Dentro de la dimensión judicial hay que decir que los juicios siguen en marcha. Y continúa un proceso que expandió las fronteras temporales de la dictadura con condenas por crímenes previos a 1976, como en Mar del Plata. Concluyó el juicio del Plan Cóndor, que dictamino por primera vez a nivel jurídico la existencia de una asociación criminal entre los países de la región y concluyó el juicio de La Perla con 28 condenas a perpetua y una movilización histórica en las calles. También se condenó a Marcos Levin, primer empresario juzgado por su responsabilidad con la dictadura. Pero pese a los avances, los últimos años muestran también retrocesos pronunciados y preocupantes. La Cámara de Casación Penal anuló las condenas del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca con un fallo que justificó los crímenes con el regreso de la teoría de los excesos. Otra resolución suspendió un juicio oral ya en marcha Santiago del Estero en el que se juzgaban por primera vez a integrantes del poder judicial provincial.

  “Aparecen votos de jueces que absuelven e imponen miradas casi justificatorias del terrorismo de Estado o hasta criterios que en rigor responsabilizan a las víctimas en los crímenes que sufrieron. Se dio, por ejemplo, en el caso de la apropiación de Manuel Gonçalves, donde se responsabiliza a su madre”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. 

  La dimensión de la responsabilidad económica es la más atrasada. El juez Julián Ercolini ordeno el sobreseimiento de los imputados de Papel Prensa. En diciembre, además, se suspendió nuevamente el inicio del juicio por los trabajadores de la Ford, una investigación que se inició en 2003. La postergación llegó incluso luego de que un acuerdo de  la Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal Oral Federal  1 de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Los jueces se pusieron en pie de guerra. Y ante la nueva presidencia dijeron que preferían seguir también con otros juicios. Esta semana, Casación les reclamó que pongan fecha de inicio del juicio. La jurisdicción es en este momento una de los más conflictivas: tiene  21 causas que esperan el juicio. 

  Los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre y marzo, muestran una desaceleración de los juicios. Hubo menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, una tendencia notada en diciembre de 2016 que se profundiza a marzo de este año. La falta de jueces para abastecer tribunales en procesos que siguen activos porque cada juicio produce nuevas pruebas y nuevos imputados, ha generado además un cuello de botella con investigaciones más lentas. Actualmente son mas los imputados libres (1149) que los detenidos (1044). Entre los detenidos, el 48 por ciento (518) está en arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.  

  Los juicios registraron una baja en los ritmos. En algunos casos por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como ESMA Unificada, una megacausa que lleva cuatro años de debate en el que aún no se avisora fecha de sentencia. “Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe. “Cabe señalar -agregó– que el desaceleramiento del proceso de justicia resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada. Además del desaceleramiento del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales”.

  El cuestionamiento alcanza también a los integrantes de una Corte que lideró un proceso de justicia modelo en el mundo y en 2008 creó la Comisión Interpoderes para monitorear y acelerar las causas. Pese a que existió una reunión en septiembre, la Comisión Intepoderes está praæticamente desactivada. Los jueces no generaron aún un programa para planificar el modo de continuar con los juicios, uno de los reclamos de los organismos. Ni aceleraron el ritmo de revisiones de sentencias. Recién esta semana, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, la Corte pidió a Casación un informe sobre el estado de los expedientes de lesa humanidad. Y confirmó dos sentencias. En ese contexto, también preocupa que hasta aquí, la más importante decisión de la nueva composición de la Corte respecto de las causas vinculadas a represores es un fallo que estrictamente no está vinculado con este universo de expedientes pero generó alarma entre abogados y especialistas en derechos humanos. Fue la resolución dictada en el caso Fontevecchia, en el que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aseguraron que los tribunales locales no están obligados a cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo Juan Carlos Maqueda respetó la jurisprudencia de esa misma Corte (con su anterior composición), que señalaba la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos. El fallo fue leído en clave de Milagro Sala, ya que su detención está siendo impugnada por organismos internacionales, pero le sirvió de argumento al defensor de Santiago Omar Riveros, en el último juicio de San Martín, para pedir la anulación de todo el proceso, algo que no fue concedido por el tribunal.      

  “Es responsabilidad de la Corte evitar un escenario como el de 2007 y 2008, cuando el entonces juez de Casación Alfredo Bisordi frenaba todos los juicios. Una buena noticia fue que en el oficio que mandaron a Casación esta semana pidiendo informes firmaron los cinco jueces. Pero la Corte tiene que fijar los criterios y delimitar el alcance preciso de la actuación de Casación, revocando aquellos fallos donde se tomaron decisiones que estaban vedadas para ese tribunal, porque no eran materia de recursos. O revocando los fallos que fijen criterios que apunten a responsabilizar a las víctimas en vez de los victimarios, como es el caso de la masacre de Capilla del Rosario”, dice Iud.

Detrás de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de derechos humanos, avanzará hoy por avenida de Mayo, en primera línea, el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Esa será una de las consigna centrales de la marcha de este 41 aniversario del último golpe de Estado. Lo seguirán las columnas sindicales, el movimiento obrero con protagonismo de las juventudes de la CGT, que también tuvo un lugar central el año pasado, tras las primeras olas de despidos del gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Se trata de un reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que perciben como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro se cumplen mañana 40 años. Otro de los mensajes importantes de la jornada es la reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la reafirmación de que aquí se cometió un genocidio. Es la respuesta a la avanzada que quiere destruir los consensos sociales acerca de lo que significó el terrorismo de Estado, en un contexto de retiro del Estado del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y cuando el país vuelve a ser convocado por los organismos internacionales defensores de los derechos humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas de detenidos políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales. 

A un año y tres meses del gobierno de Cambiemos, las convocatorias de este 24 de marzo (Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS convocan a las 14 a  Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 a Congreso) aparecen como respuesta a las políticas públicas del gobierno en el amplio campo de vulneración de derechos. También como un escenario que se afilia a las enormes movilizaciones de los últimos meses, pero que muestra una dinámica propia del movimiento de derechos humanos. Para algunos, hay un proceso que está instalado en la sociedad, que tiene muchos años, está consolidado y por eso no tiene marcha atrás. Pero también hay un movimiento que sale a la calle para sostener lo que hasta ahora parecía etapa superada pero ahora peligra: la institucionalización del proceso de justicia y las políticas públicas del Estado en ese área.  

“Hay una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dice Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Cuando los organismos de derechos humanos vuelven a necesitar la calle para instalar un reclamo que parecía cerrado aparece una bisagra que habla de que cómo esto salió de la agenda del gobierno”. 

Ese diálogo entre el retraimiento del Estado y la calle, también en el campo de los derechos humanos, es una marca del presente. Pablo Llonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica que allí hay un punto esperanzador. “Quieren joder, pero no pueden. Los juicios siguen. Las investigaciones siguen, hay más genocidas denunciandos, pistas para buscar desaparecidos y nietos. Es cierto que a todo esto quieren ponerle un pie encima, pero los intentos de quienes prueban distintas herramientas para frenar a los juicios, fracasan. Ya sea que se llame resistencia o por el mantenimiento firme de las familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella reacción de los trabajadores del diario La Nación cuando repudiaron el editorial que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las baldosas y las marcas que siguen haciéndose. Eso lo van a querer frenar, pero evidentemente no han podido”.

Episodios como la marcha atrás del Gobierno con el DNU que trasformaba el 24 de marzo en un feriado turístico parecen mostrar que hay ciertos grandes pisos de consensos que son aún más grandes de lo que se perciben. En eso piensa Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando menciona la rebelión de intendentes, gobernadores y hasta de voces dentro de la propia alianza de gobierno. “En ese episodio se vio que hay muchos anticuerpos que generó el movimiento de derechos humanos, pero también toda la sociedad - dice– Hay pisos muy altos y consolidados de consenso de la sociedad argentina, pero también hay un reconocimiento de la comunidad internacional sobre Argentina por este proceso. Eso quedó muy claro para el propio gobierno el año pasado con la visita de Barack Obama cuando Macri tuvo que salir a las corridas a organizar una reunión con los organismos. La clase política también es consciente de eso” (ver página 4).

Para atrás 

Si una de los datos centrales del ciclo que concluyó en diciembre de 2015 fue el de un alineamiento de los tres poderes del Estado en el impulso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que siguió es un franco retroceso. Las políticas públicas en esa línea salieron de la agenda, o en el mejor de los casos permanecen en estado marginal.

Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: coordinación de huellas, el Grupo Especial de asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como “vuelos de la muerte”. Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y aún no saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de investigación tuvo correlatos. El expediente por la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco estuvo en un cajón detenido entre febrero y octubre. El Ejecutivo no entregó partidas para la preservación del edificio ordenada por la justicia, dado que es prueba judicial. En el espacio de los juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas en distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos: impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y, entre otros, Bartolomé Mitre. Las primeras líneas del gobierno alentaron los arrestos domiciliario de represores que estaban detenidos en cárceles comunes. Se derogó el decreto que prohibió la atención de represores en los hospitales militares y volvió a habilitar la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un predio del Ejército, considerado parte del sistema de cárceles especiales que años atrás provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de testigos quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden impunidad para los represores.

También es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos el gobierno obtuvo el acceso a parte de los archivos de inteligencia de Estados Unidos cuyo análisis aún no arroja resultados significativos y archivos de Francia. Que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada durante el gobierno de Carlos Menem a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con su trabajo. Pero uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del discurso. Con un presidente que habla de “guerra sucia” y al que nunca se le escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso a conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar que la última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños. Como puntas de lanza, junto con algunos comunicadores, de la tarea de desprestigiar a Madres, Abuelas y Familiares y otros referentes de organismos de derechos humanos, que son las voces que representan al país ante el mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá de cualquier gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del desfile del 9 de Julio con los militares carapitandas. Escenas que suelen concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de otro funcionario) y corrige lo incorregible.  

“El negacionismo es la batalla cultural más importante de los próximos tiempos. Existe un mecanismo de des-historizar al servicio del presente: aquello aparece como una exacerbación de la grieta, un problema de intolerancia entre argentinos, cuando en realidad la dictadura no fue producto de la intolerancia sino una respuesta impiadosa del imperialismo para detener la avanzada de una lucha por otro país y otra región”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de Familiares de Zona Norte. 

 

Antídotos

Uno dato de este año fue el cambio en la dinámica de comunicación entre actores del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La mesa de organismos de derechos humanos, con trece organizaciones, comenzó a reunirse el año pasado, primero mensualmente y luego semanalmente. Diseñaron una red de comunicación de correo para tener a mano mecanismos de consensos rápidos y respuestas inmediatas ante las malas noticias. Las y los abogados de las causas de lesa humanidad se organizaron en 2011 como colectivo, pero en 2016 comenzaron a organizar un modo de datar los retrocesos y presentaron por primera vez un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una audiencia “ante el nuevo escenario político tras la asunción del nuevo gobierno nacional (en el que) se advierten algunas luces de alarma y preocupación que no pueden dejar de señalarse y corregirse”. También catorce autoridades de las secretarías de derechos humanos de distintas provincias generaron con un espacio para consensuar comunicados en clave de alerta. En ese universo, también puede pensarse al Comité por la Libertad de Milagro Sala, que nació en marzo de 2016 con un nombre que intentó situarla como detenida política y buscó pensarse como herramienta de comunicación en el escenario internacional. 

“Hay cuestiones simbólicas, como el desfile del 9 de julio, que al mismo tiempo reflejan las posiciones de lo que no se ve, que es una política de Estado que marque el rumbo sobre el proceso de Memoria, Justicia y Memoria. Pero ante esa falta, hay intersticios. No hay posición única en el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, el principal activo de estas políticas es el consenso social. Es la línea sobre la cual la sociedad argentina decidió trazarla y no retroceder”, asegura Chillier.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer la apelación a su procesamiento en la causa conocida como Los Sauces. El abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, rechazó todas las acusaciones pero arrancó su texto señalando que el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío es nulo: “desde el inicio de estas actuaciones resultaba claro que usted no era competente para entender en esta causa. Así lo puse de manifiesto de distintas maneras. Ahora de manera totalmente sorpresiva usted terminó reconociendo lo que se había postulado desde un primer momento, esto es, que no era competente para intervenir en la causa. La resolución de un juez que se declara incompetente es nula”.

 El recurso se presentó ante el propio Bonadío y llegará luego a la Cámara Federal, que antes de resolver convocará a una audiencia donde las partes –hay 21 procesados– presentarán sus argumentos. Beraldi sostiene que el juez se limitó a transcribir lo que dijeron los imputados en sus indagatorias y ocupó en eso más de 41 páginas, pero que en el escrito de procesamiento no contestó a ninguna de las defensas, ignoró todo lo que se argumentó. En ese terreno, el letrado remarcó que el juez realizó 40 allanamientos a todas las propiedades de Los Sauces y en cada caso encontró a los inquilinos ocupando los inmuebles, de manera que no se trató ni de alquileres ficticios ni de alquileres con sobreprecios. Ese argumento es uno de los que el magistrado no respondió. Tampoco hay contestación –dice Beraldi– al hecho de que todas las propiedades están declaradas, pese a lo que se ha hecho trascender en la prensa; se pagaron los impuestos correspondientes y figuran en las actas de la sociedad. Se alega que Los Sauces tiene tres domicilios. Beraldi contesta que en los allanamientos se comprobó que un domicilio es el legal, el otro la vivienda de Máximo Kirchner y el tercero el domicilio del estudio Manzanares, que es el que facturaba y cobraba los alquileres. No hay domicilio ficticio. 

La defensa reiteró un dato ya mencionado por CFK: Bonadío le imputó pertenecer a la asociación ilícita a Florencia Kirchner a partir de 2003, cuando la hija de los ex presidentes tenía 12 años. Cuando se constituyó Los Sauces, Florencia tenía 16. Pero ahora le adjudica ser una de las jefas de la asociación ilícita  –junto a CFK y Máximo–, siendo que todo lo ocurrido es que heredó de sus padres los bienes que están en Los Sauces. Beraldi acota que resulta insólito que a los integrantes de la asociación ilícita se los imputa por hechos lícitos: alquilar propiedades, firmar contratos, suscribir escrituras, cobrar, firmar y depositar cheques. El letrado considera “increíble que se incluya en la asociación ilícita a tres escribanos que lo único que hicieron fue legalizar firmas, confeccionar escrituras y realizar otros actos lícitos propios de su función notarial”.

Bonadío detalla en el procesamiento que una de las características de la asociación ilícita es la de producir “intranquilidad pública y poner en peligro la paz social”. Beraldi se pregunta: “¿cómo puede ser que el pago de alquileres, que en todos los casos se trató de dinero que estuvo bancarizado, haya producido intranquilidad pública?”.

“La instrucción de esta causa es un mero montaje –concluyó el abogado de Cristina–  que inevitablemente iba a terminar como se imaginaba: con el procesamiento de todos los imputados, decisión que naturalmente ya estaba tomada al inicio de este proceso. Eso sin importar las pruebas, que en todos los casos demostraron que no existió delito alguno”. 

raulkollmann@hotmail.com

“No creo que tenga ganas de ser senadora”, dijo esta semana el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, quien además dijo creer que “en su íntima convicción quiere ser candidata en 2019 pero a presidenta”.

Las dudas, en este caso provenientes de alguien que tiene diálogo cotidiano con la ex mandataria, embonan perfectamente con las que imperan en cabezas y corazones de tejedores políticos de todos los colores. Muchos de los cuales están cinchando para que defina su candidatura, convencidos de que es carta de triunfo para las elecciones de octubre próximo. Mientras muchos otros se inclinan por la conveniencia de que deje pasar este turno comicial, que está lleno, evalúan, de riesgos que ella no debería correr. 

Las diferencias vienen caldeando los ánimos, como es natural en política, y ya es un hecho que en todos los mentideros se barajan esas dos posibilidades, a las que se suman, inconfesadamente, los intereses propios de quienes miran a CFK como a una esfinge reservada y enigmática. Porque no necesariamente lo que les importa -a todos- es el interés profundo y verdadero de “Ella” (como suele ser llamada) sino las consecuencias que tendría para cada quien su decisión en uno o en otro sentido. 

Desde luego que en el entorno de “La Jefa”, como también se la llama, hay una firme expectativa triunfalista y es obvio el deseo, no hecho público, de que se lance a la lid electoral cuanto antes. Y no faltan relevantes dirigentes del núcleo duro de sus seguidores (la maciza militancia juvenil nucleada en La Cámpora, que ella misma ha dicho que “no son mi debilidad como algunos creen, sino mi fortaleza”) que se declaran “seguros de que cualquier decisión que tome va a ser la mejor”.

Pero extramuros lo que más hay son dudas, que algunos califican, con extrema dureza, incluso de “traiciones”. Se refieren así a los infinitos runrunes que, como es natural, se renuevan hora tras hora y que tanto pueden parecer razonables como audaces o hasta delirantes. A saber: 

• Que Sergio Massa en su estilo viscoso se aliaría nomás con Macri y con quien sea con tal de vencerla;
• que Felipe Solá daría el salto para “volver” y aliarse con Florencio Randazzo y enfrentar juntos a Cristina si se presenta;
• que el Movimiento Evita no quiere que ella sea candidata ahora y está jugando no en contra de CFK sino para que no pierda y así cuidarla para 2019; 
• que Alberto Fernández no da puntada sin hilo y así hay que leer su flamante distanciamiento del massismo para quizás aliarse con Felipe y Florencio; 
• que Scioli está demasiado cerca del PJ de Gioja y Pichetto y eso es un problema porque a pesar de su deslucida gestión él tiene votos propios; 
• que los mejores cuadros políticos de la CGT no son los que hoy la conducen y la falta de una “pata sindical” siempre se siente; 
• que estas elecciones son la gran oportunidad para renovar por completo los elencos de candidatos, que es el gran deseo popular; 
• que si lo que real e íntimamente deseara CFK fuese llegar al Congreso, podría intentarlo con menos riesgo candidateándose en Santa Cruz; 
• que el kirchnerismo in totum sigue ciego respecto del radicalismo disgustado con la claudicación, lo que demuestra que la vocación y capacidad K de buscar aliados extrapartidarios son exiguas o nulas; 
• que el deseo profundo de Cristina sería que en las elecciones de octubre el candidato de apellido Kirchner sea su hijo Máximo y no ella, y así siguiendo. 

Lo cierto es que las matemáticas electorales están al rojo vivo: todas las encuestas coinciden en que, como candidata a senadora por la PBA, la expresidenta tendría asegurado algo más del 30% de los votos. Pero casi todas sugieren también la dificultad de que ese piso pueda tener un techo alto como haría falta para garantizar el triunfo. Y en esas dudas se basan casi todas las especulaciones que circulan en los mentideros bonaerenses.

Claro que lo que nadie, pero nadie, sabe es si todas esas especulaciones -tan sabrosas como imaginativas- responderán al verdadero y profundo interés del electorado. Que todas las noches mira la tele, donde los grandes temas de interés son un estúpido concurso de bailes erotizados o el griterío en un programa supuestamente político. Y los fines de semana asiste pasivamente a los banquetes que sirve una señora frente a 14 millones de pobres e indigentes, comilonas que los grandes diarios del poder concentrado comentan después en sus primeras planas como si fueran importantes.

Muchas de esas personas, de esas familias, han sido convertidos en telecautivos antes que ciudadanos, especie de esclavos comunicacionales –creyentes, no pensantes– de los grandes sistemas multimediáticos.

Quizás los dichos del abogado Dalbón hayan querido ser entonces una señal. Que por supuesto, y como siempre sucede en política, es y será leída a conveniencia de cada ojo. 

Pero, como sea, mientras todo el territorio nacional padece aguas feroces y el país político se sumerge en ardores y calenturas, es difícil no pensar con triste ironía que acaso el Sr. Durán Barba y su ejército de estupidizadores, junto con el elenco comunicacional del Presidente y la gobernadora dizque angelical, siguen cerrando filas para profundizar la maldita grieta y así lograr que en octubre los comicios se reduzcan a una disputa entre Macri y CFK que están seguros de ganar.

Ya se sabe que este gobierno, su poder judicial adicto y la jauría mediática son capaces de cualquier cosa. El riesgo es que si las definiciones no se toman con la mirada puesta en intereses más generosos que los personales o los de pequeños colectivos, sigan siéndolo. 

“A lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción primero yo, después yo”, explicó ayer el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Máximo Kirchner, poniendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en el escenario electoral. “Falta que este Gobierno termine perdiendo cada vez más la máscara, del marketing, de los medios de comunicación, como se vio estos días a través del fallo de la Corte”, estimó el santacruceño, en alusión a las promesas de campaña incumplidas por el macrismo y el maquillaje mediático que lo protege.

“Gobernó Argentina durante ocho años y no puede ser la ‘parte aguas’ la figura de Cristina, sino la decisión de frenar políticas que están arrasando con las esperanzas de muchos argentinos”, destacó el dirigente peronista en una entrevista con la AM 750, caracterizando el lugar en el que instalan los medios y el gobierno nacional a la ex presidenta. CFK había apuntado en un encuentro con dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores que había que “ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada, me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan”. Después, diputados del FpV habían aclarado que Fernández de Kirchner no se autoexcluía del proceso electoral. Finalmente, el hijo de CFK explicó ayer la situación.

Sobre las elecciones legislativas de octubre, donde el macrismo se juega a fondo para arremeter con las políticas económicas que ha comenzado a desplegar, Máximo Kirchner aseguró que va a ser una disputa “entre ciudadanos y televidentes, entre corporaciones y el pueblo para ver quien dirige los destinos de la Argentina”. En la misma línea, el diputado por Santa Cruz recordó que la alianza Cambiemos “prometía que venía algo mejor y cuando uno ve el desarrollo de estas políticas, ve cosas como el fallo del 2×1. Falta que este Gobierno termine perdiendo cada vez más la máscara, del marketing, de los medios de comunicación, como se vio estos días a través del fallo de la Corte”. El líder de La Cámpora apuntó a Cambiemos al señalar que “donde se te ocurra, avanzan y eso no significa algo positivo, el cambio no siempre significa algo positivo”.

Máximo Kirchner volvió sobre Fernández Kirchner al afirmar que “la figura de ella era un dique en esto que estamos viendo que es la avanzada de la derecha sobre los sujetos políticos de la Argentina, sobre los trabajadores, los derechos humanos”, pilares del modelo que desplegó el kirchnerismo en sus doce años en la Presidencia y apuntando a la interna del peronismo que se debate entre el apoyo a la ex presidenta y quienes plantean no llevarla como candidata, a pesar de ser la figura que mayor adhesión electoral reúne. “Hay un vínculo establecido entre sectores (sociales) y Cristina que a veces pasa por mejores o peores momentos. Lo ha establecido a pesar de los ataques contra su figura durante años del monopolio más grande de la comunicación en la Argentina”, agregó el diputado.

“A lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción primero yo, después yo”, aclaró Kirchner nuevamente y destacó que la ex presidenta “tiene muchas ganas de aportar” y la definió como “una dirigente muy interesante para debatir”.

Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer a veinte intendentes en una cita que tuvo como objetivo para volver a encarrilar las charlas por el armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a un mes del cierre de listas. Allí anunció la redacción de un acuerdo programático que sirva como marco a la hora de discutir las candidaturas e insistió en la necesidad de conformar un frente opositor “lo más amplio posible, sin excluir a nadie”. El encuentro tuvo lugar en el Instituto Patria una semana después de que la ausencia de un grupo de jefes comunales hiciera trastabillar, por unas horas, las expectativas de unidad que profesan la ex presidenta y el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, principales articuladores de este espacio. 

Aunque ninguno de los que se ausentaron el martes pasado fue invitado ayer, un encuentro reservado para los más cercanos, los canales de diálogo “con todos los sectores” están abiertos y en la charla entre la ex mandataria y los intendentes se volvió a insistir en la necesidad de sumar dentro y fuera del peronismo una gama de apoyos lo más amplia posible. En ese sentido, siguen las negociaciones constantes con el sector que reclama primarias y apoya a la figura de Florencio Randazzo. “Todavía falta pero hoy la unidad está más cerca que nunca”, confió a PáginaI12 uno de los dirigentes que se sienta en la mesa chica del peronismo.

El encuentro en el Instituto Patria mantuvo el formato de reuniones anteriores: hablaron más los intendentes que la ex mandataria y se discutió mayormente la situación del “territorio”, aunque cuando fue el turno de CFK, ella hizo un diagnóstico de la situación nacional pero también de los procesos políticos que hay en marcha en América latina, marco en el que se inscribe lo que está pasando en la Argentina. La conclusión, una vez más, giró en torno a lo prioritario que resulta encontrar una forma de contraponerse al neoliberalismo que avanza. 

Según expresó la ex presidenta, una victoria del oficialismo en octubre sería el preámbulo de “la segunda etapa del ajuste”, que tiene como caballitos de batalla “una nueva flexibilización laboral” y “la privatización del sistema jubilatorio”. En ese sentido, hizo énfasis en la importancia que tendrá en los próximos dos años el Congreso, donde se disputarán los principales debates políticos y donde la oposición podrá poner un freno a la política económica del equipo que encabeza el presidente Mauricio Macri.

No hubo definiciones sobre candidaturas. “Primero debemos plasmar un programa político y luego veremos qué candidatos lo representan mejor”, fue una de las definiciones de Fernández de Kirchner. Con ese objetivo, les pidió a los presentes que se junten con otros intendentes y elaboren entre todos un informe sobre la situación en la provincia. “Es importante tener una propuesta programática para que después, cuando lleguen al Congreso, no veamos a legisladores que llegaron por el peronismo votar en línea con la derecha”, resumió uno de los presentes.

Aunque evitó decir si su nombre estará o no en la boleta, CFK tranquilizó a los jefes comunales que esperaban una señal de su parte confirmando su disposición a ocupar un rol central y protagónico en la construcción política del Frente para la Victoria (bajo ese nombre o con el que se elija para esta campaña). “Cristina dejó en claro, sin lugar a dudas, que lidera este proceso”, coincidieron quienes la escucharon. Otro de los puntos que dejó en claro fue que “no se le va a cerrar la puerta a nadie”, un mensaje por elevación a quienes se excusaron en la presencia de algunos aliados para faltar al acto de la semana pasada.

Ninguno de los intendentes que habían hecho ese desplante estuvo invitado ayer, aunque de ambos lados aseguran que la relación está recompuesta. Los jefes comunales que estuvieron ayer serán los encargados de hacer el primer paso en el acercamiento. Luego, van a ser recibidos por la ex presidenta, en grupos o de forma individual. Además, durante el fin de semana estuvieron particularmente activos los canales de diálogo con el sector que propone disputar las PASO detrás de la candidatura de Florencio Randazzo. “Cristina va a hablar con todos los espacios y sectores siempre y cuando eso contribuya a la unidad del peronismo”, aseguró uno de sus hombres de confianza a este diario.

Los veinte jefes comunales que participaron del encuentro con CFK fueron Verónica Magario (La Matanza), Juan Patricio Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Ustarroz (Mercedes), Walter Festa (Moreno), Mario Secco (Ensenada), Pablo Zurro (Pehuajó), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Santiago Maggioti (Navarro), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Mauro Poletti (Ramallo), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Hernán Y Zurrieta (Punta Indio), Juan Gasparini (Roque Pérez), Osvaldo Cáffaro (Zárate) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz).

“El sol del 25 viene asomando”, según los carteles con el rostro de Cristina Fernández de Kirchner que empapelaron la ciudad de Buenos Aires desde ayer a la madrugada. 25 de mayo, fecha cara al imaginario kirchnerista, donde no sólo remite a la gesta patriótica de 1810 sino al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, será también el día elegido para la reaparición pública de la ex presidenta, que esta noche dará una entrevista televisiva donde sentará posición sobre la incipiente campaña y buscará volver a mostrarse como figura central de la oposición al gobierno de Mauricio Macri. La expectativa estará puesta en su decisión sobre si será o no parte de la oferta electoral del peronismo bonaerense en este turno. “No esperen definiciones sobre candidaturas”, asegura uno de los hombres más cercanos a CFK, aunque tampoco descarta que pueda haber “sorpresas” en ese sentido.

Los carteles en las paredes, las pantallas de los televisores y las redes sociales son las plataformas en las que se monta el lanzamiento de esta campaña que Fernández de Kirchner se comprometió a protagonizar, sea como candidata o como principal referente del espacio opositor, tal como les prometió el martes a los intendentes que se reunieron con ella en el Instituto Patria. Por primera vez desde que se despidió de su presidencia ante una Plaza de Mayo llena, el 9 de diciembre de 2015, la ex mandataria está dispuesta a asumir la centralidad de su rol político. Se acabaron las especulaciones: “CFK está trabajando 24 horas por día para conseguir la unidad de toda la oposición”, aseguran en su entorno.

Ese será el eje de la nota de esta noche: un diagnóstico sobre la situación del país desde la asunción de Mauricio Macri, comparado con el trabajo hecho por el peronismo en el gobierno entre 2003 y 2015, pero con énfasis en las consecuencias de las decisiones políticas en la vida cotidiana de la gente. Además, hará una lectura de la situación política global y, particularmente, de América Latina, donde la ex presidenta caracteriza los procesos que tienen lugar en Venezuela y Brasil como distintas facetas de una “restauración neoliberal” que en la Argentina se ve reflejada en la agenda de Cambiemos, que sólo puede ser frenada en el Congreso con un buen resultado electoral y la unidad del campo popular.

En paralelo a los preparativos para la reaparición de CFK, por abajo continúan las conversaciones para hacer efectiva esa unidad. Ayer, en Lomas de Zamora, el diputado Máximo Kirchner estuvo reunido largamente con el intendente Martín Insaurralde, referente entre los jefes comunales de la populosa tercera sección electoral y pieza clave en el armado bonaerense. Allí, coincidieron en que “la única forma de ganarle al gobierno” es “construir un espacio capaz de contener a todos los sectores de la oposición”. También coincidieron en que la campaña debe centrarse en torno a “cuestiones que preocupan” en los barrios y no de “cuitas” entre dirigentes. “Nuestro eje tiene que ser la calle, con la gente”, se acordó en ese mitin.

A la misma hora, pero en Moreno, el anfitrión Walter Festa recibía a otros intendentes de la primera sección: allí estuvieron Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Santiago Maggiotti (Navarro), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz). En el marco de la “convocatoria a la unidad” que pidió Fernández de Kirchner, todos se comprometieron a trabajar para avanzar en la conformación de una lista única. Su rol es importante, porque son los interlocutores naturales de Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), otros dos jefes comunales de la primera y que hoy apoyan la precandidatura de Florencio Randazzo en las primarias.

Otros intendentes salieron ayer a respaldar a la ex presidenta y a manifestar su deseo de que encabece las listas: desde San Antonio de Areco, Francisco Durañona dijo que CFK “está absolutamente dispuesta a afrontar la responsabilidad” de ser candidata si eso facilita la unidad. Además, tendió una mano a sumar a Florencio Randazzo al armado aunque advirtió que “la apertura” no puede significar que “nuevamente hombres y mujeres ocupen lugares en la lista y después terminen levantando la mano para aprobar” proyectos del oficialismo contrarios a los intereses populares. 

En el mismo sentido habló Mario Secco (Ensenada): “Siempre tuvimos la idea de incorporar a Randazzo. Es un buen compañero, no tiene nada que ver con los que criticamos nosotros, que dejaron mucho que desear, que votaron barbaridades en el Congreso haciéndole la segunda al liberalismo para avanzar con el ajuste, con el endeudamiento”, dijo, apuntando contra algunos senadores y diputados del peronismo. “Con ellos no queremos ninguna unidad. Ahora el Flaco es un crítico, tiene su manera de pensar, pero no deja de ser un buen compañero”, completó.

El intento de desplazamiento del Consejo de la Magistratura, vía fallo judicial, del senador, Ruperto Godoy, unificó a los diferentes sectores que conforman el Frente para la Victoria en el Congreso. Ayer, luego de que el legislador apelara el fallo en su contra, los diputados denunciaron “la maniobra política” con la que el gobierno busca “hegemonizar la justicia” e inscribieron el caso Godoy dentro del sombrío panorama de “inseguridad jurídica” que está provocando la presidencia de Mauricio Macri.

Durante la mañana de ayer Godoy apeló el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que declaró inconstitucional el artículo cinco de la ley 26.855 que quitó la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo. Ese fue el argumento por el que ordenó el cese de Godoy en dicho instituto. El escrito presentado por el senador sanjuanino apela la decisión judicial y solicitó un “efecto suspensivo”. El legislador entiende que el fallo encubre una clara maniobra del oficialismo con la que la próxima semana buscará aprobar el jury contra el camarista federal, Eduardo Freiler, y que el voto de Godoy complica esa estrategia. A partir de este hecho el peronismo se movilizó a favor del legislador.

Por caso, el presidente del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde, aseguró ayer, rodeado de un grupo de legisladores de su bancada, que el gobierno utiliza el caso Freiler para “controlar la justicia”. Es más, enmarcó el fallo contra Godoy en un lista de 21 hechos que dan cuenta de cómo el gobierno nacional “avanza contra las instituciones y profundiza la inseguridad jurídica”. En ese listado los kirchneristas suman la irregular incoporación de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal; la designación por decreto simple de los jueces de la Corte Suprema; la transferencia de las escuchas por Decreto de Necesidad y Urgencia desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema; el endeudamiento que lleva adelante el Poder Ejecutivo que puso como garantía los recursos naturales de la Argentina; la prórroga del blanqueo y la ampliación, vía decreto, del alcance para familiares de los funcionarios a pesar de que la ley lo prohibía de manera expresa; el intento del gobierno a través de la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia de direccionar la causa por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que involucran al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y la empresa IECSA que pertenecía al primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra; y la designación “irregular” del diputado Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura, entre otros.

Para el diputado Rodolfo Tailhade, el ejecutor de la operación contra Godoy es de Tonelli. “Junto a medios de comunicación y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, defensores de la dictadura, están llevando adelante esta operación con el único objetivo de cargarse al juez Freiler”, aseguró y recordó que el curul de Tonelli le fue arrebatado al FPV gracias al respaldo de otros miembros del Consejo.

El legislador indicó que el oficialismo pergeñó la maniobra cuando se quedó sin el respaldo del consejero Daniel Candis, a quien sindicaron como “el noveno voto” que necesita el PRO para poder desplazar a Freiler. Entonces apareció Lavié Pico, quien tiene en su juzgado dos causas, la de Godoy pero también la que existe contra Tonelli por su ingreso “irregular” al Consejo. “Sin embargo, el juez cuyo padre fue camarista en la dictadura, falló solo en el caso Godoy para poder avanzar en el caso Freiler”, dijo Tailhade.

A su turno, al diputada Diana Conti aportó un dato interesante en el devenir de la decisión que la semana próxima debe tomar el Consejo en el caso Freiler. La legisladora dijo que ya recibió la convocatoria para que el próximo jueves al mediodía jure como integrante del tribunal que debe entender en los jury que defina el Consejo. Puede ser una coincidencia pero ese mismo día el Consejo debe resolver el futuro de Freiler. 

Mientras se espera la respuesta a la apelación de Godoy, en el Senado sus compañeros de bloque insisten en que se presente el lunes a la reunión de la comisión de Acusación y Disciplina que, con la presidencia de Tonelli, buscará emitir el dictamen que aconseja el jury contra Freiler. Ayer, colaboradores del propio Tonelli dejaron trascender que el oficialismo no impedirá que Godoy participe en las reuniones del Consejo mientras no haya sentencia firme contra el senador.

El Partido Justicialista también se solidarizó con Godoy. El presidente del partido, el diputado José Luis Gioja, aseguró que el fallo de Lavié Pico “es funcional a los intereses del gobierno” y que sin Godoy en el Consejo “el oficialismo hace y deshace a su arbitrio, y puede, entre otras cosas, tener los votos necesarios para expulsar a cualquier funcionario de la justicia sin oposición”. Los senadores del FpV-PJ se pronunciarán la semana próxima.