El gobernador radical Gerardo Morales mandó detener a la dirigente social Milagro Sala invocando una serie de cargos absurdos, como presunto fundamento de delitos inexistentes. Horas después mandó reactivar causas en su contra por presunta corrupción. Como siempre en política, el orden de los factores altera el producto. El mensaje del mandatario jujeño fue criminalizar la protesta social. Sabía que se exponía a cuestionamientos locales y de organizaciones internacionales de derechos humanos, que le están lloviendo. No “esperó” al despliegue de otros procesos, acometió contra la ocupación del espacio público.

No busca arredrar a Sala, una mujer de pueblo, una militante de tez oscura y de cuna humilde: sabe que no lo conseguirá. Lo que pretende es amedrentar a otros luchadores o militantes, en línea con la praxis indicada por el presidente Mauricio Macri, quien lo apoyó expresamente.

Contra lo que predican funcionarios oficialistas, periodistas mano dura y “opositores de su Majestad” (el diputado Sergio Massa a la cabeza), como regla general y sustantiva nadie debe estar en la cárcel si no media condena firme, en un sistema democrático.

Ese es el punto: la ley y las garantías constitucionales, apenas y nada menos.

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Extralimitarse, la táctica: Correr los límites es la consigna del oficialismo. A veces explora el linde de la legalidad: algunos Decretos de Necesidad y Urgencia opinables. En otros la viola: designación en comisión de dos jueces para la Corte, intervención en la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) con patota policial como parte del menú. En otros apela a la violencia física ilegítima: represiones en Cresta Roja y La Plata, privación ilegítima de la libertad y encarcelamiento en condiciones desdorosas a Milagro.

Algunas acciones pulsan las reacciones políticas sociales, tras marcar un rumbo. La vicepresidenta Gabriela Michetti despide a trabajadores discapacitados y mujeres embarazadas. No desconoce las reglas humanitarias que vulnera, las supedita al afán de demostrar convicción e impiedad en sus métodos.

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Un patrón de conducta: El padrón ciudadano votó por primera vez en su historia a una fórmula de derecha, porteña al mango. Tanto que gobernó ese distrito. También a dos egresados de universidades pagas, otro cambio cualitativo. La ciudadanía ungió a una elite clasista, confió en ella. Eligió en libertad, incluyendo “la Argentina profunda”. Por ahí, unos cuantos estarán empezando a padecer las consecuencias, posiblemente tarden algo en medir las repercusiones en sus propios intereses. Esa hora llegará, aunque no de sopetón.

Se mezclan medidas ilícitas a carta cabal con otras discutibles, predominan las inconsultas. No se abre el juego a los adversarios, ni anche a los aliados, ni a los “tibios” como el socialismo santafesino.

El injusto y munificente aumento de la coparticipación a la Ciudad Autónoma tensa la relación con los gobernadores, a quien Macri no invitó a almorzar para anoticiarlos. El dialoguismo acumula adversarios en el día a día.

Hay un patrón de comportamiento que es avanzar de prepo, medir las respuestas, eventualmente dar algún paso atrás. Michetti “reincorporó” a quienes jamás debió infligir agravio y sufrimiento. El intendente platense Julio Garro revisa los legajos de los empleados a los que mandó apalear y lastimar con balas de gomas en la espalda. Así como las lesiones no desaparecen ni del cuerpo ni del imaginario, no se ha vuelto al estadio inicial, sería una falacia y una ingenuidad pensarlo.

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El deslizamiento de la democracia: Se han dictado medidas regresivas que la mayoría votó, así sea en trazos gruesos: la política económica, a la cabeza. El paquete se combina con despidos que nadie avisó, una inflación que se prometió combatir.

El combo se completa con movidas autoritarias o regresivas que contradicen el discurso consensual, pacifista y hasta meloso de la campaña.

En la oposición, el kirchnerismo particular pero no únicamente, cunde la homologación del macrismo con una dictadura. La bordaberrización como modelo aunque no se la mencione. De momento, el cuadro es más complejo, simplificarlo puede inducir a errores políticos: quedarse sólo en la crítica no es el menor.

Las reacciones plurales frente a los pretensos nombramientos en la Corte o la detención de Milagro Sala indican un cuadro más polifacético. Las medidas del Gobierno se critican en el ágora, se judicializan, serán tratadas (tarde pero no nunca) en el Congreso. Las instituciones tendrán mucho que hacer, la calle también se expresará.

La labilidad del sistema es un clásico en las polémicas democráticas. El riesgo del golpe blando o el autogolpe no es desdeñable, pero tampoco inevitable.

El Gobierno es un actor poderoso porque comanda un estado que lo es. Hay muchos otros y también de ellos depende la configuración futura del macrismo.

Permítase al cronista un derrape suave a la literatura de otras latitudes, como insinuación para pensar los límites o labilidad de la democracia. Por ahí ayuda a mejorar su discurso... aunque más no sea podría servir como recomendación de lecturas en el verano.

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Roth y Hellman, miradas nobles: En estas semanas de órdago, el cronista recordó una novela excelsa de Philip Roth, La conjura contra América. Es una ucronía, relato de un pasado que no ocurrió. “Narra” la presidencia de Charles Lindbergh que, en la fantasía de Roth, “le ganó” las elecciones a Franklin Delano Roosevelt en 1940. Lindbergh era un aviador famoso, cuyo hijo fue asesinado tras un secuestro extorsivo. Su figura cobró dimensión política, se oponía a declarar la guerra al nazismo. Lindbergh gana las elecciones y va imponiendo, paso a paso, un símil del Estado nazi en Estados Unidos. Liberal al uso gringo (“liberal” en fonética nuestra), progresista, atento a las vicisitudes de la colectividad judía, Roth alerta acerca de pasividades y complicidades con el cambio de sistema.

Imposible e injusto abreviar una obra maestra: la alerta del novelista es sobre la aquiescencia masiva, la cobardía ciudadana y de dirigencias sociales. También, digamos en el borde, sobre los azares y contingencias de la historia. La presidencia de Lindbergh es una pesadilla que no fue, pero que, quién sabe, pudo haber ocurrido.

Otra mirada sugestiva es la de Lilian Hellman, escritora y guionista norteamericana. Menos politizada y consciente que Roth, Hellman fue perseguida por el macartismo y debió declarar por sus “actividades antiamericanas” en la respectiva comisión del Congreso. Sus memorias están contenidas en Tiempo de canallas, un texto notable editado por Biblioteca Militante (ediciones R y R). Hellman se autodescribe como una persona noble, algo desprevenida en materia política y dotada de valores esenciales y firmes. A su modo, como los personajes de las películas de Frank Capra o el héroe individual de Doce hombres en pugna.

Su descripción de la conducta de intelectuales gringos y de la fauna de “Hollywood” ante la ofensiva es formidable porque remarca la cobardía y la banalidad de los colaboracionistas, sin exagerar el poder o el furor de los inquisidores. Cita a Orson Welles: no denunciaron o buchonearon a menudo mintiendo “por amenazas de muerte, miseria o cárcel prolongada... sino por sus piscinas”. “Nosotros, como nación decidimos en los cincuentas -concluye la autora- tragarnos cualquier disparate siempre que nos lo repitieran lo suficiente, sin molestarnos en verificar su significado o analizar sus raíces”.

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Sin sumisión ni furia: Más conspicua por ser contemporánea y muy odiosa es “Sumisión”, la novela del francés Michel Houellebecq. Es consabido y se subraya: se trata de un panfleto contemporáneo, de la peor derecha. Discriminatoria, xenófoba e islamófoba solo para empezar. Un insumo sofisticado, perverso y capcioso para el país donde avanza el Frente Nacional de la dinastía Le Pen.

Todo esto ratificado, el libro propone una tesis desafiante, que tal vez venga a cuento. La historia, mal sintetizada, es la elección legal de un gobierno presidido por un dirigente islámico con planteos moderados. Valiéndose de la pasividad o distracción de la sociedad francesa y sus intelectuales particularmente, el régimen se transforma en una dictadura fundamentalista.

La tesis de Houellebecq contrapone la blandura del sistema democrático, una pretensa íntima debilidad frente a la consistencia de los extremistas. La democracia, lo resumimos malamente, está destinada a sucumbir ante el mal.

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La disputa y la consigna: El sostenimiento de la democracia depende de quienes participan en ella. Dar por consumada su debilidad sin movilizarse es un posible síntoma de derrotismo.

La sociedad argentina se caracteriza por la defensa de los derechos, su capacidad de movilización, un inconformismo más vasto que muchas otras. En menos de un mes el oficialismo se ha granjeado oposiciones y objeciones, varias fuera de lo previsible de antemano.

La historia es un territorio en construcción y en disputa. Un gobierno legitimado hace poco más de un mes tiene oxígeno pero no suscita unanimidad. Muchas voces críticas del macrismo lo fueron también del gobierno anterior. Un cambio de escenario reconfigura la escena: la honestidad intelectual debe reconocerse y saludarse.

El abanico de contestaciones posibles es amplio pero no todos los protagonistas tienen la misma legitimidad histórica para encabezar la protesta o las oposiciones a medidas concretas. Demos ejemplos personalizados, con el albur que implican. Myriam Bregman. Hugo Yasky o el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso tienen sobradas credenciales para oponerse a la violencia institucional. También pueden hacerlo los diputados de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro o Andrés Larroque que ponían el cuerpo en las calles cuando el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa masacraba la movilización en su contra.

No sería legítimo, en cambio, que levantaran la voz Sergio Berni, Ricardo Casal o Alejandro Granados que hubieran integrado el gabinete nacional si el gobernador Daniel Scioli ganaba las elecciones.

Ambas listas pueden extenderse, suponemos que la idea se entiende.

El gobierno kirchnerista estuvo atravesado por tensiones internas que es forzoso reconocer y resignificar. La decisión pionera del presidente Néstor Kirchner de no reprimir la protesta social se cumplió en tendencia pero hubo renuncios y contradicciones. El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero fue arrestado años ha acusado de delitos tremebundos, no comprobados: hubo funcionarios que avalaron esa tropelía. Abundaron tribunales que judicializaron la protesta social.

Morales no invocó la Ley Antiterrorista contra Milagro. Pudo intentarlo quizás él u otro dirigente de Cambiemos haga uso. La peligrosidad de esa medida debe hacer recapacitar a la hora de revisiones o repasos.

Esta columna se ha hecho larga, frondoso su recorrido. Terminemos donde comenzamos, que es lo central en el día. Hellman, que fue compañera de ruta de los comunistas norteamericanos y luego se apartó de ellos, se negó a acusarlos o aún a nombrarlos frente a los macartistas. “¿Desde cuándo era necesario estar de acuerdo con alguien para defenderlo de la injusticia?”, escribió. En un punto extremo, es cantado como definirse.

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Discutir la praxis de Milagro Sala es válido, también investigar las denuncias en su contra con la ley en la mano. No así agregar una presa sin condena a los miles que abarrotan las cárceles argentinas. Ni condenarla sin sentencia firme.

A nadie, del otro campo, se le ocurre pedir prisión para el ya procesado presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. Garantismo para todos y todas. De derechos humanos básicos hablamos, universales por antonomasia.

Libertad ya para Milagro Sala, presa política de la coalición Cambiemos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

Desde San Salvador de Jujuy

Ni las temperaturas tropicales ni la embestida del gobernador radical Gerardo Morales contra Milagro Sala –ahora encarcelada en una prisión por encabezar un reclamo– dan respiro a los cooperativistas de la Red de Organizaciones Sociales que nuclea la Tupac Amaru y que desde hace 38 días acampan en la Plaza Belgrano, frente a la gobernación jujeña, en reclamo del mantenimiento de las miles de fuentes de trabajo que el gobernador aspira a arrebatarles por decreto. Ayer, los acampantes anunciaron una jornada nacional de protesta por “la liberación de Milagro” y en defensa “de 66.000 empleos” que las cooperativas tienen en todo el país, y a la que adhirieron organizaciones sociales, gremiales y políticas que hoy llevarán adelante cortes de rutas y movilizaciones que todavía se coordinaban en la mayoría de las provincias. “Hacemos responsable al gobernador por la seguridad e integridad física de Milagro Sala”, señalaron y extendieron la advertencia por los dirigentes y militantes de la Tupac que comenzaron a recibir “amenazas anónimas” telefónicas y a través de las redes sociales, al tiempo que acusaron a Morales de “armar provocaciones” y “azuzar el enfrentamiento entre jujeños”.

Debajo del más amplio gazebo de la “carpeada”, para intentar mitigar el abrazador sol del mediodía, una docena de dirigentes de la red de Organizaciones Sociales, la Tupac, el Movimiento Evita, ATE y la CTA anunciaron la jornada de lucha que se extenderá hoy a todo el país para “reclamar la liberación de Sala y la defensa de las fuentes laborales de los 66 mil cooperativistas que construyen miles de viviendas populares en todas las provincias”. “Recibimos centenares de adhesiones de organizaciones sociales, gremiales y políticas que se sumarán a la jornada”, resumieron los acampantes para luego aclarar que las medidas incluirán cortes de ruta y movilizaciones.

Los convocantes prefirieron no detallar las organizaciones –salvo las que lo han hecho público–, las medidas de acción ni los lugares donde se realizarán para “evitar represalias” a los manifestantes. “La medida es por la detención ilegal de Milagro y para alcanzar el diálogo que le reclamamos al gobierno provincial para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo”, dijo Nando Acosta de ATE-Jujuy.

Uno a uno los convocantes vertieron sus opiniones. Desde la Red remarcaron que la “Milagro es una presa política del Poder Ejecutivo (provincial) por defender los intereses de los trabajadores” y sumaron que el gobierno quiere “apoderarse del trabajo que las organizaciones sociales comenzaron a realizar en un Jujuy devastado por las políticas neoliberales de los 90 y que desarrollamos en estos 16 años de lucha”. Negaron que en la provincia exista un “Estado paralelo como denuncia Morales”: “no sólo hemos construido casas, hemos construido escuelas, centro de salud, para niños discapacitados, polideportivos y piletas en toda la provincia, hemos hechos donaciones importantes a escuelas y hospitales con el dinero de nuestro trabajo sin pedir nada a cambio”, sentenció una de las tupaqueras. “Esta ha sido la movilización más pacífica de Jujuy y de la Tupac, yo diría hasta ghandiana, y es la que más duramente se quiere reprimir”, agregó Raúl Noro, el esposo de Sala, que definió a la provincia como “militarizada”.

El otro acampe

Detrás de la Casa de Gobierno, en sus jardines, existe un acampe paralelo, donde decenas de integrantes de la guardia de infantería de la policía provincial están en una tensa vigilia permanente y hasta disponen de una larga tira de baños químicos, mientras los caballos de la policía montada se encargan del pasto del enorme parque que completa la manzana donde está emplazada la gobernación.

Los cooperativistas hicieron responsable a Morales por la seguridad y la integridad física de Sala, además de los militantes sociales que –denunciaron– “comenzaron a recibir todo tipo de amenazas anónimas”. Acusaron al gobernador de montar “provocaciones” y “buscar el enfrentamiento entre jujeños”.

Moralistas

A la misma hora que el miércoles por la noche la Justicia provincial trasladaba a Sala desde la Comisaría de la Mujer al penal de Alto Comedero, menos de un centenar de cooperativas que responden a Morales se manifestó junto a sus hijos alrededor del acampe y fuertemente custodiados por la militarizada policía jujeña que armó un cordón para cercar a los acampantes. “Queremos la plaza”, cantaban los manifestantes que llegaron coordinadamente con el operativo policial. Entre los manifestantes se lo pudo ver al secretario de Seguridad de la gobernación, el coronel Guillermo Siri. El ex militar está acusado de haber sido parte de un consejo de guerra que juzgaba a los detenidos políticos durante la dictadura en la subzona mendocina que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez.

“Queremos trabajo”, contestaron esa noche los acampantes. Ayer, explayaron su indignación. “La Justicia de menores nos obligó a nosotros a retirar a los chicos que venían y estaban en el acampe con sus padres. Ahora, ellos que estaban tan preocupados, traen a su gente con los chicos para intentar provocarnos. Pero no se preocupan por los hijos de los cooperativistas que ya no tienen sueldos ni saben si podrán llevar a su hijos al colegio en marzo”, denunciaron en la rueda de prensa.

Bloqueo y fuga

El juez de la causa que tiene encarcelada a Sala, Germán Mercau, dio otra muestra de su parcialidad jurídica. El magistrado que dio curso a denuncia de Morales y ordenó la detención de la dirigente de la Tupac por el supuesto de “instigación a ilícitos y tumulto” –en un operativo que encabezó Siri sin la presencia de ningún funcionario judicial– ayer se negó a recibir a los diputados nacionales del Frente para la Victoria que se acercaron a su juzgado. Ordenó desplegar a la Guardia de Infantería que lo custodia desde que está al frente de esta causa. Los uniformados le cerraron la puerta en la cara al tucumano Marcelo Santillán, pero no pudieron evitar que Carolina Gaillard; el diputado del Parlasur Diego Mansilla y el diputado jujeño Miguel Funes, junto a la ex diputada y legisladora porteña María José Lubertino, ingresaran al hall del juzgado. Mercau aprovechó la discusión entre la negativa judicial y la insistencia de los legisladores, para abandonar el edificio por la puerta trasera. Con Mercau fuera del juzgado, uno de sus asistentes les comunicó a los diputados que el juez sugirió que se contactaran “con prensa” de la Justicia jujeña. En tanto, el fiscal federal jujeño Federico Zurueta recibió por la mañana a los legisladores nacionales que presentaron una denuncia contra la fiscal provincial Liliana Fernández Montiel (la misma que había solicitado perpetua para Romina Tejerina) “por obstrucción al ingreso a un edificio público, restringir el derecho de peticionar a las autoridades y discriminación porque no le gusta recibir mujeres”. El miércoles, la fiscal también había negado el ingresó a su fiscalía a los diputados nacionales.

El juez de feria jujeño Gastón Mercau volvió ayer sobre sus pasos y ahora dijo que definirá “antes” de los cinco días de plazo si concede o no la excarcelación de la dirigente social y diputada del Mercosur, Milagro Sala, detenida desde hace 12 días por una denuncia del gobernador radical de Cambiemos, Gerardo Morales, por el supuesto delito de “tumulto” e “instigación a cometer delitos” tras el acampe en la céntrica Plaza Belgano de San Salvador de Jujuy para reclamar la continuidad laboral de miles de cooperativistas. El lunes por la noche la fiscal Liliana Fernández de Montiel, elevó el dictamen donde opina que “no hay que hacer lugar” el pedido y que Sala debe seguir detenida”. En tanto, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda –que ató la liberación de Sala a cambio del fin del acampe– insistió en que la líder de la Tupac Amaru “no está presa por movilizarse”, sino “por las distintas causas y los antecedentes personales”. Desde la Tupac, ratificaron su denuncia de que Sala es una “presa política”, que “no existen en la causa elementos jurídicos para mantenerla detenida”, que no han sido notificados de otras causas y exhibieron un certificado de la División Antecedentes Personales de la policía jujeña donde consta que Sala “no registra causas judiciales, faltas contravencionales ni pedidos de indagatoria o comparendo”.

Mercau había dicho en una rueda de prensa el lunes que, tras el pronunciamiento de la fiscal Fernández de Montiel, disponía de cinco días para resolver el pedido de cese de detención solicitado por la defensa de Sala. Ayer por la mañana, el juez dijo que si bien tiene “cinco días” para definir si concede la excarcelación que pidieron los abogados de Sala, “seguramente” tomará su decisión “antes” de ese plazo. Además confirmó que la fiscal “elevó el dictamen” del caso “y opina que no hay que hacer lugar (al pedido) y que (Sala) debe seguir detenida”.

Ante los periodistas, Mercau había dicho el mismo lunes que todavía “se están produciendo pruebas” y que “se han pedido más informes que faltaban a los canales de televisión respecto a filmaciones de la fecha del acampe”. Ayer, antes de que el juez revelara que no se tomaría el máximo del plazo procesal para expedirse, el abogado defensor de Milagro Sala salió al cruce del magistrado. “Entendemos que el plazo se acabó anoche (por el lunes) y (Mercau) tiene dos horas extraordinarias hoy. Nosotros hicimos el pedido de liberación el lunes 18, y el plazo se cumplió ayer. Ahora tiene dos horas para resolver la situación”, aseguró Luis Paz.

“Los plazos procesales se han agotado para la Justicia” ya que “la Ley orgánica del Poder Judicial en la provincia le ordena al juez resolver las medidas cautelares con plazos más abreviados, pero esto no ha ocurrido”, insistió Paz y cuestionó la conferencia de prensa que dio Mercau en uno de los salones del Palacio de Justicia jujeño porque aseguró que a la misma hora “estaba pautada una audiencia con dos testigos” de la defensa. Además, reiteró que “Milagro es una presa política”.

Desde los gobiernos nacional y provincial salieron a respaldar a la Justicia jujeña. “Me parece que hay instituciones que funcionan, y en este caso una señora que habría cometido delitos y que los jueces consideraron que debe permanecer detenida. Esto está en revisión de los tribunales superiores, podrá ser revisado o no por la Cámara, pero me parece que no es, claramente, una presa política”, dijo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

En tanto, el fiscal de Estado jujeño dijo que Sala “está presa por instigación a cometer delitos, está presa por el delito de tumulto, está presa por las distintas causas y los antecedentes penales” que tiene y, en comparación, apuntó que “en la causa existen otros imputados sobre los que no pesan órdenes de detención”. Aunque Miranda evitó a hacer mención que uno de los cuatro imputados, Emilio Cayo, se fotografió con Morales mientras Sala estaba presa. “No nos olvidemos de que un día de la semana pasada (sin precisar) hemos interpuesto denuncias por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y defraudación al Estado”, que constituyen “una figura agravada”, agregó Miranda.

Para el abogado defensor de Sala, los agregados que se han hecho al expediente sólo están conformados por “denuncias periodísticas que ha presentado la Fiscalía de Estado”. Paz desmintió a Miranda sobre los antecedentes penales de Sala. En el expediente judicial por su detención figura un informe de la policía jujeña fechado el 16 de enero que confirman que Sala “no registra causas judiciales, faltas contravencionales ni pedidos de indagatoria o comparendo”. Sala ya estaba presa. “Todas las causas anteriores estaban ligadas a la criminalización de la protesta social y en todas Milagro fue absuelta”, agregaron desde la Tupac.