Con la presencia de los 31 imputados de las dos causas, UP1 y Gontero, que se debate en este tercer juicio que se realiza en Córdoba en los últimos tres años, la audiencia fue habilitada a las 10.40 por los jueces del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1).

El debate se extendió hasta las 18.10 con las formalidades de ley que vinculadas a la lectura de la acusación y de la parte resolutiva del auto de elevación a juicio, tras lo cual pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9.30.

En las extensas conclusiones que surgen de la instrucción de las causas y que constan en la acusación fiscal, se sostiene que el "aparato represivo" había instalado el "terrorismo de Estado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976" y que, en este caso, tenía como máximo responsable a Videla y se "extendía a los distintos niveles de mando".

Añade que "la toma ilegal del control de las instituciones del país se pergeñaron acciones secretas, de modo clandestinas y anormales hasta convertirse en una práctica sistemática para el aniquilamiento de personas con pensamiento distinto".

En otro de los párrafos se sostiene que "para ejecutar el aniquilamiento de los grupos políticos y sociales se utilizó toda la maquinaria y logística militar y de poder", a la vez que resaltaron que "el sigilo y la clandestinidad fue ejercido como política de Estado" por los represores militares.

En ese contexto se agrega que el accionar se apoyaba en un "sistema jurídico secreto para legalizar el secuestro, la tortura y en muchos casos la muerte simulando situaciones inexistentes", como así también para la "supresión de identidad de los niños" de las víctimas.

En cuanto a las maniobras criminales, se menciona como ejemplo la causa UP1, uno de los hechos de este juicio en donde fueron fusilados 31 presos políticos simulando una fuga de la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) entre abril y octubre de 1976.

Videla y Menéndez son los dos principales imputados de la causa UP1 por los delitos de `homicidio calificado, imposición de tormentos seguido de muerte y tormentos agravados`.

Por acumulación de causas en este proceso, se juzga también los hechos del expediente `Gontero` por los delitos de `privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos` y tiene como principal imputado a Menéndez, junto a ex policías del Departamento de Informaciones Policiales (D2).

La sala de audiencia, con capacidad para alrededor de 120 personas, estuvo colmada con la presencia preponderante de representantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y de familiares de las víctimas.

También estuvieron el secretario de los Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde; el intendente capitalino, Daniel Giacomino; el viceintendente Carlos Vicente; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez y la diputada nacional del Frente para la Victoria de Córdoba, Carmen Nebreda, entre otros.

Duhalde calificó como "muy importante" a este nuevo juicio "tanto por crímenes que se juzgan, como por los represores sentados en el banquillo de los acusados".

"Deben ser juzgados todos los responsables, sean militares, civiles o policías; los que hayan sido miembros o los que hayan consentido" estos delitos, en tanto de aquí a fin de año van a desarrollarse otros juicios importantes.

El abogado Martín Fresneda, de la Agrupación Hijos y uno de los querellantes en este proceso de enjuiciamiento, calificó como `histórico` este tercer juicio en Córdoba, particularmente por el juzgamiento a Videla, a quien calificó como "uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el país".

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo (vocales).

La acusación está a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedían y Carlos Gonella, en tanto que en la sala participan del juicio 3 defensores oficiales, 11 defensores particulares y 11 abogados querellantes.

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(Gran Papiyo)        

Empezó el juicio por apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar

El robo de bebés en el banquillo de los acusados

El caso de treinta y cuatro chicos nacidos en cautiverio llegó a la sala de audiencia después de quince años. Ocho represores, entre ellos los presidentes de facto Videla y Bignone, junto a Jorge “El Tigre” Acosta, empezaron a ser juzgados.

En la puerta de tribunales, el cartel de Abuelas sintetizó el horror que empezó a juzgarse.

Las cámaras lograron durante el desarrollo de la audiencia lo mismo que la jueza María del Carmen Roqueta había conseguido en los primeros momentos del juicio: mostrar a los represores en un primer plano incómodo mientras se iban leyendo uno a uno los 34 casos de hijos nacidos en cautiverio o apropiados durante los años de la dictadura militar. Roqueta nombró al comienzo a los ocho acusados, a los que fue llamando por su nombre; cada uno respondió, en algún caso hubo quien se paró de la silla o levantó la mano para mostrarse. Entre ellos, dos de los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Las cámaras del Incaa luego los siguieron de cerca. Casi sin respiro, mostraron el cabeceo con el que Videla parecía esconderse detrás de vaya a saberse qué sueño y a Bignone asaltado repentinamente por planos cortos después de los cuales cambiaba incómodamente la posición de sus piernas, su único espacio de libertad.

El juicio oral que finalmente comenzó en los tribunales de Comodoro Py tuvo como punto de origen una denuncia del 30 de diciembre de 1996 de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani que ayer, pese a su ceguera y al estado de salud, se aproximó para estar presente con sus anteojos oscuros en este comienzo de juicio. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa conocida como el Plan sistemático de robos de bebés recién empieza a cerrarse con dos de sus principales acusados, como Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos. Abuelas había impulsado aquella primera denuncia, entre otros delitos, por sustracción y ocultación de menores, ese aspecto de la represión ilegal que ayer se nombró como la “Cuestión de los niños”, una de las dimensiones de la dictadura urdida por las Fuerzas Armadas durante la marcha para “solucionar” de modo sistemático el problema de los menores que nacían en cautiverio o habían sido secuestrados con sus padres.

Entre los acusados, además de Videla y Bignone, están Antonio Vañek; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Oscar Franco y como autores materiales Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. En la primera hora, Roqueta, que preside el Tribunal Oral Federal 6 y estará a cargo del juicio, fue mencionándolos por sus nombres, luego de decirles “señor”, en un ritual que no sólo permitió individualizarlos sino que logró ponerlos en ese primer plano incómodo de la acusación. “Señor Acosta –dijo la jueza en un momento–. ¿Está? No lo veo.”

Tras ese comienzo, el TOF dio paso a la lectura de la acusación de la fiscalía de primera instancia, uno de los protocolos de toda apertura de juicio, pero que en este caso mostró ante la sala el interior de las maternidades clandestinas con la fuerza de la letra descarnada, quizá potenciada por la presencia de muchos de esos hijos de aquellos padres asesinados o desaparecidos por la dictadura, presentes metros atrás, entre el público de la sala.

“Es verdad que del examen del plan original no se advierte una dimensión que contemple la ‘cuestión de los menores’, pero justamente ese tópico emergió ‘durante’ de la represión –recapituló una de las secretarias–. Y por eso se improvisaron verdaderas ‘maternidades’ ubicadas en sitios estratégicos para responder a una cuestión natural: los embarazos de las detenidas y, más aún, se establecieron criterios de ‘asignación’ de los menores.”

La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado fue así el punto de partida de un proceso por el que pasarán en los próximos ocho meses unos 370 testigos. La acusación intentó plantear el desarrollo de las maternidades clandestinas como una práctica sistemática. Mostró el montaje, describió los cuartos donde se instaló a las embarazadas, las vendas con las que les cubrían los ojos, las horas que algunas pudieron permanecer con sus hijos, pero además el robo y reubicación de esos niños y la aniquilación casi en todos los casos de sus padres. Una dimensión del plan general de la represión que la fiscalía en su momento presentó como “el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’”: “Ese plan tenía un fin –se recordó–: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’”, y “normalizar era redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’”. Y es para eso “que se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio, había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”.

Los centros

En el esquema de Delgado los nacimientos siguieron dos caminos: los niños nacieron en lugares organizados como maternidades ilegales en centros clandestinos ubicados en lugares estratégicos o nacieron en lugares donde no había esa organización. “Nacimientos hubo en todos lados, pero ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al solo efecto de dar a luz y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen”, se leyó. Esas maternidades estuvieron ubicadas en diferentes lugares de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se dijo, “existieron otros centros clandestinos de detención que si bien no cumplieron ese rol estratégico, fueron parte de la dimensión del plan criminal que se encargó de la ‘cuestión de los menores’, porque la prueba reunida indica que allí se produjeron nacimientos y apropiaciones que, o forman parte de este dictamen, o bien actualmente son materia de investigación”.

Entre los lugares, durante el debate empezaron a aparecer aquellos vinculados con los 34 casos en juicio. Entre ellos, la Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, tres de los centros clandestinos considerados estratégicos según el criterio de la fiscalía, donde existían o se montaron estructuras para las maternidades clandestinas. Y donde justamente por esa característica de estratégicos no sólo dieron a luz las secuestradas que estaban como prisioneras en esos ámbitos, sino otras que fueron trasladadas desde otros centros clandestinos o estuvieron incluso a disposición de otras Fuerzas.

De la ESMA se recordó, por ejemplo, que la maternidad clandestina funcionó en el casino de oficiales, y se la conocía como “La Sardá por izquierda”, “La maternidad Sardá” o “La Sardá de Chamorro”. Es uno de los lugares en donde dieron a luz parturientas de otros centros. Los sobrevivientes contaron que las embarazadas tenían un cuarto donde permanecían junto a sus niños y que se quedaban pocos días con ellos hasta que el prefecto Antonio Febres, el hombre a quien se lo vio en varias oportunidades salir de la ESMA con recién nacidos en sus brazos, se los llevaba. Entre los imputados por esos nacimientos están los médicos Arias Duval, Capdevilla y Magnacco.

Del Pozo de Banfield se lo recordó ubicado en el Camino Negro, en Lomas de Zamora. La maternidad ahí funcionó en una enfermería a donde llevaban a las detenidas a la hora de dar a luz. La pieza estaba en el segundo piso del centro clandestino, tenía una cama quirúrgica, instrumentales, un lavatorio y varios frascos; el médico ginecólogo que asistía a las parturientas era Jorge Antonio Bergés.

Por último, la acusación detalló que en Campo de Mayo los partos de detenidas embarazadas se efectuaron en unos galpones hasta mediados de 1977 y luego se hicieron en el Hospital Militar. Durante la primera etapa, cuando se hacían en el Pabellón 1, las parturientas contaban con un habitación de cinco metros por cinco metros que aparentemente había funcionado antes como cocina. Luego, en el Hospital Militar las pacientes permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta, no se registraba el ingreso ni de ellas ni de los niños que nacían.

Pero esas fueron las maternidades paradigmáticas. Entre los 34 casos que recoge la causa, existen casos de niños nacidos además en La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.

Algunos de ellos estuvieron ayer en la sala de audiencias. Entre ellos, Macarena Gelman, Victoria Donda, Leonardo Fosatti, Alejandro Sandoval. Además de ellos, también las abuelas ocuparon sus lugares, aquellas mujeres que durante estos años impulsaron la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos, apropiados por los represores. Rosa Roisinblit, Buscarita Roa, Chicha Mariani o Elsa Pavón, cuyas imágenes replicadas por las cámaras del Incaa presentes en cada una de las audiencias de estos nuevos juicios iban generando un contrapunto con las caras de los represores.

“Estoy acá”, decía Chicha Mariani casi al comienzo de la audiencia. “Voy a intentar venir todas las veces que pueda.” Su caso se leyó con el número 32 durante la audiencia: Clara Anahí Mariani, leían los secretarios del TOF 6, hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani, tenía tres meses de edad cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Todas las pruebas indican que sobrevivió al operativo en el que fue muerta su madre, pero aún hoy continúa desaparecida.

Videla al final de la audiencia se durmió.     

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(Gran Papiyo)              

Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi no integran desde ayer las filas del Ejército Argentino. La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, por el secuestro y asesinato del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, derivó en dos resoluciones del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, por las cuales los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino fueron degradados de la institución a la que pertenecían desde que ingresaron al Colegio Militar de la Nación, hace más de 60 años. La baja implica que los ahora ex generales dejarán de cobrar ingresos como retirados, recuperarán el estado civil del que gozaban cuando eran adolescentes y nunca más podrán volver a invocar al Ejército en primera persona. La noticia se conoció el mismo día en que el Tribunal Oral Federal de Salta, que juzga a Menéndez por secuestros y asesinatos en esa provincia, difundió un informe médico que dejaría al acusado fuera del juicio, el séptimo que afronta desde la reapertura de las causas, luego del infarto que sufrió el jueves.

La sentencia que deriva en las bajas de Menéndez & Bussi fue suscripta en agosto de 2008. El tribunal presidido por el juez Gabriel Casas e integrado por Josefina Curi y Carlos Jiménez Montilla condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al de la Quinta Brigada respectivamente a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, como caras visibles de “una asociación de jefes de distintas fuerzas militares y policiales que se reunían de manera subterránea para realizar delitos y garantizar impunidad”.

Los defensores de los genocidas apelaron el fallo que, casi dos años después, en junio pasado, fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que integran los jueces Mariano González Palazzo, Augusto Díaz Ojeda y Gustavo Hornos. La misma sala rechazó luego una nueva apelación, por lo cual los abogados de los octogenarios decidieron presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado en los primeros días de 2011.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, tras el fallo del Tribunal Oral Federal de Tucumán la cartera dio intervención a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, que “opinó que resultaba procedente dictar la baja de ambos individuos como consecuencia de las penas e inhabilitaciones que se les aplicara”. Puricelli firmó ayer las resoluciones 408 y 409, por las cuales dispuso “la baja de las filas del Ejército Argentino de los Generales de División (R) Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi”. “Ambas resoluciones se adoptan en virtud de las leyes y las normativas militares vigentes”, agrega el comunicado. Voceros de Defensa precisaron que la baja implica el retorno al estado civil y la desvinculación definitiva de las filas del Ejército, que ya no tendrá que volver a pagarles su haber como retirados.

El Tribunal Oral de Salta, en tanto, dio a conocer ayer un informe médico según el cual Menéndez “no se encuentra en condiciones de seguir interviniendo” en el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ramone. “La recuperación de su cuadro de infarto de miocardio demandará, salvo complicaciones, aproximadamente cuarenta días”, sostiene, y precisa que “el compromiso de tres vasos coronarios indica, desde el punto cardiológico (que se trata de) un paciente de alto riesgo”. Menéndez fue internado de urgencia el jueves y sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado.

El ex militar, de 83 años, afrontaba desde el mes pasado su séptimo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad y se alojaba hasta el momento de la internación en la casa de uno de sus hijos, en el country del Jockey Club del selecto barrio Yerba Buena, en Tucumán. No es mejor la salud de Bussi, que el mes pasado fue internado en terapia intensiva por problemas cardíacos y que también goza de arresto domiciliario en su casa de Yerba Buena.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS 

(Gran Papiyo)           

Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.

El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.

El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”

El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.

Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.

Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”

Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.

Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”

El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.

Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”

Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS 

(Gran Papiyo)