El ex número dos de la SIDE Francisco “Paco” Larcher declaró ayer ante la jueza Fabiana Palmaghini en el marco de la causa por la muerte de Alberto Nisman. Larcher contradijo en todo al superespía Horacio Antonio Stiuso quien había sostenido que recibió instrucciones para frenar toda investigación sobre Irán y el atentado contra la AMIA. Y que, como –supuestamente– Nisman y Stiuso siguieron adelante con sus investigaciones sobre Irán, al fiscal lo mató el régimen de Teherán, ayudado por el gobierno anterior. “Nunca hablé con la Presidenta ni de Stiuso ni de la causa del atentado. Nunca le di ninguna instrucción de que frenara esa investigación ni ninguna otra”, afirmó Larcher ayer. La debilidad del testimonio de Stiuso está dada porque un año antes, cuando declaró por primera vez, no dijo nada de todo lo que afirmó hace veinte días. No mencionó las palabras homicidio ni asesinato. A pesar de las diferencias entre sus dos declaraciones, ambas bajo juramento. la jueza Palmaghini no lo acusó por falso testimonio. La Cámara del Crimen resolverá esta tarde, seguramente por unanimidad, el envío del expediente a la justicia federal. El testimonio de Larcher era esperado porque en su segunda declaración, el 1º de marzo de 2016, Stiuso lo señaló como la persona a través de la cual CFK había ordenado el freno de la investigación contra Irán. La instrucción se habría producido cuando se negociaba el Memorándum de Entendimiento, en 2012, pero Stiuso dijo que tanto Nisman como él mismo continuaron investigando a Irán desoyendo las supuestas instrucciones presidenciales. Un año antes, en febrero de 2015, Stiuso también declaró bajo juramento y no contó nada de eso. Ni siquiera sostuvo que a Nisman lo mataron. El juez Ernesto Botto –quien tuvo a su cargo un expediente contra la fiscal Viviana Fein– fue durísimo e irónico con Palmaghini: “ella sabrá por qué no imputó a Stiuso por falso testimonio ya que es evidente que cambió su declaración”, señaló el magistrado.

Ayer, Larcher también contradijo a Stiuso. El Señor 8, como le dicen al número dos de la SIDE, sostuvo que nunca habló de la causa AMIA con Stiuso y que nunca le dio instrucción alguna. En dos oportunidades, la jueza Palmaghini lo amenazó con los artículos del Código Procesal que hablan del testigo reticente y del falso testimonio. Pero Larcher se mantuvo firme. A gran parte de las preguntas contestó que se enteró por los diarios. Por ejemplo, el ex Señor 8 dijo que no supo del Memorándum con Irán hasta que salió en la prensa; que tampoco supo a qué se dedicaba Stiuso y que aún menos vínculo tuvo con Nisman. En teoría, el Señor 8 es el encargado de la gestión diaria de la SIDE, mientras que el Señor 5, el titular de la Secretaría de Inteligencia –que en su momento era Héctor Icazuriaga– está más concentrado en las relaciones con el Poder Ejecutivo.

Lo de Stiuso y Larcher quedará como un clásico de declaraciones contradictorias, palabra contra palabra, con el problema para Stiuso de que primero dijo una cosa y un año más tarde llegó con una declaración justito a la medida de lo que necesitaba el gobierno de Mauricio Macri, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. A todos ellos les venía bien el discurso en el que se echaba la culpa de la muerte del fiscal a Irán y al gobierno anterior. El gran obstáculo es que las pruebas científicas, hasta ahora, indican todo lo contrario respecto de la muerte del fiscal: que no se observa accionar homicida, según consignaron los médicos forenses, y que no había nadie en el baño al momento del disparo, tal como lo dictaminaron los criminalistas. Como ha dicho la fiscal Fein “no hay un sólo elemento hasta el momento que sostenga la hipótesis del homicidio”.

Más allá de estas idas y vueltas, en el expediente se producirá esta tarde un paso trascendental: la Sala VI de la Cámara del Crimen determinará que la causa debe ser investigada por la justicia federal. El fallo de los doctores Mario Filosof, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich seguramente será por unanimidad, aunque tal vez cada uno esgrima sus propio argumentos. Lo más probable es que ninguno de los magistrados diga que a Nisman lo mataron –algo que exige Arroyo Salgado–, por lo cual hoy no habrá ningún tipo de definición sobre ese punto. El siguiente paso, indudablemente, es que vendrá un recurso de Casación presentado por Gabriel Palmeiro, defensor de Diego Lagomarsino.

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La Cámara del Crimen rechazó ayer el recurso de Casación presentado por la defensa de Diego Lagomarsino, que pretendía que el expediente Nisman no pasara a la justicia federal. Los camaristas argumentaron que no se trata de una sentencia definitiva y, por lo tanto, no tiene por qué ser tratado por la Casación. Trascartón, procedieron a enviar la causa a Comodoro Py donde un controvertido sorteo –supuestamente se colgó el sistema– determinó que la instrucción quedará a cargo del juez federal Julián Ercolini. Gabriel Palmeiro, defensor de Lagomarsino, presentará entre hoy y mañana un recurso de queja ante la nueva Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, en el que reclamará que la investigación siga en el fuero ordinario porque no hay ningún elemento que indique que a Alberto Nisman lo hayan matado.

Los integrantes de la Sala VI de la Cámara del Crimen, Mario Filosof, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich dijeron ayer lo obvio: que la causa Nisman debe pasar al fuero federal. Estaba cantado su fallo porque habían sostenido lo mismo en una resolución anterior. Con un detalle adicional: que dos de los camaristas afirmaron que “es plausible” la hipótesis de que a Nisman lo hayan asesinado.

En Comodoro Py no faltan los que califican de llamativo el sorteo de ayer. Corrió el rumor de que la causa había quedado en manos de Sebastián Casanello, luego se dijo públicamente que se cayó el sorteo y al final se anunció que el expediente recaería en Julián Ercolini. De todas maneras también está el rumor de que el juez se declararía incompetente considerando que hubo una causa anterior por amenazas contra Nisman, instruida por Luis Rodríguez. Se dice que Ercolini argumentará que la muerte del fiscal y las amenazas están vinculadas, por lo que correspondería que intervenga Rodríguez. Se trata del juez más relacionado con Jaime Stiuso y el grupo de la ex SIDE.

El recurso de queja de la defensa de Diego Lagomarsino se presentará entre hoy y mañana ante la nueva Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. En ese cuerpo hay una sala de admisión de las causas, este mes integrada por María Laura Garrigós de Rébori, Daniel Morin y Héctor Magariños. Esos tres magistrados resolverían en 24 horas si abren o no la queja presentada por Palmeiro en nombre de Lagomarsino. Si la abren, el expediente debería volver de manera provisional al fuero ordinario.

La defensa de Lagomarsino tiene tres argumentos:

• Que el envío a la Justicia federal equivale a una sentencia definitiva, porque no hay vuelta atrás. Por lo tanto, debe pronunciarse la Casación.

• Porque dos de los jueces, Lucini y Pociello Argerich, sostuvieron que “es plausible” la hipótesis del homicidio de Nisman. Palmeiro afirma que nunca se pudo discutir esa hipótesis y que incluso la jueza Palmaghini no la sostuvo: consideró que había que mandar la causa a la Justicia federal por una cuestión de violación de correspondencia, no por homicidio. Palmeiro dice que entonces no hubo una doble instancia para rebatir la cuestión del homicidio.

• Por último, la defensa de Lagomarsino afirma que los tres jueces que ahora rechazaron el recurso son lo mismos que ya mandaron el expediente a la justicia federal, por lo cual no corresponde que ellos sean los jueces de su propia sentencia.

Hoy el expediente está en Comodoro Py como largamente lo esperaron la ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, el aparato judicial relacionado con la ex SIDE, los fiscales alineados con el macrismo y la propia Casa Rosada. Desde el punto de vista de la política internacional, también hay sonrisas en Washington y Jerusalén, donde les gustaría mucho ver imputados al gobierno de Irán y a ex funcionarios de los gobiernos progresistas de América latina.

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contestó a la difusión del “plan” para reabrir la denuncia de Alberto Nisman en su contra por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. CFK consideró que la presentación que había hecho el fiscal fallecido y que fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas y por la Cámara Federal por inexistencia de delito, “no tenía ni pies ni cabeza”. Y señaló que, por “planes” como ese, a 22 años del atentado a la AMIA, “víctimas y familiares, siguen esperando verdad y justicia”.

A través de Twitter, Cristina se refirió a la anunciada decisión de la DAIA de presentarse como querellante para pedir que se reabra el expediente. El titular de la entidad, Ariel Cohen Sabban, confirmó que la semana próxima, luego de la feria judicial, la entidad avanzará en ese sentido. La estrategia de la DAIA es coordinada con el fiscal anti k Germán Moldes, quien pedirá a la Cámara Federal que revise su posición de desestimar la presentación que hizo Nisman contra CFK y el entonces canciller, Héctor Timerman, entre otros, en la que se los acusa de encubrir el atentado por firmar el Memorandum con Irán en busca de avanzar en el juzgamiento de los acusados de esa nacionalidad.

La ex presidenta recordó que, “cuando ocurrió el atentado contra la AMIA, en 1994”, ella era diputada provincial en Santa Cruz, y señaló que “todos los que hoy acusan eran funcionarios del Gobierno Nacional o funcionarios judiciales que estuvieron a cargo de la investigación del atentado”. “‘Planes’ como éste que hoy leés en letra de moldes, perdón de molde, se ejecutaron en la investigación de la causa, para encubrir responsabilidades, para desviar investigaciones, para ocultar, destruir y/o ‘plantar’ pruebas en el peor atentado terrorista de nuestra historia”, resaltó la ex mandataria. De esta forma, también aludió al fiscal Moldes.

En la serie de tuits que publicó ayer, la ex presidente expresó que “a 22 años de la voladura de la AMIA aún no hay un solo condenado, y el juez y los fiscales originales de la causa están procesados por encubrimiento, junto a otros funcionarios del entonces gobierno nacional”. En el juicio por encubrimiento que se está realizando actualmente también está acusado el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

CFK también recordó que el juez federal (Claudio) Bonadio, quien tiene a su cargo la causa por el dólar a futuro por la que fue procesada sin prisión preventiva y la investiga también por la sociedad Los Sauces, fue “ex funcionario del ministro Carlos Corach, segundo juez de la causa AMIA y también fue separado de la misma por irregularidades”. Además, manifestó que “por ‘planes’ como el publicado por el diario La Nación las victimas y familiares siguen esperando Verdad y Justicia”.

En ese marco, la ex presidenta se preguntó si el gobierno nacional tenía “un plan para solucionar el fenomenal desbarajuste que armaron con las tarifas de servicios, para parar la inflación de los precios, en especial alimentos y la caída del consumo, para mejorar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, para detener la ola de despidos, suspensiones, precarización y destrucción de puestos de trabajo”. O si acaso hay algún proyecto también “para ayudar a las economías regionales y que además dejen de entrar, entre otras cosas: peras o cerdos del exterior, para ayudar a la producción nacional y evitar el ingreso a mansalva de artículos de consumo que producimos en el país, para que no sigan cerrando restaurantes, tiendas y comercios en general”. CFK concluyó: “La lista de cosas que hoy en nuestro país necesitan un plan son demasiadas. Parece que tienen un plan. ¿Qué plan y para qué? Para reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina”.

A pesar de que la Cámara de Casación porteña le indicó concentrarse en dilucidar el hecho más elemental, que es si Alberto Nisman se suicidó o lo mataron, la jueza Fabiana Palmaghini tomó otro camino y sorprendió ayer con una orden para identificar los teléfonos fijos y celulares que utilizaba la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los días previos y posteriores a la aparición sin vida del fiscal en el baño de su departamento, junto con los de otros ex funcionarios y dirigentes. Pidió también las constancias de ingreso y egreso de la quinta de Olivos, tanto escritas como registradas por cámaras de seguridad, a lo que sumó las filmaciones de los movimientos internos de la residencia presidencial en espacios abiertos y cerrados. Toda esta batería de medidas es una concesión a un planteo de la querella de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, que insiste en relacionar su muerte con la denuncia que el fiscal había hecho en los días previos contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Y aparece en línea con los intentos por reactivar esa causa y acusar al gobierno anterior.

La resolución de Palmaghini sólo dice que las medidas que ordena pueden “resultar de interés a los fines de la pesquisa y con el objeto de no entorpecer el derecho de la parte en ese sentido”. “La parte” a la que alude es Garfunkel, representada por el abogado Pablo Lanusse, quien sostiene, igual que la querella de Sandra Arroyo Salgado, que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio relacionado con su denuncia contra la ex presidenta y su papel en la causa AMIA (aunque hasta ahora no ofrecieron ninguna prueba). Por esa razón, además, pelearon a capa y espada para que la causa pasara a la Justicia federal, un fuero permeable a las negociaciones políticas y la influencia de los servicios de inteligencia. Pero la Cámara de Casación –máxima instancia penal– les dijo que no, porque no había ningún elemento que permitiera suponer “con fundamento razonable, que la muerte de Nisman haya sido consecuencia de la conducta de un tercero”. Peor, dijo que la causa no tiene ni una hipótesis mínima, ni datos elementales certeros, sólo “indefiniciones y contradicciones”. Pronto tendrá que definir la Corte Suprema.

“No se puede investigar si hubo un plan criminal para matar Nisman si antes no se determinó si lo mataron o se quitó la vida”, dice el defensor del técnico Diego Lagomarsino, Gabriel Palmeiro. La jueza, a su modo de ver, “está desorientando la investigación”. Como es previsible, Palmeiro analiza apelar las medidas ordenadas y aguarda una definición más expeditiva sobre la situación procesal de Lagomarsino, quien está imputado por haber prestado un arma (de la que salió el disparo mortal) a alguien que no era legítimo usuario.

La orden de Palmaghini parece estar en sintonía con el intento emergente en los tribunales de Comodoro Py, a través del juzgado de Claudio Bonadio, de resucitar la denuncia de Nisman contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. De hecho, entre los números de teléfono que pide están incluidos los de las personas que protagonizan las conversaciones de las escuchas que tuvo en cuenta Alberto Nisman para hacer la denuncia por supuesto encubrimiento. Suma otros que aparecieron en un entrecruzamiento que había ordenado la ex fiscal Viviana Fein a la Policía Federal. Abarca los de Timerman, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, el ex jefe del Ejército César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, su número dos, Juan Martín Mena, los dirigentes de La Cámpora Andrés Larroque y José Ottavis, el dirigente de la comunidad iraní Jorge Khalil, el dirigente social Luis D´Elía, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia.

Los pedidos de información están dirigidos a la Secretaría de la Presidencia, la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y las compañías de telefonía celular. Les da 72 horas para entregar el material solicitado. Pide que los registros de entradas y salidas a la quinta de Olivos abarquen datos entre el 11 y 20 de enero de 2015 (Nisman apareció sin vida el 18 de ese mes), más los nombres del personal de inteligencia y seguridad que trabajó allí en ese período.

Palmaghini parece retornar a cierta teoría en la que se apoyó para mandar la causa al fuero federal. Los jueces de Casación María Laura Garrigós de Rébori, Mario Magariños y Daniel Morín le cuestionaron como algo inadmisible que tomara como pruebas de peso y diera crédito en su decisión, a los testimonios de los ex espías Antonio “Jaime” Stiuso y Alberto Moro Rodríguez. Stiuso había declarado unos días después de la muerte que no tenía ni idea de las razones y cuando le preguntaron por qué, en las horas previas, no atendía los llamados de Nisman, dijo que tenía el teléfono en “silencio” (tampoco devolvió la llamada). Luego se fue a Estados Unidos, con un ramillete de denuncias penales a cuestas. En su llamativo regreso este año dijo que a Nisman lo mataron, y apuntó a los iraníes y al gobierno de CFK. De Moro, un viejo amigo de Nisman, la jueza tuvo en cuenta que declaró que el fiscal “era un hombre demasiado prolijo, un ‘esteta’ que mal podría haberse dejado encontrar como fue hallado”.

La última medida que figura en la lista de la jueza es citar como testigo a Luis Czyzewski, uno de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA que se sumaron a un pedido a Bonadio (hecho por dos denunciantes recurrentes, uno de ellos del PRO) para que investigue a CFK y a Timerman por traición a la patria, expediente que fue utilizado por el juez para pedirle a su par Daniel Rafecas la denuncia de Nisman que ya había sido archivada por su decisión, la Cámara Federal y la de Casación. Rafecas se la mandó, recordándole que rechazó su reapertura y que no hay delito.

La Sala I de la Cámara Federal recibió ayer la causa de la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. El expediente fue enviado por el juez federal Daniel Rafecas, quien ratificó su archivo por inexistencia de delito y ahora la Sala I determinará la fecha para una audiencia en que las partes podrán alegar. Junto con el expediente llegaron dos presentaciones. La del fiscal de Cámara, Germán Moldes, que subió la apuesta y politizó todavía más el caso: acusó a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria, un delito claramente político y, como explicó en este diario el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, fue el delito usado por las monarquías para ejecutar a los opositores. En paralelo, se presentaron también ante la Cámara los abogados de Timerman, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, quienes dijeron que quieren ser oídos en la audiencia que convoque la Sala.

La Sala I, con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, también desestimó el año pasado la denuncia de Nisman por inexistencia de delito. El fallecido fiscal acusó a la ex mandataria y al ex canciller por la firma del Memorándum con Irán, afirmó que eso ayudó a los sospechosos iraníes acusados de participar en el atentado contra la AMIA y les imputó encubrimiento. Rafecas, por su parte, sostuvo que el memorándum nunca entró en vigencia, que no lo firmó Irán y que la justicia argentina lo declaró inconstitucional, que nunca se derogaron las órdenes de captura ni se constituyó la llamada Comisión de la Verdad. Por lo tanto, no hubo delito. El expediente llegó a la Sala I que ratificó por dos votos a uno el archivo. El más drástico fue Ballestero quien incluso analizó las escuchas telefónicas presentadas por Nisman y demostró que el fiscal unía frases de unas llamadas con frases de otras conversaciones concretadas meses después. Es decir, que se hizo un armado con las escuchas. El camarista que votó en contra del archivo fue Eduardo Farah, de la escudería del espía Jaime Stiuso, allegado a los sectores más conservadores de Washington.

Hace unas semanas, sin que mediara ningún hecho nuevo, la DAIA se presentó ante Rafecas y le pidió que sacara la causa del archivo. La movida fue asombrosa porque no existe ninguna iniciativa para acordar nada con Irán, es decir que sólo se buscó un escarmiento contra el gobierno anterior. Esta semana, Moldes –alineado con el macrismo y Stiuso– incluyó el delito de traición a la patria, sosteniendo que Cristina-Timerman pactaron con un enemigo. Como explicó Zaffaroni, ese delito únicamente se aplica cuando hay una guerra declarada, cosa que no ocurrió con Irán. Y el ex ministro de la Corte recordó que justamente se buscó limitar en forma puntal ese delito en la Constitución y el Código Penal porque venía de ser usado como el delito que servía para ejecutar a los opositores políticos con cualquier excusa. En su momento se le atribuía traición a la patria al que rechazaba a un rey o desconocía al recaudador de impuestos.

La jugada de Moldes parece minimizar todos los aspectos del memorándum y cuestiona directamente el haber firmado un acuerdo con Irán, aunque ese acuerdo hubiera tenido el objetivo de que los sospechosos declararan por el atentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. Poner el acento en la firma del memorándun extiende el delito a los diputados y senadores que votaron el texto en el Congreso.

Durante la jornada de ayer, se presentaron también ante la Sala I los abogados de Timerman. Los letrados –Peñafort y Rúa– quieren hablar ante los camaristas en nombre del ex canciller.

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