A contramano de sus abundantes discursos en defensa de la “independencia judicial”, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consiguió en cuestión de días la aprobación de un paquete de reformas que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave del Poder Judicial local. En el caso más flagrante, logró llevar el número de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y en la misma semana designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que también había sido legislador de la UCR, Federico Otaola. La legislatura creó a su vez un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical, en el de la Defensa una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos, sin experiencia en el tema. Uno de los dos jueces que ordenaron ayer el desalojo del acampe de la Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, le debe su flamante cargo a Morales, que lo incluyó entre los más recientes elegidos. Con la lógica de disciplinar y aleccionar que implica de por sí la detención de Milagro Sala, el mandatario denunció al fiscal Daniel Osinaga por no perseguirla ni imputar a los dirigentes que mantienen la protesta.

“Fue entre gallos y medianoche, y es literal, ya que la ampliación del superior tribunal se votó sorpresivamente a las cuatro de la madrugada”, relata Ariel Ruarte, quien reemplazó a Milagro Sala en su banca para que ella asumiera en el Parlasur. El proyecto estaba incluido en el temario de la Legislatura del 15 de diciembre para las 12 del mediodía, pero en plena sesión maratónica la noche anterior el radicalismo resolvió adelantarlo. Los 25 votos oficialistas bastaron para la aprobación. El peronismo se plantó en contra y el Frente Unidos y Organizados por una Soberanía Popular (Fuyo) se retiró en señal de desaprobación. El más alto tribunal de la provincia pasaba así a tener nueve jueces, el mismo número casualmente en los noventa eligió Carlos Menem para tener su Corte amiga.

Para defender el plan de agrandar el superior tribunal, el oficialismo jujeño habló de la lentitud de las decisiones judiciales, de la falta de eficacia y la necesidad de especialización, para lo cual impulsó la división del cuerpo en cuatro salas. Pero lo más sorprendente fue que el presidente de la bancada radical, Alberto Bernis, desplegó todo un discurso sobre “mejorar la justicia para garantizar la independencia”. “Estamos dando condiciones para consolidar la transparencia del Poder Judicial”, prometió. A las pocas horas de votar la ley en cuestión, los diputados de la UCR Baca y Altamirano renunciaron a sus bancas y el viernes 18 estaban jurando en la función de jueces supremos como si nada. Morales también nominó a Otarola, otro hombre del radicalismo, diputado en los ochenta y candidato a vicegobernador también. En el cuarto lugar fue designada Laura Lamas, quien a diferencia del resto viene de carrera judicial, en una mini concesión al peronismo.

El superior tribunal de cinco integrantes con el que debía convivir Morales estaba integrado por mayoría de jueces que le deben su cargo al ex gobernador Eduardo Fellner. Ellos son María Silvia Bernal, Sergio Jenefes (hermano del ex vicegobernador), José Manuel Del Campo y Sergio González. La integrante radical de la vieja composición es Clara De Langhe de Falcone, también ex diputada, quien ahora fue elegida como presidenta del tribunal y tendrá la facultad de definir las votaciones de salas (que tendrán dos jueces) que queden trabadas. Es decir, el máximo tribunal provincial tiene en la actualidad de nueve miembros cuatro directamente vinculados con la política por su militancia radical y los cargos ejercidos. A ellos se suma una jueza, Lamas, que le deberá su cargo a Morales.

Organismos de derechos humanos, abogados de origen diverso, diputados de Fuyo e integrantes de Justicia Legítima repudiaron la reforma, denunciaron que se salteó el debate en comisión, que no se cumplían los requisitos de necesidad y urgencia de una sesión extraordinaria, y aun antes de que asumieran los nuevos jueces alertaron sobre la inminente y anunciada “pérdida de independencia” en una maniobra de “cooptación” explícita del Poder Judicial jujeño que algunos compararon con un “golpe de Estado” en Tribunales.

Pero la reforma judicial en Jujuy resultó más grande y el combo incluye diez leyes. Una de ellas, que da los primeros pasos para un sistema acusatorio (donde las investigaciones están a cargo de los fiscales y los jueces tienen función de garantes) definió la autonomía del Ministerio Público en la provincia, que no existía como tal, por eso esto implicó que hubiera nombramientos. Al frente del Ministerio Público Fiscal, en el cargo de Fiscal General de la Acusación, quedó Sergio Lello Sánchez, quien si bien viene de carrera tribunalicia, donde era secretario de Cámara, su familia es de origen radical. A cargo de la Defensa Pública fue nombrada Ivonne Haquim, la hermana del vicegobernador. A la otra hermana, Susana Haquim, le tocó la Secretaría de Derechos Humanos, aunque no se le conocen antecedentes en el tema según señalan los abogados de causas de lesa humanidad.

La detención de la dirigente Milagro Sala también es utilizada como un modelo aleccionador para esta nueva “Justicia” que se propone instalar Morales. Y así es como anuncia la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el fiscal Osuna, quien decidió trasladar al juez la decisión sobre la imputación de un delito y su persecución contra Sala y quienes participan del acampe, que evidentemente él no advertía. Frente a la protesta de las organizaciones sociales que reclaman audiencia con Morales, actuaron dos jueces que ordenaron el desalojo: uno es el juez penal, Gastón Mercau, y otro es un juez contravencional, Ustares Carrillo. Este último juró en la primera semana de enero en su cargo y el expediente sobre el acampe –en el que dicen los abogados de la Tupac Amaru que no podía intervenir porque ya estaba en trámite– lleva el número 001, o sea, su expediente inaugural como juez, todo un símbolo frente en el reinado de Morales.

La reforma de Morales prevé un sistema de concursos para aplicar a futuro, donde el jurado podría estar integrado por mayoría de sus aliados en el superior tribunal, la cámara de Diputados, el Colegio de Magistrados y el de Abogados. De todos modos, se empezará a aplicar por lo menos dentro de un año, cuando muchos de los cerca de 200 cargos (en un sistema judicial que no tiene más de 400) que se crearían podrían ser cubiertos con el viejo sistema, a dedo. Para colmo, los tribunales jujeños arrastran gran cantidad de vacantes. Hasta ahora, cuando a Morales no le gustaban un tribunal, como el que le tocó por sorteo en un juicio que precisamente le inició a Milagro Sala por un escrache en los primeros debates de la ley de Medios, recusaba a los jueces con el argumento de que estaba seguro de que iban a fallar en su contra por falta de independencia. En ese caso eran dos jueces porteños, Fátima Ruiz López y Daniel Morin, a quienes “acusaba” de pertenecer a Justicia Legítima, aunque no eran socios, pero que casualmente habían motorizado juicios de lesa humanidad en la provincia.

Sin hacer públicos los fundamentos, el juez de feria Gastón Mercau decidió que la dirigente social jujeña Milagro Sala continuara detenida al rechazar el hábeas corpus que sus abogados presentaron este sábado a última hora. La noticia llegó al cierre de la tarde de ayer, mientras terminaba una concentración de miles de personas que exigieron la libertad de la líder de la agrupación Tupac Amaru en Plaza de Mayo (ver página 4) y varias horas después de que los integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy –entre las que figura la Tupac– acataran parte de la orden de desalojo judicial que le dio luz verde al Ejecutivo provincial, liberando las calles que rodean a la Casa de Gobierno. Para el CELS, el rechazo del hábeas corpus “agrava la arbitrariedad de la detención” de la dirigente y, debido a la gravedad de la situación, solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno local presentó dos nuevas denuncias penales en contra de Sala, a la que acusa de quedarse con más de 30 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. “Milagro seguirá detenida. Es lo único que nos informó el juzgado”, transmitió a este diario uno de los abogados de Sala, Luis Paz, por la tarde. Desde la organización sostienen que su dirigente está encerrada “por motivos políticos” ya que “no existen en la causa elementos para mantenerla detenida”. “Cuando Morales la trata de ‘chorra’ a Milagro Sala demuestra su odio racial hacia la clase trabajadora que ella defiende”, completó Paz.

Mercau solo rechazó ayer el pedido de hábeas corpus. Nada dijo de la solicitud de excarcelación que los abogados ingresaron ayer a primera hora, para lo que tiene cinco días hábiles. Ambas medidas apuntaban a lograr la libertad de Sala, que permanece detenida en la Comisaría de la Mujer de la capital de Jujuy. Desde la organización aseguraron que se encuentra “de buen ánimo, activa, interesada en el expediente y animada”. Desistió de la huelga de hambre seca que mantenía desde su arresto por pedido de la asamblea de la agrupación, que la llamó a estar “lúcida y con todas las fuerzas”.

Arbitrario

Para el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, el rechazo del hábeas corpus “agrava la arbitrariedad de la detención” de Sala. “Ya no sólo la arrestan aplicando dos figuras penales absolutamente absurdas como la sedición y la instigación a cometer delitos sino que el remedio para cesar una detención arbitraria como es el hábeas tampoco es efectivo”, planteó. En este contexto y con ese argumento, adelantó que el organismo defensor de los derechos humanos va a plantear un pedido de cautelares a la CIDH. “Causa un daño irreparable al ejercicio de la protesta y al de la libertad de expresión de cualquier ciudadano que quiera hacer uso de esos derechos en todo el territorio del país”, explicó.

Sala fue denunciada por el Estado provincial por “instigación al delito y tumultos” junto con otros tres manifestantes –los diputados Germán Noro y Emilio Cayo Rocabado, y el dirigente social Alberto Cardozo–, pero la Justicia jujeña ordenó el arresto de ella sola. Morales justificó la diferencia en uno y otro caso en las denuncias anteriores que supuestamente pesan sobre Sala. “Es un disparate”, calificó Chillier la respuesta de Morales ya que “la acumulación de causas no influye a la hora de definir la libertad de una persona durante el proceso”. Las organizaciones Ni una Menos, Red de Mujeres, Mujeres Alerta y Acción Emergente presentaron un pedido de hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción porteño número 14. Para las agrupaciones, la detención de Sala “busca disciplinar en forma ejemplar a una mujer referente social de pueblos originarios y trabajadora”.

Desalojo

El gobierno de Jujuy tardó menos de 24 horas en poner en práctica el cheque en blanco que le otorgó el Mercau al resolver que “se arbitren los medios necesarios para el cese del estado antijurídico”, como llamó al acampe que la Red de Organizaciones Sociales sostenían desde hace más de un mes en la Plaza Belgrano y las calles que la rodean. Temprano, el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfre, y Miranda le acercaron a los manifestantes la orden judicial. En asamblea, la Tupac Amaru decidió mantener el acampe ya que “la protesta no está atada a la libertad de Milagro, como dice (el abogado del Ejecutivo, Mariano) Miranda”. Ayer lo denunciaron por extorsión debido a las declaraciones que realizó acerca de que Sala sería liberada una vez que se levantara el acampe. La Tupac sostiene además el pedido de diálogo al gobernador, eje principal y originario del reclamo.

Finalmente, el Ejecutivo provincial cumplió con su amenaza y denunció ayer a Sala ante la fiscal Liliana Fernández de Montiel –la misma que dio curso a su detención– por defraudación al Estado y asociación ilícita. Miranda explicó que la acusan a Sala, junto a tres ex funcionarios del Instituto de la Vivienda y a algunos cooperativistas de la Tupac, de haberse quedado con más de 30 millones de pesos que el Estado aportó a cooperativas de la red de Organizaciones Sociales para la construcción viviendas.