Los tres últimos testigos del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón reclamaron este martes que la justicia actúe contra los crímenes del franquismo, después de que representantes de la Memoria Histórica hayan relatado estos días algunos de los más dramáticos episodios que tuvieron que vivir a raíz de las sacas y traslados de sus progenitores, a los que nunca volvieron a ver. “La consigna era que de los rojos no quedase ni rastro y había que hacerlos desaparecer. Era la muerte física además de la desaparición jurídica”. Así lo ha explicado el último testigo en comparecer, Antonio Ontañón Toca, presidente de la asociación Héroes de la República, de Cantabria.

Este testigo, autor del libro Rescatados del olvido, en el que ha plasmado una investigación de 30 años, afirmó que a todas las víctimas se les trató como “desconocidos”. “En aplicación de la consigna de que de los rojos no quedase ni rastro, lo que se hacía en la tapia oeste del cementerio de Ciriego era la ejecución y simultáneamente la desaparición. Los ejecutados, a continuación, eran desaparecidos”, relató Ontañón ante los magistrados del Supremo.

“Una vez celebrados los consejos sumarísimos urgentes y dictadas las condenas”, siguió el testigo, “la fecha de la ejecución se personaba en la prisión el jefe del piquete a las seis de la mañana —las ejecuciones eran a las siete— y el director le entregaba el número de presos a ejecutar. La media de ejecuciones era en torno a los 13 a 16, precisamente la cabida de cada camión, aunque hubo días de 42 ejecuciones”.

“Desde agosto de 1937, el capellán castrense del cementerio de Ciriego, que era también el encargado del registro general, seguía la consigna de que había que desaparecerlos. Al final de cada mes, consignaba el número de ejecutados y la fosa a la que eran arrojados. Las fosas eran zanjas comunes, se cavaban para cada 100 ejecutados. A los cadáveres se les acaldaba, se les echaban paletadas de cal viva y se les distribuía capa a capa, como a los arenques, para que hubiera cabida suficiente. Así hasta que se cubría a unos cien por zanja”, prosiguió Ontañón.

En el salón de plenos se había hecho un silencio impresionante mientras el testigo desgranaba pausadamente sus averiguaciones: “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres en cada una. A todos ellos se les desconocía. No hay constancia escrita de los nombres de los ejecutados, porque lo previsto era ejecutarlos y desaparecerlos”, terminó Ontañón.

El presidente de la asociación de Cantabria explicó que decidieron personarse en la Audiencia Nacional al enterarse por la prensa de las denuncias por desapariciones. “Nos faltó tiempo para personarnos en las actuaciones. Tenemos conocimiento de que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y queremos adherirnos para que esto se investigue”.

Ontañón explicó después que en Cantabria solo han podido hacer identificaciones de campo. “Pero tenemos”, añadió, “un compromiso moral y ético con los desaparecidos para investigar hasta donde sea humanamente posible para encontrarlos y si es posible devolvérselos a las familias. En una primera aproximación hay unos 2.500 desaparecidos en Cantabria”, concluyó.

El primero de los testigos en declarar este martes, Antonio Solsona, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, explicó que a su padre le aplicaron la “ley de fugas” por dar de comer a los maquis. “El 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó un capitán de la Guardia Civil y se lo llevaron a él y a un vecino, Salvador Cabrera. No dieron ninguna razón oficial”, siguió el testigo, que declaró visiblemente nervioso.

El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, trató de encauzar el interrogatorio preguntando a Solsona si su padre “tenía relación con los maquis”. “Ninguna, pero les dio de comer en las tres o cuatro ocasiones que fueron por casa. Supongo que esa fue la razón. De mi padre sabemos que está muerto, pero el cadáver no lo hemos recuperado. En el atestado pusieron que intentó escaparse”. Solsona, sin embargo, está convencido de que a su padre le aplicaron la ley de fugas.

Emilio Silva Barrera, de la Asociación de la Memoria Histórica de todo el Estado, explicó que es nieto de un desaparecido y que en la fosa en la que se encontró a su abuelo, en Priaranza del Bierzo (León), aparecieron otros 12 hombres de los que no se conoce la identidad de todos

Silva explicó que la asociación surgió de las demandas de la gente y que lo que quieren es que la Justicia actúe, aunque sea en el extranjero. “Queremos que la Justicia actúe”, manifestó, “porque las exhumaciones ya las llevamos nosotros. Son una parte del problema, pero queremos que la justicia actúe como cuando a alguien lo secuestran, lo torturan y aparece con dos tiros en la cabeza”.

Coautor del libro Las fosas de Franco, Silva dijo que después de que Garzón se inhibiese de la causa de la Memoria Histórica, han seguido con las exhumaciones y están personados en Argentina en una causa que se lleva allí.

A preguntas del fiscal, precisó que su asociación está personada en Argentina, “porque entendemos que las desapariciones pueden ser materia de justicia universal”. Ese proceso abierto en Argentina se está investigando desde 1936 hasta 1977. “Igual que España ha aplicado la justicia universal, si una juez Argentina va a ser la que investigue esos crímenes, nosotros queremos estar ahí. La juez argentina ha pedido información al Gobierno español a mediados de diciembre, pero que nosotros sepamos no ha habido respuesta”, indicó.

El testigo agregó que su asociación ha presentado un archivo en Naciones Unidas con “más de 12.000 casos de desaparecidos”.

En agosto de 2002 presentaron en Ginebra una primera denuncia sobre 64 casos de desaparecidos. “No sabíamos cómo hacer, ha sido un proceso de maduración. Muchos han tenido que pasar una travesía de muchos años, de muchos miedos, de muchos años de esfuerzo. Estaban educados para callarse, como ha sido mi caso. Hay que reunir fuerzas para llegar a hacer una denuncia colectiva”, manifestó.

El juicio concluirá previsiblemente este miércoles, con la presentación de los informes finales de la defensa, el fiscal y la acusación de Manos Limpias. El abogado de este pseudosindicato de ultraderecha intentó aplazar su informe hasta el lunes, a lo que el presidente del tribunal le espetó: “Completamente imposible”. Por tanto, este miércoles elevará a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pide para el juez Baltasar Garzón la pena máxima para el delito de prevaricación, 20 años de inhabilitación.

El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamará la libre absolución por inexistencia de delito, lo mismo que el ministerio fiscal. Existe expectación sobre el informe del fiscal Luis Navajas, que en la presentación de las cuestiones preliminares expuso con una inusual contundencia su convencimiento de que la actuación del juez instructor, Luciano Varela, “insólita e insostenible”, abocaba irremediablemente la instrucción de la causa a la nulidad de actuaciones.

Este martes, en el curso de la prueba documental, Manos Limpias propuso la lectura del auto por el que Garzón rechazó investigar una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. El propio Garzón explicó en su interrogatorio del pasado día 31 que rechazó esa querella porque en ese asunto no había nada que se refiriese a un delito contra altos organismos de la nación, mientras que en el caso del franquismo la querella contemplaba un “plan sistemático” para eliminar a dirigentes de la Segunda República legítimamente elegidos. Por tanto, los crímenes de Paracuellos debían ser investigados por el juzgado del lugar en que fueron cometidos. “Se puede aceptar o no, pero está perfectamente explicado y razonado”, dijo entonces Garzón.

A propuesta del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se dio lectura al voto particular de tres magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la investigación de Garzón y disintieron de la opinión del pleno de la Audiencia de archivar la causa.

El juicio por la investigación de los crímenes del franquismo ha concluido con la última palabra del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por haber abierto la causa. “Yo solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a Derecho para investigar, perseguir y sancionar, por mí o por quien correspondiera en uso de la jurisdicción, los crímenes masivos de desaparición forzada de personas, detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas y por tanto, cometiéndose hasta el día de hoy, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria”.

Fueron las últimas palabras del magistrado que en su última intervención redundó en que su actuación fue “en cumplimiento del mandato judicial de dar protección a las víctimas y frente a unos hechos delictivos”. Un criterio, defendió, “que se puede compartir o discrepar, pero que creo que es defendible”.

Garzón defendió puntualmente cada una de sus actuaciones desde que incoó diligencias por las denuncias llegadas al juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 hasta que en diciembre de 2008 la Sala Penal decidió mayoritariamente que la competencia no era de su juzgado. “Tomé esas decisiones porque creí que eran las más ajustadas a derecho y las que mejor protegían el interés de las víctimas”, se justificó.

El presidente del tribunal Carlos Granados declaró el juicio visto para sentencia.

Sus resoluciones fueron “racionales y defendibles”

El abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, inició su informe replicando al defensor de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por la introducción en el proceso del asunto de los fusilamientos de Paracuellos. Martínez-Fresneda sostuvo que ambos hechos no son parangonables “ni desde el punto de vista moral ni desde el punto de vista jurídico”. En síntesis, las víctimas de Paracuellos “fueron identificadas, honradas, se les reparó en la media de lo posible aunque no hay reparación para una muerte, pero fueron indemnizadas, se les dieron estancos, farmacias, medallas, condecoraciones… Aquí –dijo en referencia a las víctimas del franquismo-ocurre exactamente lo contrario. No se sostiene desde el punto de vista jurídico.”

Martínez-Fresneda renunció a las frases de efecto y presentó un informe de defensa técnico y bien fundamentado en el que fue desmontando puntualmente las tesis de la acusación. Defendió que las decisiones de Garzón eran “racionales” y “defendibles” desde que el 14 de diciembre de 2006 se presentaron las primeras denuncias a las que luego siguieron otras en las que hubo una “intención inequívoca” de perseguir delitos, que hablan de “desapariciones forzadas” y presentan los antecedentes recaídos en casos como el del argentino de los vuelos de la muerte Adolfo Scilingo, juzgado y condenado en España, además de citar el Estatuto de Nuremberg, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera. “Tras la lectura de esas denuncias se llega a la conclusión de que hay miles de desaparecidos y todos reclaman su derecho a saber sobre esas desapariciones forzadas”, añadió

Respecto a la “gracieta” del acusador Ruiz Infante sobre los fusilamientos de mayo de 1808, el defensor de Garzón la calificó de “frivolidad” y de “desconocimiento absoluto del derecho penal internacional”. “Podemos compararlo con la muerte de Napoleón y obtener un titular en un telediario pero es de una enorme ignorancia y de una enorme frivolidad“, afirmó el abogado.

“Después llega un goteo de muchas denuncias, que a veces son simples cartas que dicen ‘a mi padre se lo llevaron’, otras son personaciones. Llega a haber 54 partes personadas en nombre de las víctimas. Denuncian hechos constitutivos de delitos que van en contra del núcleo esencial de los derechos humanos, derecho a la vida, a la integridad, a la libertad”, siguió el abogado.

Martínez-Fresneda dijo que el fiscal se tomó tres meses para hacer su informe contrario a la competencia de Garzón en la causa, lo que “no tiene nada de particular”, ya que en otros casos, como el de Scilingo y otros semejantes, el fiscal ha informado en contra pero luego la Audiencia e incluso el Supremo han admitido la competencia de Garzón.

El defensor se refirió después a que Garzón pidió que se concretase “el número de desaparecidos producidos a raíz del denominado Alzamiento Nacional, porque ni tribunales civiles, militares, eclesiásticos, ni archivos, ayuntamiento ni registros, nadie era capaz de aportar datos sobre este problema”. “Lo cual refuerza que estamos hablando de que de los desaparecidos no quedó rastro, que no merecieron ni el asiento de un registro civil” remató el abogado.

Según la defensa, fue la doctrina del caso Scilingo la que lleva a Garzón a pedir como “diligencias a prevención” que las víctimas que aporten el número de desaparecidos, 114.000, que luego se amplía a 136.000 y 159.000. “Es en ese momento cuando entra en acción Manos Limpias, presentando denuncias en el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] y pide que le se impongan sanciones al magistrado de la Audiencia Nacional” por su comportamiento “escandaloso”.

Según Manos Limpias, el interés de Garzón era “protagonizar las exhumaciones”. “Sin embargo”, explicó su abogado, “Garzón deniega todas las exhumaciones que se le piden. Solo al final autoriza una que es paralizada por la Audiencia. No hay una sola exhumación que se practique en todo el procedimiento. Vemos como todo vale para imputar a Garzón una prevaricación en esta historia”, afirmó.

Sobre la petición del certificado de defunción de Franco, el abogado admitió que “se prestaba a hacer chistes”, pero que esa era la manera procesalmente “correcta e idónea de pedir el certificado correspondiente”. Además, siguió, “quitando a Franco y tres o cuatro nombres más, el resto eran perfectos desconocidos. Y del segundo grupo, hay personas que con 17 o 18 años formaron parte de piquetes de ejecución y hoy, con 90 años aun están vivas”.

Martínez-Fresneda dijo que la Ley de Memoria Histórica no fue ignorada por Garzón, porque no deroga normas jurisdiccionales ni penales y se mueve en otro plano de reparación, que no es incompatible con la causa jurisdiccional la causa abierta por Garzón. El abogado negó que Garzón hubiese aplicado el Código Penal a ningún fallecido, ni le hubiese denegado la ley de Amnistía. “En cuanto constató que estaban fallecidos, archivó y se declaró incompetente. No vemos donde está la prevaricación”, adujo.

Después calificó de “falso de toda falsedad” que hubiese aplicado la amnistía “a unos sí y a otros no”. “En el caso de las desapariciones forzadas se trata de delitos permanentes mientras no se obtenga razón de la víctima o el hallazgo del paradero de sus restos. El dolor de las víctimas se prolonga.

Martínez-Fresneda discrepó del informe del fiscal de la Audiencia Nacional contrario a la competencia de Garzón en el que decía que la amnistía era aplicable e insistió en que la Ley de Amnistía no impide abrir una investigación, como hizo el Tribunal Supremo, 25 años después de la muerte del estudiante Enrique Ruano.

El abogado concluyó su informe insistiendo en que los criterios que aplicó Garzón eran “defendibles y razonables y acordes con las normas de derecho internacional”. “Unos no penarán como él, otros sí; pero de todo ello no se puede decir que sus resoluciones sean injustas”.

Martínez-Fresneda agregó que el gran problema urgente sigue siendo la protección de las víctimas, “que fue la principal preocupación de mi defendido”. Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí, en la fosa de Terreros, los pozos de Arucas. No parece insensato que sea la justicia la que de una solución a estos problemas”.