Mario Benjamín Menéndez vive en un segundo piso de un edificio de la calle Arcos al 1500, en el recoleto barrio de Belgrano. Hasta ese lugar se acercó una pacífica avanzada de unos cincuenta ex combatientes de Malvinas con cruces blancas, antorchas y banderas para repudiarlo en un escrache. El ex gobernador militar en Malvinas aún cobra todos los meses su “Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur” como varios y simbólicos militares.

“Cuando llegamos caminamos durante una cuadra”, dice Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas Cecim de La Plata. “Menéndez vive en el segundo piso y qué casualidad, el tipo había colgado una bandera argentina en el balcón.”

Con esa bandera se toparon las organizaciones sociales y de ex combatientes que se acercaron ayer hasta ahí, a horas de los 25 años de la culminación de una guerra, cuyos efectos no se detienen. “En este momento lo que estamos pidiendo –explicó uno de ellos después de un minuto de silencio– es el comienzo de una profunda investigación sobre la actuación de militares argentinos que realizaron en Malvinas las mismas prácticas efectuadas durante el terrorismo de Estado.” Ese mismo reclamo, de distintas formas, es el que sostienen desde hace 25 años. Entonces exigían una comisión bicameral para investigar los crímenes, como sucedía con buena parte de la sociedad frente a las desapariciones del terrorismo de Estado. Ahora, canalizan los pedidos a través de la Justicia.

La Pensión Honorífica también es uno de esos temas pendientes. Dicen que Menéndez cobra entre 1200 y 1400 pesos por mes, tres veces la jubilación mínima, con una autorización de la Anses, como lo hacen los soldados. Según explican, la ley nacional 23.848 otorgó ese beneficio a ex soldados conscriptos, pero la lista de beneficiarios se amplió a todos los suboficiales y oficiales que participaron de la guerra con el decreto 886 de 2005. “Estamos pidiéndole al Presidente que lo revise”, dice Alonso, porque además de Menéndez aparecen otros símbolos de la represión.

                                               SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                    (Gran Papiyo)

La Justicia le puso fecha al juicio oral contra Christian Von Wernich, el capellán de Ramón Camps. Las audiencias comenzarán el 5 de julio y constituirán el primer proceso oral a un represor luego de la desaparición de Julio López. Von Wernich está acusado de participar en siete homicidios y 41 casos de secuestro y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman, el director del diario La Opinión.

El sacerdote fue asesor de los grupos de tareas de Camps. Estuvo adscripto a la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, que comandaba el ex comisario Miguel Etchecolatz. Según numerosos testimonios reunidos en la investigación, Von Wernich recorría los centros clandestinos de detención y visitaba a los prisioneros para quebrarlos psicológicamente.

El fiscal Sergio Franco citó la historia del sobreviviente Rubén Fernando Schell, un ex prisionero de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, quien declaró que durante su cautiverio era visitado por “un sacerdote que decía que me pegaran otro golpe porque qué le hacía una mancha más al tigre”. Otros testimonios señalaron que el rol del capellán era convencer a los detenidos para que delataran a sus compañeros. Una de las pruebas incontrastables contra el acusado la dio el propio Ramón Camps, quien en una indagatoria reveló que Von Wernich “podía dar fe de los lugares en los que estuvo Timerman porque lo visitó en todos ellos”.

Luis Velazco, ex detenido en la Comisaría 5ª de La Plata, es otro de los testigos que declararán en las audiencias. Tenía 20 años cuando lo secuestraron. “Tuve un relación extraña con él –ha contado a Página/12–. La primera vez que lo vi trató de demostrarme que sabía mucho de mí y de mis hermanos. Yo me sentía muy nervioso; me dijo ‘tranquilo, soy primo de Monona’, la mujer de mi tío. Tenía una foto mía, que le había dado mi familia creyendo que iba a localizarme. Nunca les dijo nada.”

El sacerdote deberá responder además por siete casos de familiares que obtuvieron la promesa de Camps de sacar del país a sus parientes detenidos a cambio de un rescate, el que pagaron, pese a lo cual los prisioneros fueron asesinados. En al menos uno de esos casos, Von Wernich fue quien recolectó el dinero. En 1984 el policía Julio Emed relató este hecho a la Conadep y contó cómo, en presencia de Von Wernich, el médico policial Jorge Bergés les aplicó a tres de estos prisioneros “inyecciones en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno”.

El capellán será juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde, quienes ya condenaron a reclusión perpetua a Miguel Etchecolatz. Se estima que las audiencias llevarán cerca de tres meses, durante los cuales está previsto que declaren cerca de cien testigos.

El ex sacerdote está acusado como coautor de los homicidios de Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Cecilia Idiart, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone.

En cuanto a los secuestros y torturas, además del caso de Timerman, están los del empresario Osvaldo Papaleo y el del ex presidente de Racing Juan Destéfano.

Von Wernich se había ido del país en 1996. Años más tarde fue descubierto en Chile, dando misa en un pueblito llamado el Quisco. En septiembre del 2003, por orden del juez Arnaldo Corazza, fue detenido y alojado en la División Antiterrorista de la Policía Federal. El 4 de mayo pasado, el tribunal oral ordenó su traslado a una cárcel común. El represor llegará al juicio oral con 69 años; en el 2008 cumplirá 70, el piso legal para solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

Para juzgarlo, la fiscalía unificó dos causas y evaluó los testimonios vertidos en el Juicio por la Verdad que desde 1998 se sigue en La Plata, más otros efectuados ante la Conadep. Ellos coinciden en que el represor estuvo en los centros de detención que funcionaron en la comisaría quinta de La Plata, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Puesto Vasco, el COTI de Martínez y la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

                                                 SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                    (Gran Papiyo)

La Corte de Apelaciones de Roma sostuvo que está “ampliamente probada la responsabilidad” de cinco represores argentinos, que actuaron bajo la órbita de la ESMA y asesinaron a tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la dictadura. Así lo afirmó al difundir las motivaciones de la condena a cadena perpetua dictada contra cinco oficiales de la Armada por homicidio múltiple premeditado de tres ciudadanos italianos desaparecidos en el país durante el último gobierno de facto. La Justicia italiana reserva para “casos gravísimos” la aplicación de un año “sin ver el sol”, y eso es lo que les tocó a los cinco ex jerarcas de la ESMA.

La corte italiana estableció que “es ampliamente probada la responsabilidad de los imputados” en esas muertes, incluso porque “en los años de la dictadura fue realizado el más trágico genocidio de la historia argentina”, según informó la agencia Ansa. Los argumentos, expuestos en un texto de 96 páginas, fueron redactados por el tribunal que preside Mario Lucio D’Andria. El fallo había recaído sobre los marinos represores Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Jorge Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vanek, imputados de “homicidio voluntario múltiple premeditado” de Angela María Aieta (madre del dirigente Dante Gullo); Giovanni Pegoraro y su hija Susana, quien se encontraba embarazada al momento de su secuestro.

Este fallo fue recibido con aplausos en el mes de marzo en el Ministerio de Educación, cuando su titular Daniel Filmus, el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dialogaron a través de una videoconferencia con funcionarios italianos y con Estela de Carlotto, quien había viajado a Italia para escuchar la sentencia.

Angela Aieta, oriunda de la provincia italiana de Cosenza, fue secuestrada el 5 de agosto de 1976, a los 56 años, cuando su hijo Dante Gullo era dirigente de la Juventud Peronista. En tanto, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, de 21 años, desaparecieron el 18 de junio de 1977 en Buenos Aires. Durante su permanencia en la ESMA, Susana parió a una niña que en 1999 fue localizada –por Abuelas de Plaza de Mayo– bajo la tutela de un suboficial de Marina y de su esposa, con un nuevo nombre: Evelyn Vázquez. Si bien el matrimonio admitió ante la Justicia que la niña les fue entregada por personal de la Armada, la joven Evelyn aún se niega a realizarse una prueba de ADN en el Banco Nacional para comprobar su identidad.

En marzo, Carlotto relató que se puso “eufórica” al conocer el fallo, al que consideró como “un ejemplo internacional para no tapar la historia”, y que “ayudará a que se cumplan las condenas en Argentina”.

El juicio en Roma se había llevado a cabo sin los acusados presentes y la condena no implica para ellos ningún efecto concreto, en tanto no tengan afán viajero porque representa un impedimento para salir del país: la Justicia italiana emitiría de inmediato un pedido internacional de captura en su contra.

                                              SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                  (Gran Papiyo)

“Se unió lo útil con lo agradable y, sobre todo, con discreción.” Bajo esa premisa y con la irrefutable documentación de archivos, funcionarios de Cancillería, Defensa y Derechos Humanos lograron que los capellanes militares que habían cumplido tareas durante la última dictadura fueran desplazados. La longevidad fue la excusa formal para que Alberto Zanchetta, uno de los curas que “reconfortaban” a los oficiales de la Armada tras los vuelos de la muerte, tuviera que jubilarse. La misma suerte corrió Luis Mecchia, quien desde 1961 participó en el Ejército en la implantación de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria y bajo la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla prestó servicio en Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros de torturas y exterminio. Angel Mafezzini, capellán mayor de la Armada e integrante del primer grupo que desembarcó en Malvinas, también fue sumado a la unidad de retirados. La continuidad de los sacerdotes vinculados al terrorismo de Estado pone en evidencia que la Iglesia sigue siendo la corporación más refractaria a revisar sus conductas. Con un prontuario todavía más aberrante, esta semana empieza el primer juicio a un sacerdote por delitos de lesa humanidad: Christian Von Wernich. Moldeado por los mismos preceptos, de la mano de Ramón Camps, le había tocado recalar como asistente espiritual de la Policía Bonaerense.

La relación del obispado castrense con el gobierno de Néstor Kirchner se tensó a principios del 2005 cuando Antonio Baseotto apeló a una parábola bíblica para sugerir que habría que tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por su discurso pro despenalización del aborto. El Presidente desconoció desde entonces la autoridad del obispo castrense como tal y le quitó por decreto el rango de subsecretario de Estado y su consiguiente asignación mensual de 5000 pesos. La inédita embestida no pudo sin embargo con la férrea resistencia eclesiástica y la letra del acuerdo con el Vaticano: el obispo sólo puede ser separado del cargo por el Papa. Baseotto pasó a segundo plano y mantuvo su trinchera en la catedral Stella Maris, la sede del obispado castrense en territorio de la Armada. Recién cuando cumplió 75 años presentó la renuncia ante Benedicto XVI, la cual le fue aceptada el pasado 15 de mayo. Quizá su mayor fracaso haya sido no haber logrado el objetivo de persuadir a los ministros de la todavía Corte Suprema del menemismo de ratificar la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El presbítero Pedro Candia, quien se desempeñó como vicario general bajo el mandato de Baseotto, quedó a cargo del obispado hasta tanto Roma eleve al gobierno nacional la terna para designar al nuevo obispo. Candia fue oficial del Ejército y tras el levantamiento carapintada pidió la baja para enrolarse como seminarista. Esta vocación la realizó y logró unir ambos amores: religión y milicia. Pragmático, el hombre se avino al planteo de la ministra de Defensa Nilda Garré para poner orden administrativo y dejar fuera del púlpito a los capellanes cuyos antecedentes figuraban en el Archivo Nacional de la Memoria y reaparecían en las causas del terrorismo de Estado.

El objetivo de la Iglesia es mantener la institución: el obispado castrense, una rémora que muy pocos países tienen. En rigor, es la diócesis más grande del país, con sede en cada una de las provincias y más de ochenta capellanes dedicados al adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas. Al estallar el affaire Baseo-tto, quien se sumó a las plegarias por la “libertad de los presos políticos”, entendiendo como tales a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, se analizó en el Gobierno la posibilidad de denunciar el concordato con el Vaticano. En ese momento, la senadora oficialista Adriana Bortolozzi presentó un proyecto para eliminar la vicaría castrense. La iniciativa duerme en la Cámara alta. “Hasta octubre no va a pasar nada”, repetía ante Página/12 un funcionario que confirmó el desplazamiento de los capellanes pero se incomodó porque “lo hicimos con discreción para no generar más ruido”.

Largo camino

El presbítero Alberto Zanchetta es quizás el personaje más paradigmático de ese sólido vínculo entre religión y milicia que signó gran parte de la historia argentina. Zanchetta fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaban encargados de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. La eficiencia en esa labor lo tuvo siempre en el corazón del arma que comandaba con mano de hierro Eduardo Emilio Ma-ssera. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.

El papel del capellán formó parte de la queja de un grupo de querellantes de la causa ESMA, encabezados por el abogado Rodolfo Yanzón, pidiendo la recusación de varios miembros de la Cámara de Casación por la dilación en la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos. En la presentación, se recuerda que la Cámara de Casación tiene un convenio con la Armada para que los empleados del fuero federal puedan utilizar los servicios del comedor y gimnasio del edificio Libertad. El fiscal Carlos Rívolo usufructuaba esas instalaciones hasta que en noviembre de 2002 no lo dejaron entrar al lugar. Le dijeron que había un problema con su tarjeta magnética, pero a nadie le pasó inadvertido que pocos días antes había impulsado la acción penal por delitos cometidos dentro de la ESMA y había solicitado la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La misma Cámara había organizado una misa en la catedral Stella Maris para escuchar las homilías de Baseotto y Zanchetta.

Conocedora de los subterfugios para evitar exposiciones públicas que hicieran insostenible la continuidad de sus “pastores”, la Iglesia decidió sacar a Zanchetta de la estructura jerárquica del obispado castrense. En diciembre del 2004, Baseotto lo envió a asistir espiritualmente a las fuerzas especiales de paz que mandó la Argentina a Haití. Después de tan loables servicios le llegó el turno de pasar a retiro.

El capellán del Ejército Luis Mecchia consiguió, con el aval de la jerarquía eclesiástica, mantenerse en funciones hasta que las normas le pusieron un límite solo fundado en la biología. Documentos del Archivo Nacional de la Memoria dan cuenta de que se desempeñó al frente de los 33 capellanes que prestaron servicios en el Comando de Institutos de Campo de Mayo, donde funcionó la Zona de Seguridad 4 y uno de los mayores centros de exterminio del país. Desde 1967 fue capellán del Comando de Institutos. Su jefe era el general Santiago Omar Riveros, procesado por su participación en el Plan Cóndor y en el de apropiación de bebés. El cura justificó el golpe de 1976, cuando sólo “una pequeña fracción” castrense “defendía aquello que se llamaba el Estado constitucional”.

En la Escuela de Inteligencia, Mecchia predicaba la inminencia de una guerra civil. “Muchos me creyeron”, se jactó. “Lo discutimos en el nivel superior. Varias veces me llamaron para saber en base a qué elementos sostenía esa tesis. Los altos mandos coincidieron con el diagnóstico. Les costaba quebrar la estabilidad institucional, hasta que alguien les hizo entender que una cosa es la legalidad y otra la justicia.” Como era preciso “salvar al país y al sentido argentino de la existencia” se adoptaron “métodos expeditivos”, para “frenar a los extremistas y a la guerrilla internacional”. Las operaciones fueron clandestinas. “Digamos así, con la discreción de quien sabe interpretar lo que digo: si alguien es sorprendido armado, más le vale olvidar su nombre. Cuando nos encontramos ante un hombre armado, la regla es disparar primero. Gana la guerra quien comete menos errores.” Al describir al oponente, Mecchia dice que son aquellos que “tienen ideologías marxistas, organizan huelgas, arrojan volantes, siembran clavos en las calles o lanzan bombas de humo”. El tratamiento que se les da difiere según las zonas. “En el interior los rebeldes capturados son enviados a institutos de reeducación. Es mejor no preguntar dónde. En la zona metropolitana, se hace lo posible para no capturarlos.” Mecchia reivindicó también lo que llamó “propaganda gris”, destinada a destruir “no a ellos sino a sus familias” y dijo que había organizado un “programa de reeducación filosófica, cristiana, social de esa gente”. Su conclusión era que “antes de pronunciarse sobre los famosos derechos humanos hay que conocer muchas cosas”.

El caso de Miguel Regueiro, quien cumplió 31 años de servicio, es menos conocido pero no por ello menos llamativo. En marzo de este año, el ex capellán del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y actual párroco de un barrio de la ciudad de Córdoba declaró en los Tribunales Federales de San Nicolás por su presunta vinculación con la desaparición de personas. La detención del sacerdote se produjo por orden del juez Carlos Villafuerte Ruzo. El sacerdote, de 73 años, está involucrado en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas cuando se desempeñaba como capellán en distintas unidades militares, entre ellas la del batallón del Ejército que funcionaba en San Nicolás.

El abogado Claudio Orosz precisó que se trata de la causa “Alvira María Cristina y otras víctimas de desaparición forzada”, en la que se investigan hechos ocurridos entre mayo y junio de 1977 cuando un grupo de jóvenes de entre 16 y 25 años, de militancia católica en el colegio Don Bosco, fueron secuestrados y desaparecidos. Regueiro se ordenó sacerdote en 1972, fue destinado al obispado castrense y en 1977, al entonces batallón del Ejército en San Nicolás, hasta que en 1980 fue enviado al Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba. Según fuentes vinculadas a organismos de derechos humanos nicoleños, durante la dictadura Regueiro revistaba en sectores de la Iglesia enfrentados con el obispo de San Nicolás Ponce de León, cuya muerte es investigada por el fiscal Juan Murray.

A la luz de los antecedentes, el cumplimiento de las normas burocráticas, es decir haber llegado al límite de los 75 años, es la única regla que conmueve los principios de la Iglesia.

                                               SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                  (Gran Papiyo)

–¿Por qué no confiesan lo que saben, así no los torturan más?

–Pero entonces, usted tiene conocimiento de nuestras torturas... ¿Por qué no hace algo?

Héctor Ballent, el primer testigo del juicio contra el cura

Christian Federico von Wernich, involucró directamente al ex capellán de la policía en los tormentos que él y otros detenidos sufrieron en los centros clandestinos de detención de Ramón Camps. Ballent, ex director de Ceremonial de la provincia de Buenos Aires, relató el diálogo que mantuvo con el sacerdote en Puesto Vasco. Otros testigos hablaron sobre el ambiente antisemita que se respiraba en ese sitio y señalaron que era imposible que Von Wernich, que entraba y salía de las celdas sin custodia, no supiera lo que ocurría. El acusado prefirió no estar presente en la audiencia.

La Corte Suprema revoco el indulto de Menem a Santiago Omar Riveros

Dejan sin efecto un indulto

La Corte Suprema dejó hoy sin efecto el indulto dictado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem a un ex represor y así dejó abierta la puerta para que los jerarcas de la última dictadura vuelvan a estar condenados.

“Nos horroriza. Implica un retroceso”, dijo a Página/12 Ana Oberlin, abogada de la agrupación Hijos. Se refería al fallo con el que la Corte Suprema diría hoy que el Congreso no tenía facultades para impedir la asunción del dictador Antonio Domingo Bussi. La decisión, que tendría efectos también para el caso del represor Luis Abelardo Patti, genera rechazo por anticipado entre los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer ante el máximo tribunal un amicus curiae con el que respaldó la determinación tomada por los legisladores y señaló, en base a instrumentos internacionales, que el Estado está obligado a “impugnar y separar de cargos públicos a personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura”.

Oberlin es integrante de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y representante de las familias de algunas de las víctimas del ex subcomisario Patti: el militante de Escobar Gastón Goncalves, el ex diputado Diego Muñiz Barreto y los dirigentes peronistas Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso. La semana pasada solicitó una audiencia en la Corte Suprema en nombre de HIJOS y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El miércoles por la tarde le contestaron que el presidente del tribunal podía recibirlos después de la feria judicial, es decir, luego de que se conociera el fallo sobre Bussi que sentaría el precedente sobre Patti.

El CELS optó por otra vía para dar a conocer sus diferencias con la decisión que la Corte tomaría hoy junto con la anulación de los indultos a los procesados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El organismo de derechos humanos presentó un amicus curiae (un escrito de terceros con justificado interés en un proceso) referido al caso Patti, pero cuyos argumentos son igualmente aplicables a Bussi.

Bussi fue excluido de la Cámara de Diputados en 1999, después de una impugnación de la APDH en la que se mencionaban los crímenes de la dictadura y haber ocultado una cuenta en el exterior, entre otros hechos que fundamentaban su “inhabilidad moral”. El represor nunca asumió su banca y su mandato ya venció. El diploma de Patti fue impugnado por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Ti-nnirello y Diana Conti por su participación en crímenes de la dictadura. La Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe. Ninguno de estos procesos hubiera sido necesario si los represores hubieran sido juzgados y condenados.

La presentación del CELS incluye citas a normas y jurisprudencia internacionales que avalan el mecanismo de impugnación contra Patti en base a la necesidad de que las personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos no ocupen cargos públicos. Todo indica que el fallo de la Corte sostendrá que la Cámara de Diputados no tiene facultades para decidir si un legislador puede o no asumir. Los integrantes del tribunal que se expedirán en esa forma creen que avalar la decisión de los legisladores implicaría otorgar un poder peligroso a la mayoría parlamentaria.

Diego Morales, director del área de litigio del CELS, contestó a los posibles argumentos de la Corte y señaló que este tipo de impugnaciones sólo deben ser válidas en caso de los crímenes de la última dictadura. Y que recaen en personas que no fueron condenadas por la Justicia debido a la vigencia, durante más de veinte años, de las leyes de impunidad.

“Hay una serie de compromisos internacional sobre la necesidad de los estados de adoptar medidas para separar a funcionarios que están sospechados de graves violaciones a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó en 1995 y 2000 que la Argentina adopte este tipo de medidas en relación a la última dictadura.

–¿Qué medidas? –preguntó Página/12.

–No especifica cuáles, pero dice que debe implicar la separación de cargos públicos de las personas sospechadas. Esto se señaló en el contexto de las leyes de impunidad. Ahora la Justicia está empezando a trabajar, pero los juicios estuvieron parados mucho tiempo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU verá con buenos ojos los avances en los juicios, pero eso no hace que la recomendación de separar a los sospechosos de violaciones a los derechos humanos carezca de vigencia.

–Se presume que la Corte va a decir que convalidar la impugnación de Bussi implicaría el peligro de que las mayorías definan quién puede entrar y quién no al Congreso.

–Estamos hablando específicamente de casos de graves violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar. Y de que existen obligaciones internacionales sobre esto. Es una situación excepcional.

–Para la Corte podría ser como abrir una puerta para la arbitrariedad de la mayoría.

–Coincidimos en que no se trata de una regla que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Por ejemplo, el Congreso avanzó en el caso del diputado (Carlos “Pololo”) Anauate porque estaba procesado por el caso de La Dársena (el doble crimen de Santiago del Estero). Nosotros lo discutimos. Le dijimos a la Cámara que no se puede usar la regla de Patti y Bussi para cualquiera. Sería un peligro. Pero la Corte podría fijar esta regla como excepcional.

–¿Qué contestan al argumento de que los impugnados fueron ratificados por el voto?

–Hay antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un tema delicado, pero es una obligación del estado tener instituciones públicas sin personas cuestionadas por graves violaciones a los derechos humanos. La voluntad popular no sanea la responsabilidad de esas personas.

–¿La impugnación a Patti habría que haberla hecho antes de la elección?

–En 1999 el CELS quiso impugnar la candidatura de Patti a la gobernación. La junta electoral de la provincia de Buenos Aires no lo aceptó. Dijo que el Código Electoral sólo permitía la impugnación de una persona condenada, no sospechada. Es decir que no habría canales institucionales para plantear este tipo de impugnaciones antes de la elección.

Oberlin coincidió con los argumentos de Morales. “Durante 30 años el Poder Judicial estuvo cerrado para las víctimas de estos hechos y para toda la sociedad –señaló–. Nosotros somos los primeros interesados en que el sistema democrático funcione correctamente, pero los violadores de los derechos humanos tienen que tener un límite. Eso reforzaría la democracia.”

                                               SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                  (Gran Papiyo)

La mujer, de 30 años, se refirió así al destino de los denominados "grupo de los 7", jóvenes secuestrados que gozaban de un régimen más flexible de cautiverio supuestamente por prestar cierta colaboración a sus captores, quienes los engañaron prometiéndoles sacarlos del país.

"Von Wernich reconoce que acompañó a los siete (hasta su supuesta salida del país). Yo sé que sabe cuál fue el destino final del grupo pero sin embargo hoy en día sigue sin decirnos qué pasó con ellos. El sabe dónde están sus cuerpos y esto para nosotros es muy duro", puntualizó Molina Galarza.

La mujer nació estando su madre, Liliana Galarza, cautiva en la Brigada de Investigaciones de La Plata y fue bautizada por el cura Cristian Von Wernich.

Molina Galarza declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y al termino de su exposición fue aplaudida por el público asistente, entre los que estaban decenas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

                                                                 SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                                 (Gran Papiyo)

El testigo, Eugenio Ambrosio Lugones, cuyo hermano César está desaparecido, dijo que él y su hermano fueron "amigos" del sacerdote juzgado, aunque sostuvo que "de la persona que conocí, hoy no queda nada".

Reveló además, en un nutrido testimonio, que el imputado era cuñado del coronel de apellido Morelli, quien tuvo activa participación durante los años de la dictadura.

Afirmó que fue el propio sacerdote quien le dijo que su hermano César estaba vivo, "pero también me pidió -agregó- que me olvidara" de él.

El testigo llegó a esta ciudad para declarar, procedente de Alemania, donde reside, e hizo referencia a su antigua amistad que tuvo con el sacerdote, que se gestó, dijo, cuando Von Wernick trabajaba en la secretaría de Turismo de la Nación durante la dictadura.

Señaló que también lo veía en un local nocturno de su propiedad, ubicado en la porteña calle Corrientes.

"Fue él mismo quien me dijo en el ateneo Juventud de la Capital Federal que lo habían echado del Seminario y que era homosexual", dijo el testigo, quien aseguró además que el sacerdote "hacía vida de homosexual".

El testigo afirmó que Von Wernick "también me dijo que la Iglesia era 'un buen trabajo' porque hacía 'dos changas el domingo' y tenía libre el resto de los días de la semana".

Vinculó Lugones la desaparición de su hermano César con una presunta discusión política que éste había tenido con el cura cuando regresaban del sepelio de su padre en el pueblo bonaerense de América.

Destacó que cuando llegaron a Buenos Aires, y luego de dejar a Von Wernick, su hermano César le dijo que el sacerdote "es un reaccionario de mierda".

También comentó que Von Wernick mostraba orgulloso una foto en la que el entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, le otorgaba una condecoración, "la cual tenía guardadda en la iglesia" donde celebraba misa.

                                             SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                             (Gran Papiyo)

“Con dolor no podemos dejar de reconocer que, si bien no toda la jerarquía fue sorda ante el sufrimiento de tantos hermanos, no toda la Iglesia asumió esta actitud imprescindible para ser coherentes con lo que creemos y predicamos”, señala textualmente una cartilla pastoral que se conoció ayer desde el obispado de Neuquén y que se distribuyó en todas las parroquias de la provincia. El documento fue elaborado por el equipo de la Pastoral Social de la Iglesia neuquina, coordinado por el párroco de Centenario, Rubén Omar Capitanio, quien el lunes próximo declarará como testigo en el juicio que se está llevando en La Plata contra el sacerdote y ex capellán de la Policía Bonaerense Cristian Federico von Wernich.

La crítica de los católicos neuquinos por la actuación evangélica que le cupo a la Iglesia argentina en los siete años de la última dictadura militar está resumida en el siguiente párrafo: “Demasiado silencio, falta de participación pública en las demandas de los familiares de los desaparecidos, hacer oídos sordos al reclamo de justicia, demasiada debilidad para llamar al mal provocaron que apareciéramos como cercanos a los dictadores de la muerte, mientras debíamos ser apóstoles de la vida”.

Si bien el documento no tiene la firma de Marcelo Melani –quien como obispo encabeza la diócesis neuquina–, el escrito cuenta con el respaldo de la institución. “A pesar de que trascendió públicamente ayer, el mismo fue distribuido hace un mes, desde los primeros días de agosto, en todas las parroquias de nuestra diócesis”, confirmó a Página/12 Capitanio, quien agregó que “este documento fue consensuado con todos los sacerdotes de nuestra iglesia y con el propio obispo Melani. Porque es importante que ante un hecho tan dolorosamente trascendente como el juicio a un miembro de la Iglesia (Cristian von Wernich) y su conducta en esos años terribles, no podemos dejarlo pasar sin reflexionar y debatir con nuestra gente sobre todo lo que realmente pasó”.

Capitanio confirmó a este diario que hoy viajará a La Plata para testificar el lunes ante el tribunal bonaerense que está enjuiciando a su par eclesiástico, el ex capellán de la policía Cristian von Wernich, quien fuera compañero suyo en el seminario de La Plata donde estudiaron para ser sacerdotes.

“Yo he cuestionado y sigo cuestionando el papel de la Iglesia institución, sobre todo en la jerarquía, porque no estuvimos a la altura de los acontecimientos, es decir, del lado de los crucificados”, siguió diciendo Capitanio, quien no dejó de expresar que “el caso Von Wernich es especial y más que simbólico. Porque Von Wernich se pone del lado de los crucificadores y, en ese sentido, comete una blasfemia diciendo quelo hacía en nombre de Dios. No sé de qué Dios hablaba, ya que no existe ningún Dios que sea partidario de la muerte”.

En el mismo documento autocrítico de la Iglesia neuquina se recuerda “la actitud de compromiso en esa hora negra de la patria” de obispos como Jaime Francisco de Nevares –quien fundó y por más de 30 años marcó a fuego desde su conducción al obispado de Neuquén– y al emérito de Viedma Miguel Esteban Hesayne. También se rescatan las figuras y el comportamiento en esos años del obispo de Quilmes Jorge Novak y de quien encabezó la diócesis de La Rioja Enrique Angelelli, asesinado el 4 de agosto de 1976, cuando se disponía a denunciar públicamente a los autores materiales de dos de sus curas en Chamical: el padre Gabriel Longueville y Fray Carlos de Dios Murias.

                                              SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                (Gran Papiyo)

Los miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se reconocían como animales. Alfredo Astiz se hacía llamar “El Cuervo”, Jorge Acosta, “El Tigre”, Jorge Perrén, “El Puma”. A Héctor Febres, en cambio, le decían “Selva”. “Porque era todos los animales juntos”, recordó Carlos Gregorio Lordkipanidse, un ex detenido que lo padeció en ese centro clandestino. Febres, que era el encargado del ajuar de los recién nacidos que luego eran apropiados, será el primer represor de la ESMA sometido a un juicio oral después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proceso comenzará el 18 de octubre.

Será el primer juicio oral sobre la ESMA. Pero no habrá un marino en el banquillo. Febres, un integrante de la Prefectura Naval, deberá responder por cuatro casos de secuestros y torturas.

Está previsto que se escuchen cerca de 60 testimonios y que las audiencias se extiendan durante algo más de un mes, antes de que lleguen los alegatos y la sentencia. La mayoría de los testigos propuestos por las partes y por la fiscal Mirna Goransky son sobrevivientes de la ESMA. También será convocado el coronel Horacio Ballester, del Centro de Militares por la Democracia (Cemida), y se incluirán declaraciones ya dadas por represores, como Adolfo Donda o Juan Carlos Rolón.

El proceso lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal 5, que reúne todos los expedientes vinculados con la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército y que condenó el año pasado al represor Julio Simón, alias El Turco Julián. El de Febres, por el momento, es el único juicio que los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado (que se incorporó al cuerpo hace una semana) realicen este año.

El prefecto será juzgado por los secuestros de Carlos Alberto García, Alfredo Julio Margari, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Gregorio Lordkipanidse. “Tengo bronca, porque la primera vez que declaré contra él fue hace veinte años, en febrero de 1987, y recién ahora se hace el juicio. La causa se desguazó y vamos a tener que volver a testimoniar miles de veces. Es una infamia que lo juzguen por tan pocos casos cuando era un vitalicio de ese lugar, era un torturador y también operativo del aparato secuestrador”, dijo a Página/12 Lordkipanidse. “Acá soy el que da máquina”, fue lo primero que él le escuchó decir a Febres cuando llegó a la ESMA, el 18 de noviembre de 1978, después de haber sido secuestrado junto a su mujer. Margari fue detenido ilegalmente un año antes, el 17 de noviembre de 1977, y García el 21 de octubre del mismo año. A Prada de Oliveri la llevaron a la ESMA junto a su esposo el 21 de diciembre de 1977. Estaba embarazada de cuatro meses. Los cuatro recuperaron la libertad.

Elea Peliche, abogada de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, se mostró decepcionada porque el juicio abarca muy pocos delitos y se quejó porque el tribunal dejó afuera de este proceso el caso de Raimundo Villaflor, quien murió en la ESMA a causa de las torturas.

“Nos hubiera gustado un juicio que reuniera más hechos y más imputados. Pero teniendo en cuenta que hace cuatro años que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, es imperioso que comiencen los juicios, ya que la parte central de esta causa sigue obstruida por el accionar de la Cámara de Casación”, señaló, por su parte, Rodolfo Yanzón, abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y otro de los querellantes.

Al anularse las leyes de impunidad, la causa ESMA volvió a la situación en la que había quedado en 1987. Diez marinos, entre ellos Astiz y Acosta, estaban en condiciones de ser juzgados. Pero el represor Enrique Scheller, que también era de la partida, presentó un recurso ante la Cámara de Casación que paralizó el proceso. Parte de ese tribunal, que fue luego acusado por “cajonear” los expedientes sobre los crímenes de la dictadura, fue recusado por los sobrevivientes. Durante ese trámite, el juez Alfredo Bisordi llamó “delincuente terrorista” a una de las víctimas. Después de que Casación fuera cuestionado en el Consejo de la Magistratura, el caso de Scheller volvió a la vida. Pero fue entonces el represor quien impugnó la participación de los jueces que habían sido acusados y rechazó que se nombraran conjueces. Este es el estado actual de aquel caso. Por lo tanto, será Febres el primer representante de la ESMA en ser juzgado.

                                                                   SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                                       (Gran Papiyo)