Los acusados ocuparon casi la totalidad de la planta baja de la Sala Amia, incluso detrás de los blindex, donde habitualmente va el público. En tanto, los familiares de las víctimas ocuparon la bandeja superior, separados del grupo de los parientes de los represores, encabezados por Cecilia Pando.

Los periodistas quedaron imposibilitados de ingresar a la sala de audiencias a excepción de medio centenar de reporteros gráficos que tuvieron 15 minutos para hacer las fotos de los acusados, antes de que el Tribunal Oral Federal 5 comenzara a leer el requerimiento de elevación a juicio.

Los imputados por haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) son 68. Llegan por primera vez a juicio ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los "vuelos de la muerte" en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata para convertirlos en desaparecidos: Julio Poch, Emir Sisul Hess, Enrique de Saint George, Miguel García Velazco, Domingo D'Agostino, Ricardo Ormello, Miguel Clement y Mario Arrú.

En tanto, los exmarinos Alfredo Astiz, Eduardo "Tigre" Acosta, y demás integrantes del grupo de tareas 3.3.2., dieciséis de los cuales ya fueron condenados en octubre de 2010, deberán responder ahora por nuevos crímenes aún no juzgados, como el secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. También debieron escuchar las acusaciones, el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, imputado de haber presenciado el interrogatorio bajo torturas a Orlando Ruiz, a quien se sindicaba de haber participado de un atentado en su contra y que permanece desaparecido, es uno de los dos civiles enjuiciados, junto al abogado Gonzalo Torres de Tolosa.

La "patota de la ESMA" deberá responder también por haber arrojado al mar hace casi 35 años al grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, junto a las religiosas francesas que las ayudaban, Alice Domon y Léonie Duquet, cuyos cuerpos fueron devueltos a las costas y tras permanecer durante décadas como NN fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y más tarde enterrados en la porteña Iglesia de la Santa Cruz, donde habían sido secuestradas.

La ESMA, ubicada en el borde noreste de la Capital Federal y hoy convertida en Espacio para la Memoria, fue el mayor centro de detención clandestina administrado por la marina durante la última dictadura en la que se estima que pasaron unas 5 mil víctimas y nacieron bebés en cautiverio.

El primer juicio de la ESMA, contra el prefecto Héctor Febres, quedó inconcluso por su muerte con cianuro dentro de su celda el 10 de diciembre del 2007 y el segundo, en 2009, por sólo 85 casos, terminó con la primera condena judicial a algunos de los represores más conocidos del período del terrorismo de Estado.

Para un futuro juicio quedará los denominados delitos económicos de las ESMA, el operativo de despojo de bienes a los prisioneros con casos emblemáticos como el desapoderamiento de tierras en Chacras de Coria a la familia Cerruti. Se estima que este juicio durará 24 meses, durante los cuales declararán 830 testigos antes los jueces Daniel Obligado, Leopoldo Bruglia y Adriana Palliotti, con la fiscalía de Eduardo Friele.

El general, acusado por el ex-preso político Ramón Olivera de haber presenciado los interrogatorios a los que fue sometido en 1977, tras ser detenido ilegalmente en La Rioja, y de haber participado en el secuestro de su padre durante la última dictadura militar, tomó la iniciativa de presentarse a la Justicia "con la finalidad de ponerse a su total disposición, negando absolutamente los presuntos hechos que se le atribuyen a través de algunos medios de comunicación", añadió el mismo texto. oficial

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, reclamó una "investigación urgente" sobre la actuación del flamante jefe del Ejército, al hacerse eco de las denuncias del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien dio por probado que Milani actuó en el área de Inteligencia en La Rioja y Tucumán, cosa que no figura en su legajo. "Si tuvo un cargo destacado en el área de Inteligencia en esa época "se puede presumir que al menos no estaba ajeno a la represión ilegal", advirtió Cortiñas.

De Lanata y Clarín me río, 

pero de las botas no confío.  

Que la verdad salga a la luz ! ! ! !  

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)      

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló ayer que esa organización no cuenta con información que incrimine al jefe del Ejército, César Milani, en violaciones a los derechos humanos, pero pidió “a quienes hicieron la denuncia que se acerquen a la Justicia para que investigue” y que, en caso de que se encuentren “pruebas suficientes” en su contra, debería ser removido “inmediatamente”. Pero, mientras tanto, “no encontramos ningún antecedente, no podemos prejuzgar”.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) está analizando el caso porque –que se sepa– nunca hubo una causa judicial en La Rioja a raíz de lo denunciado por el ex detenido Ramón Alfredo Olivera, quien señaló que en 1977 –cuando Milani era subteniente y tenía 22 años– fue llevado por el militar desde un centro clandestino a un juzgado federal y lo presionó para que hablara. Según las versiones que circulan en la provincia, ese testimonio habría sido recogido en 1984 en el trabajo que realizó la Comisión Provincial de Derechos Humanos. En 2010 se publicó una nueva versión –reducida– en la que el nombre de Milani no figura.

El CELS comisionó a un grupo de abogados para que estudiara el caso, mientras que Milani sostiene que nunca estuvo en un centro clandestino y nunca hizo una detención en aquella época, ya que revistaba en Ingenieros. El militar es hijo de un fallecido constructor, también del Ejército, que fuera intendente de Cosquín y de raigambre peronista. Respecto de la desaparición en Tucumán del soldado Alberto Ledo, la Justicia de esa provincia archivó la causa después de un dictamen del fiscal refrendado por la decisión del juez Daniel Bejas. La mamá de Ledo, que nunca denunció a Milani sino al capitán Alberto Sanguinetti por la desaparición de su hijo, pidió ayer que se vuelva a investigar si es verdad que el joven fue ayudante de Milani en junio de 1976. Hasta ahora, la Justicia de Tucumán dictaminó que el entonces subteniente fue brevemente a la provincia como parte del arma de Ingenieros a construir un camino y una escuela.

El martes, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió la revisión de la designación de Milani como jefe del Ejército. Pérez Esquivel dio por cierto incluso que el militar fue parte del movimiento carapintada, algo ya desvirtuado por las investigaciones judiciales y hasta por las imágenes de televisión de la época. El titular del Serpaj también dio por probado que Milani actuó en Inteligencia en La Rioja y Tucumán, lo que no figura en su legajo. El ahora general aparece ingresando a Inteligencia el 1º de diciembre de 1983, a diez días del retorno democrático.

“No puedo creer las cosas que se dicen –arranca indignado el jefe del Ejército, general César Milani–. El hijo de Bussi dice que su padre me valoraba. No lo vi jamás a Bussi en Tucumán, lo vi dos veces en una formación, de lejos en Córdoba. Maltrataba a los coroneles, así que fíjese si le iba a dar bolilla a un subteniente de 21 años. Del desaparecido soldado Alberto Ledo le tengo que decir que tampoco lo vi ni lo conocí. No estaba en mi sección, sino en la de Comandos y Servicios. Dicen que era mi asistente, imposible. No tenía asistente. Y le insisto, era de otra sección del Batallón. Tampoco es cierto que yo haya participado de la detención del padre de Ramón Olivera: ese día, me fijé en el legajo, estaba sancionado por haberme quedado dormido. Y menos todavía trasladé al propio Olivera. ¿Le parece que le iban a asignar esa misión a un joven de 21 años que, además, según dice Olivera, tenía que presionarlo y hacerle decir que era del ERP? Todo es mentira. El trasfondo de todo es que hacen una campaña en mi contra porque yo dije que quiero un Ejército al servicio de un proyecto nacional y popular. Se lo ratifico: “Sí, quiero ser parte de un Ejército que sea parte de un proyecto nacional, que ayude a construir obras de infraestructura, que de-sarrolle el país”. Ante este diario, Milani también refutó el dato de que una parte importante del presupuesto del Ejército está destinado a Inteligencia: “Mire, aquí tiene el gráfico, es apenas el 1,7 por ciento del total del presupuesto de la fuerza”.

El general Milani recibe a Página/12 en el anochecer del sábado, en la sede del Ejército. Se lo ve enojado. “No sé por qué me tengo que estar defendiendo de esto después de 36 años. Estuve en La Rioja varias veces, en forma pública, saliendo en los diarios y nunca se me imputó nada. La madre del soldado Ledo jamás me nombró, pero básicamente porque no tuve ninguna relación con su hijo. Yo era de la Compañía A de Ingenieros y Ledo estaba en la Compañía de Comando y Servicios que era la que se dedicaba a la parte administrativa, a cocinar, a hacer guardias de seguridad. Cuando se dispone que nos traslademos a Tucumán por un mes, nosotros vamos a Monteros esencialmente con maquinaria para volcar ripio en los caminos para la zafra y luego alisarlo, además de pintar alguna escuela. Pero nunca tuve a Ledo bajo mi mando y menos todavía como mi asistente o auxiliar.”

–¿Pero sabe qué ocurrió en Tucumán con el soldado Ledo?

–En el Batallón de Ingenieros de La Rioja nosotros teníamos unas 50 deserciones por año. Cuando un soldado no se presentaba en cinco noches y cinco días, se hacían las actuaciones por deserción. En Tucumán se informó en aquel momento que Ledo había desertado. Es obvio que no era así.

En el libro El escuadrón perdido, que escribió el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr, un hombre más que comprometido con la democracia, se menciona la desaparición del soldado Ledo en Tucumán. “En la noche del 17 de junio de 1977 salió tres veces con el capitán Esteban Sanguinetti a hacer una recorrida. La última noche no volvió.” Milani señala: “Yo me presenté ante el juez este viernes, pero nunca fui ni nombrado por ese caso en 36 años. Es ridículo decir que Ledo fue mi asistente o auxiliar. Lo de Ricardo Bussi ya no tiene nombre. A su padre no lo conocí, nunca estuve bajo su mando directo, lo vi de lejos dos veces en mi vida cuando estuvo en Córdoba. Era un déspota que maltrataba a los coroneles, imagínese que menos iba a tener relación con un subteniente de primer año. Basta ver mi legajo para que quede claro que no tuve nada que ver con él”.

–¿Qué hacía el Batallón en Tucumán?

–Le insisto: caminos para zafra, arreglar o pintar escuelas. Nunca participamos de ninguna operación militar. Imagínese que nosotros andábamos con mameluco. El vehículo con el que nos movíamos era una camioneta con caja abierta atrás, para cargar los materiales. Hay quien dice que yo estaba en Inteligencia. No supe qué es la Inteligencia hasta 1983, en democracia. Pero hay que mirar mi trayectoria. Hice el curso de Inteligencia de 1983 a 1987 y no estuve más en Inteligencia hasta 2007. De inmediato volví a Ingenieros: en Neuquén, en Santa Cruz. Volviendo a mis 21 años en La Rioja y Tucumán le reitero que nunca estuve en un centro clandestino, nunca participé de ninguna detención ni traslado.

–En La Rioja, Ramón Olivera sostiene que usted detuvo a su padre y que a él mismo lo llevó hasta el juzgado federal y que lo presionó para que firmara una declaración de que era del ERP.

–¿A usted le parece que eso tiene alguna lógica? Llevan a una persona a un juzgado federal con la idea de presionarlo para que diga que era del ERP, ¿le iban a asignar semejante tarea a un pibe de 21 años como yo, que además no tenía ni idea de todo eso? Además, estuve cotejando las fechas en mi legajo. El padre de Olivera fue detenido un día en que yo estaba sancionado por haberme quedado dormido, recién vuelto de Catamarca. O sea que ese día yo estaba de oficial de servicio, que era como ser el jefe de la guardia. Significa que aquel día yo no puse un pie fuera del Batallón.

–Pero Olivera no declaró esto ahora, lo hizo en 1984.

–No lo entiendo. Se equivoca. Tal vez porque yo después me quedé cuatro años más en La Rioja y se me conocía, pero no tuve nada, pero nada que ver. No participé ni de esa detención ni del traslado ni de ninguna otra detención o traslado. ¿En 36 años nunca se presentó como querellante para imputarme? Estuve varias veces en La Rioja, incluso hace pocos años. Salía en los diarios mi presencia. Sin embargo, nunca me inició ninguna denuncia o querella.

–¿Por qué ha dicho que ésta es una campaña en su contra?

–Dijeron, por ejemplo, que en los últimos años se destinó una parte decisiva, hasta mayoritaria, del presupuesto del Ejército al área de Inteligencia. Es delirante. El total del presupuesto de Inteligencia es de 332 millones de pesos, de los cuales 210 millones están dedicados a sueldos. Piense en el siguiente dato: el total de sueldos del Ejército es de 7000 millones de pesos. Pero tomando todo el presupuesto en su conjunto, lo que va destinado a Inteligencia es apenas el 1,7 por ciento. Sí, digo que hay una campaña porque acá los sectores conservadores creen que las Fuerzas Armadas son sus aliadas. Y aparezco yo diciendo que queremos ser parte de un proyecto nacional y popular. Se lo ratifico. ¡Queremos ser parte de un proyecto nacional y popular! Estuvo el otro día la Presidenta dos horas en la cena de camaradería y allí anunció que vamos a volver a construir, a hacer obras de infraestructura, a ayudar a poner en marcha el Belgrano Cargas. Para mí eso es un orgullo.

Por Luciana Bertoia para Página/12

"La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección", sostuvo la Cámara Federal de Casación Penal a la hora de confirmar una sentencia por delitos sexuales cometidos en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En 2021, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Jorge Eduardo Acosta --conocido como "Tigre"-- y a Alberto González --apodado "Gato"-- por los abusos que padecieron tres mujeres mientras estuvieron secuestradas. Las víctimas de esa violencia fueron Silvia Labayru --que relató su experiencia en el campo de concentración en el libro La llamada, de la periodista Leila Guerriero--, Mabel Zanta y María Rosa Paredes.

Por estos hechos, Acosta recibió una sentencia a 24 años y González --considerado el "mentor" de la vicepresidenta Victoria Villarruel-- fue sentenciado a 20 años de prisión. González no recurrió la sentencia, pero Acosta, sí. La pena fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

"No cabe duda alguna a partir de un estricto entendimiento de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional actualizada sobre la materia, que los hechos en juzgamiento deben ser calificados legalmente como constitutivos del crimen de genocidio en los términos convencionales, en tanto parten de ‘una política de exterminio focalizada sobre un grupo nacional particular con el objeto de, a través de la violencia física y la difusión del terror, lograr la reorganización del conjunto de la sociedad. El accionar represivo aparece así como un medio para la obtención de un fin: el martirio de los individuos en tanto parte de un colectivo determinado, socialmente significativo para los victimarios, y el extermino de ese colectivo como instrumento para la modificación de los lazos sociales’”, escribió Slokar en su voto.

Slokar entendió que la agresión sexual contra las mujeres durante la última dictadura  formó parte del plan sistemático. "Resulta difícil encontrar exposiciones más dramáticas de la desprotección y la vulnerabilidad que aquellas que genera la violencia ejercida brutalmente en sus cuerpos, en tanto representan su condición sexual, su identidad de género y su posibilidad de descendencia”, subrayó. “A lo largo de la sentencia se da cuenta de que las violaciones fueron llevadas a cabo tanto intramuros como extramuros, pero siempre como una práctica caracterizada por haberse desarrollado como parte del plan sistemático pergeñado por las cúpulas del poder estatal, del que el encartado se encontraba plenamente consciente, y dentro de un marco de clandestinidad e ilegalidad a los efectos de logar su impunidad, por lo que no eran simplemente actos que respondían a la voluntad individual de los ejecutores”.

Acosta --que era el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA-- ya tiene otra condena por delitos sexuales. Fue la que dictó la misma Casación el año pasado al revisar el fallo en la causa ESMA Unificada: en ese caso, lo encontró culpable por los padecimientos a los que expuso a Graciela García Romero, otra detenida-desaparecida.

Tanto Acosta como González tienen dos sentencias a prisión perpetua: la que dictó el TOF 5 en 2011 y la que dictó el mismo tribunal en 2017. Según reportes, González habría participado de la reunión del 11 de julio en el penal de Ezeiza entre genocidas y diputados de La Libertad Avanza (LLA).

En el fallo que se conoció este miércoles, Slokar y Ledesma, además, exhortaron al TOF 5 a resguardar todo el material producido e incorporado durante el juicio. Dijeron que esto no implicaba únicamente su digitalización sino también el acceso eficaz.