El legislador porteño de Bien Común presentó hoy miércoles 29 de abril una denuncia penal contra altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento a raíz del incendio producido en el taller de Paéz 2796 donde murieron dos chicos de 7 y 10 años.

La vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete de ministros Horacio Rodríguez Larreta; el subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor; y el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión fueron todos los denunciados por el titular de la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña, Gustavo Vera.

La causa recayó en el juzgado federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, y la Fiscalía N° 2, a cargo de Carlos Rivolo.

MAPA INTERACTIVO DE LOS TALLERES EN FLORES Y FLORESTA: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zf4lR4QFn9hs.kYMuA8SsDkwU

No fue la única medida de Gustavo Vera. Además el legislador presentó un pedido de informes al Gobierno de Mauricio Macri por todos los talleres textiles inspeccionados en el 2014, y puntualmente el taller de la fatalidad.

Asimismo Vera del Bien Común junto al legislador del FIT Marcelo Ramal presentaron un pedido de interpelación al subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el titular de la AGC, Juan José Gómez.

DENUNCIA PENAL:

FORMULA DENUNCIA

Señor Juez:

          Gustavo Javier Vera, en su carácter de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Perú 160 de la referida Ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora  (T° 36 F° 227 CACF), fijando domicilio a los efectos legales que pudieran corresponder en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires,  a V.S. dice respetuosamente:

         1) Objeto

         Por el presente y en cumplimiento del deber legal previsto en el art. 177 inc. 1° del C.P.P.N.) vengo a formular denuncia contra la vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, el Subsecretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Sabor, y  el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, y sus posibles cómplices en la repartición que dirige o de la estructura gubernamental de la que forma parte por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento, (arts. 248, 249 y 277 C.P).

          2) Fundamentos

         La Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo denunció en el mes de setiembre de 2014 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del Dr. Marcelo Colombo, la posible comisión de los delitos de trata y explotación que se estarían cometiendo en el domicilio de la calle Páez 2796, entre otros, contra trabajadores migrantes  en un presunto taller clandestino de costura.

         Esta denuncia dio lugar a la causa “Av. s/Posible Trata de Personas con fies de Explotación Laboral” (Expte. N° 1464/14). En el marco de la Investigación Preliminar de referencia el Procurador, Dr. Marcelo Colombo requirió por oficio del 31 de octubre de 2014 a la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informar acerca de la existencia de antecedentes e inspecciones de una gran cantidad de domicilios entre los que se encontraba el antedicho.

         Este oficio fue contestado el 21 de noviembre de 2014 por la referida repartición la que informó que en los domicilios de Páez 2796, 2775 y 2766 entre otros no se habían efectuado inspecciones. Esta información fue proporcionada oficialmente por la PROTEX.

         El lunes 27 de abril del corriente se produjo un incendio en el taller de la calle Páez 2796 en el que fallecieron dos niños y tres adultos resultaron lesionados a causa del estrago. El taller habría continuado funcionando sin interferencias de la autoridad a pesar de que pesaba sobre éste una gravísima imputación.

         Surge, además, de la información periodística recabada y de los dichos de los vecinos que el taller tenía tapiadas sus puertas y ventanas y que la única entrada permanecía cerrada con llave para evitar la salida de los trabajadores sin autorización del tallerista. Es de señalar que la probabilidad de que ocurriera un incendio de esas características era altamente probable ya que las precarias condiciones de seguridad e higiene del mencionado local, la sistemática violación de los derechos de los trabajadores, especialmente los contemplados en la ley 12.713 (ley de Trabajo a Domicilio), y de la Ley Nacional de Migraciones (ley 25.871) conspiraban en ese sentido. Debemos señalar que corresponde unir a todo esto la circunstancia general de que está expandido el desprecio por la ley laboral y las normas de higiene y seguridad en el trabajo debido al clima de impunidad que rodea a los explotadores de la mano de obra migrante en condiciones de trabajo forzoso.

         Corresponde asimismo remarcar que esta clase de hechos no son sólo el resultado del accionar de personas inescrupulosas que explotan a los migrantes. Existe una relajación de la voluntad de hacer cumplir la ley por parte de los funcionarios públicos encargados del ejercicio del poder de policía en materia de protección del trabajo.

         En este sentido es inadmisible que ante denuncias y requerimientos concretos de inspecciones por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación a raíz de investigaciones por el delito de trata y explotación de personas (arts. 140 y 145 bis C.P.) la autoridad de aplicación en materia de la legislación de protección del trabajo no adopte las correspondientes medidas. Esa actitud no habría sido negligente sino dolosa por cuanto respondería a las convicciones políticas e ideológicas del Contador Sabor quien considera a priori que esa forma de explotación de la mano de obra migrante responde a una matriz cultural y que se trataría de talleres familiares. Esa actitud es la que habría determinado que no se lleven a cabo inspecciones ni se sancione adecuadamente a los transgresores, que en este caso no serían meros contraventores sino verdaderos y peligrosos delincuentes.

         Respecto de la constatación de esa actitud reprochable contamos con manifestaciones del mencionado funcionario que explicarían su inacción y la de su repartición frente al funcionamiento de los talleres clandestinos de costura.

          3) Prueba

         A los fines de la comprobación de la presente denuncia solicitamos se requiera la información sobre lo actuado por la PROTEX en el marco de la Investigación Preliminar n° 1464/2014 “Av. s/posible Trata de Personas con fines de Explotación Laboral” con relación a la Dirección General de Protección del Trabajo y las respuestas que obtuvo de esa repartición. 

         Acompañaremos la documentación obrante en nuestro poder al momento de la ratificación de la presente y allí ampliaremos la información.

          4) Petitorio

         Por todo lo expuesto, solicito:

         4.1. Se tenga por presentada la presente y constituido el domicilio

         4.2. Se tenga por ofrecida la prueba

         4.3. Se dé la correspondiente intervención al Ministerio Público Fiscal.

          Proveer de conformidad.

                            Será Justicia.     

Taller clandestino de Cheeky en la calle Hubac 5673

Hace pocos días un costurero ingresó con cámara oculta a un taller clandestino con cama adentro donde 13 personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento. El taller clandestino, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos hace tres años que trabaja exclusivamente para la firma Cheeky queactualmente dirige Juliana Awada, confeccionando pantalones para chicos, de esos que salen $220 para arriba cada uno. En ese taller son superexplotados 13 costureros de origen boliviano, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs por la miserable suma de $ 1800.
Los costureros están encerrados y para ir a hacer un simple mandado a la calle y traspasar la puerta de hierro, deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán. El propio costurero que hizo la cámara oculta, tuvo que dejar su bolso para poder salir con la excusa de buscar una farmacia. Los costureros están hacinados en cuartos muy pequeños con cama cuchetas. Y en esas mismas camas cuchetas deben comer, ya que carecen de mesas y sillas como puede verse claramente en la cámara oculta. Los niños de varios de esos costureros también están sometidos al encierro. Todos comparten un baño muy precario.

La instalación eléctrica es precaria y entraña riesgo de incendio y los costureros aspiran polvillo de la tela todo el tiempo, exponiendose a enfermedades pulmonares como la tuberculosis.
Como puede observarse en el videoinforme, hubo que realizar varias maniobras y buscar falsas referencias para poder entrar al taller ya que quien lo regentea es conciente de los delitos que está cometiendo y de la marca a quién responde.

Cheeky ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, la Defensoría del Pueblo y la Alameda en enero de 2007. En aquella oportunidad, se habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la servidumbre. Lamentablemente un escandaloso fallo del ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.
Otros talleres de Juliana Awada ya habían sido filmados y denunciados por la Alameda en setiembre de 2006 y en marzo de 2010. A pesar de los testigos y las inapelables imágenes de las cámaras ocultas, también la justicia hizo la vista gorda con estas denuncias.

Ni las inspecciones del GCBA en época de Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los videoinformes y denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia castigue la impunidad de Daniel y Juliana Awada que siguieron todos estos años maximizando ganancias en base a la explotación más abyecta de costureros migrantes en talleres clandestinos con trabajo esclavo.
Segura de que su actual marido y Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri la protegerá del cumplimiento de la ley, Juliana Awada que ahora dirige Cheeky ni siquiera se tomó el trabajo de mudarse de distrito y sigue basando su producción en talleres esclavos en el propio ámbito de la Capital Federal a sabiendas que los cuerpos inspectivos que dirige su marido seguirán haciendo la vista gorda.
Una vez más la Alameda se presenta ante la justicia para denunciar a estos esclavistas y además mostrarle a toda la sociedad de qué talleres estamos hablando cuando hablamos de Cheeky y de Juliana Awada.

En horas de la mañana del miércoles 11 se formulará la denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py a Cheeky por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio.

A las 19 hs convocamos a movilizarnos al local de Cheeky de avenida Santa Fé 2053 para realizar un acto de repudio y una clausura simbólica de esta marca esclavista emparentada con el poder y la impunidad.

Contactos:Gustavo Vera (1561584835)
Dr Mario Ganora (1558830233)

FORMULA DENUNCIA
Señor Juez: Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo”, con domicilio en Avda. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), con domicilio en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. dice respetuosamente que:

I) Objeto Por el presente, viene a formular denuncia contra los propietarios y encargados del taller de costura sito en la calle Hubac 5673 a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117 de la ley 25.871, 140, 145 bis del C.P. y 35 de la ley 12.713. También corresponde que se investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal en sus aspectos tributario y previsional contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769. Esta denuncia también abarca a los responsables de la firma Cheek S.A. (CUIT n° 30.67729108-3 con domicilio en Cuyo 3040/166 Martínez, Pcia. de Buenos Aires, propietaria de la firma “Cheeky”, para quien trabajaría en forma exclusiva el mencionado taller de costura.
Solicito asimismo que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26.364 a los fines de la protección de la víctima de los delitos denunciados.
II) Hechos
El mencionado taller de costura funcionaría como un clásico taller de sudor o “sweatshop” que trabajaría confeccionando ropa en forma exclusiva para la referida sociedad anónima. En efecto, el tallerista se hace conocer por el nombre de “Pepe” y junto con su esposa maneja el establecimiento que trabajaría exclusivamente para la marca Cheeky desde hace tres años.
Los trabajadores que allí se desempeñan deben hacerlo con el régimen de “cama adentro”, es decir que deben pernoctar en el lugar de trabajo. En ese lugar trabajan alrededor de trece personas. La jornada laboral que se extiende desde las 7.00 de la mañana hasta las 21.00 y, a veces, hasta las 22 horas. Estas jornadas se realizan de lunes a viernes y los días sábado hasta el mediodía. Los salarios que se abonan a los trabajadores son del orden de los mil ochocientos pesos por mes ($1.800) y se da como justificación que se les proporciona casa y comida. Uno de los trabajadores, F.M.D.C., cuyos datos se acompañan en sobre cerrado, informa que no se les requiere documentación para ser contratados. Esta persona aclara que pudo comprobar que hay personas sin D.N.I. sea que se trate de trabajadores o de los niños que allí habitan. Para poder entrar y salir del taller se requiere del permiso del encargado y se retiene en todos los casos los efectos personales del trabajador para asegurarse su retorno al establecimiento.
Las condiciones de salubridad, higiene y seguridad en el trabajo son deplorables. La casa donde funciona el taller tiene dos plantas. En la planta baja se encentran las maquinarias y en el primer piso las crujías donde habitan los trabajadores. El lugar de trabajo está muy deteriorado, la instalación eléctrica es muy precaria, no se observan matafuegos y hay gran acumulación de telas, productos terminados y restos de la producción. Esto significa la existencia de un riesgo real de incendio que de ocurrir podría significar un desastre similar a la tragedia de la calle Luis Viale 1269 ocurrida en 2006. Agrava la situación de inseguridad del taller la circunstancia de que niños menores ingresan y salen del lugar de confección sin ningún tipo de control. Uno de los trabajadores parecería ser una persona con discapacidad mental y muy agresiva.
El lugar de alojamiento de los trabajadores es una pieza dividida en tres partes para hombres y parejas donde hay varias camas tipo cucheta. El resto de las comodidades consisten en una cocina y un solo baño para hombres y mujeres. No hay refectorio por lo que los trabajadores deben almorzar y cenar sentados en las cuchetas donde duermen. Carecen de mesas y sillas y de cubiertos por lo que deben comer la carne con la mano por la falta de cuchillos.
III) Significación jurídica Del relato de los hechos surgiría que una sociedad anónima propietaria de una conocida marca de ropa para niños terceriza su producción con un taller de costura, los que a su vez tiene trabajadores empleados. Esta relación entre el fabricante, los talleristas y los trabajadores se rigen por las disposiciones de la ley de trabajo a domicilio (ley 12.713) que prevé tanto en sus disposiciones como en su reglamentación todo un conjunto de obligaciones tendientes a evitar abusos y la explotación de la parte más débil, es decir el trabajador (ver art. 13 de la ley 12.713). También aquí se advierte que el propósito de los empleadores habría sido burlar las disposiciones de la referida ley a los fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad. Independientemente de las transgresiones a la legislación laboral, se encontrarían reunidos, prima facie, los extremos previstos en el art. 35 de la ley 12.713 que dispone: “El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años”.
Cabe destacar que esta maniobra tendiente a pagar remuneraciones inferiores a los establecidos mediante los mecanismos de la ley se habría llevado a cabo también mediante la contratación de trabajadores de origen extranjero que tendrían una situación de residencia irregular. De esta manera el o los empleadores se habrían asegurado que estos trabajadores por su especial vulnerabilidad no opondrían resistencia a la violación de sus derechos. Precisamente esta conducta se enmarcaría en las previsiones del art. 117 y 120 de la ley 25.871 toda vez que constituiría la facilitación habitual de la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad de las personas.
También del relato de los hechos surgiría nítidamente que las personas que allí trabajan estarían sometidas a un régimen de explotación susceptible de ser considerado trabajo o servicio forzado de conformidad con la interpretación del mencionado concepto que realiza la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, la definición del concepto de trabajo forzoso remite necesariamente al art. 2 del “Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (num. 29) de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por nuestro país, que tiene jerarquía superior al derecho interno en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N. Según el art. 2 del Convenio 29 de la OIT se entiende como trabajo forzoso “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.
La OIT ha precisado los conceptos contenidos en la definición en diferentes documentos. En este sentido el documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” elaborado por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en 2007 fue bastante claro al considerar la cuestión suscitada por la imposición de la obligación de realizar horas extraordinarias bajo la amenaza de una pena (ver pág. 74 y concordantes). Los expertos de la OIT entendieron que la imposición de horas extraordinarias no afecta la aplicación del Convenio n° 29 en la medida en que tal exigencia se sitúe en el marco de los límites establecidos por la legislación nacional y aceptados por las convenciones colectivas. Se ha entendido también que el temor a ser despedido obliga al trabajador a realizar horas extraordinarias que superan lo previsto en la legislación nacional. En otros casos, en que se pacta la remuneración fijando metas de rendimiento, la obligación de trabajar más allá de la jornada de trabajo se deriva en la necesidad de hacerlo para alcanzar el salario mínimo. Sobre estas cuestiones la Comisión ha observado que si bien el trabajador tendría hipotéticamente la posibilidad de librarse de la imposición de trabajar más allá de la jornada ordinaria de trabajo, la vulnerabilidad de su situación hace que prácticamente no tenga real opción, obligado por la necesidad de alcanzar al menos el salario mínimo y de conservar su empleo o por ambas razones. La Comisión ha considerado que en los casos en que el trabajo o servicio se imponga mediante la explotación de la vulnerabilidad del trabajador, bajo amenazas de una pena, el despido o una remuneración inferior al trabajo mínimo, tal explotación transforma una situación caracterizada por malas condiciones de trabajo en una relación en la cual el trabajo se impone bajo amenaza de una pena y amerita la protección del Convenio a efectos del cual la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. En el caso concreto de autos se ha podido ver como las horas extraordinarias se imponen fuera de todo marco normativo y bajo la amenaza de percibir remuneraciones inferiores al mínimo legal o la sanción del despido.
La OIT ha señalado en el referido documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” que el Estado no debe tolerar la imposición de trabajo forzoso por parte de terceros, cualquiera que sea su forma en su ámbito de competencia territorial. A tal efecto, deberá establecer garantías legales frente a toda obligación de trabajar que exista en la práctica. El art. 25 del Convenio n° 29 de la OIT precisa a este respecto que “el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales” y que el estado tiene “la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente”.
La norma penal que resulta aplicable en función de la obligación establecida en el art. 25 del Convenio n° 29 de la OIT es, a mi juicio, el delito de reducción a servidumbre previsto y reprimido en el art. 140 C.P. En efecto, el trabajo forzoso es considerado como una práctica análoga a la esclavitud (art. 5 de la Convención sobre la Esclavitud y Preámbulo del Convenio 105 de la OIT “Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso”) y está específicamente prohibido por nuestra Constitución Nacional (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional merced a lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N.).
Cabe señalar asimismo que la actual redacción del tipo penal del art. 145 bis del C.P. que reprime la acogida o recepción de personas mayores de dieciocho años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación, en este caso trabajo forzoso, se superpone con la figura del art. 140 del C.P. dando lugar a un concurso ideal (art. 54 C.P.).
El carácter clandestino de las contrataciones de los trabajadores y la forma en que se desarrolla la relación de trabajo también hace sospechar fundadamente en la comisión de los delitos contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769.

IV) PruebaEn sobre cerrado acompaño videograbación del taller donde constan las circunstancias apuntadas y los datos de la persona que responde a las iniciales F.M.D.C. quien está dispuesto a prestar declaración testimonial.

V) Petitorio
Por todo lo expuesto, solicito:
a) Se tenga por presentada la presente denuncia
b) Se proceda de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26364 respecto de las posibles víctimas de los delitos denunciados.
c) Se agregue la prueba que se acompaña
d) Oportunamente se acompañaran otras al momento de la ratificación.

Proveer de conformidad. Será justicia,