Por Victoria Ginzberg

 

El juez Alfredo Bisordi y el fiscal Juan Martín Romero Victorica justificaron las demoras que las causas de derechos humanos sufren en la Cámara de Casación. Dijeron que el tribunal tenía demasiados expedientes y adjudicaron el atraso a los querellantes, es decir, a los organismos de derechos humanos y a los familiares de desaparecidos. Trataron de desmentir que la dilación fuera intencional y que tuviera el objetivo de beneficiar a los represores, como señalaron los organismos. Pero el mismo tribunal los contradijo. En los últimos días, a los abogados que representan a las víctimas de la dictadura les empezaron a “llover” cédulas con notificaciones de resoluciones de Casación. No son fallos en los que se definan cuestiones de fondo, pero se trata de una reactivación de los expedientes. Es decir, documentos que pudieron haberse firmado hace meses. Uno de los casos que fue sacado del cajón –o, más bien, de una pila de papeles– es la queja presentada por el represor de la ESMA Raúl Scheller, que espera por su resolución hace más de tres años.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales se sorprendieron cuando, el lunes, recibieron 74 cédulas judiciales, todas con remitente de la Cámara de Casación Penal. Algunas correspondían al mismo incidente, pero a otro querellante. Muchas se referían a notificaciones acerca de qué sala del tribunal quedó a cargo del expediente o de pedidos para que los abogados dieran su opinión sobre planteos de las defensas. En concreto, se trata de al menos veinte recursos que se reactivaron. No son cuestiones centrales pero sí necesarias para que las causas avancen, aunque si se tratara de un hecho sin continuidad podrían pasar meses para que se definan los planteos de fondo.

“En los últimos diez días hubo un incremento llamativo”, señaló a Página/12 Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quien confirmó que en la institución que representa también percibió un mayor movimiento del tribunal cuestionado por los organismos de derechos humanos y el Poder Ejecutivo.

“Está claro que alguien se puso a ordenar, a trabajar. Lo que hacen ahora estaban en condiciones de hacerlo hace varios meses. Es la prueba de que estos expedientes estaban cajoneados, en realidad estaban amontonados arriba de escritorios. Yo mismo, junto a otros abogados, los he visto en un cuartito de los tribunales de Comodoro Py”, aseguró el abogado Pablo Llonto, representante de víctimas de la dictadura. Llonto señaló que este hecho no puede desligarse de los cuestionamientos que sufrió en estos últimos tiempos la Casación.

Resulta evidente que las 74 notificaciones que llegaron el lunes al CELS no fueron firmadas todas juntas ese día, el primero hábil después de que el presidente Néstor Kirchner cargara contra el tribunal en el acto en el centro clandestino de detención La Perla. Pero esas no fueron las primeras críticas a Casación. El 19 de marzo, 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. El 1째 de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, Kirchner ya había instado a la Cámara de Casación a acelerar los juicios contra los represores. A mediados de febrero, Página/12 publicó una nota en la que señaló que el tribunal tenía más de cien incidentes para resolver, algunos de ellos, como el de Scheller, con tres años de demora. Un relevamiento reciente de la Procuración General de la Nación arrojó que son 193 los incidentes. La paralización de estos expedientes, se explicaba, impedía que las investigaciones avanzaran al juicio oral y se lograran las condenas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El Tribunal Oral Federal 5, que tiene a su cargo los procesos en las llamadas megacausas de ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, espera resoluciones de Casación para poner fechas a las audiencias de los próximos juicios. Además, durante el año pasado, querellantes y organismos de derechos humanos habían presentado quejas en varias ocasiones ante los propios miembros del tribunal.

En la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura, los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica González Vivero, Luz Palmás Zaldúa, Leonel Curutchague y Flavia Fernández Brozzi destacaron que la Cámara de Casación cambió sus propios criterios “para favorecer a los imputados” por crímenes cometidos durante la última dictadura. El escrito señalaba que el tribunal, además de paralizar las investigaciones y obstaculizar el avance de los procesos, había cambiado su criterio restrictivo sobre las excarcelaciones por uno más flexible para favorecer que los acusados en estas causas pudieran recuperar la libertad.

El apoyo público de Kirchner a esta denuncia y el reclamo para que el Consejo de la Magistratura avance en la destitución de los jueces, sumado al coro de funcionarios que se alinearon a los dichos del Presidente, provocó críticas en el ámbito judicial y en la oposición. Sin embargo, nadie salió en defensa de los integrantes de la Cámara de Casación. De hecho, el reclamo fue para que el cuestionamiento se mantuviera por los carriles institucionales, es decir en el Consejo de la Magistratura, donde ya hay consenso en avanzar con el pedido de remoción realizado por organismos de derechos humanos. En tribunales recordaron que fue muy distinta la actitud del Poder Judicial cuando el Presidente cuestionó a los jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori por excarcelar al empresario Omar Chabán. Aquella vez, jueces y juristas defendieron a los magistrados y el Consejo de la Magistratura archivó la acusación.

El fiscal ante la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica utilizó ayer los mismos argumentos que Bisordi para justificarse. Dijo que los retrasos “no son adrede” y que “las mayores demoras, chicanas, han sido puestas por los querellantes, que son los parientes de las víctimas”. El impulso que la propia Cámara de Casación dio en los últimos días a los incidentes que tenía dormidos lo desmiente.

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                                                                 (Gran Papiyo)

 

Los sobrevivientes de La Perla lo recuerdan como “El Nabo” o “Hernández”, un duro capaz de los más sádicos azotamientos como castigar hasta la muerte a un detenido. Entre 1976 y 1979 estuvo a cargo de los interrogatorios del principal centro clandestino del interior del país y en 1987, mientras lo cercaban las acusaciones de los primeros juicios, desencadenó la sublevación de los militares carapintadas de Semana Santa. Desde hace dos años Ernesto Barreiro estaba prófugo. A pedido de la Justicia argentina, Interpol acaba de localizarlo en la ciudad norteamericana de Virginia donde permanecía con una “visa comercial”. En este momento está detenido. La fiscal cordobesa Graciela López de Filoñiuk, a cargo de la causa por la desaparición del estudiante Diego Hunziker, de 17 años, acaba de iniciar además el trámite de extradición. Según fuentes del Gobierno, Estados Unidos podría deportarlo por haber declarado que no tenía causas penales pendientes cuando ingresó al país.

“La detención de Barreiro para nosotros tiene una importancia muy grande –explicó anoche la fiscal–, porque dentro de la causa Hunziker es la única persona que hasta ahora permanecía prófuga. Junto a José Arnoldo López eran los prófugos de la causa; a él lo localizamos a los meses y ahora tenemos que esperar el resultado del juicio de extradición.”

Diego Raúl Hunziker era un estudiante de la escuela Monserrat de la provincia de Córdoba. Lo secuestraron el 13 de septiembre de 1977 y lo llevaron a la llamada Casa Hidráulica, donde lo torturaron, y posteriormente lo llevaron a La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país. De acuerdo con los datos que durante estos años pudieron recoger sus familiares representados por los abogados Martín Fresneda y Claudio Arofz, su cuerpo salió de ahí a través del “operativo ventilador”.

“Los militares lo llamaban así cuando mataban a la gente dentro de La Perla, y simulando un enfrentamiento lo dejaban tirado en algún lugar para justificar con la propaganda que habían abatido a la subversión”, dice Fresneda. Los restos de Diego fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente de Córdoba, pero sus familiares nunca lo pudieron recuperar. Su cuerpo es uno de los que aparece en 1985 entre la primera excavación que se hace en el lugar, pero también es uno de los incinerados en las 33 bolsas que ordenaron quemar. “O sea –dice Fresneda–, no lo vamos a encontrar más.”

Por su desaparición y muerte fueron denunciados diez represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez como responsable del III Cuerpo del Ejército, y también Barreiro, aunque la primera vez que fue convocado por la Justicia no fue por este caso sino por un pedido de la Cámara Federal de Córdoba en la megacausa Menéndez unificada en 1987. La Justicia lo convocó para una indagatoria que él rechazó a un año de la vigencia la ley de Punto Final que daba un margen de 60 a 90 días a los jueces para iniciar las causas penales contra los militares. Aquella posición de Barreiro desencadenó los levantamientos de Semana Santa (ver aparte).

Para quienes llevaban adelante las causas, Barreiro era un conocido torturador, jefe de La Perla durante un período y nombrado por todos los testigos sobrevivientes del centro clandestino como responsable de las torturas y flagelos en el interior. En la causa Hunziker aparece como responsable de privación ilegal de la libertad, torturas, tormentos y homicidios agravados con otros diez represores.

Hace dos años, la jueza Cristina Garzón de Lascano le dictó la orden de captura. Según los datos de los querellantes, Barreiro salió del país “días antes” de que la jueza firmase la orden de captura, como si alguien le hubiese avisado con anticipación. Entró en Estados Unidos con una visa “comercial” y de acuerdo a los datos en manos de Cancillería se alojó en el estado de Virginia.

La fiscalía de Filoñiuk pedirá la extradición para indagarlo en una causa que está apelada y a la espera de una decisión de la Cámara de Casación. “Distinto a lo que sucede en países como Francia o Italia, acá no podemos hacerles juicio en ausencia”, explicó. “Tengo que pedir la extradición para indagarlo.” Si el juicio de extradición se demora, la fiscalía evalúa seguir adelante. “Se puede demorar, y entonces si es que baja alguna vez la causa de la Cámara de Casación lo mismo se puede iniciar el juicio oral por los que están procesados y luego cuando él llegue se lo juzga a él.”

                                           SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                             (Gran Papiyo)

 

Represor de oscuro pasado, sólo conocido por sus víctimas del centro clandestino de detención conocido como La Perla por sus proclamas nazis durante las sesiones de tortura, el ex mayor Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro ganó fama cuando en abril del ’87 anunció que no se presentaría a declarar en la Cámara Federal de Córdoba para responder a los cargos que pesaban sobre él en una causa en la que se investigaba la muerte de 28 detenidos en la cárcel provincial. Su actitud, urdida con un grupo de cómplices, detonó el levantamiento carapintada del entonces teniente coronel Aldo Rico y sus secuaces en Campo de Mayo de Semana Santa. De aquel Nabo al de hoy, persiste su aversión a presentarse en Tribunales para responder por aquello de que se jactaba a voz en cuello según numerosos testimonios de sus víctimas de las sesiones de tortura.

Después del represor Luciano Benjamín Menéndez, Barreiro reúne los cargos más graves en la causa abierta por los crímenes cometidos en La Perla, a pocos kilómetros de Córdoba capital. Egresado del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Infantería en 1966, Barreiro fue oficial de Inteligencia e integró los “Comandos Especiales” que operaban en aquel campo clandestino de detención durante la última dictadura militar. Allí, llegó a ser responsable del grupo de “Interrogadores” del CCD. De porte nacionalista y antisemita, este represor se preciaba por su fidelidad a la doctrina nazi.

Según la denuncia que realizó el CELS en su momento, Barreiro era un gran vanidoso. Creía que, sin que ellos se dieran cuenta, podía manejar a Menéndez y a cualquier otro de sus superiores. Hablaba de “la elite de los inteligentes”, sintiéndose él parte de ese grupo. Tenía la ambición de integrar un partido político militar que se mostrara como la continuación natural de la dictadura, una ilusión que compartía con sus camaradas de la joven oficialidad que encabezaba el capitán Von Diedrich. Según ellos, Jorge Rafael Videla era “un blando” y entre ellos idearon los primeros volantes de Famus (la agrupación pro dictadura que reunía a los “familiares de las víctimas de la subversión”) y de los grupos ultraintegristas Falange de la Fe y Tradición, Familia y Propiedad.

En La Perla tenía cuatro alias: “Nabo” –el más conocido–, “Hernández”, “Rubio” o “Gringo”. Las causas en su contra son muchas. Se lo señaló como responsable directo del secuestro de la embarazada Rita de Spíndola, de la captura y asesinato de Oscar Lineira, de la tortura y muerte de César Soria y María Luz Mugica, por nombrar algunos casos. La causa por la que se negó a declarar frente a la Cámara Federal era “Fermín Rivero y otros”, que estaba referida a la muerte de 28 detenidos en la cárcel de Córdoba. Luego de la Semana Santa del ’87, Barreiro se presentó a declarar y quedó en libertad, beneficiado por la ley de Obediencia Debida. La anulación de la ley lo dejó sin protección.

                                                SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                   (Gran Papiyo)

.- La justicia argentina ha autorizado el cambio del primer apellido en el documento nacional de identidad a una mujer de 35 años que aseguraba sentirse 'avergonzada' por el pasado represor de su padre, que cometió violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura. El padre de esta mujer fue Valentín Milton Pretti, alias Saracho, comisario de Buenosa Aires en los años de la dictadura y estuvo acusado de asesinar a varias personas, entre ellas un bebé.

 

El tribunal de familia número 2 de Lomas de Zamora accedió por 'justos motivos' a la demanda planteada por Ana Rita Laura Pretti Vagliati, hija del comisario bonaerense ya fallecido Valentín Milton Pretti, alias 'Saracho'.

Según explicó la demandante ante los jueces, se sentía avergonzada especialmente desde que su padre le contó que en uno de los temidos operativos que realizó durante la dictadura militar (1976-1983) 'tuvo que matar a un bebé'.

En su fallo, los jueces María Almeida, Liliana Vicente, y José Imperiali ordenaron que la mujer se reinscriba en el Registro Civil como Ana Rita Laura Vagliati, y dispusieron que se le otorgue nuevo documento nacional de identidad con esa seña de filiación.

'Soy la hija de un torturador. Por eso quiero cambiar de apellido. Quiero terminar con este linaje de muertes porque no acepto ser la heredera de todo ese horror. Los apellidos son símbolos y el mío es uno muy oscuro, lleno de sangre y de dolor', indicó Ana Rita Laura.

'Saracho' falleció en 2005 a los 72 años y su esposa en 1998. No estuvo procesado ni detenido, aunque en 1986 se fugó cuando fueron a arrestar, pese a lo cual la Policía Bonaerense le concedió el retiro. En 1987 recibió la amnistía tras la Ley de Obediencia Debida.

En la CONADEP figuran los antecedentes de Pretti como miembro destacado de la 'patota' del jefe de la Policía Boanerense, Ramón Camps, ya fallecido; junto a Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani, y el médico policial Jorge Bergés, todos hoy detenidos.

Entre otros destinos, 'Saracho' ocupó la jefatura del Comando Operativo Táctico 1 de la localidad de Martínez, donde funcionó el centro clandestino de detención 'COTI Martínez', así como en el 'Pozo de Banfield', el 'Pozo de Quilmes' y el 'Puesto Vasco'.

A los 33 años, Ana Rita Pretti quiere sacarse de encima el trauma que significa para ella llevar ese apellido. Su padre, fallecido el pasado 11 de abril, a los 68 años, era el policía bonaerense Valentín Milton Pretti, denunciado como torturador del centro clandestino de detención que funcionó, durante la dictadura militar, en el Comando de Operaciones Tácticas I (COT-I) de Martínez (ver aparte).

A los 13 años, luego de participar en el Instituto Apostolado Católico, en el que estudiaba, de una charla sobre el Juicio a las Juntas Militares, tuvo su primera discusión fuerte con su padre, que intentaba ponerle límites a su rebeldía juvenil: “Vos fuiste un torturador y no tenés derecho a decirme nada”. Ese mismo año, 1985, comenzó a hacer terapia. Desde entonces pasó por varios divanes, pero su carta de presentación siempre fue la misma: “Vengo porque soy la hija de un torturador”.

En diálogo con Página/12, Rita cuenta que su madre, Juana Vagliati, fue “la primera que me hizo tener conciencia sobre el dolor que significa arrastrar esta historia de horror y de muerte”. Por eso quiere llevar el apellido materno, en homenaje a la mujer que le abrió los ojos y que murió, en 1997. La mamá de Rita “siempre tuvo mucho miedo y a veces dejaba de comer, de bañarse, pasaba el día acostada y de noche se levantaba a rezar”.

El mensaje de Rita y la forma en que justifica su decisión de cambiar de apellido son claros y rotundos: “Ahora no siento el mismo odio, le puedo disculpar que no haya sido un padre amoroso, que no haya amado a mi mamá. Pero no le puedo perdonar que haya torturado y matado y que la haya lastimado tanto a mi vieja. No puedo perdonarle que después de torturar y matar, al volver a mi casa, nos haya tocado a mí y a mis hermanos, nos haya hecho upa o nos haya acariciado”. Tal vez como una forma de alejarse de la imagen del padre, en su adolescencia, cuando comenzó a estudiar periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora, Rita militó en agrupaciones de izquierda.

Por eso, su discurso tiene también objetivos políticos claros: “No soy la hija de un loco, sino la hija de un policía que fue formado por un Estado que es responsable de lo que ocurrió y que permitió que mi padre siguiera en libertad y que no haya pagado por lo que hizo”. Valentín Milton Pretti fue comisario de la Policía Bonaerense y, como tal, lugarteniente del general Ramón Camps. Fue uno de los acusados en el juicio contra Camps, Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani y el médico policial Jorge Bergés, entre otros. A Pretti no pudieron condenarlo, a pesar de los cargos en su contra, porque estuvo prófugo en el Paraguay.

“A mi papá lo vinieron a buscar en 1986, cuando comenzó el juicio; en realidad le vinieron a avisar, para que pudiera escaparse. Nosotros lo fuimos a ver una vez, con mis tres hermanos y mi mamá, a una casa, creo que en la Capital Federal, antes de que viajara al Paraguay. Estaba disfrazado.” La familia Pretti siempre vivió en Temperley, donde Rita tuvo que soportar una convivencia cada vez más conflictiva.

“Muchas veces le pregunté a mi papá que me dijera lo que había hecho, si era cierto. El me decía algunas cosas, me ocultaba muchas otras y otro tanto lo inventaba. Muchos eran datos de la realidad que él acomodaba delirantemente, a su antojo.” En todos esos años llegó a comprender que “tanto él como sus colegas fueron terriblemente cobardes y le tienen pánico a la verdad”.

Las discusiones entre ella y su padre fueron constantes, mientras sus tres hermanos varones mantenían “una postura diferente, como si trataran de evitar toda referencia a lo ocurrido”. Rita tiene recuerdos terribles de su infancia: “Mi papá nos llevaba a tomar helados a Martínez. El paseo era conocido, por mis hermanos y por mí, como los ‘helados de Coti Martínez’. Muchos años después, supe que ése era el nombre de un centro clandestino de detención”, donde Pretti secuestraba y torturaba. Algunos de los visitantes a la casa de Temperley eran el médico policial Bergés, que asistía los partos en los campos de concentración, y el cabo Norberto Cozzani. Ya en la adolescencia, Rita quedó impactada con la película La Noche de los Lápices, que relata la desaparición de un grupo de alumnos secundarios que reclamaban el boleto estudiantil.

“Había algo en los personajes que hacían de torturadores que me era absolutamente familiar. Conocía muy bien esas actitudes sádicas y prepotentes. Se lo conté a mi mamá y ella se puso triste, pero no supo qué decirme.” La historia que narraba el film dio lugar a otra de las discusiones con su padre. “En ese momento no sabía que mi papá había estado también en el Pozo de Banfield y que tuvo relación con ese caso. Cuando lo supe, le pregunté y él me dijo que a los chicos los habían matado.” Rita tuvo una pelea muy fuerte con su padre, a quien le hizo reproches muy duros. “Le dije que había matado a jóvenes que tenían mi misma edad de entonces y él hizo toda una justificación diciendo que el ser humano se convierte en una bestia en ‘momentos de guerra’, como solía llamar a lo que había ocurrido durante la dictadura.”

Hay otro momento que Rita no puede olvidar. “Mi papá me contó que fueron a hacer un operativo a Villa España, en Berazategui, para buscar a una guerrillera del ERP. Cuando entraron a la casa, ella tomó una pastilla de cianuro y le disparó a su hijo. El chiquito quedó herido y mi papá les ordenó a sus subordinados que lo sacrificaran. Como nadie se atrevió, lo hizo él mismo.” La sucesión de “relatos morbosos” y que trataban de “justificar lo injustificable” hicieron que Rita, en 1998, rompiera toda relación con su padre. La joven está muy agradecida con la ayuda que recibió de Emilio Montilla, uno de sus terapeutas.

“Yo siempre contaba, desde los 13 años, que era la hija de un torturador, pero nadie quería ayudarme a enfrentar ese trauma. Emilio me planteó la necesidad de hablar del tema y él es quien me ayudó a hacer la presentación en los Tribunales de Lomas de Zamora para cambiar mi apellido paterno.” Para Rita, dejar atrás el Pretti para reemplazarlo por Vagliati, el apellido de su madre, significa “romper un trauma que me persigue y reivindicarla a ella, que murió torturada por todo lo que había vivido al lado de mi padre”. Rita cree que debe haber “muchos hombres y mujeres en mi misma situación, hijos de personeros de la dictadura militar que podrían tomar esta misma decisión de romper con el linaje que denota un apellido”. A lo largo de toda la charla, la joven –que hoy dará una conferencia de prensa, a las 17, en el Hotel Bauen– quiere dejar sentado que la alienta una motivación política: “Mi lucha ideológica por la memoria comprende un profundo compromiso para transformar el presente y enfrentar el discurso de los viejos políticos, militares y policías que quieren seguir hundiendo en la pobreza a los trabajadores”. 

Informe: Carolina Uribe.
Página12. 10/08/2005

Por Laura Vales

 

Hace veinte años tomaban Campo de Mayo en lo que sería el primer levantamiento carapintada. Hoy se dedican a la política y a los negocios. Algunos de ellos con notorio éxito, como el mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, recientemente detenido en Estados Unidos, donde vivía en un chalet de dos plantas de un barrio residencial valuado en un cuarto de millón de dólares. Otros, como Enrique Venturino y el propio Aldo Rico, siguen soñando con recuperar su incidencia política. Y están quienes, pese a los sucesos en los que participaron, siguen cobrando un retiro militar. En las líneas que siguen, un panorama de cómo viven hoy los principales jefes del motín de Semana Santa, el alzamiento que en abril de 1987 puso en jaque a la joven democracia de entonces, con el objetivo de frenar los juicios contra represores acusados de violaciones a los derechos humanos.

- Aldo Rico: Está instalado en San Miguel, con nueva mujer y un hijo de un año y medio. En los últimos meses dejó trascender, a través de su familiares, que quería volver a ser intendente y que se preparaba para candidatearse en las próximas elecciones. El problema es que sus antiguos camaradas del distrito, que lo ayudaron a fundar el Modín, ahora se reivindican kirchneristas y no quieren saber nada con él.

El municipio que lo eligió intendente dos veces hoy está gobernado por Oscar Zilocchi, quien fuera su mano derecha y lo sucedió como jefe comunal. A finales del 2005, Zilocchi fue reelecto y se acercó a las filas K junto con los diputados del Frente Popular Bonaerense, entre los que estaban la hija del carapintada, Manola Rico. Desde que hicieron el pase, sus ex aliados se muestran muy poco dispuestos a que el ex militar vuelva a escena.

El año pasado Rico apareció asociado a un escándalo inmobiliario: el proyecto de construir un complejo de torres en el lugar donde funcionan la sede social del club San Miguel y una escuela. La cara visible de este emprendimiento es Santiago Cúneo, viejo socio de Rico en negocios petroleros. El proyecto de las torres generó un fuerte rechazo entre los padres del colegio, que organizaron marchas, hicieron un abrazo simbólico a la escuela y les declararon la guerra a las torres. En medio del conflicto, Rico fue visto en las oficinas de Cúneo por el periodista Alfredo Sayub, del diario local La Hoja. Cúneo le aseguró que Rico estaba con él en el tema de las torres. El año pasado, el Concejo Deliberante frenó la iniciativa, que desde entonces pareció congelada, aunque hace unos días Cúneo reapareció y ofreció al club, que está en quiebra, comprarlo por nueve millones de pesos.

- Ernesto “Nabo” Barreiro: En abril de 1987 fue el detonante del levantamiento, cuando se negó a presentarse ante la Justicia federal, que quería interrogarlo sobre su responsabilidad en el secuestro y la muerte de un grupo de militantes en el centro clandestino de detención de La Perla. El pasado 2 de abril, después de estar dos años prófugo, fue detenido en Virginia, Estados Unidos. El gobierno norteamericano debe resolver ahora si lo extradita a la Argentina para ser juzgado por la desaparición del estudiante Diego Hunziker, secuestrado en septiembre de 1977.

Durante la dictadura, Barreiro había llegado a ser jefe en La Perla. De 1976 a 1979 estuvo a cargo de los interrogatorios; se convirtió en uno de los torturadores más denunciados por los sobrevivientes.

Escapó del país en el año 2004, enterado de que la jueza Cristina Garzón de Lascano estaba a punto de dictar su orden de captura.

En Virginia había comprado un chalet de dos pisos valuado en 250 mil dólares y se dedicaba a la venta de arte y antigüedades.

- Luis Polo: El ex teniente coronel fue quien dio refugio a Barreiro en el Regimiento 14 de Infantería de Córdoba. Luego del alzamiento, pasó a integrar la dirección del movimiento carapintada. Fue diputado nacional del Modín por un mandato. Hoy trabaja en una empresa de seguridad porteña donde, dice, se dedica a dar capacitación a los empleados.

- Enrique Venturino: Fue el encargado de inteligencia de Rico para el copamiento de Campo de Mayo. Hasta hace poco tenía un restaurante en Buenos Aires, junto a otros socios. Dice que actualmente vive sólo de su retiro como teniente coronel.

Venturino se quedó con el sello del Modín, tras distanciarse de Rico en 1994 por el acuerdo con Eduardo Duhalde. Los ex riquistas acusan a su antiguo líder de haberle facilitado la reelección al ex gobernador bonaerense a cambio de cinco millones de dólares.

Pasados los años, el Modín tiene una actividad política muy marginal pero mantiene una interna llena de conflictos. La última crisis fue el lanzamiento del periodista Guillermo Cherashny como candidato a jefe de Gobierno porteño. Cherashny se proclamó el candidato del Modín y Venturino lo denunció ante la Justicia por impostor. Acusa al anterior titular del partido, el ex asesor de Rico Alejandro Montiel, de haberle vendido la candidatura.

Dato insólito: Venturino creó en la crisis del 2001 una “Confederación para que se Vayan Todos” de la que se autotituló presidente. Luego, le cambiaría ese nombre por otro de reminiscencias peronistas, “Lealtad Popular”, con la que se prepara a participar de las próximas elecciones de octubre.

Venturino reivindica el levantamiento de Semana Santa con ahínco, especialmente ahora que se han reabierto los procesos judiciales contra los represores: “Lo volvería a hacer. Estoy convencido de que era necesario, no para dar un golpe de Estado, sino para arreglar con Alfonsín. Obviamente, lo que nos preocupaba era el tema de los juicios”, dice. “Los mismos objetivos del Operativo Dignidad planteados en aquella Semana Santa hoy siguen vigentes.”

- Gustavo Breide Obeid: Ex integrante del estado mayor riquista y uno de los carapintadas que habló con Raúl Alfonsín, Breide Obeid fue uno de los militares que participaron en los cuatro alzamientos que se sucedieron desde Semana, en 1987, hasta la toma del Edificio Libertador, en 1990. También está al frente de un sello político, el Partido Popular de la Reconstrucción. Abrió una empresa de limpieza de oficinas.

- Mohamed Alí Seineldín: Aunque haría su debut en los motines carapintadas posteriores al de Semana Santa, los protagonistas de la época relatan que, en realidad, era Seineldín quien iba a encabezar el motín de abril del ’87. En aquellos días residía en Panamá, como instructor de las fuerzas de Noriega, y habría desistido de viajar a la Argentina advertido por su mujer, siendo entonces reemplazado por Rico. Condenado a cadena perpetua en 1990 y luego indultado en el 2003, por Eduardo Duhalde, Seineldín reapareció este año públicamente para hablar de las Malvinas. En el panel se quejó del “desarme” de las fuerzas armadas.

A los 73 años, su discurso suele estar teñido de misticismo: “A Malvinas la envió Dios a través de la Providencia”, dijo en esos días. “Yo sé interpretar la señal de Dios. Eso me permite ver que, a 25 años, nadie entendió. El país fue demolido por armas políticas como el indigenismo, el ecumenismo, el ecologismo, la droga, la prostitución y el control de la natalidad.”

En su casa del barrio porteño de Versailles da ocasionales charlas políticas en las que suele verse a Zulema Yoma.

Al militar no le faltaron admiradores dispuestos a darle una mano cuando salió de prisión tras el indulto. Encontró trabajo como director de una escuela de Tiro de Lanús, donde enseña el uso de armas y defensa personal, y administra campos en Chaco y Santiago del Estero.

                                                SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                      (Gran Papiyo)

Según los jueces, el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Federal donde está preso Von Wernich "no sólo no reúne los requisitos legales y de seguridad sino que además cuenta con prerrogativas netamente diferenciales respecto del resto de los detenidos a disposición de este Tribunal".

                                                SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                     (Gran Papiyo)