La Plaza de Mayo, en Buenos Aires, es uno de los principales espacios que se ha llenado de personas, que han levantado diferentes pancartas con la que expresan su rotundo rechazo al decreto que transgrede la Ley de Medios
Buenos Aires y ciudades como Córdoba, La Plata, Bariloche y Mendoza, han sido algunas en las que se han realizado multitudinarias concentraciones en protesta a una de las decisiones del presidente de esa Nación, Mauricio Macri.
Macri, juramentado como Primer Mandatario de Argentina el pasado jueves 10 de diciembre, firmó entre sus primeros decretos la modificación de la Ley de Ministerios y con el cual se crea el Ministerio de Comunicaciones, que estará a cargo del radical Oscar Aguad, quien apoyó a la cancillería británica durante la disputa por las Islas Malvinas.
Esta cartera, según el decreto publicado este lunes en Gaceta Oficial, tendrá entre sus competencias intervenir en las funciones de la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovosual (AFSCA).
La decisión entra en contradicción con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009, que establece, en el artículo 10, que AFSCA "es un organismo descentralizado y autárquico". Hecho por el cual el pueblo argentino salió a las calles en protesta, especialmente los comunicadores de medios alternativos y comunitarios.
La Plaza de Mayo, en Buenos Aires, es uno de los principales espacios que se ha llenado de personas, que han levantado diferentes pancartas con la que expresan su rotundo rechazo al decreto que transgrede la Ley de Medios, y frente a lo cual Aguad se manifestó sin tapujos: "La ley no va a subsistir".
Afirman que "La Ley de Medios no se toca", "Que no nos gobierne Clarín (grupo privado que ha dominado el espectro mediático de la nación suramericana)", se lee en algunas de las pancartas que se levantan en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Exigen que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no sea cambiada.
Polémica por decreto que amplía descuentos salariales en Provincia
15.12.2015 | 07:34
Un decreto firmado por el ex gobernador Daniel Scioli pocas horas antes de dejar su cargo que habilita a ampliar el tope de descuentos que pueden aplicarse sobre el salario de los empleados públicos de la Provincia disparó polémica y fuertes reproches de parte de entidades gremiales y federaciones de mutuales, desde donde vincularon la resolución con “una maniobra para el pago de favores de campaña”.
En ese marco, además, reclamaron a la gobernadora María Eugenia Vidal que “deje sin efecto” la controvertida medida que lleva la firma también del ex Jefe de Gabinete provincial Alberto Pérez.
El decreto, que lleva el número 1916/2015, en rigor crea a nivel provincial el denominado “Proceso Único de Autorización de Descuentos sobre Haberes Salariales y Beneficios Previsionales” y el “Centro Único de Datos”. Y, en ese marco, habilita elevar el tope de los descuentos que pueden aplicar financieras, bancos y cooperativas por préstamos del 20 al 30 por ciento de los haberes de personal.
Una propuesta similar había sido impulsada a través de un proyecto de ley que el ex gobernador Scioli envió a la Legislatura hace dos años y que finalmente no fue tratado en las cámaras por el fuerte rechazo que generó entre las entidades gremiales.
El decreto fue firmado por Scioli y Pérez el 1º de diciembre pero terminó de completar su recorrido administrativo el 10 de diciembre, día en que asumió la gobernadora Vidal y que la Legislatura sancionó la Ley de Ministerios que, entre otros aspectos, disuelve la estructura de la Jefatura de Gabinete, de la que depende, según estipula esa norma, el nuevo registro para la autorización de descuentos en los haberes salariales y los beneficios previsionales de los bonaerenses.
RECLAMOS GREMIALES
La medida, que trascendió en las últimas horas, generó una fuerte reacción ayer de entidades gremiales y asociaciones mutuales. El secretario general de UPCN, Carlos Quintana, dijo que “con la creación del proceso único de autorización de descuentos, Scioli devolvió favores que le hicieron en la campaña, a espaldas de los trabajadores”.
El dirigente sindical apuntó también contra Alberto Pérez que, dijo, “antes de irse dejo una verdadera bomba que le da facultades discrecionales al centro único de datos para aplicar suspensiones y pérdidas de códigos de descuento a las organizaciones sindicales”.
Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) calificó la medida de “mal intencionada” y afirmó que busca “perjudicar la subsistencia de los gremios”. “Esta idea ya había sido firmemente rechazada cuando Scioli la impulsó hace dos años. Pero a partir de una firme postura de los gremios estatales, entre ellos la FEB, se pudo revertir”, agregó Petrocini, quien adelantó además que los abogados de la entidad sindical que conduce están analizando el decreto “para ver los pasos a seguir”.
En tanto, en un plenario realizado ayer, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba) se resolvió firmar un documento dirigido a la gobernadora Vidal en el que le piden la “inmediata derogación” del decreto. El texto, firmado por Jorge Baldovino, Miguel Zubieta y Julio Castro, dirigentes de Fegeppba, afirma también que la medida “es de manifiesta gravedad e ilegitimidad”.
Los cuestionamientos fueron compartidos por la Federación de Entidades Mutuales para Agentes Estatales Bonaerenses (Fempaeb). En una solicitada dirigida a la gobernadora Vidal, piden que se deje sin efecto el decreto, a que califican como “el último nuevo intento de monopolizar la información y crear un negocio para entidades que no tienen nada que ver con el sector”.
“No permita que le dejen sorpresas. Quieren convertir el sistema en un botón de guerra, ignorando la lucha que nos ha caracterizado”, agregaron desde Fempaeb.
bueno hayer no lo paso ningun canal no se porque? yo lo vi por telesur y despues lo paso duro de domar¿¿¿el mauri ya empieza con gente en la calle habia camiones hidraulicos............asi empiezaqn y como van a terminar¿¿¿dios¿¿¿
Gobierno Nazi en estado puro. Prepótencia e ignorancia. Del 49% depende que este engrendro no triunfe en su objetivo, que bueno es recono0cer nunca oculto durante la campaña.
ESTA PAGANDO EL PRECIO DE LA CAMPAÑA POLITICA QUE LES HIZO "EL GRUPO CLARIN" Y "CADENA 3" EN CBA. ... AHORA VAN A IR POR LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA AL CODIGO CIVIL ... A LOS QUE QUERIAN CAMBIO ... AGARRENSÉ PORQUE AHÍ SE VIENE ...
El chirolita pinocho, ahora es un dictador, se manjea con decretos y con autoriatrismo, atras quedo el dialogo y todo el verso del priemr día, los medios que lo apoyan y le lamen el cu a cada rato, no dicen nada de estos decretos, y tratan de hacernos creer que es constitucional.
Marchas en todo el país en defensa de la Ley de Medios audiovisuales
15 de Diciembre de 2015 | 12:00
Organizada a través de las redes sociales, la convocatoria apuntó contra el DNU que avanzó sobre la AFSCA.
Organizaciones sociales, políticas, trabajadores de medios comunitarios y particulares autoconvocados se congregaron hoy por la tarde en Plaza de Mayo "en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", una nutrida manifestación que se organizó a través de las redes sociales. Los manifestantes se ubicaron en torno a la Pirámide de Mayo y hacia el fondo de la Plaza, cerca de la calle Bolívar, y entonaron consignas en favor de la normativa sancionada en 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández. La convocatoria surgió a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que colocó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFSTIC), bajo la órbita del flamante Ministerio de Comunicaciones. Tanto la AFSCA como la AFTIC son los dos organismos creados en el marco de la Ley 26522 como autoridad de aplicación. En tanto, en Mendoza, más de 500 autoconvocados se reunieron en la explanada de la Legislatura provincial. Entre los movilizados se encontraban representantes de medios comunitarios y públicos, organizaciones sociales y políticas, y miembros del sindicato de televisión, que entregó dentro de la casa de las leyes a la vicegobernadora Laura Montero un petitorio. Las protestas, que no fueron difundidas por los medios audiovisuales, se replicaron también en la plaza Vélez Sarsfield de Córdoba, en Rosario, y otros puntos del país. «
Miles de militantes de organizaciones sociales y agrupaciones kirchneristas se convocaron frente al Congreso de la Nación en defensa de la "total aplicación" de la normativa que regula el sector audiovisual como respuesta a las expresiones del ministro de Comunicación, Oscar Aguad, quien consideró que el único sentido de la ley fue "aniquilar medios como Clarín". El acto también sirvió como tribuna para criticar el DNU que designó "en comisión" a dos ministros de la Corte Suprema.
"Una gran parte de la población viene a decir presente en esta convocatoria para defender la Ley de Medios ante el ataque del ministro (de Comunicación, Oscar Aguad) que dijo que dejará de existir, cuando todos sabemos que no hay democracia profunda sin pluralidad de la palabra, y no hay pluralidad si no se regula la voracidad de las empresas", sostuvo el titular del Afsca, Martín Sabbatella.
Las miles de personas concentradas desde antes de las 18 frente al Congreso sumaron al grito de defensa de la normativa sancionada en 2009, el rechazo a las designaciones por decreto de jueces de la Corte Suprema y al levantamiento del cepo al dólar.
Los oradores del acto fueron los sindicalistas Andres Rodríguez (UPCN) y Hugo Yasky (CTA); la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el jefe de bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde; y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.
El organismo que implementa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó paralizado
Papá Noel llegó a la Afsca vestido de policía
A pedido del PRO, el juez Ercolini mandó a los uniformados a desalojar y clausurar el organismo encargado de hacer cumplir la ley de medios. Martín Sabbatella fue obligado a retirarse pese a que todavía no se resolvió el amparo presentado contra la intervención.
Por Sebastian Abrevaya
El operativo de desalojo de la Afsca comenzó alrededor de las 15.30 y se extendió hasta casi medianoche.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) recibió la Navidad con una faja de clausura. A pedido del gobierno de Mauricio Macri, la Justicia ordenó el desalojo del edificio el 24 de diciembre, dejando sin actividad al ente encargado de aplicar y monitorear el cumplimiento la ley de medios audiovisuales. El titular del organismo, Martín Sabbatella, junto con otros directores, funcionarios y trabajadores se retiraron del lugar cerca de las 23, luego de un operativo policial que duró varias horas y que incluyó algunos gritos y varios momentos de tensión. La medida la resolvió el juez federal Julián Ercolini, en una causa penal por “abuso de autoridad” y “usurpación del cargo” iniciada por el interventor Agustín Garzón, nombrado por decreto presidencial el miércoles 23. Garzón recién tomaría posesión el próximo lunes por lo que la decisión de Macri, con apoyo del juez y la Policía Federal, dejará acéfalo el organismo hasta entonces. El desalojo se resolvió sin esperar la respuesta (que sigue pendiente) de la medida cautelar solicitada por Sabbatella, en la que impugnó la constitucionalidad del decreto que designa al interventor. “Están locos, es un atropello brutal que no tiene límites. Con esta medida clausuraron una ley del parlamento nacional, quieren ponerle una faja de clausura a la democracia”, aseguró Sabbatella en diálogo con Página/12.
La decisión judicial tomada por Ercolini este jueves culminó un proceso iniciado por Macri al día siguiente de asumir como presidente, cuando dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó y desarticuló parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Mediante el DNU 13/15, el presidente colocó bajo la órbita del ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, a la Afsca y la Aftic, dos entes autárquicos y descentralizados. Además de subordinarlos, les quitó parte de facultades que les eran propias por ley. A la semana siguiente, Aguad anunció la designación de Garzón como interventor mediante un decreto simple, el 236/15. Según el ministro, la intervención se produce producto a la “rebeldía” de Sabbatella y del titular de la Aftic, Norberto Berner, que no accedieron a dejar sus cargos. Ambos cuentan con mandato por ley hasta 2017 y 2019, respectivamente. Al frente de la Aftic fue nombrado interventor, Mario Frigerio, tío del ministro del Interior.
La presentación de la medida cautelar, que recayó en el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo número 8, a cargo de Cecilia Gilardi. Sabbatella afirmó allí que el Presidente no tiene atribuciones para intervenir el organismo, ya que se trata de un ente autárquico creado por una ley del Congreso, que determina taxativamente en su artículo 14 los mecanismos de remoción de sus autoridades. La ley dice expresamente que los miembros del directorio de la Afsca “solo podrán ser removidos de sus cargos” por una resolución del Consejo Federal del organismo, adoptada por los votos de dos tercios de sus miembros, por causales específicas como incumplimiento o mal desempeño y después de garantizar el derecho de defensa.
Sabbatella negó que se tratara de un “atrincheramiento”, como denunció el macrismo y ratificó que acataría la resolución judicial sobre la cautelar. El PRO, en respuesta, presentó la denuncia penal. El fiscal Carlos Stornelli, ex empleado de Macri en el club Boca Juniors, pidió el allanamiento de la Afsca. Ercolini terminó por hacer lugar al pedido del fiscal y finalmente alrededor de las 15.30 comenzó el operativo en la puerta del organismo. “Nosotros tenemos una medida del juzgado federal del doctor Ercolini, que es el desalojo del establecimiento. El procedimiento lo manejamos nosotros de acá en adelante. Yo no busco conflicto”, afirmó Esteban Artola, comisario de la comisaría tercera. Artola mantuvo un diálogo con Sabbatella y otros funcionarios en el hall de ingreso, que fue filmado por el equipo de comunicación del organismo y subido en parte a las redes sociales:
–Vamos a subir piso por piso, y vamos a invitar pacíficamente a que se retiren...
–¿Y quién se hace cargo de este edificio?
–La Policía Federal.
–¿Y del funcionamiento?
–Quedará suspendido por el momento.
–¿No van a fiscalizar? ¿Cortan el funcionamiento del organismo?
–Entiendo de que sí (sic).
La decisión de Ercolini dejó paralizadas las actividades que la Afsca realiza de manera continua todos los días del año. Existe un sistema de guardias con fiscalizadores que controlan cuestiones como el cumplimiento del horario de protección al menor, las cuotas de contenidos nacionales, la cantidad de tiempo de la pauta publicitaria o temas más sensibles como eventuales violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se reciben denuncias de interferencias de distintas señales. En función de esta suspensión, Sabbatella advirtió que también podría perjudicarse al erario público, ya que en base a esas fiscalizaciones se fijan multas o sanciones. Las autoridades de la Afsca exigieron expresamente que Ercolini sea notificado de las consecuencias de su decisión y se haga cargo de interrumpir el funcionamiento de un organismo público. “Un juez que de hecho le pone una faja de clausura a un organismo público demuestra que no tienen límites. La voracidad de los intereses económicos y corporativos que representan les pesa mucho más que la calidad institucional”, aseguró Sabbatella.
En el entorno de Aguad adelantaron que el lunes tomará posesión en el cargo el interventor. Hasta ese momento nadie ingresará al edificio y no habría ninguna actividad. Se le dará asueto administrativo a los trabajadores hasta el martes y el lunes arrancaría una auditoría “para ver en qué situación se deja al organismo”. Además, se informó que ningún movimiento de dinero podrá realizarse sin la firma del interventor. En el gobierno nacional estimaban que recién a comienzos de la semana podría haber una definición respecto de la medida cautelar.
El momento de mayor tensión del desalojo fue la redacción del acta policial, ya que los oficiales se resistían a incluir el detalle de las consecuencias que se generarían con la clausura y que esta contaba con el aval expreso de Ercolini. Finalmente eso se introdujo en el texto, junto con la negativa de entregarle una copia del acta a los funcionarios nacionales.
La mayoría de los trabajadores se retiraron del lugar apenas se informó de la realización del operativo. Quedó un pequeño grupo de colaboradores y los directores de las distintas áreas: Sergio Zurano (Asuntos Legales), Daniel Larrache (Gestión), Gustavo Hurtado (Delegaciones), Sebastian Rolandi (Relaciones Institucionales), Fernando Torrillate (Comunicaciones). Estuvo también Graciana Peñafort como abogada personal de Sabbatella y Hugo Cañón como asesor jurídico. El director designado por el Poder Ejecutivo, Ignacio Saavedra también se presentó en el lugar, mientras que los dos miembros que integraban el directorio por la segunda y tercera fuerza parlamentaria, Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Milman (GEN) prefirieron dejar sus cargos para ocupar lugares en el ministerio de Seguridad y en la embajada de Colombia, respectivamente. Otros miembros del directorio como Néstor Avalle y Eduardo Rinesi estuvieron el jueves por la mañana y se mantuvieron también contacto con Claudio Schifer. Si bien Sabbatella lo negó, fuentes del kirchnerismo revelaron que durante el día hubo contacto telefónico con la ex presidenta Cristina Fernández.
A las 22.50, un agente de la Federal pegó la última faja sobre la puerta de la Afsca. Una hora y diez minutos antes del fin de noche buena.
"Sabbatella negó que se tratara de un “atrincheramiento”, como denunció el macrismo y ratificó que acataría la resolución judicial sobre la cautelar. El PRO, en respuesta, presentó la denuncia penal. El fiscal Carlos Stornelli, ex empleado de Macri en el club Boca Juniors, pidió el allanamiento de la Afsca. Ercolini terminó por hacer lugar al pedido del fiscal y finalmente alrededor de las 15.30 comenzó el operativo en la puerta del organismo. “Nosotros tenemos una medida del juzgado federal del doctor Ercolini, que es el desalojo del establecimiento. El procedimiento lo manejamos nosotros de acá en adelante. Yo no busco conflicto”, afirmó Esteban Artola, comisario de la comisaría tercera. Artola mantuvo un diálogo con Sabbatella y otros funcionarios en el hall de ingreso, que fue filmado por el equipo de comunicación del organismo y subido en parte a las redes sociales:"
Queda claro que Macri se ha valido de un funcionario de bolsillo ...su exempleado en el conjunto Boca Junior , para cometer el claro delito de prevaricato ...como cómplice necesario de Stornelli en el manifiesto delito de usurpación de funciones .... impedimento de ejercicio de funciones constitucionales en guarda de la ley de medios ... y clara parcialidad respecto a las medidas arbitrarias tomadas .- Ya veremos que funcionarios que conozcan de estos delitos se alinean con los prevaricadores y cuales actúan conforme a las leyes argentinas y a los principios elementales del Derecho comparado internacional .-
PAIS › EL ESTADO DE LAS CAUSAS ABIERTAS TRAS LA INTERVENCION DE LA AFSCA
Jueces con tiempos distintos pero en la misma sintonía
El juez federal Julián Ercolini dispuso rápidamente la clausura de la Afsca para “preservar los bienes muebles e inmuebles”. La jueza en lo Contencioso Administrativo Cecilia Gilardi aún no se expidió sobre el amparo que presentó Martín Sabbatella.
Por Irina Hauser
La decisión del juez federal Julián Ercolini de allanar el edificio de la Afsca y ponerle faja de clausura a todas sus puertas produce un fuerte golpe de efecto pero no define nada sobre el futuro de Martín Sabbatella ni el interventor Agustín Garzón, sino que dice que está destinada a “preservar los bienes muebles e inmuebles” que hay en el edificio donde funciona, precisamente, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La explicación es que como había gente resistiendo ahí adentro el riesgo era que alguien se llevara algo. Ercolini señala en su resolución que no tiene “jurisdicción parar realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto” que estableció la intervención, que recordó que está a estudio de un juzgado contencioso administrativo, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi. Ella debe resolver la precautelar y el amparo que presentó Sabbatella, pero aún no lo hizo. Además del interrogante sobre quién conduce la Afsca, el escenario de incertidumbre arrastra también la propia aplicación de la ley de medios. De todos modos, al menos el Grupo Clarín mantiene su reaseguro para seguir exceptuado de que le apliquen la adecuación de oficio con una prórroga de una medida cautelar que vence el 16 de enero.
La clausura ordenada por Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, no tiene una fecha de vencimiento precisa, sino que dice que subsistirá “hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes”. Así las cosas, no está claro ni cuándo ni cómo volverá a funcionar la Afsca, ni si es que eso sucederá. El cauce que le dio el juzgado federal al caso sugiere que el expediente perderá sentido ni bien haya alguna definición acerca del organismo, pero no parece dirigida a imputar a Sabbatella por usurpación de cargo ni otros delitos que le intenta adjudicarle el macrismo, como abuso de autoridad. Al menos por ahora. La resolución dice, por ejemplo, que Garzón ni siquiera había intentado entrar a la sede, sino que sólo había escuchado advertencias de Sabbatella en declaraciones a medios de comunicación y decir que es ilegal que lo saquen del cargo. La realidad es que ante la orden de desalojo de Ercolini y tras un procedimiento prepotente de más de ocho horas, nadie quedó en el edificio de la calle Suipacha.
Quien tiene en sus manos una definición de peso es la jueza Gilardi. El inventario de sus decisiones anteriores incluye una cautelar a favor de Jorge Fontevecchia (de la editorial Perfil) contra los concursos de la AFSCA. Se supone que una cautelar se debe resolver con rapidez, pero en el caso del amparo de Sabbatella, presentado el 23 de diciembre, todavía no hay novedades. Lo que plantea es que no se aplique el decreto 236 de intervención que –dice– es inconstitucional y viola la ley que estableció que los directores duran cuatro años en el cargo y que solo los puede destituir el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Además de la “nulidad absoluta” del decreto, por su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, pide la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. Plantea la violación del principio de división de poderes, el de razonabilidad y la “amenaza” del “derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Una de las aparentes razones por la que Gilardi no resolvió la cautelar es burocrática y formal: que los abogados de Sabbatella llevaron la documentación básica requerida (como el texto del decreto) apenas pasadas las 13.30, cuando en el juzgado les cerraron la puerta en la cara porque era el horario de cierre. Mientras tanto, en otros puntos del país empezaron a presentarse pedidos de medidas cautelares ante la incertidumbre sobre la situación y la falta de garantías sobre la aplicación de la ley de medios, cuya constitucionalidad fue avalada hasta por la Corte Suprema.
Pese al respaldo legal que tiene la ley, el Grupo Clarín se las ha ingeniado para evitar su acatamiento desde que fue aprobada en 2009. La intervención de la Afsca le calza justo, mientras sigue teniendo frentes judiciales abiertos, aunque la realidad es que los tribunales resuelven las más de las veces a su favor. Hasta el 16 de enero rige una medida cautelar que le evita a Clarín someterse a la adecuación de oficio para desprenderse de licencias y acatar los límites establecidos por la ley. Esa cautelar ya fue prorrogada este año una vez, hace seis meses, por orden del juez de primera instancia Horacio Alfonso. Aun así, el holding quiere renovarla otra vez y consiguió una cautelar interina que le volvió a dar el juez por si acaso, con lo que sigue haciendo tiempo. Para peor, en noviembre último, en plena campaña electoral, la Corte Suprema fue la que dio muestras, una vez más, de que los tribunales manejan tiempos y decisiones como quieren: una resolución de tres renglones respaldó la continuidad de la cautelar a favor de Clarín al rechazar una apelación del Estado que llevaba seis meses en un cajón supremo. Un punto inquietante es –ante la expulsión de hecho de Sabbatella– quién será el representante en nombre del Estado en estas demandas.
El juez federal Julián Ercolini fue quien dispuso la clausura de la Afsca en vísperas de Navidad, a pedido del fiscal Carlos Stornelli.
EL PAIS › “SE ESTA ATACANDO LA LIBERTAD DE EXPRESION” > DOS JUECES FALLARON EN CONTRA DE LAS MODIFICACIONES EN LA AFSCA Y EN LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
Tres decretos que quedaron suspendidos
Los magistrados consideraron que las medidas del Ejecutivo avanzaron sobre las competencias del Poder Legislativo. La jueza Martina Forns le dio tres días al Gobierno para que envíe un informe con sus argumentos. Martín Sabbatella buscará reincorporarse hoy.
Por Ailín Bullentini
Dos jueces federales suspendieron ayer los tres decretos de necesidad y urgencia con los que el Gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los amparos fueron solicitados por una cooperativa de comunicación comunitaria a una jueza de San Martín y una asociación que defiende a usuarios a un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integran sendas demandas de inconstitucionalidad. Según las partes, los fallos implican la restitución de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y del Consejo Federal de Comunicación (Cofeca). Esta mañana, Martín Sabbatella y el resto del directorio de la Afsca removido por uno de los decretos suspendidos, intentarán reincorporarse al organismo. Desde ayer fue reforzado el operativo de seguridad que rodea al edificio desde su intervención.
A través de dos medidas cautelares, los fallos de la jueza federal en lo Civil y Comercial de San Martín número 2, Martina Forns, y del titular del Juzgado Federal Civil y Comercial porteño número 7, Iván Garbarino, definen lo mismo: suspenden los efectos de los DNU número 13, 236 y 267 de 2015 mediante los cuales el Poder Ejecutivo volcó en el flamante Ministerio de Comunicaciones las funciones de la AFSCA, intervino ese organismo y lo disolvió, junto con el Consejo Federal de Comunicación y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y creó en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Las medidas fueron reclamadas a la jueza por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y al magistrado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) en base a una demanda de igual manera coincidente: ambos actores plantearon la nulidad de esos DNU por considerar que su dictado es inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo no puede modificar una norma como la 26.522 mediante decreto de necesidad y urgencia. “Es la forma que encontramos de defender lo que militamos durante 30 años y de evitar que las corporaciones dicten las normas”, planteó Patricio Enciso, presidente de la cooperativa que desde hace 30 años comunica de manera comunitaria y popular en la zona oeste a través de la radio FM En Tránsito 93.9 –aún sin licencia– y la revista autogestiva Güarning!
Los jueces habilitaron las cautelares mientras resuelven la inconstitucionalidad como cuestión de fondo del asunto. “No se vislumbran defectos en la ley 26522 que requiriesen de una necesaria y urgente reparación que no admitiera la espera de alcanzar los consensos y mayorías necesarias que nuestra Constitución establece para la conversión en ley de las modificatorias pretendidas por el Poder Ejecutivo nacional”, determinó Garbarino. “Resulta evidente, manifiesto y palmario que con el dictado de los decretos cuestionados en las presentes se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo”, aseguró Forns, en cuya sentencia –más completa que la de su colega porteño– insta al Estado a explicarle por qué consideró habilitado el camino de los DNU para modificar la LSCA, razones que ella no encontró en los textos publicados en el Boletín Oficial. Lo planteado en los considerandos de los decretos 13, 236 y 267 de 2015 “no puede incluirse de ningún modo entre las circunstancias excepcionales descriptas como imprescindibles para que el Presidente ejerza funciones legislativas vedadas constitucionalente”, remarcó Forns. Le dio al Ejecutivo tres días hábiles para presentar los argumentos e informó su decisión a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, un detalle que, cuanto menos, fortalece los antecedentes con los que cuenta la Comisión Bicameral de seguimiento de DNU. El Ejecutivo, no obstante, descartó el llamado a sesiones extraordinarias.
Enciso y sus compañeros entienden que la cautelar interina de Forns retrotrae la situación normada por la LSCA al 9 de diciembre pasado –el DNU más antiguo cuyo efecto fue suspendido por la medida es el 13/2015, con fecha del 10 de ese mes–, con lo cual la Afsca vuelve al ruedo de manera autárquica; renace su Consejo Federal y su directorio. Aunque el avasallamiento del Gobierno sobre la LSCA “supera la figura de Sabbatella”, entienden que su retorno a la titularidad del organismo forma parte del resultado de la cautelar aplicada por la jueza. “El problema es con la República, la democracia, la división de poderes. Es que una ley construida con una legitimidad tan grande como la de la 26.522 no puede ser modificada por decretos dictados por las corporaciones. Si quieren modificar la ley que lo discutan en el Congreso”, aclaró Enciso.
Desde su entorno, también entienden que el dirigente de Nuevo Encuentro vuelve a estar al frente de la Afsca. “Si los decretos quedan suspendidos y la ley no está derogada, significa que está vigente”, explicaron. Sabbatella, el resto del directorio y los miembros del Gabinete intentarán retomar sus funciones hoy, pese a que sospechan que el Ejecutivo se negará a acatar los fallos, tal como lo hizo con la resolución del juez de La Plata Luis Arias. El operativo de seguridad que permanece en la puerta del edificio en donde funciona la Afsca desde que fue intervenida fue reforzado. De cumplirse su augurio, acudirán a la Justicia penal.
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Ayer fue reforzado el operativo de seguridad que rodea al edificio de la Afsca desde su intervención.
Sigue vigente la cautelar que frenó los DNU contra la Ley de Medios
El juez federal porteño Iván Garbarino hizo lugar a la apelación del Gobierno contra la precautelar que suspende los decretos que intervinieron y disolvieron la Afsca y modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero lo hizo con “efecto devolutivo” y rechazó “in limine” levantar esa medida protectora. El fallo será revisado por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, pero mientras tanto seguirá vigente.
El juez en lo Civil y Comercial Federal Iván Garbarino concedió la apelación del gobierno nacional contra su fallo que suspendió el decreto de intervención de la Afcsa, pero lo hizo con efecto "devolutivo", es decir, mantuvo su decisión de primera instancia.
El magistrado había concedido una medida cautelar para frenar el decreto de intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la remoción de su directorio y la disolución del organismo, como así también los cambios a las cláusulas antimonopólicas de la ley 26.522.
El efecto devolutivo no suspende el contenido del fallo apelado mientras se tramitan las instancias revisoras, como si lo hubiese hecho el llamado "efecto suspensivo". “Corresponde conceder en relación y con efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la demandada”, resolvió el magistrado.
“No es razonable que la apelación frustre la tutela otorgada para impedir las consecuencias dañosas derivadas de la situación que se ordenó innovar”, explicó Garbarino en su resolución. En el fallo, el juez desestimó "in limine" un planteo paralelo de "revocatoria" contra su fallo que también se había hecho desde el Gobierno.
La cautelar se dictó a pedido de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y se mantendrá hasta que se decida el planteo de fondo, relativo a la validez de los decretos presidenciales.
La Cámara Federal de La Plata anuló el fallo que avalaba la disolución de la Afsca y la Aftic
Con las firmas de los jueces Roberto Lemos Arias, María del Rosario Durán y César Alvarez, la Cámara Federal platense anuló un fallo que había avalado los decretos que disolvieron la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones (AFTIC) y, además, apartó al juez que había dispuesto aquella medida. El tribunal platense dejó así tácitamente en vigencia la precautelar del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, quien había suspendido los efectos de los Decretos de Necesidad y Urgencia que unificaron los organismos en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dejaron sin efecto varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
EL PAIS › FALLOS CONTRA MACRI POR LA LEY DE MEDIOS
Nuevo freno a los DNU
Dos tribunales de segunda instancia repusieron medidas contra la disolución de la Afsca y la Aftic. Sabbatella podría volver nuevamente al frente del organismo.
Dos fallos judiciales de tribunales de segunda instancia frenaron la aplicación de los decretos presidenciales que disuelven la Autoridad Federal de del Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca) creada por la ley de medios audiovisuales. En uno de ellos, producido por la Cámara Federal de La Plata, se dejó en vigencia una medida precautelar dispuesta por el juez platense Luis Arias, quien había suspendido los Decretos de Necesidad y Urgencia que derogaron parcialmente la ley de medios audiovisuales. En el otro fallo, la Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a la vía del amparo promovido por la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia) y advirtió sobre “la entidad de los derechos constitucionales” violados por los decretos presidenciales. Sendas resoluciones son un respaldo para un nuevo regreso de Martín Sabbatella al frente de la Afsca, aunque todavía sigue pendiente la resolución de la cuestión de fondo.
La medida de la Cámara platense lleva la firma de los jueces Roberto Lemos Arias y César Alvarez, y anula un fallo anterior dictado por el juez federal 4 de esta ciudad, Alberto Recondo. El magistrado había avalado los decretos que disolvieron la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), unificando los organismos en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en una virtual derogación de varios artículos del marco regulatorio aprobado en 2009. Para ello, Recondo había revocado, a su vez, una medida precautelar dictada por el juez en los contencioso administrativo Luis Arias, que disponía la suspensión de los decretos presidenciales y que ahora vuelve a tener vigencia. La Cámara Federal de La Plata resolvió también apartar a Recondo de la causa y designó en su reemplazo al titular del Juzgado Federal 2, Adolfo Gabino Ziulu, para que siga el trámite.
En sus fundamentos, el tribunal de alzada platense cuestionó el proceder de Recondo al sostener que constituyó un “acto procesal extemporáneo” que violó las garantías del debido proceso y defensa en juicio. Destacó, además, que el magistrado desplazado dictó su fallo avalando los decretos presidenciales sin dar vistas a los litigantes de la apelación presentada por del Estado nacional.
“Siempre dijimos que el fallo de Recondo era una barbaridad, digno de un juez que resolvió como un fiel representante del partido judicial que trabaja en clara consonancia con los grandes medios hegemónicos para devolverle la concentración mediática a sus patrones, pero por suerte todavía existen algunos jueces que en vez de Clarín leen la Constitución”, expresó Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Afsca, removido por la cuestionada intervención.
Ahora, con este fallo de la Cámara, lo resuelto por Recondo no tiene validez y la causa debe ir al juez Ziulu para que resuelva. El delegado de Afsca presentará un pedido de aclaratoria ante los camaristas para que se expidan sobre la vigencia de la medida cautelar interina dispuesta por el juez Arias.
En tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a la presentación hecha por Osvaldo Francés, titular de la entidad que nuclea a pequeños radiodifusores del interior del país y vicepresidente del disuelto Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca). “La entidad de los derechos constitucionales cuya violación es aquí aducida, ameritan la apertura de la vía del amparo, pues no sólo se relacionan con el derecho a la libertad de expresión, sino que incluso se encuentran vinculados con la forma republicana de gobierno”, sostuvo el tribunal marplatense con las firmas de los jueces Jorge Ferro y Eduardo Pablo Jiménez. “Es claro aquí que los decretos impugnados disuelven el organismo integrado por el amparista, afectándose así nítidamente facultades de actuación que habían sido alcanzadas mediante la designación legítima como representante en el Cofeca”, argumentaron los jueces. Así, la Cámara marplatense revocó el fallo de primera instancia que había rechazado el amparo interpuesto a favor de la Afsca por Francés, reconociendo su legitimidad para pedir la nulidad de los decretos del gobierno nacional.
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Sabbatella había logrado reingresar a la Afsca luego de que la Policía Federal acatara la decisión judicial.
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2 · 36 min
Por Irina Hauser
