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Baltasar Garzón se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados
AFP | Fecha: 01/17/2012
El célebre juez español Baltasar Garzón se sienta por primera vez este martes en el banquillo de los acusados por haber ordenado presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción, un primer proceso contra el magistrado que la próxima semana será juzgado por haber querido investigar los crímenes del franquismo.
El juez español Baltasar Garzón se sentó por primera vez el martes en el banquillo de los acusados, por ordenar presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción, primer proceso contra el magistrado que en una semana será juzgado por tratar de investigar crímenes del franquismo.
Vestido con toga negra y magas de encaje blanco sobre una camisa y una corbata claras, el juez Garzón, de 56 años, escuchó con semblante serio las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas de procedimiento en este juicio en el Tribunal Supremo de Madrid.
Garzón está imputado de "uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales" en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como "trama Gürtel", que a principios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha), que gobierna España desde diciembre.
De ser declarado culpable, el juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
Suspendido de sus funciones en España desde mayo de 2010, Garzón tiene pendientes contra él otros dos casos por presunta "prevaricación", es decir por tomar una decisión injusta a sabiendas, lo que ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra el controvertido juez.
A partir del 24 de enero, el mismo Tribunal Supremo juzgará a Garzón por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.
"Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción", consideró el diputado ecolocomunista Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.
Casi un centenar de personas se manifestaron allí para expresar su apoyo a Garzón. "Tapan sus delitos echando a Garzón", gritaron al recibir con aplausos la llegada del juez, quien entró en el juzgado sin hacer declaraciones.
La plataforma "Solidarios con Garzón", en la que participan artistas como el cineasta Pedro Almodóvar, el poeta Marcos Ana -encarcelado durante la dictadura franquista- y de la actriz Pilar Bardem, madre del actor Javier Bardem, prometió manifestar todos los días mientras dure el proceso.
"Es un linchamiento de un juez justo", denunció Llamazares.
"Se han abierto tres causas contra el juez Garzón, es un hecho insólito y sin precedentes", dijo más prudente a los periodistas el abogado defensor Baena Bocanegra.
Garzón está siendo investigado en un tercer caso, relativo a la desestimación de una querella por delito fiscal contra el banco Santander, después de que esta entidad financiase, junto a otras, unos cursos que el juez impartió en 2005 y 2006 en Nueva York.
La investigación en este caso está en curso y la justicia aún no fijó una fecha de juicio.
En el marco de la instrucción de la causa por la "trama Gürtel", el juez Garzón ordenó que se realizasen escuchas en la cárcel por sospechar que los abogados participaban en las actividades delictivas de sus clientes, que se encontraban en prisión preventiva.
Por su parte los letrados, únicos que acusan a Garzón, ya que el ministerio fiscal español no lo hace por considerar que no existe indicio de delito, denuncian una violación del derecho fundamental a la defensa.
Entre aplausos y gritos de apoyo de medio centenar de simpatizantes, el juez Baltasar Garzón llegó el martes al Tribunal Supremo español, donde comenzó el primero de los dos juicios que se siguen contra él y que le han costado la expulsión temporal de la carrera judicial.
Garzón está acusado del delito de prevaricación _dictar a sabiendas una resolución injusta_ por su rol en el llamado caso “Gürtel”, que destapó una trama corrupta en las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
Rodeado de cámaras, Garzón conversó relajado con algunos periodistas en el interior de la sala del Supremo, en el que será juzgado por un tribunal de siete magistrados por un caso que podría terminar con su carrera.
“Bien, todo bien”, dijo Garzón sobre su estado de ánimo a preguntas de The Associated Press. “Lo único que pasa es que estoy un poco afónico porque he tenido fiebre”.
La acusación popular, en contra de la fiscalía, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados de “Gürtel” encarcelados y sus abogados.
Precisamente, el abogado defensor de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, dedicó buena parte de la primera sesión de la vista a pedir una serie de cuestiones procesales en el interés de su representado, que fueron aceptadas en parte.
Una de ellas incluye que los siete magistrados del tribunal puedan escuchar, probablemente a puerta cerrada, parte de esas conversaciones intervenidas por Garzón. El magistrado español escuchó las alegaciones de la acusación y de su defensa ataviado con toga de juez y se le vio tomando notas de lo que se decía en la sala.
La demora en la resolución de las peticiones de la defensa retrasó el interrogatorio y el testimonio de Garzón a las 17:00 horas (1600 GMT). En principio, las sesiones del juicio no deberían durar más de tres o cuatro días.
EL CASO
Garzón, de 56 años, investigó violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
Hasta sus suspensión temporal en mayo de 2010, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que también instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
En el contexto de crímenes contra la humanidad, intentó abrir en 2008 una investigación sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
La causa, que tuvo que abandonar, le costó otra imputación por prevaricación y otro juicio, que está previsto comience el próximo martes 24 de enero.
De hecho, la mayoría de personas que se concentraron en apoyo del juez en los exteriores del Tribunal Supremo, un bello palacete del siglo XVIII en el centro de Madrid, pertenecían a asociaciones de víctimas del franquismo.
“Creo que Garzón es un defensor de las libertades y la democracia”, afirmó Gregorio Núñez, de 70 años, nieto de un fusilado por las tropas de Franco en 1939.
“Tratar de esclarecer cosas que están ocultas me parece que es justísimo. En todo el mundo, se están preguntando qué es lo que está pasando con este juez”, consideró Albino Calvo, de 75 años, quien portaba una pancarta en la que se podía leer “España al revés, corruptos y fascistas juzgan al juez”.
El magistrado español, que saltó a la fama por su intento de detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet, enfrenta un pedido de inhabilitación por prevaricación
Crédito foto: EFE
Si en 1998, cuando el nombre de Baltasar Garzón saltó a las portadas de los diarios de medio mundo por su intento de detener a Pinochet, alguien hubiera dicho que el magistrado español acabaría sentado en el banquillo de los acusados, nadie lo hubiera creído. Pero Garzón, una figura de prestigio internacional odiada y amada casi por igual en España, será juzgado en sendas causas a partir del 17 y el 24 de enero por el delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.
Uno de los procesos está relacionado con su intento fallido de investigar los crímenes de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El otro, referido a una investigación sobre una red de corrupción en la administración pública.
Garzón no enfrenta una condena de cárcel. En ambos casos se solicita un período de inhabilitación para ejercer como juez de, al menos, 20 años. ¿Será éste el final de la rutilante carrera de Garzón? Es más que probable, al menos en España.
"Parece que a la Justicia no le gusta la Justicia", protestó el abogado chileno Eduardo Contreras, el primero en presentar una querella contra Pinochet en representación del Partido Comunista. "Me parece un síntoma impensable de barbarie en la Europa de hoy que se pretenda juzgar a un juez por ejercer su profesión", agregó.
Garzón, de 56 años, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
También investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
Mientras su nombre y su prestigio crecían fuera de España, sus enemigos se multiplicaban en casa. "Hay un elemento de envidia en todo este caso", consideró José Antonio Martín Pallín, un magistrado retirado del Tribunal Supremo. "Es sabido que hay sectores muy amplios de la derecha y de la izquierda que consideran que el juez Garzón es un réprobo, que es un mal juez; con el reproche recurrente de que es un juez estrella, que le gusta el protagonismo", añadió Gonzalo Martínez-Fresneda, su abogado defensor en la causa del franquismo.
Conflictos
Los problemas para Garzón comenzaron en 2008, cuando tocó un tema que parece tabú en España: la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco. El magistrado se propuso abrir una gran investigación, en el contexto de crímenes contra la humanidad, sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto y la dictadura. Además, quiso coordinar la apertura de fosas comunes en todo el territorio donde, según el propio Garzón, habría enterradas unas 114.000 víctimas.
El sumario de Garzón provocó un maremoto. Sin apoyos entre sus propios compañeros, el juez abandonó el caso y delegó el asunto de las fosas en tribunales regionales. Fue el principio del fin.
Un grupo ultraconservador llamado Manos Limpias denunció a Garzón por ignorar conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, un texto concebido para restañar las heridas de la guerra civil. El Supremo aceptó la acusación, en contra del criterio de la fiscalía, imputó al juez y en mayo de 2010 quedó suspendido cautelarmente de sus funciones. La imagen de Garzón abandonando la Audiencia Nacional entre lágrimas dio la vuelta al mundo.
"Llama la atención el doble estándar de la judicatura española", consideró el argentino Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que trata de reactivar la investigación del franquismo en la Argentina. Y agregó que "no tiene problemas en investigar crímenes de lesa humanidad en América Latina, pero sí tiene problemas cuando está vigente el mismo principio para investigar en España".
Juicios
El proceso del franquismo comenzará el 24 de enero y el testimonio de Garzón se espera para el 31 de enero o el 1 de febrero. Antes, el 17 de enero, responderá por su rol en el llamado caso "Gürtel", que destapó una trama corrupta en las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
Garzón está acusado de prevaricación por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados encarcelados y sus abogados. El Supremo también investiga al juez por el mismo delito en otro sumario, todavía en fase de instrucción, sobre la financiación de unos cursos que impartió en Nueva York cuando se encontraba en año sabático.
En los tres casos se siguió el mismo modus operandi. Tres denuncias de acusación popular, aceptadas por el Supremo en contra del criterio de la fiscalía. Algo poco habitual en el sistema judicial español y menos cuando esas denuncias van dirigidas contra un juez. En la última década, sólo dos magistrados han sido condenados por prevaricación.
"Se da la tormenta perfecta contra Garzón", manifestó Martínez-Fresneda. "Creo que no podrá volver a ser juez en la Audiencia Nacional, aunque salga absuelto", pero agregó que "él (Garzón) puede que no piense así".
Para muchos analistas y grupos pro derechos humanos, el proceso contra Garzón resiente el principio de justicia universal. En España, por ejemplo, se investigan casos como la matanza de sacerdotes jesuitas en El Salvador durante los años 80.
"Lo que se necesita son jueces con empuje y con valor suficiente para enfrentarse a estos casos", aseguró Martín Pallín.
En los últimos meses, Garzón, inaccesible y reacio a hablar con la prensa, apenas se ha dejado ver por España. Durante varios días se marchó a La Haya para colaborar con la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo.
Actualmente trabaja como asesor de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Baltasar Garzón es actualmente un exiliado. Se le ha expulsado de la Audiencia Nacional y se lo ha expulsado de España", afirmó Martínez-Fresneda. "Pero mantiene todo su prestigio en el ámbito internacional. Si es condenado espero que no afecte ese prestigio".
Los juicios serán una buena ocasión para escuchar el parecer del magistrado que hasta ahora ha sido casi hermético, pero siempre dispuesto a defender su inocencia. "Si tuviera que definir su actual estado de ánimo con una palabra, esa palabra sería tristeza; que él procura disimular, porque es un hombre muy activo y animoso", afirmó Martínez-Fresneda.
No será la primera vez que veamos a un juez sentado en el banquillo. Tampoco será el primer juicio mediático, grabado y transmitido. Y por no ser, no será, ni siquiera, un juicio largo y lleno de sorpresas. Pero es el Juicio (con mayúscula). El primero y el definitivo. Porque un solo día de condena supone para Baltasar Garzón la separación de la carrera judicial y si es condenado a los 17 de inhabilitación que pide una de las acusaciones, no habrá más Garzón. Nunca más. No le llega la edad para cumplir la pena y seguir ejerciendo.
Es posible que a Garzón le acompañen al Supremo algunos compañeros de la Audiencia Nacional, los mismos que salieron a las escaleras más conocidas de España para despedirle tras ser suspendido. Alguno ahora se pregunta cómo es capaz de aguantarlo.
Lo denunció un antiguo compañero, el abogado Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y defensor en el caso Gürtel del empresario José Luis Ulibarri.
El Supremo permitió después que acusaran también los supuestos cabecillas de la tramaGürtel, Pablo Crespo y Francisco Correa (los dos, en prisión). Por Correa, que no estará en el juicio, hablará un exmagistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán, tenaz como pocos.
Los tres procesos contra Garzón
Esta es la única de las tres investigaciones abiertas contra Garzón con acusaciones particulares. Se ha tramitado con celeridad y supone que Garzón será juzgado antes que cualquiera de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel.
Alberto Jorge Barreiro es el juez del Supremo que ha llevado la investigación. Concluyó que Garzón accedió indebidamente a conversaciones confidenciales y que “le resultó indiferente” que fueran “aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa”.
Así, dice, “dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática”. El instructor mantiene que cuando se decidió el expurgo de esas conversaciones ya se había lesionado el derecho fundamental de forma irremediable.
Garzón defiende las escuchas de Gürtel
Y Garzón no niega que ordenara grabar las conversaciones. Pero lo hizo, siempre ha explicado, porque la medida no era ilegal, porque había indicios de que iban a seguir cometiendo delitos desde la cárcel y para intentar recuperar el dinero. Su defensa asegura que jamás utilizó el contenido de las grabaciones.
“No hay ni un solo dato que permita sostenerlo”, escribió. También dijo que un funcionario advirtió de las grabaciones a uno de los abogados. Y también, que la fiscalía consideró la medida “ajustada a derecho, necesaria y proporcional”. Y que el juez Pedreira, que investigó la trama después de Garzón, prorrogó las escuchas un mes más.
Pero ni el funcionario, ni el juez Pedreira van a declarar como testigos porque a Garzón le han denegado casi todas las pruebas que ha pedido. Lo único que le beneficia es la posición de la fiscalía, que no acusa porque no ve delito.
Cuando le llamen a declararGarzón estará solo. Para los periodistas, la foto será el banquillo. Los acusadores sentirán el mérito de haber llegado hasta ahí. Y su abogado, el privilegio de defenderle.
El juez –porque todavía sigue siendo juez- suspendido, innovador, de más prestigio internacional apretará los puños e intentará convencer a siete jueces.
Cinco de ellos fueron sustituidos porque los recusó. El juez mantiene (pero no lo han aceptado) que otros dos no deberían estar. Uno es Manuel Marchena, que investiga los cobros del magistrado durante su estancia en Nueva York. El otro, Luciano Varela. Si. El instructor de la causa por investigar los crímenes del franquismo. Y quien, según Garzón, formuló “expresiones descalificadoras” ante un grupo de magistrados de la sala segunda del Supremo. La suerte está echada pero la partida comienza ahora.
La defensa de Baltasar Garzón pidió la suspensión del primer juicio en su contra
La solicitud es hasta que se garantice que su cliente podrá apelar en una instancia superior si es condenado.
Las acusaciones particulares piden entre 10 y 17 años de inhabilitación por intervenir conversaciones que los implicados en la trama corrupta mantuvieron en prisión con sus abogados.
“Este juicio no se puede celebrar mientras no se tenga la prevención de un recurso futuro”, dijo el letrado defensor Francisco Baena Bocanegra al iniciar su intervención ante el Tribunal, planteando las “cuestiones previas” de la vista oral contra Garzón por el conocido como “caso Gürtel”.
El abogado de Garzón cree que los derechos de su cliente se verán vulnerados si es condenado, por lo que solicitó que se garantice que podrá recurrir en segunda instancia a la “Sala Especial del artículo 61” antes de continuar con el juicio.
El magistrado se enfrenta a una pena de 17 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas telefónicas entre los implicados en la trama de corrupción vinculada al gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y sus abogados en prisión, material que él mismo luego retiró del expediente, algo habitual en las instrucciones.
Baena Bocanegra volvió a plantear también la recusación -separación del tribunal- de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su “imparcialidad” está comprometida.
Varela y Marchena son, respectivamente, los jueces instructores de las otras dos causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo: una relacionada con la investigación del juez sobre los crímenes del franquismo, y la otra por un dinero recibido de patrocinadores para dictar cursos en Nueva York entre 2005 y 2006.
Asimismo, la defensa solicitó que el tribunal escuche todas las cintas grabadas en la prisión para valorarlas; y pidió que se incluyeran nuevas pruebas que fueron rechazadas durante la instrucción.
Entre las pruebas, Baena Bocanegra indicó que necesario que testifique el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas cuando sucedió a Garzón en la instrucción de la trama de corrupción vinculada al gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
La parte acusadora, que pide 10, 15 y 17 años de inhabilitación para el juez, rechazaron todos los pedidos planteados por la defensa, mientras la Fiscalía consideró que era difícil que se recurra a la sala del 61 pero instó al tribunal a considerar la posibilidad de apelación en su sentencia.
"Los hechos son los que son, se ordenó la intervención de las comunicaciones de forma indiscriminada y genérica, estuvieran o no imputados", dijo el abogado acusador Ignacio Peláez, autor de la demanda con la que se inició la causa de las escuchas en 2009, y defensor de uno de los imputados en el "caso Gürtel", el empresario José Luis Ulibarri.
“La defensa pretende un trato desigual, que no se aplique lo que dice la Constitución”, argumentó otro de los abogados, el representante de Francisco Correa, el considerado “cerebro” de la trama Gürtel y empresario que comenzó a trabajar para el PP durante el gobierno del ex presidente José María Aznar.
Garzón fue suspendido de sus funciones en mayo de 2010 para ser juzgado por tres causas abiertas en su contra, después de haber perseguido al dictador Augusto Pinochet, a ETA y a empresarios y políticos corruptos, y haber sido el primer magistrado en abrir una investigación por los crímenes del franquismo.
Por esta investigación, deberá regresar al tribunal Supremo la próxima semana.
Baltasar Garzón defiende las escuchas para evitar la acción delictiva y el blanqueo de capitales
El juez Baltasar Garzón ha justificado en el Tribunal Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados, en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha justificado este martes en el Tribunal Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la 'trama Gürtel"' con sus abogados, decisión por la que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años, en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España.
Tras la reanudación de la vista, que se había iniciado por la mañana con las cuestiones previas planteadas por la defensa, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha señalado a Garzón que para declarar como imputado debía despojarse de la toga y sentarse en el lugar destinado a los procesados.
Hasta el momento, el juez suspendido había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.
Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía que padece, Garzón ha contestado a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri.
Ha añadido que las estrategias de defensa además "le importaban bien poco" para el curso de la investigación, pues su intención no era otra que la de "evitar la continuación de la acción delictiva" relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España.
Gárzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posiblidad que tenía", como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.
Los abogados "eran parte nuclear" de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama "Gürtel", por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias
Siguen las reacciones a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Luciano Varela, de sentar a Baltasar Garzón en el banquillo acusado de un delito de prevaricación por su investigación de las desapariciones del franquismo.
Un juez se atreve a levantar la manta y lo jueces conservadores, del supremo y del constitucional pueden quedar paños menores. Porque? diran ustedes. Es facil. No estan ahí por casualidad. Muchos tendran su historia personal relacionada con el regimen de franco y es evidente que esto no puede salir a la luz. Como quitarse esta pesadilla de encima? facil. Se instrumentalizan las organizaciones fascistas para que presenten querellas y pan comido. Facil, barato y rapido. Una obra maestra del PP,
@MrKoldo Cuando se sospecha que se ha cometido un delito, me parece bien que se juzque hasta el Rey. Aqui no se trata de justicia. El juez no esta en el banquillo porque ha cometido un delito. Esta inculpado por atreverse a levantar la manta. El problema es que la mayoria de los jueces conservadores del supremo y del constitucional pueden verse salpicados por las investigaciones de garzon. Lo que hacen es un escarmiento por si acaso alguien mas se atreve a tirar de la manta. Lamentable!!
yo si que voy a dejar de ser español muy pronto porque estoy arto de estos hijos de puta rojos españoles que estan constantemente jodiendo el pais y hundiendo españa en la miseria y la verguenza internacional. Espemos que lo echen del poder judicial por listillo y por rojo.
Si esto es justicia, yo dejo de ser Español. Porque España se habra convertido en un pais de fachas, sin ninguna garantia del estado de derecho. Haremos el ridiculo en el mundo entero a causa de una justicia propia de una republica bananera,
Con la voz rota, el juez Baltasar Garzón dedicó ayer los pueden ser los diez últimos minutos de su trayectoria de 23 años como juez central número 5 de la Audiencia Nacional a reivindicar su inocencia en el alegato final tras tres días de juicio. El juez que abanderó la jurisdicción universal en su persecución de las dictaduras iberoamericanas, que dinamizó la lucha contra el narcotráfico, combatió la guerra sucia y contribuyó a la derrota de ETA, según comparte todo el mundo judicial, aún tuvo que desmentir una acusación de los que le intentan inhabilitar por haberles grabado en la cárcel.
Sus acusadores, los abogados de los cabecillas de la red corrupta Gürtel, sostuvieron que el juez actuó movido por “la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos”. “La única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos”, replicó Garzón. El juez se defendió hasta el final sin poder evitar que su alegato final estuviera impregnado por el rumor de la derrota. Tras quitarse la toga por segunda vez para ocupar el banquillo, hizo uso de su turno de palabra: “Será la última vez que pueda hacerlo ante un tribunal de justicia, español en este caso”, señaló.
El magistrado asumió “todas y cada una” de sus decisiones como primer instructor del caso Gürtel, que fueron “tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad”. Frente a algunos exabruptos de los acusadores, que le habían atribuido haber dispuesto unas escuchas “monstruosas” e “infamantes”, Garzón sostuvo que “en ningún momento se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió, procurando conciliar los derechos fundamentales en juego”. A mitad de su discurso, Garzón se dejó llevar por la tensión y se dirigió personalmente a su excompañero el acusador José Antonio Choclán. El presidente Joaquín Giménez le reprendió de inmediato y Garzón pidió perdón “por la referencia al letrado”. Antes de concluir, el juez recibió otro correctivo por citar una frase de Willy Brandt: “Abrir la puerta a la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen”.
La única razón de Estado es la razón democrática de los ciudadanos
Baltasar Garzón
Con el alegato de Garzón concluyó el juicio seguido contra él por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías fundamentales, por el que se enfrenta a penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación, que conllevan la expulsión de la judicatura. El próximo martes volverá a sentarse en el banquillo para hacer frente a su segundo juicio, en esta ocasión por haber investigado los crímenes del franquismo.
La acusación afirma que el juez cometió una "clamorosa prevaricación"
La sesión de ayer estuvo dedicada a los informes finales de los tres abogados de la acusación, los dos fiscales del Tribunal Supremo y el del defensor del juez, Francisco Baena Bocanegra. Baena, un veterano abogado sevillano, centró su intervención en la “falta de calidad de la ley” que ha propiciado diversas interpretaciones sobre la intervención de las comunicaciones en centros penitenciarios. “No podemos tachar a un juez de prevaricador por tomar medidas para evitar uno de los delitos más graves que hay, y más en esta situación de crisis”, señaló en alusión al blanqueo de capitales por la trama Gürtel.
Buena parte de su informe lo dedicó a censurar la instrucción del juez Alberto Jorge Barreiro sugiriendo que había “mejorado la querella” inicial del abogado Ignacio Peláez y abrir el juicio con una “reproducción mimética” del escrito de acusación del letrado que defiende al cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. “No ha habido un solo principio de prueba, ninguna de las acusaciones nos ha dado un solo ejemplo de utilización espuria de esas conversaciones”, clamó el abogado. Y concluyó: “Garzón podrá ser como quiera, pero es un buen juez en el sentido de la palabra”.
En la sesión de la mañana, los fiscales del Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel defendieron que los indicios contra los cabecillas de la trama justificaban las escuchas adoptadas por Garzón, y que en otros casos, como el de Marta del Castillo y el del narco Pablo Vioque, se ha escuchado a abogados en la cárcel. Los tres abogados que acusan a Garzón presentaron al acusado como el juez autor de una “clamorosa prevaricación” y violador sistemático de derechos constitucionales, “Una suerte de Gran Hermano que todo lo escucha y todo lo ve”, como le
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha apoyado tres de las cuestiones previas de la defensa de Garzón y ha dicho que la actuación del instructor Luciano Varela fue “insólita” e “insostenible” y su decisión de aceptar un escrito de acusación de Manos Limpias que era un “corta y pega” de un auto del propio Varela “condicionó el objeto del proceso” con una resolución “absolutamente nula” que dejó “en indefensión a Garzón”.
El fiscal Luis Navajas, uno de los más veteranos del Tribunal Supremo, fue extraordinariamente duro con al instrucción del juez Luciano Varela, que criticó con “absoluta convicción”. Hasta el punto, dijo, que en sus 35 años como fiscal “jamás” había visto una resolución parecida a la de Varela, “en el fondo y en la forma”. “Fue una decisión absolutamente insólita y la consecuencia fue transmutar una acusación que no se sostenía y en la que el juez coadyuva a reconstruir lo que era absolutamente irreconstruíble”.
El fiscal indicó que fue la “absoluta nulidad” de la decisión de Varela sobre el escrito de acusación el que llevó al ministerio fiscal a apoyar, por primer vez en la historia, la recusación de toda una Sala Penal del Tribunal Supremo para evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “nos dijese que nuestro Tribunal Supremo vulneró normas esenciales del procedimiento” y “afortunadamente”, dijo, la Sala del 61 nos respaldó.
Navajas rechazó que el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, hubiese minusvalorado como “fuegos de artificio” la protesta de la defensa de Garzón contra su escrito de acusación, cuando “de lo que se está hablando es de vulneración de derechos fundamentales”. Lo que en un primer momento hizo el instructor fue “castrar” el escrito de acusación para quitarle los elementos sobrantes, según Navajas, pero lo que debió hacer después fue “devolver a los toriles un morlaco que no estaba bien presentado”.
El fiscal del Supremo apoyó también la aplicación a este caso de la doctrina Botín, y dijo que el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “habla claro” en el sentido de que los únicos capacitados para promover la apertura de juicio en el procedimiento abreviado son el acusador particular y el Ministerio Fiscal.
Por eso, tachó de “irreflexivos y arbitrarios” los cambios de criterio en torno a este precepto y dijo que el Supremo está “vinculado por sus propias resoluciones”, como la de la sentencia que estableció la doctrina Botín.
Navajas defendió vehementemente que es la Constitución la que otorga al Ministerio Fiscal la defensa de los intereses públicos. “El Ministerio fiscal no necesita ayuda para defender todos los derechos con éxito y defender la legalidad. Que no se nos sumen al pelotón corredores adhesivos, que no los necesitamos ara nada”, dijo en alusión a Manos Limpias. El fiscal concluyó su informe pidiendo que se declare la nulidad del escrito de Manos Limpias y que no prosiga el juicio.
Previamente, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se opuso a todas las cuestiones previas enunciadas por el defensor de Garzón. El abogado expresó su “respeto por las víctimas” pero dijo que el objeto del proceso era ver si se había cumplido o no la ley y el delito de prevaricación y que las víctimas que presentaron las denuncias no tenía nada que ver con los hechos objeto del debate.
El presidente del tribunal, Carlos Granados, levantó la sesión hasta el próximo martes, en que se dará a conocer la decisión sobre las cuestiones previas.
El fiscal de Sala Luis Navajas ha apoyado la pretensión de la defensa de Baltasar Garzón de que la Sala Penal del Supremo ponga fin, en la fase de cuestiones previas, al juicio que se sigue contra el instructor de la Audiencia Nacional por el caso del franquismo. La sesión ha terminado poco antes de las 13.30 horas, una vez planteadas las cuestiones previas. El juicio se reanudará el próximo día 31, cuando declarará el acusado.
El Ministerio Público sostiene que la decisión del magistrado Luciano Varela, instructor del proceso a Garzón, de permitir que Manos Limpias subsanara los defectos que presentaba su inicial escrito de acusación fue "nula" por generar una "clara indefensión" al acusado.
Después de haber criticado a la acusación popular por la "frivolidad" de calificar de "fuego de artificio" las cuestiones previas planteadas por la defensa, Navajas ha introducido un símil taurino señalando que lo que hizo Varela fue "devolver el toro a los toriles porque el morlaco que salía no estaba bien presentado, no podía ser lidiado en una plaza de primera".
A su parecer, "si la parte acusadora había sido incapaz de presentar un escrito de acusación con cierto sentido lo lógico hubiera sido excluirla con todas las consecuencias y archivar la causa".
Según el fiscal, el instructor "transmutó un escrito de acusación que no se sostenía y coadyuvó de manera definitiva a reconstruir lo que era irreconstituible, una colaboración que le está vedada" por el principio acusatorio.
Minutos antes, el letrado de la acusación Joaquín Ruiz Infante había sostenido que "lo que molesta" es que Varela "apreció indicios de prevaricación y los delimitó claramente". A su parecer, la Sala que juzga a Garzón no puede volver a revisar "una cuestión ya resuelta en firme", dado que el tribunal que intervino en la fase de instrucción avaló las decisiones de Varela.
Previamente, el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de Baltasar Garzón, pidió a la Sala Penal del Supremo que declare nulo el escrito de acusación presentado por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, lo que, de ser estimado, supondría el fin del juicio que ha empezado esta mañana contra el controvertido juez de la Audiencia Nacional.
Se trata de la segunda vista oral contra Garzón, que la pasada semana ya se sentó en los estrados del salón de plenos del Supremo por haber ordenado la interceptación de las conversaciones de los imputados del caso Gürtel con sus abogados en los locutorios de la prisión. En esta ocasión la acusación pide para Garzón una inhabilitación como juez durante 20 años.
Ahora es acusado, de nuevo, de prevaricación por la iniciación de unas diligencias sobre los desaparecidos del franquismo. La acusación popular sostiene que carecía de competencia para ello y que vulneró la Ley de Amnistía, la Ley de Memoria Histórica y principios básicos del Estado de derecho como la irretroactividad de las normas penales desfavorables.
La defensa ha sostenido que el escrito de acusación es inválido porque fue producto de una actuación del instructor, Luciano Varela, contraria a Derecho. Varela dio a Manos Limpias una "segunda oportunidad" para que formalizara un nuevo escrito de acusación a la vista de los defectos que tenía el que presentó inicialmente.
"No existe precepto que ampare semejante iniciativa del instructor ni existe precedente jurisprudencial" que permita "mejorar" un escrito de acusación a indicación del instructor.
Pese a que Manos Limpias aplicó una "cirugía de caballo" al texto, del que suprimió hasta 43 páginas, la defensa cree que el nuevo escrito de acusación, el que ha servido para sentar a Garzón en el banquillo, "tampoco satisface las exigencias legales" porque "no se sabe cuáles son las resoluciones supuestamente injustas ni los hechos que constituirían la prevaricación".
Según han informado fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar esta mañana la recusación de Perfecto Andrés Ibáñez después de que el sindicato Manos Limpias recurriera en súplica el rechazo del Alto Tribunal a apartar a este magistrado, del que consideran que tiene "interés directo o indirecto en la causa", informa Efe.
Apoyo a Garzón
Varias decenas de personas se han concentrado frente al Tribunal Supremo en apoyo a Garzón. "Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Tenemos memoria, queremos justicia", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Hay que juzgar al franquismo criminal", "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad", son algunos de los gritos que han coreado los concentrados, entre quienes se encontraba el coordinador general de IU, Cayo Lara.
Los partidarios de Garzón también han dedicado calificativos de "fascistas y terroristas" a Manos Limpias, el sindicato dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernad que ejerce como acusación contra el juez.
Además del apoyo de estas personas, Garzón ha tenido el respaldo de varios de sus compañeros de la Audiencia Nacional, entre ellos los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz y José Ricardo de Prada Solaesa y la fiscal Dolores Delgado, que ya le estuvieron acompañando en el Tribunal Supremo la semana pasada, cuando fue juzgado por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel'.
A la vista de este martes han asistido también varios observadores de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Internacional de Juristas.
Recusaciones de Garzón
El pasado mes de junio, La Sala del 61 aceptó de recusación presentado por Garzón contra el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, designados inicialmente para juzgarle por estos hechos, al considerarlos "contaminados" al ser los mismos que admitieron a trámite la querella y por intervenir en la instrucción de la causa.
Tras aceptarse este incidente, el Tribunal Supremo conformó un nuevo tribunal de siete magistrados en el que será ponente Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala enjuiciadora los magistrados de la Sala Segunda Carlos Granados (que presidirá la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y Andrés Martínez Arrieta, que será el ponente de la sentencia.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado a más de la mitad de los testigos solicitados por el juez Baltasar Garzón para arbitrar su defensa en este juicio. No declararán ni expertos internacionales en jurisdicción universal ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
La Sala únicamente consideró pertinente la declaración del propio Garzón y de una veintena de representantes de asociaciones de la memoria histórica.
Garzón denuncia que Marchena no tiene prueba alguna para acusarle de cohecho
El juez asegura que el instructor ha interpretado de forma "sesgada, parcial y no verdadera" todo lo acreditado en la causa por los cursos en Nueva York
El magistrado ya pidió su recusación por ser instructor y juzgador en distintos procesos contra él
El juez Baltasar Garzón difundió ayer una nota para expresar su “más absoluto y contundente rechazo” a la resolución por la que el magistrado Manuel Marchena le imputa un delito de cohecho en la causa por los cursos en Nueva York. “Contradice lo ampliamente probado por todas y cada una de las diligencias de prueba practicadas”, afirma . El juez recuerda que el magistrado que instruye esta causa ya le juzga en otra, la de las escuchas de Gürtel, motivo por el que solicitó su recusación.
El juez insiste en que el magistrado del Supremo debió ser recusado
En la nota, Garzón denuncia que Marchena le ha denegado de forma “sistemática” la práctica totalidad de pruebas fundamentales” que propuso y que “pretendían demostrar, sin lugar a dudas, la falta de veracidad” y la “inconsistencia” de una acusación que ve “incomprensible desde el punto de vista del derecho”.
“No he solicitado, administrado, ni recibido, personalmente o por tercero, ni directa o indirectamente, cantidad alguna en metálico o en especie, de ninguna de las entidades o corporaciones patrocinadoras de los seminarios y cursos de los que fui director académico en la New York University entre 2005 y 2006”, insiste el juez.
Garzón acusa a Marchena de construir su auto de inculpación “sobre una interpretación sesgada, parcial y no verdadera en relación con lo acreditado en la causa”. “Sin amparo probatorio alguno hace afirmaciones tan graves como inciertas sobre mí y sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la investigación prospectiva que ha realizado sin respetar mínimamente los derechos de cada una de estas personas, que ni siquiera han sido oídas”, denuncia. En el auto, Marchena arremetía no solo contra Garzón, sino contra la Universidad de Nueva York, por “ocultar importantes cantidades de dinero”, y contra las empresas y bancos que financiaron los cursos.
“Es difícil reparar los graves perjuicios ya irrogados por esta causa (...) pero mi confianza en el sistema judicial español está fuera de toda duda, como ya he venido demostrando, y por ello estoy seguro de que a través de los recursos que mi defensa planteará quedarán claros los hechos de forma definitiva”, concluye Garzón.
Intelectuales, artistas y víctimas del franquismo han convocado para hoy a mediodía una manifestación en su apoyo que saldrá de la plaza madrileña de Las Salesas, junto al Supremo.
Los escritores Juan José Millás y Luis García Montero, los actores José Sacristán, Juan Diego Botto, y José Luis Gómez y la actriz Pilar Bardem han llamado esta mañana a participar el próximo domingo en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón, "contra los juicios de la vergüenza" y con lo que han denominado "el avance de la mafia en el Estado". Los secretarios generales de UGT y CCOO acudirán a la protesta, según ha anunciado García Montero.
"En todas partes la mafia es un Estado paralelo que aspira a ocupar el Estado verdadero. En Italia, la mafia es la mayor empresa del país. Aquí corremos el peligro de que ese Estado paralelo ocupe al verdadero. Porque las instituciones más importantes están ejecutando órdenes de las mafias. La mafia está infiltrada en todas las instituciones", ha declarado Millás.
"Soy una ciudadana, una pancartera a la que le causa una profunda tristeza lo que está ocurriendo en este país: Camps no culpable y Garzón en el banquillo", ha dicho Bardem. "Se juntan estas dos absurdeces que no creo que sean casualidades, sino causalidades. No entiendo nada". Para la actriz, lo ocurrido demuestra que "todo está atado y bien atado". "Y me sigo negando a oír eso de que se abren heridas. Las heridas hay que abrirlas para limpiarlas porque si no se pudren. Todo lo que queremos es enterrar a nuestros muertos", ha dicho refiriéndose a los miles de represaliados del franquismo que aún yacen en fosas y cunetas.
Para el actor José Sacristán que Garzón se siente en el banquillo por haber abierto una investigación de los crímenes del franquismo es algo "esperpéntico". "La derecha tiene que hacer mínimos esfuerzos para manejar los instrumentos del aparato del Estado", ha añadido. "No podemos permitir de ninguna manera esta deriva siniestra y esta impunidad intolerable".
Juan Diego Botto ha hablado del "desamparo al que se está sometiendo a las víctimas del franquismo". "Es una ignominia que España sea el único país de Europa con fosas comunes por investigar. Un Estado de derecho no puede permitirse eso" . Para el actor, el juicio contra Garzón por haber pretendido auxiliar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es "un absurdo". "Resulta dramático que quien ha pretendido investigar los crímenes, como han hecho otros muchos países, sea ahora el encausado"."
El poeta Luis García Montero también ha animado a participar en la manifestación del domingo, una protesta contra "el espectáculo de degradación de la justicia y de la política" y para apoyar a todas las víctimas tanto de la Guerra Civil como de la dictadura.
La manifestación saldrá el domingo de la plaza madrileña de las Salesas, junto al Tribunal Supremo, y terminará en la plaza de Canalejas.
A este venezolano, exjuez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que participó en el proceso de paz de El Salvador en los noventa y que actualmente preside la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), le ha traído a España una preocupación: el juicio a Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Lo que considera “un atentado contra uno de los pilares del Estado de derecho” y contra la independencia judicial de aquellos jueces más incómodos, los que se enfrentan al poder. La CIJ, que envía observadores a juicios que ofrecen pocas garantías, ha decidido que en este momento su presidente debe estar en España, y no en ningún otro lugar del mundo, vigilando un juicio que empezó a inquietarles mucho antes.
Nikken relata que las alarmas saltaron en la comisión al enterarse de que el Tribunal Supremo había admitido una querella por la investigación de los crímenes del franquismo: “Nos sorprendió muchísimo que una organización como Falange intentara descabezar al juez Garzón”, relata. A Manos Limpias la conocían menos. “Todo lo que habíamos oído era que se trata de una organización situada en la extrema derecha”.
Es paradójico que le juzguen aquí por lo que le valió el aplauso del mundo
La preocupación fue en aumento. “Nos llamó la atención que un juez pudiera ser considerado como un delincuente por abrir una investigación sobre lo que tenía una clara apariencia de crimen de lesa humanidad, siguiendo el derecho internacional que establece que las leyes de amnistía no pueden impedir investigar cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Este juicio entra en conflicto con los estándares legales internacionales”.
Nikken confiesa que su organización no ha seguido “con la misma intensidad” las otras dos causas abiertas contra Garzón, pero añade: “Nos llama la atención la acumulación de procesos penales contra un mismo juez”.
La primera sesión del juicio por la causa del franquismo que presenció el pasado martes, junto a observadores internacionales de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, no ha servido para apagar sus temores. “Nosotros nunca habíamos visto algo así. Este no es un proceso normal. Que se castigue a un juez por investigar violaciones de derechos humanos es un hecho sin precedentes de gravísimas repercusiones. Lo que están planteando es inaceptable para la comunidad internacional. Ojalá el Supremo sea consciente de todo lo que implica para el prestigio de España como democracia activa y de calidad”.
A Nikken le sorprendió especialmente la actitud del fiscal del Supremo, Luis Navajas. “Lo normal es que el fiscal acuse, en este proceso no lo hace. Me llamó mucho la atención su posición tan vehemente contra la apertura del juicio. No dejó ningún margen a una interpretación adversa [tachó de “insólita e insostenible” la instrucción del magistrado Luciano Varela]. Supongo que el tribunal lo tendrá en cuenta”.
Durante la entrevista, el jurista insiste en algo que cree que está enturbiando todo el proceso: “No se trata de si nos gusta más o menos el estilo de Garzón. Tampoco se está encausando su carrera o su estilo. Aquí hay una gravísima acusación”.
Cuando termine el juicio, redactará un informe. “Si lo vemos necesario, lo enviaríamos a Estrasburgo, al Comité de Derechos Humanos de la ONU... Cuando detectamos anormalidades en juicios, nuestro interés es llamar la atención de las autoridades del país, los sectores involucrados y la comunidad internacional”.
Preguntado por qué opinión tiene ahora de la justicia española, Nikken responde: “Los jueces son el sistema inmunológico de un Estado, deben actuar ante cualquier patología, determinar lo que es justo e injusto, lo correcto e incorrecto. Y para eso necesitan independencia y libertad. Nos preocupa la dificultad para renovar el Tribunal Constitucional, que se quiera elegir jueces como fichas de partido. Y nos preocupa mucho que la justicia penal pueda ser usada para minar la independencia judicial. A veces, concentrar todas las reglas de conducta en las apreciaciones de quienes están en el círculo de poder puede convertirse en un espíritu de camarilla que se crea sus propias reglas y que se aparta de lo que la sociedad valora como justo e injusto tanto a nivel nacional como internacional”.
Finalmente, asegura, en alusión al procesamiento de Pinochet: “Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado en su país por algo que hace años le valió el aplauso de todo el mundo”.
Las 17 organizaciones de jueces y fiscales integrados en Medel (Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertades) ha hecho público un comunicado contra la persecución al juez Baltasar Garzón por haber investigado "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista", y más específicamente, los delitos de desaparición forzada.
Garzón "está siendo perseguido por haber adoptado una decisión judicial, fundada en una interpretación posible en derecho, ya acogida y aplicad en otros sistemas judiciales en Europa y América"
Según Medel, las denuncias contra Garzón son "un signo terriblemente regresivo", ya que el derecho y la jurisprudencia internacional han experimentado "importantes avances en los últimos 50 años en materia de lucha contra lo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad",
Medel afirma: "La libertad de interpretación jurídica, susceptible de revisión y crítica por los tribunales superiores, es esencial para el progreso del Derecho y de los derechos humanos".
Por eso, esta organización de jueces europeos "espera que el Tribunal Supremo español, en su decisión sobre Baltasar Garzón, sepa tener en cuenta las aspiraciones de una España democrática en una Europa basada en los derechos humanos".
Firman el comunicado asociaciones de jueces de Alemania, Bélgica , Chipre, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Suecia, Rumanía y Turquía. Por parte de España, firman Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Asimismo, el Sindicato de Secretarios Judiciales SISEJ, ha expresado su su temor por que el proceso iniciado al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo pueda tener un "efecto intimidatorio" en la investigación de otros crímenes contra la humanidad.
“Hice lo que creí que debía hacer, no es cuestión de ideología. Los jueces no estamos para ideologías. Aquí había cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”. El juez Baltasar Garzón ha descartado así que hubiesen influido sus ideas políticas en la investigación de los crímenes del franquismo, en el interrogatorio de su defensor, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. El juez no ha contestado a la acusación del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias por no considerarle legitimado para acusar.
“El fiscal también discrepó de mí en los casos de Argentina y Chile durante dos años, con recursos durísimos, y luego cambió de posición y mantuvo que eran crímenes contra la Humanidad”, ha añadido Garzón, al justificar haber mantenido la investigación durante dos años.
Garzón ha afirmado tajantemente que no autorizó ninguna exhumación en el tiempo que estuvo investigando los crímenes del franquismo. “Desde diciembre de 2006 a 2008 no autoricé ni una sola exhumación. Expresamente se dijo que no se autorizaba ninguna exhumación hasta que no quedase determinada la competencia”.
El juez imputado, que ha declarado con voz segura y firme, ya sobrepasada la afonía que le aquejó durante el juicio de las escuchas del caso Gürtel, ha manifestado también que en la Audiencia Nacional, concretamente en el juzgado central 2, se seguía un proceso contra nazis que aún hoy se sigue tramitando a petición del fiscal y que afectan a hechos de 1942 a 1944 referidos a campos de concentración.
Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible
Garzón justificó su actuación para investigar el franquismo en la doctrina de la propia Sala Penal del Supremo en el caso de Adolfo Scilingo, el argentino que participó en los vuelos de la muerte al que el juez procesó y fue condenado en España.
A preguntas de su defensor, Garzón relató que en diciembre de 2006 llegó a su juzgado la primera denuncia y posteriormente se presentaron más. “Relataban hechos acontecidos durante y después de la Guerra Civil, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas… hechos con apariencia delictiva de crímenes contra la Humanidad. Posteriormente hubo otras y en septiembre de 2008, también por casos de menores desaparecidos hasta el día de hoy”.
El proceso de ratificación de esas denuncias se prolongó dos años. Durante ese tiempo, Garzón dictó “una serie de proveídos” para resolver la competencia. “En todas y cada una de esas providencias no hubo ningún recurso del fiscal”, siguió el juez imputado, hasta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso el 21 de octubre de 2008 un recurso de apelación directo contra el auto de Garzón declarándose competente para investigar las denuncias.
Durante la investigación, ha dicho Garzón, “llegué a la conclusión de que no había datos de desaparecidos a nivel nacional, absolutamente ninguno”. Por eso se dirigió a los denunciantes, a los que pidió que elaboraran un listado completo. A principios de octubre de 2008 le dieron el número de 114.000 casos de desaparecidos sin vinculación con la Guerra Civil. El 16 de octubre de 2008, se declaró competente: “La resolución viene a establecer uno de los hechos a que se contraer la investigación: un plan sistemático de detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera. por parte de algunos procedentes de Falange. Consideré que los hechos podían ser delictivos y que integraban el delito de desaparición forzada, que persiste en el tiempo”, ha explicado el acusado .
En aquel auto pidió que se aportaran los certificados de defunción del general Franco y de otras 44 figuras del régimen “para poder declarar la extinción de la responsabilidad penal y las posibles reclamaciones civiles por hechos delictivos con responsabilidad civil extinguida por fallecimiento”, ha seguido diciendo Garzón.
El juez ha negado que hubiera querido saltarse la Ley de Amnistía. “No es cierto, eso no se sostiene”, ha asegurado, ante la principal imputación que le hizo el juez instructor Luciano Varela. Garzón ha explicado que los efectos del delito detención ilegal, sin dar razón del paradero del detenido, tiene efectos que permanecen en el tiempo: “La ley de amnistía se refiere a hechos o delitos de contenido jurídico. En ningún caso, a crímenes contra la Humanidad, que son los que se denuncian, y que no pueden tener carácter político de ningún tipo”. Garzón también ha negado que al tratarse de delitos permanentes opere la prescripción, porque son delitos “que se siguen cometiendo”.
Antes de resolverse por la Sala Penal el recurso del fiscal, Garzón se inhibió. La Sala de lo Penal declaró después que no era competente para investigar, pero tres magistrados se mostraron de acuerdo con la investigación y las tesis de Garzón.
También ha rechazado que hubiese pretendido “ningunear” la Ley de Memoria Histórica. “Para nada. No sé quién ha dicho eso- La ley de Memoria Histórica tiene un interpretación perfectamente compatible con lo que se investigaban en el juzgado”.
Tampoco aceptó que entre sus motivaciones estuviese obtener “notoriedad” o “publicidad”. “Creo que he hecho lo mismo que en otros casos en que había dificultades jurídicas. Son cuestiones muy complejas. He procurado interpretar en cada caso con las reglas de la buena fe”, ha dicho.
A preguntas del fiscal Luis Navajas, el juez acusado ha dicho que no era cierto que hubiese mantenido paralizado el procedimiento durante dos años, --como le atribuye el instructor Luciano Varela--, porque las denuncias se fueron presentando a lo largo de ese tiempo y él pidió a todos los denunciantes que se ratificasen. Se fueron ratificando todos y cuando solo faltaban dos, le dio traslado de todo al fiscal.
Preguntado por Navajas si era consciente de que no era competente para investigar las s denuncias, Garzón ha asegurado. “Si hubiera sido consciente, no lo habría dictado”, ha dicho en referencia al auto de competencia.
Garzón ha concluido el interrogatorio asegurando que no incurrió en un delito de prevariación, es decir, que no adoptó una resolución injusta a sabiendas: “Siempre he respetado las normas. Interpreté las normas legales en vigor, nacionales e internacionales y lo consideré ajustado a la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos. Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible. Es lo que hice, acertadamente o no, y hoy me ratifico”.
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Todos los comentarios (9)
ha descubierto a los ladrones pperos y ahora lo paga , esto es España y siguen dirigiendola los de siempre .todos a la calle
RODGAR22 hace 1 año
O creen ustedes que 4 descerebrados pueden ppresentar argumentos juridicos de este calibre. Mo me hagan reir.
justiniano117 hace 1 año
Un juez se atreve a levantar la manta y lo jueces conservadores, del supremo y del constitucional pueden quedar paños menores. Porque? diran ustedes. Es facil. No estan ahí por casualidad. Muchos tendran su historia personal relacionada con el regimen de franco y es evidente que esto no puede salir a la luz. Como quitarse esta pesadilla de encima? facil. Se instrumentalizan las organizaciones fascistas para que presenten querellas y pan comido. Facil, barato y rapido. Una obra maestra del PP,
justiniano117 hace 1 año
@MrKoldo Cuando se sospecha que se ha cometido un delito, me parece bien que se juzque hasta el Rey. Aqui no se trata de justicia. El juez no esta en el banquillo porque ha cometido un delito. Esta inculpado por atreverse a levantar la manta. El problema es que la mayoria de los jueces conservadores del supremo y del constitucional pueden verse salpicados por las investigaciones de garzon. Lo que hacen es un escarmiento por si acaso alguien mas se atreve a tirar de la manta. Lamentable!!
justiniano117 hace 1 año
HA HA al tal tipo ese le enjuician como delincuente proque sera....ha ha
jrovalleb hace 1 año
yo si que voy a dejar de ser español muy pronto porque estoy arto de estos hijos de puta rojos españoles que estan constantemente jodiendo el pais y hundiendo españa en la miseria y la verguenza internacional. Espemos que lo echen del poder judicial por listillo y por rojo.
jumabo08 hace 1 año
Si esto es justicia, yo dejo de ser Español. Porque España se habra convertido en un pais de fachas, sin ninguna garantia del estado de derecho. Haremos el ridiculo en el mundo entero a causa de una justicia propia de una republica bananera,