profundizar la investigación de la misma pista porque sus evidencias estaban demasiado basadas en informes de Inteligencia. Y además, le puse por escrito que debía investigar la pista siria y la conexión local. Nada de eso hizo”.
“Recuerdo específicamente –dijo ayer Noble en su mail– cuando hablamos por teléfono (con Timerman) después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán que falsamente indicaban que el Memorando de Entendimiento afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Usted pidió que Interpol exprese por escrito si las notificaciones rojas se mantenían sin cambios, válidas y vigentes. El 13 de marzo de 2013, el Consejero General de Interpol declaró inequívocamente por escrito que la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectados.”
“En mayo de 2013 –continúa el relato del ex secretario general de la organización de policías–, usted visitó la sede de Interpol. Usted declaró en esa ocasión, expresamente, que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino se mantenían ciento por ciento comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto.”
En el mismo mail, Noble relata otras dos veces en que personalmente Timerman se interesó en que de ninguna manera se modificaran los alertas rojos: fue en noviembre de 2013 y noviembre de 2014, en la propia Asamblea General de Interpol, en Mónaco. “Recuerdo la pasión con la que usted habló”, señaló Noble.
Nisman dice en su denuncia que “el objetivo de todo el plan criminal de la Presidenta fue bajar los alertas rojos” para que se pusiera en marcha un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos. Ese intercambio comercial no existió nunca. Y el principal testigo, el hombre fuerte de Interpol, el funcionario de origen norteamericano cabeza de la organización a la que Nisman rindió pleitesía en forma permanente, lo desmintió. En cambio, enumeró todas las veces en que el Gobierno insistió en que no podían ni debían tocarse las notificaciones rojas.
Basta ver lo que ocurrió: los alertas rojos siguen vigentes. Interpol ayer, a través de su referente máximo, dijo que fue clave la firmeza de la postura argentina.
La denuncia del fiscal de la causa AMIA constituye un traspié para el Gobierno, pero no por la historia inverosímil sobre la que se basa, sino porque Alberto Nisman fue designado por Néstor Kirchner para el esclarecimiento del atentado a la mutual judía, una meta a la que le asignaba una importancia similar a la realización de los juicios a los represores de la dictadura. El fiasco del Gobierno en el esclarecimiento del atentado está también signado por la permanencia de Antonio “Jaime” Stiuso, como director de Operaciones en la SIDE, que era el responsable del contacto con la CIA y el Mossad, los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, que proporcionaron la mayor parte de la información sobre la pista iraní que presentó Nisman. Los wikileaks de la embajada norteamericana en Argentina, confirmados en el ámbito de los servicios de inteligencia, muestran que Stiuso trabajaba más para el Mossad y la CIA que para la Casa Rosada, y que Nisman trabajaba más para esas embajadas y para Stiuso que para la Justicia. La culminación del proceso terminó de confirmarlo.
Entre el lunes y el miércoles, la colectividad judía argentina quedó en el medio de dos operaciones contra el Gobierno, una montada por el Grupo Clarín y la otra por los servicios de inteligencia. Antonio Stiuso, que operó en la SIDE desde 1972 hasta diciembre pasado, y que en los últimos diez años se desempeñó en el cargo más alto de los espías de carrera, gatilló a través del fiscal Alberto Nisman un dispositivo sobre la causa AMIA que venía preparando desde tiempo atrás. El Grupo Clarín, a través de alguna garganta profunda mal informada, lanzó su desgraciada y famosa portada: “Por orden de Cristina, el canciller Timerman no asistió a la marcha”. No hubo orden y sí asistió. Y hubo más presencia argentina que norteamericana en la marcha en Francia contra el terrorismo.
Por obra y gracia de estas operaciones de alto impacto el Gobierno apareció como cómplice del terrorismo antisemita de París y del atentado en la AMIA. Si fuera cierto, resultaría paradójico porque se trata del único gobierno que convirtió en parte central de su política exterior, junto con Malvinas, la denuncia de los acusados iraníes por el atentado en la AMIA. No hubo otro que expresara mayor interés por el esclarecimiento del atentado.
El historial del kirchnerismo sobre la AMIA empieza mucho antes de su llegada a la Casa Rosada. En 1996, dos años después de la bomba en la mutual judía, Cristina Kirchner integró la comisión investigadora que se creó en el Congreso y fue la principal impulsora de la investigación de las maniobras de encubrimiento que había realizado la administración menemista.
Todavía desde el llano, Néstor y Cristina Kirchner pensaban que después de veinte años sin gobiernos militares no podía progresar una fase de maduración democrática sin llevar ante la Justicia a los represores de la dictadura y sin esclarecer y procurar el castigo a los responsables del atentado a la AMIA. Más allá de los aspectos éticos, humanísticos, e incluso afectivos, consideraban que se trataba de dos hechos que representaban un pasado violento cuya irresolución desgastaba e impedía la consolidación de las instituciones democráticas. Asumieron los dos temas como no negociables –por izquierda ni por derecha– desde el principio de la gestión y fueron intransigentes.
Fue una de las primeras medidas. De la misma manera que impulsó desde el principio la anulación de las leyes de impunidad y el comienzo de los juicios, pocos meses después de haber asumido el gobierno, a mediados de 2004, Néstor Kirchner le pidió al procurador general de ese momento, Esteban Righi, que formara la Unidad Fiscal AMIA, encabezada por Nisman, con el objetivo excluyente de investigar el atentado. La forma como se creó esta Unidad, que en ese entonces no despertó ninguna crítica, fue la misma que usó la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, para crear otras procuradurías que ahora son presentadas como un avasallamiento del Poder Judicial.
Es difícil saber el motivo que definió el rol protagónico de Nisman y Stiuso en la investigación. Con relación a los derechos humanos, el kirchnerismo buscó que los principales lugares de gestión de la política de derechos humanos fueran ocupados por viejos luchadores como Eduardo Duhalde, o por miembros de las organizaciones de derechos humanos, como el actual secretario, Martín Fresneda, que proviene de HIJOS. Como eran temas no negociables designó a los más interesados en resolverlos.
Seguramente los nombres de Stiuso y Nisman surgieron de sectores supuestamente interesados en el esclarecimiento del primer atentado importante que se realizaba fuera del teatro de operaciones del conflicto de Medio Oriente. La dimensión del tema es planetaria y excedía las capacidades de los organismos argentinos. De hecho, la relación de la CIA y el Mossad con Stiuso nunca fue ocultada. Y la relación de Nisman con la embajada norteamericana está comprobada por los wikileaks.
En ese momento, Estados Unidos estaba preparándose para una guerra con Irán igual que Israel, que amenazaba con bombardear a Teherán por temor al desarrollo de una bomba atómica en ese país. El Mossad y la CIA descartaron la pista siria y sus posibles ligazones con alguna conexión interna y se abocaron a aportarle información a Stiuso y a Nisman sobre la pista iraní, que además era funcional a la política exterior de sus gobiernos. Nisman construyó su acusación con esta información y la presentó. El Gobierno no puso reparos y respetó las decisiones judiciales. No le importó si era funcional a amigos o enemigos y desarrolló una estrategia internacional para lograr la captura de los ocho acusados iraníes y uno libanés. Se hizo la denuncia en Interpol y a partir de allí todos los discursos internacionales de Cristina y Néstor Kirchner, como ningún otro presidente lo había hecho antes, incluyeron duras críticas a los gobiernos iraníes por no colaborar con la investigación.
Desde ese momento –hace ya varios años– hasta ahora, el fiscal no aportó nada más. Armó un relato hipotético de la manera en que se habría realizado el atentado, pero casi no generó prueba para sostenerlo en un tribunal, como lo indicó el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa. Si los acusados hubieran comparecido ante un juez, hubiera sido muy difícil declararlos culpables. Resulta evidente que la CIA y el Mossad habían aportado la información pero no la prueba, como si les interesara más la denuncia política contra el régimen iraní que el juicio a los responsables del atentado a la AMIA. Y todo hace pensar que Nisman y Stiuso se limitaron a los objetivos que se planteaban esos servicios de inteligencia extranjeros.
Argentina ha insistido en los foros internacionales para que Gran Bretaña acepte iniciar negociaciones sin precondiciones sobre Malvinas. Si mañana la reina accediera, sería una estupidez acusar al Gobierno de entreguista por sentarse con los delegados británicos. De la misma manera, Argentina venía reclamando que el gobierno iraní aceptara algún tipo de vía consensuada para destrabar la investigación. Tras hacer oídos sordos, el gobierno iraní sondeó una posibilidad y de allí surgió el memorándum de acuerdo con Irán para que el juez argentino tomara declaración indagatoria en Irán a los acusados. Nunca se habló de impunidad ni de levantar los alertas rojos que el juez había pedido a Interpol. Pero Nisman y Stiuso se opusieron y por lo tanto es posible inferir que también se oponían la CIA y el Mossad porque podía llegar a debilitar, si no ofrecía prueba contundente, la denuncia contra el régimen chiíta. Los periodistas obtienen parte de su información de los servicios de inteligencia en general. Y fueron periodistas argentinos, ligados a estos servicios, los que lanzaron las denuncias de que se había pactado impunidad a cambio de comercio. Una patraña considerable porque Argentina no necesita más mercados para sus granos y, si los necesitara, puede encontrarlos sin recurrir a Irán con el consiguiente costo político que eso tendría.
De todos modos, el acuerdo resultaba tan incómodo para los iraníes que nunca lo ratificaron y los alertas rojos internacionales para detener a los acusados nunca se bajaron, lo cual desmintió la campaña de denuncias contra el Gobierno por el Memorándum. El desplazamiento de Stiuso, junto a otros altos directivos de la SIDE, implicará seguramente una forma de relacionamiento menos subordinada con la CIA y el Mossad. Y con esa movida Nisman quedó huérfano, lo cual habría determinado que presentara esta denuncia de 300 páginas con un cuento que mezcla piqueteros con funcionarios y legisladores, pero que no se sostiene con pruebas ni testigos ni nada tangible.
Para los argentinos, el esclarecimiento del atentado a la AMIA y el juicio a los responsables es una deuda de la democracia. Es un tema muy sensible que se presta a manipulaciones y demagogias. La actitud de Nisman constituye un golpe para el Gobierno porque echa otra vez una sombra de dudas sobre lo que el fiscal ha hecho en todos estos años con el respaldo oficial. Pero sería un gran error de la colectividad judía y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dejarse arrastrar por una campaña que los enfrente al único gobierno que asumió y militó la causa AMIA sin hacer especulaciones políticas.
EL PAIS › LOS DIPUTADOS KIRCHNERISTAS PARTICIPARAN DE LA REUNION CON ALBERTO NISMAN
Una lista de preguntas para el fiscal
El Frente para la Victoria solicitó a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, que la entrevista fuera abierta a todos los diputados que quieran acudir y que se transmitiera por televisión.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria acudirá el lunes a la reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja a la que fue convocado el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por parte de legisladores de la oposición, para que exponga su acusación contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA en 1994. Así lo anunciaron ayer varios miembros de la bancada oficialista, que además solicitaron a la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich (PRO), que la entrevista fuera abierta a todos los diputados que quieran acudir y que se transmitiera por televisión.
Desde distintos partidos opositores, en tanto, anticiparon que avanzarán, en cuanto se retome la actividad parlamentaria, con el intento de derogación de la ley que permitió la firma del memorándum con Irán en el que se basa, según las acusaciones de Nisman, el supuesto plan de impunidad montado por el gobierno nacional para proteger a los iraníes sospechados de haber organizado el ataque terrorista. En ese sentido coincidieron el radicalismo, el PRO y el Frente Renovador.
“Hemos decidido con el Frente para la Victoria concurrir, con la mayor cantidad de integrantes posibles del bloque, sobre todo los que somos abogados, no para escuchar, sino para hacerle preguntas a Nisman. Tenemos preparado sobre el tema una serie de inquietudes y queremos que públicamente nos conteste”, aseguró la diputada kirchnerista Diana Conti, que aseguró que detrás de las denuncias de Nisman “hay una intencionalidad” por lo que buscarán que “a través de preguntas se caiga el velo de lo que hay detrás de esta actuación, y además que las falsedades que está sugiriendo queden con claridad para la opinión pública”.
Además, Conti criticó duramente al fical por haber realizado “una denuncia institucional brutal basada en la escucha telefónica de una sola persona”, algo que calificó como “una jugada política” en el marco de la aprobación de “instrumentos de cambio en el procedimiento penal que ataca núcleos de críticas de poder en jueces de instrucciones y fiscales” y de “los cambios que se han hecho en la Secretaría de Inteligencia y otra parte de la Justicia que no tiene tanta relación con esa área”.
En el mismo sentido se manifestó el vicepresidente del bloque de diputados del FpV, Pablo Kosiner, que anticipó que el oficialismo buscará “ir por la verdad” a la reunión del lunes. El legislador advirtió que si bien se trata de “una reunión netamente informativa”, la bancada “ha tomado la decisión política de concurrir porque la acusación contra la Presidenta es muy grave”. Para Kosiner, “lo que está haciendo Nisman es montarse sobre la causa para generar una acusación falsa y carente de sustento” con el fin de “tapar años de inactividad en la causa” que investiga el atentado.
“Creemos que estas acusaciones son falsas, carentes de fundamentos” y sirven para “desviar la atención” por lo que los diputados kirchneristas decidieron enfrentarlas “para hacer todas las preguntas que los medios no le hacen al fiscal”, quien busca “desacreditar políticamente al Gobierno” antes que “esclarecer realmente el caso” que investiga desde 2004, agregó el número dos del bloque oficialista que encabeza la diputada Juliana Di Tullio.
Además, Kosiner criticó a “la oposición que ha perdido el ritmo de la agenda” dejándole la iniciativa política a “sectores que buscan tapar otros temas como cuando buscaron bloquear la ley de medios, la reforma de democratización de la justicia, entre otras cosas”. Eso configura “una situación muy peligrosa porque hay quienes entienden que la actitud soberana del Congreso tiene que tener una instancia de revisión de la Justicia, por eso buscan que las medidas cautelares paralicen su actuación”, advirtió.
La participación del oficialismo en la audiencia convocada inicialmente por la oposición fue confirmada por el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien dijo que el lunes se verá “qué tiene” Nisman “para mostrarles a los argentinos” respecto de la imputación que hizo sobre la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, dirigentes oficialistas como Luis D’Elía y opositores, como Fernando Esteche, además de agentes de la Secretaría de Inteligencia.
“El lunes veremos qué es lo que tiene el fiscal Nisman para mostrarles a los argentinos como para llamar a indagatoria a la Presidenta”, dijo Fernández, que anticipó que cuando se presenten las pruebas, quienes le creyeron al fiscal “se van a agarrar la cabeza” ya que “no hay elementos” que den sustento a la acusación que calificó como “ridícula”. Para el funcionario, la maniobra “obedece a intereses exógenos a la Justicia” y es “una estupidez sin sentido.”
Para Fernández, si Nisman “dice algo tan duro y tan fuerte como para pedir la indagatoria a la Presidenta de la Nación, y la jueza no habilita la feria por elementos insuficientes, es porque se está en presencia de una chantada”, que volvió a vincular con elementos recientemente exonerados de la estructura de inteligencia, comenzando por el ex agente “Jaime” Stiuso, de probada relación con el fiscal especial que investiga desde hace once años. “La pruebas no son suficientes ni serias, de forma tal que la jueza Servini de Cubría no concedió la habilitación de feria”, explicó el funcionario.
Desde la oposición ratificaron que, luego de escuchar a Nisman, buscarán derogar en el recinto de la Cámara baja el memorándum con Irán sobre el que pesa la sospecha de formar parte de la supuesta trama delictiva. Bullrich en ese sentido dijo que ese acuerdo –que nunca entró en vigencia– era “algo tirado de los pelos” y prometió acompañar la propuesta de la UCR para que el Congreso derogue esa ley.
El jefe del bloque radical, Mario Negri, aseguró que la entrevista con Nisman busca “la verdad” y que no permitirán “amedrentamientos como medio de obstrucción” al fiscal. “Pedimos la presencia de Nisman atento a la gravedad institucional de los hechos que denuncia y esperamos poder acceder a toda la información que dice avalan sus decisiones”, dijo.
Por último, el candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, planteó que la “anulación” del memorándum y una reforma en el Código Procesal Penal que permita el “juzgamiento en ausencia” de los iraníes imputados “serviría para que al menos los familiares de las víctimas supieran quiénes son los culpables” del atentado, mientras que “protegiendo a los principales sospechosos difícilmente se va a poder avanzar.”
El Idisher Cultur Farband (ICUF) emitió ayer una declaración criticando las acusaciones del fiscal de la Causa AMIA, Alberto Nisman, a las que consideró “desconcertantes y altamente peligrosas”. “Entendemos que lo actuado por el fiscal Alberto Nisman –persona de estrecha vinculación a la Embajada de Estados Unidos, según las revelaciones de Wikileaks– es decididamente improcedente y no respeta en un ápice la memoria de las víctimas ni el dolor de los familiares de ellas, ya que en nada aportan a la causa en sí”, sostuvieron en un comunicado que firman su presidente, Daniel Silber, y su secretario, Marcelo Horestein.
Denuncian a Nisman y piden que se investigue su relación con EE.UU.
La presentación la hicieron dos abogados particulares ante la jueza Servini de Cubría. Lo demandaron por incumplimientos de los deberes como funcionario público y abuso de autoridad. Fue por la acusación que hizo el fiscal contra la Presidenta, el canciller y otros dirigentes políticos por supuesto encubrimiento en la causa AMIA.
Los abogados particulares Jorge Cancio y Elizabeth Santucho demandaron este mediodía al fiscal Alberto Nisman por violación de sus deberes como funcionario del Ministerio Público y abuso de autoridad. Fue por la acusación de Nisman contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, y otros dirigentes políticos por supuesto encubrimiento en la causa AMIA. La denuncia recayó en el juzgado federal 1 de Comodoro Py, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.
"Decidimos radicar la denuncia porque no se puede ignorar una indagatoria de esta naturaleza. Es totalmente injustificada la denuncia de Nisman”, explicó el abogado Cancio a Infojus Noticias. “Se la está imputando a Cristina Fernández de Kirchner por una ley aprobado por el Congreso de la Nación. El Gobierno nacional lo único que hizo fue cumplir con ese acuerdo. Además, debería haber denunciado a todos los que aprobaron la ley”, completó el abogado.
“El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Es decir, el acuerdo con la República de Irán, es parte de las atribuciones del cargo de Presidente de la Nación", dice el escrito presentado por Cancio.
La demanda también pidió que se requiera de la Procuraduría General de la Nación, que indique si estaba dentro de las facultades otorgadas a Nisman la investigación que presentó.
También pidieron que se investigue la relación entre Nisman y la embajada de Estados Unidos. Es por la serie de cables dados a conocer por Wikileaks, en donde hay informes de visitas del fiscal a la delegación diplomática. Uno de esos cables habla de la reacción de los estadounidenses: “No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes”. Como medida de prueba, los abogados particulares solicitaron que se llame a declarar a Julián Assange, fundador del ese sitio digital.
Cuestionan el accionar del fiscal de la causa AMIA
Secretos que no podían revelarse y escuchas sin autorización
Fuentes judiciales coinciden en que el fiscal Nisman infringió la ley de inteligencia nacional al revelar el contenido de escuchas. También pusieron en duda la autorización que el funcionario tenía para hacer esas tareas de inteligencia. ¿Qué sanciones le corresponderían?
En su raid mediático de tres días, el fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, podría haber infringido la ley de inteligencia nacional al revelar el contenido de escuchas telefónicas y también por la forma como efectuó esas escuchas. Distintas fuentes consultadas por Infojus Noticias coinciden en que el accionar del funcionario judicial viola el artículo 17 de la ley 25.520, que establece que la información surgida de tareas de inteligencia es secreta y confidencial.
El contenido de las escuchas telefónicas supuestamente realizadas por la Secretaría de Inteligencia son el pilar del pedido de llamado a indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, por eventuales encubrimientos del atentado. Excepto que haya sido relevado del deber de guardar silencio, la ley no permite dar a conocer el contenido de las tareas de inteligencia y fija sanciones previstas Código Procesal Penal.
El juez el juez federal que lleva adelante la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, al ser consultado sobre las escuchas autorizadas en el marco de la investigación, confirmó que autorizó algunas, entre ellas la de Jorge Khalil, aunque catalogó como "una cuestión muy grave" que el fiscal "ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado ésta prueba porque a partir de acá ya no podemos escuchar más a Khalil y esto me parece que ya es una conducta casi delictual". Por otra parte, consideró que "las escuchas deben existir", aunque "es muy fácil fabricarlas y no tienen ninguna garantía de autenticidad".
“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”, dice el artículo 222 sobre delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
El artículo siguiente plantea penas de “un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”. En ese sentido, la abogada Graciana Peñafort le dijo a Infojus Noticias: “Nisman pasó por alto el derecho a defensa, el principio de inocencia y la seguridad nacional”.
“Cuando me enteré de la noticia por los medios, me llamó la atención que estaba haciendo públicos datos de una denuncia en la que todavía no había intervenido ningún juez. Que esté hablando en televisión reviste gravedad institucional”, dijo Peñafort. Y agregó que además de incurrir en la violación de secretos, el fiscal puede estar comprometiendo un proceso judicial en curso en el que está involucrada la seguridad nacional presentando prueba basada en inteligencia.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación del atentado, dijo que a lo largo de la causa muchas veces ordenó escuchas, pero aclaró que ninguna de aquellas a las que hace referencia Nisman en su denuncia. En una entrevista en el canal de cable TN el fiscal argumentó que las escuchas se hicieron bajo autorización del juez Canicoba Corral por un pedido de él de ocho años atrás. Según la ley de inteligencia nacional 25.520, además de ratificar la “pertinente autorización judicial”, las autorizaciones para intervenir líneas telefónicas son concedidas por un plazo “no mayor de SESENTA (60) días que caducará automáticamente”. Las escuchas se pueden extender por 60 días más si se vuelven a pedir. En ese sentido, si las pinchaduras se mantuvieron durante 8 años como dijo Nisman, Canicoba Corral tendría que haber autorizado casi 50 prórrogas a esa intervención. “La Secretaría de Inteligencia entrega un CD por día al juez, a la policía o al fiscal autorizados siempre por un magistrado”, explicó una fuente judicial.
La presentación de Nisman abrió el debate, también, sobre la legalidad de las pruebas que llevó ante el juez Ariel Lijo para la acusación. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria judicial para dar curso a la denuncia, precisamente, porque según dijo en su dictamen “no se han acompañado las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes”. Nisman contestó –en los medios- que no llegó a hacer las copias y las presentará el próximo lunes.
“Estamos discutiendo una prueba que no sabemos en qué condiciones fue obtenida. El fiscal ha actuado de manera irresponsable y hasta ahora se demuestra que la investigación que hizo fue deficiente. Ningún juez vio las pruebas”, opinó Peñafort.
De acuerdo al propio Nisman, la base de la acusación está en escuchas telefónicas que se hicieron al número de Jorge Alejandro Khalil, quien informaba al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires sobre las conversaciones y el avance de las negociaciones para destrabar el comercio bilateral.
Para intervenir un teléfono cualquier fiscal tiene que pedir autorización a un juez, con excepción de aquellos casos en los que se investigue un delito contra la libertad individual o un secuestro extorsivo. Aún en estos casos, el representante del Ministerio Público Fiscal tiene que comunicárselo al juez de inmediato que deberá convalidar o no esa decisión en 24 horas. Así lo explicita el artículo 236 del Código Procesal Penal de la Nación.
“No es habitual que en una causa se hagan escuchas por un período tan largo como 8 años pero estas lógicas procesales no existen cuando se trata de un expediente tan complejo como AMIA”, dijo una fuente judicial. Y en esa misma línea Peñafort señaló: “Supongamos que por la entidad que tiene el caso Amia se puede haber hecho una excepción. El juez tiene que haber dispuesto cómo se iban a hacer esas escuchas, quiénes la ibas a hacer, determinar todas las partes del proceso”.
Revés para el gobierno de Macri: la Justicia ordenó que no se usen las aulas containers
La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña suspendió la remoción de las aulas container instaladas por el gobierno de la ciudad en la Escuela Normal "Lenguas Vivas", y ordenó que no se utilicen hasta tanto no resuelva la cuestión de fondo.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña suspendió la remoción de las aulas container instaladas por el gobierno de la ciudad en la Escuela Normal "Lenguas Vivas", y ordenó que no se utilicen hasta tanto no resuelva la cuestión de fondo.
La Cámara aclaró que su decisión "sólo se abocaba al punto relativo a la orden de desmantelamiento de las aulas debido a la inmediatez de los acontecimientos hasta tanto se expida sobre el recurso de apelación interpuesto por el gobierno porteño contra la resolución" del juez Roberto Gallardo, detalló una fuente judicial.
Los camaristas ordenaron además que, hasta tanto no se haya resuelto plenamente la apelación pendiente, "las aulas container no sean utilizadas para actividad alguna".
Los camaristas ordenaron que "las aulas container no sean utilizadas para actividad alguna".
Gallardo dispuso el pasado 10 de junio, ante el incumplimiento del gobierno porteño de la orden judicial dictada el 19 de mayo pasado, que se efectuara hoy la remoción de las aulas containers emplazadas en el patio del colegio Lenguas Vivas.
Casi en paralelo, y ante la apelación planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la sentencia de Gallardo, la Cámara de Apelaciones revocó parcialmente lo dispuesto por el juez de primera instancia y estableció que no se ejecute por el momento el levantamiento de las estructuras hasta que no se expida sobre la cuestión.
Distintos trabajadores de medios reclamaron obtener acceso a a la reunión convocada por la oposición para que el fiscal federal Alberto Nisman explique su denuncia contra la presidente Cristina Kirchner por el presunto delito de "encubrimiento" en la causa AMIA.
Representantes de distintos medios reclamaron poder asistir el próximo lunes a la audiencia del Congreso en la que el fiscal Alberto Nisman deberá responder las preguntas de legisladores opositores y oficialistas sobre su polémica denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios a quienes acusó de pactar "impunidad" con los acusados iraníes de la causa AMIA a cambio de potenciar las relaciones económicas.
Los periodistas manifestaron en las redes sociales su voluntad de realizar preguntas a Nisman para aclarar los puntos de su extenso escrito que generan dudas y suspicacias y que también fueron planteados por el canciller Héctor Timerman en un comunicado que leyó ayer en la Casa Rosada, a modo de respuesta oficial.
Algunas áreas que quedaron sin respuesta y fueron planteadas por distintos medios: Si el pacto de encubrimiento se gestó dos años antes de la firma del Memorándum, es decir en 2011 ¿por qué en cuatro años no denunció nada?
A esto se suma la estrecha relación del fiscal con el agente de inteligencia, Jaime Stiuso, quien fue eyectado de la Secretaría de Inteligencia por parte del Gobierno hace pocas semanas. Nisman se quedó sin su respaldo privilegiado y el sostén de una investigación que nunca exhibió pruebas sólidas ¿tiene relación esta denuncia con ese desplazamiento?
El fiscal asegura que se firmó el pacto de impunidad con Teherán porque era el camino para el gran objetivo: intercambiar petróleo iraní por granos argentinos. ¿Cómo explica esa afirmación si ese intercambio jamás ocurrió?
"En un sector de la justicia están usando un gas psicotizante"
El prestigioso jurista y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, volvió de la ciudad balnearia de Mar del Plata y respondió a una solicitud deTiempo Argentino sobre la situación que atraviesa el Poder Judicial –cruzado por diversas internas que se hicieron públicas– y la denuncia que el fiscal especial del caso AMIA realizó contra la presidenta Cristina Kirchner.
El prestigioso jurista y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, volvió de la ciudad balnearia de Mar del Plata y respondió a una solicitud de Tiempo Argentino sobre la situación que atraviesa el Poder Judicial –cruzado por diversas internas que se hicieron públicas– y la denuncia que el fiscal especial del caso AMIA realizó contra la presidenta Cristina Kirchner.
–¿Cree que hay una guerra de intereses dentro del Poder Judicial? –No sé si hay guerra de intereses o qué. Si la hay creo que están usando algún gas psicotizante que afecta a algún sector minoritario de la justicia. No hay una "judicialización de la política", porque eso es otra cosa: la hay cuando la política quiere usar a la justicia y de eso sabemos desde hace mucho. Aquí hay una "partidización de la justicia", es la justicia la que se mete en la política, y eso es nuevo y efecto del gas psicotizante.
–¿Cuáles son las consecuencias? –No sé hasta dónde puede llegar ni puedo prever las escaramuzas de esto, pero sí sé cuál va a ser el resultado final si no se bajan los decibeles y se entra en razón. El resultado final va a ser un desastre para toda la justicia. Si como resultado de una actitud psicótica minoritaria, el público llega a la conclusión de que en toda la justicia (porque no se distingue y el baldón cae sobre todos) no es más que un juego de poder, lamentablemente el descrédito va a ser mayúsculo y muy difícil de superar. Como sabe, en toda profesión hay inmorales, y no faltarán quienes empiecen a girar el nombre de jueces decentes para sacarles dinero a sus clientes y otras cosas sucias parecidas. Esto son los lamentables efectos del descrédito. No importa que los psicóticos sean pocos, porque el estiércol cae también sobre la gran mayoría de jueces y funcionarios decentes, correctos y trabajadores. De modo que, por favor, calma y vuelta a lo suyo. Los réferis y 'linemen' no pueden meterse en el campo de juego a patear la pelota y menos a hacer zancadillas, porque se termina el juego y empieza una batahola en la que todos salen heridos.
–¿Qué opina de la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta? –No conozco el escrito de Nisman más que por lo que dicen los diarios. A juzgar por eso me parece que hay un exceso de "procesalismo" en desmedro del derecho de fondo. Dejando de lado la cuestión "probatoria" e, incluso, "ad demostrationem" (como suele decirse en el dialecto local de tribunales), si diésemos por cierto lo que dice Nisman, me parece que nada de lo que pretende dar por probado entra en el campo de la tentativa, sino que queda en el de los puros actos preparatorios, que, como todo abogado debe saber, son impunes, porque no se ha llegado al principio de ejecución. Si se considerase que lo acordado con Irán es un principio de ejecución, lo que es bastante forzado por cierto, cuyo objetivo era la impunidad internacional de los sospechosos, la comunicación del Ministro de Relaciones Exteriores a Interpol sería un desistimiento que, como todo abogado debe saber, deja impune el acto de tentativa.
–¿Cuál, estima, sería el sentido jurídico de la acusación? –No veo el sentido de dedicarse a analizar la prueba de algo que desde el vamos es atípico, es decir, que no cae bajo la prohibición penal incluso en el supuesto en que sea probado, lo que, por cierto, hasta el momento y por lo que trasciende, parece ser un juego imaginativo bastante fantasioso. Todo eso sin contar con que no me explico qué tiene que hacer un fiscal con la SIDE y con ninguna embajada extranjera, fuera de ir a algún cocktail si lo invitan. En síntesis: por favor, basta de escándalos y pensemos un poco más en términos de derecho.
Canicoba Corral acusó a Nisman de "iniciar una investigación paralela" dirigida por los servicios de inteligencia
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, cuestionó la denuncia por encubrimiento presentada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y acusó al representante del Ministerio Público de permitir que los servicios de inteligencia condujeran su investigación.
El juez federal salió esta mañana a cuestionar la denuncia a través de distintos medios radiales y televisivos en los que puso en duda la legalidad de los procedimientos llevados a cabo por el fiscal y advirtió además que, a pesar de ser el magistrado natural de la Causa Amia, Nisman nunca le notificó que estuviera trabajando en la investigación de un presunto pacto de impunidad para que se dejara de seguir a los iraníes sospechados de participar del atentado.
“Me enteré por los medios que había una denuncia, yo no he avanzado porque el fiscal no me lo comunicó. Es sumamente llamativo que me comunique después de investigar por su cuenta durante más de dos años”, sostuvo Canicoba Corral en una entrevista otorgada a CN23.
Tal como lo había hecho ayer el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, el juez federal planteó su sospecha de que el accionar del fiscal esté directamente relacionado con los recientes cambios ocurridos en la Secretaría de Inteligencia que le costaron el cargo a Jaime Stiusso, quien tenía una aceitada relación con Nisman, según el mismo relató.
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Escuchá a Canicoba Corral
“La dirección de la investigación la tenía el fiscal, coadyuvaban en la investigación, entre otros, la Secretaría de Inteligencia. Acá, por lo que yo he visto, hay como una desviación. Me parece que los conducidos resultan ser los conductores", sostuvo Canicoba Corral.
“Me parece que sucedió algo, que es que terminó conduciendo Stiusso la investigación y no al revés. El que debía conducir la investigación era el fiscal y no los servicios de inteligencia”, aportó en otro reportaje, en Radio Nacional.
Tras advertir que el fiscal nunca le notificó que se estuviera abocando en una nueva investigación por un presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes, Canicoba Corral puso en duda el contenido de la denuncia por estar basada, supuestamente, en escuchas telefónicas.
Y agregó: “Me da la sensación de que es una cosa bastante dudosa desde el punto de vista de la legalidad. El fiscal se ha arrogado facultades de investigar otras cosas fuera del procedimiento”.
El juez de la causa en la que se investiga el atentado cuestionó además que Nisman no lo haya consultado sobre qué hacer con el material de su denuncia, y lo criticó por no haberla mandado a sorteo para que así se decidiera en que juzgado quedaría radicada.
El fiscal presentó la denuncia ante el juzgado Federal que conduce Ariel Lijo -donde se investiga el desvío de la investigación del atentado contra la AMIA- y la jueza María Servini de Cubría, quien se encuentra de turno, dispuso no habilitar la feria para tratar el caso porque Nisman no presentó las pruebas de su denuncia.
Durante la tarde de hoy el fiscal Nisman le dio un segundo reportaje a TN -ayer a la noche publicitó su denuncia en el programa A Dos Voces- en el que ensayó una defensa a las críticas vertidas por Canicoba Corral y en el que dijo que no presentó las pruebas junto con la denuncia porque no tuvo tiempo "de copiar todos los CD con escuchas telefónicas de la investigación", pero no aclaró qué o quién lo apuró para que presentara este escrito.
Sobre algunas de las declaraciones de Canicoba Corral, dijo que lo que el hizo no fue investigar sino recopilar información producida por escuchas telefónicas que habían sido ordenadas hace tiempo”.
“Yo no investigué. No se incorporó un solo teléfono” y “acá no hay investigación, hay recopilación de elementos” sostuvo el fiscal y se contradijo a sí mismo, ya que la noche anterior --también en TN-- había dicho que después de dos años tenía probado que hubo "un pacto de impunidad" y que se vio obligado a presentar la denuncia por "el bien de la República".
En la denuncia que presentó ayer Nisman sostuvo, según informó a través de resúmenes enviados a la prensa, que Argentina e Irán acordaron redefinir sus relaciones comerciales y políticas -incrementar el intercambio de granos y petróleo- a cambio de que los iraníes sospechados de participar del atentado fueran desvinculados de la causa.
La hipótesis principal de Nisman es que el comercio se incrementaría y que, con el memorandum de entendimiento de por medio, las circulares rojas emitidas por Interpol sobre los sospechosos iraníes caerían, pero nada de todo eso pasó.
Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de orquestar el pacto, a Timerman de ejecutarlo y los dirigentes Andrés Larroque, Luís D'elía y Fernando Esteche de intervenir en las negociaciones.
El fiscal sostuvo incluso que se sembraría una nueva pista falsa que apuntaba contra “fachos locales”, algo que tampoco sucedió.
El propio Timerman salió a responderle hoy a Nisman y exhibió, en una exposición ante medios periodísticos, los documentos que prueban que, tras la firma del acuerdo de entendimiento con Irán para avanzar en la investigación de la causa Amia, el gobierno argentino le manifestó a la Interpol que el único facultado para pedir la baja de las credenciales rojas era el juez de la causa.
“De acuerdo con las normas aplicables, cualquier cambio en los requerimientos de captura oportunamente formulados por Interpol desde la Argentina en relación con los graves crímenes investigados en la Causa Amia, sólo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral”, escribió Timerman el 15 de febrero del 2013.
Un mes más tarde Interpol comunicó: “La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General manifiesta que dicho acuerdo (por el Memorándum) no implica ningún cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa Amia”.
Las notificaciones rojas, que ponen en valor los pedidos de captura internacional que pesan sobre cinco iraníes y un libanés sospechados de participar del atentado a la AMIA no perdieron vigencia, lo que contradice la hipótesis de Nisman, sobre un acuerdo para encubrir a quienes podrían ser los responsables del atentado.
Canicoba Corral insistió en que Nisman "arruinó pruebas", lo que configura una conducta "casi delictual"
El juez federal que lleva adelante la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, aseguró que las escuchas a las que alude el fiscal Alberto Nisman "no tienen ninguna garantía de autenticidad", señaló que al revelar datos de la investigación "arruinó" pruebas y que eso configuró una "conducta casi delictual".
"Con un aparatito le fabrico la escucha que quiera, le hago decir al Papa que profesa otra fe", señaló, de manera gráfica, el juez en una entrevista concedida al portal político y económico "El Destape".
Al ser consultado sobre la participación del ex agente de inteligencia Antonio Stiusso, Canicoba sostuvo que "el principal investigador está en el expediente y firma casi todos los informes es efectivamente el oficial de inteligencia Stiusso (ex director general de Operaciones de la SI) y quien debía conducir la investigación, por delegación mía, era el fiscal Nisman".
"Lo que yo dije es que tenía la sensación de que los que tenían que ser conducidos terminaron conduciendo. Es una sensación, no tengo pruebas, no voy a entrar en ningún debate. Cualquiera que conozca el tema tendrá su opinión y yo tengo la mía", aclaró Canicoba.
Al ser consultado sobre las escuchas autorizadas en el marco de la investigación, confirmó que autorizó algunas, entre ellas la de Jorge Khalil, aunque catalogó como "una cuestión muy grave" que el fiscal "ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado ésta prueba porque a partir de acá ya no podemos escuchar más a Khalil y esto me parece que ya es una conducta casi delictual".
Por otra parte, consideró que "las escuchas deben existir", aunque "es muy fácil fabricarlas y no tienen ninguna garantía de autenticidad".
"Yo con un aparatito le fabrico la escucha que usted quiera. Como no tienen garantía de que son autenticas con un aparato de tecnología moderno le hago decir al Papa que profesa otra fe. Por eso, cuando se hace una investigación y se graba a una persona, se toman una serie de recaudos que, si bien no son definitivos, ayudan: lacrar la cinta o el cassette o la máquina para que garantice de alguna manera que es auténtico lo que está pasando ahí adentro. ¿Qué garantías tenemos con éstas cintas que produce la Secretaría sabiendo como es la actividad de la Secretaría? Yo me pregunto eso, ¿no?", señaló.
En otro tramo de la charla, se lo consultó acerca del vínculo de Nisman con la embajada de Estados Unidos y si esta situación podría haber viciado la causa o esconder algún interés político, lo que catalogó como "una hipótesis más que probable".
"Yo no tengo elementos para decir que esto es así. Si así fuera tendría que proceder como magistrado ante la presencia de un delito pero, digamos, como hipótesis manejada por ustedes me parece razonable", agregó.
En ese sentido, sostuvo que esta posibilidad "revela o pone en estado público pruebas que deben ser secretas y de alguna manera perjudica a la investigación al hacer público que se estaba escuchando a Khalil, por ejemplo", por lo que consideró "una posibilidad" denunciar al fiscal.
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