La sala II del Anexo del Congreso será un hervidero mañana cuando el fiscal Alberto Nisman concurra a la Comisión de Legislación Penal a informar sobre su denuncia contra la Presidenta y el canciller por el caso AMIA. El encuentro será a las 15. El fiscal sostiene que se pactó la impunidad de los sospechosos iraníes a través de la creación de una pista falsa en la que se le atribuiría el ataque a “fachos locales”; se pactó el levantamiento de las señales rojas y luego un acuerdo de intercambio económico de petróleo iraní por granos argentinos. El fiscal tendrá un problema grave para explicar mañana: ninguna de esas cosas ocurrió. Ni hubo pista de fachos locales ni se levantaron los alertas ni se compró una gota de petróleo a Teherán. Además, Nisman dice que gran parte de la maniobra, que comenzó hace cuatro años, recayó en un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI). Es decir que el principal socio del fiscal, el poderoso jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso, quien manejaba la Secretaría a su placer, tuvo bajo su mando a un agente que supuestamente trabajó para Irán y que él nunca denunció ni relevó. Nisman presentó un pedido de que se levante el secreto y que ese agente declare. La voluntad del Gobierno, como lo hizo en el caso AMIA anteriormente, es levantar toda veda y que el agente señalado declare. El problema es que la denuncia de Nisman todavía no da las precisiones ni pruebas necesarias para que la Presidenta redacte el decreto (ver aparte).

A continuación se analizan los principales puntos oscuros de la denuncia, sobre los cuales tendrá que responder Nisman mañana.

La secuencia es muy categórica. En primer lugar, se exhibió la carta del canciller Timerman a Interpol dos semanas después de firmado el memorándum. En 20 renglones el ministro le dijo dos veces al secretario general de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba el status de las órdenes de captura y que cualquier cambio sólo podía provenir del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Dos meses después, Interpol contestó aquella carta diciendo que efectivamente los alertas rojos no se tocaban. El viernes, Noble le envió un mail a Timerman respaldándolo en un ciento por ciento y diciendo que nunca la Argentina hizo una gestión para que se levanten los alertas. En la entrevista concedida a Página/12 (ver aparte), sostiene que lo afirmado por Nisman “es falso”. “Al contrario, señor Nisman –dice Noble–, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.

Nisman sostiene en su denuncia, que, por ejemplo, “en septiembre de 2013, Timerman se reunió con Noble para convencerlo de que autorice el cese de las notificaciones rojas”. Noble dice exactamente lo contrario: “Timerman vino a Lyon a reafirmar que la firma del memorándum no significa ningún cambio en los alertas rojos. Recuerdo la pasión con la que habló”, recordó el secretario general de Interpol.

Estas respuestas de Noble dejan a Nisman girando en el vacío: el principal protagonista dice que lo afirmado por el fiscal es mentira.

En el resumen que distribuyó Nisman sobre su presentación judicial, se dice que en noviembre de 2012 el ex juez Héctor Yrimia se reunió con el dirigente de la comunidad argentino-iraní, Alejandro Yussuf Khalil, y combinaron armar una pista falsa destinada a echarles la culpa del atentado a “fachos locales” y sacarles la responsabilidad a los iraníes.

¿Dónde se presentó esa pista en estos dos años y tres meses? Si no se presentó en ningún lugar, ni siquiera constituyó una tentativa de encubrimiento, de desviar la causa. Como sostiene el ex integrante de la Corte, Raúl Zaffaroni, aun en caso de probarse lo que dice el fiscal, es la preparación de un delito, no un delito. Y la preparación es impune porque no se ha llegado al principio de ejecución. Y de todas formas ¿cómo se llegaría de una conversación entre Yrimia y Khalil a la participación de la Presidenta y el canciller?

El juez Rodolfo Canicoba Corral, encargado de la causa AMIA, dice que es gravísimo que no se le haya informado que podía existir otra pista, aun si no fuese verdadera, en el caso AMIA. “El fiscal hizo una investigación paralela y clandestina sobre algo que tenía que ver con el atentado en sí mismo. Eso es muy serio y tengo que estudiar si no incurrió en una gravísima desviación de la causa”, razonó el magistrado.

Hay una pregunta retórica inevitable: ¿ante quién debía presentarse la nueva pista de los fachos locales? La respuesta es obvia: ante el propio Nisman y el juez. De manera que la supuesta intención de desviar la causa ni siquiera tenía posibilidades de prosperar sin el visto bueno del fiscal.

Ya se ha dicho que eso tampoco ocurrió. Argentina nunca le compró una gota de petróleo a Irán y tampoco hubo ningún convenio. Nunca hubo una misión comercial de Argentina a Irán o de Irán a la Argentina. El país sólo compró petróleo en 2013 y provino de Nigeria y otros combustibles se le compran a traders cuyo proveedor en ningún caso fue Irán.

Nisman sostiene que el canciller mintió cuando dijo que no se le vendía a Irán por los embargos internacionales. Pero no fue así. Aquella frase fue pronunciada por Timerman en una visita al Congreso cuando el diputado radical Ricardo Gil Lavedra le preguntó si era verdad que Argentina le vendió una central nuclear a Irán. Ahí Timerman contestó justamente que de ninguna manera, que no se le podía vender una central nuclear a Irán por los embargos internacionales de una instalación sensible como ésa.

Argentina le vende muy poco a Irán y las cosas no cambiaron para nada con la firma del memorándum. El 80 por ciento de los 1200 millones de dólares que Argentina le vende a Irán es soja que no provee el Estado, sino que buena parte sale del grupo Grobocopatel, que nada tiene que ver con el Gobierno.

En su escrito, el fiscal asegura que el canciller iraní Alí Salehi y Timerman se reunieron en esa ciudad siria en 2011. Fue público que el canciller argentino se encontró con el presidente de Siria, pero en todo caso no constituía ningún delito que Timerman se reuniera con Salehi: la Argentina desde hacía rato trataba de lograr un acuerdo con Irán para encontrar un tercer país donde hacer el juicio AMIA o buscar una forma de que los sospechosos se presentaran a la Justicia. Nisman dice que su prueba es que el periodista José “Pepe” Eliaschev afirma que vio un documento supuestamente de Salehi al presidente de Irán donde le contaba que había pactado con Timerman. ¿El texto? No, el documento de Salehi no está. Ni existe la más mínima posibilidad de que se pueda probar que era auténtico. La pregunta que seguramente tendrá que responder Nisman es ¿le parece que eso es una prueba?

Es público y notorio que el sostén de Nisman ha sido el poderoso ex jefe de Operaciones de la SI, Jaime Stiuso. En la página 16 de su denuncia, Nisman transcribe una escucha de un agente de la SI que habla con el dirigente supuestamente pro-iraní, Khalil. “Tengo un chisme... Me dijeron ahí en la casa (la ex SIDE) que Interpol va a levantar los alertas rojos.” No parece una prueba de envergadura y todo indica que es de hace, cómo mínimo, un año y medio. Pero, además, a ese agente o a otro –no está claro en el texto del fiscal– también lo involucran en el armado de la pista de los fachos locales.

Es decir que dentro de la Secretaría que manejaba Stiuso a su antojo, permitió –supuestamente– que operaran durante un año y medio agentes proiraníes que, hasta el momento, no se sabe quiénes son.

Aún así, Nisman dice que respondían a la Presidenta, pese a que no tiene ni una escucha de la mandataria, ni siquiera del diputado Andrés Larroque y apenas frases del dirigente argentino pro-iraní, de Luis D’Elía y Fernando Esteche. Ninguno de estos tres es funcionario ni allegado a la Presidenta. Como señaló el juez Canicoba Corral, ni siquiera las escuchas son pruebas en sí mismas: es la SI la que dice que Fulano afirma tal cosa. Hay que ver si es verdad, hay que ver en qué situación se produjeron esas conversaciones y se necesita determinar si en tal conversación el protagonista quiere agrandarse para hacer negocios políticos o económicos.

El ex secretario de Interpol Ronald Noble dice que el memorándum fue un paso adelante porque se buscó una forma de llevar a los sospechosos a un juicio. Amnesty International afirmó: “El Memorándum de Entendimiento, una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas”. Se podía estar políticamente a favor o en contra, pero lo cierto es que lo votó el Congreso y buena parte de los familiares dijeron que había que hacer el intento. Cuando se acordó el juicio por el atentado en Lockerbie, en que Estados Unidos y el Reino Unido acusaban a dos libios, el principal negociador –en silencio– fue Nelson Mandela.

En su escrito, Nisman considera como prueba que “tiene un enmarañado proceso de aplicación”, lo que es evaluar judicialmente una decisión política tomada por diputados y senadores. En todo caso, como siempre sostuvo el Ejecutivo, la Justicia intervendría en su momento resolviendo si lo firmado era compatible con el sistema judicial argentino. Sin dudas la pregunta que tendrá que responder mañana Nisman es: una ley puede ser inconstitucional, pero ¿puede ser delito?

raulkollmann@hotmail.com

La gravísima denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente CFK intenta apuntalar la versión sobre el atentado a la sede de la DAIA que acordaron hace más de veinte años los gobiernos de Israel y la Argentina, con el respaldo de Estados Unidos, cuando aún no había terminado la remoción de los escombros: acusar a Irán y no investigar la participación de Siria, pese a que las condiciones internacionales han cambiado. El problema es que en la causa no abundan elementos que lo sostengan, por lo cual ese relato descansa en recursos políticos y publicitarios. Mientras, nada se ha avanzado en el caudaloso expediente judicial, que se derrama al azar en episodios laterales, como la falsa conexión local y el desvío de la investigación por parte del ex presidente Carlos Menem y su ex juez Juan José Galeano. La estridente acusación de Nisman, descalificada por el juez de la causa y por Interpol, es otro capítulo de la misma estéril saga. Luego de recibir a Nisman, la complaciente dirigencia comunitaria de la DAIA y la AMIA convocó a todos los organismos y delegaciones que las integran pero la mayoría negó el apoyo que había solicitado el fiscal.

Un preciso ejercicio de desinformación intenta hacerle pagar al gobierno nacional la osadía de haberse apartado del libreto buscando que la justicia argentina pudiera indagar a los acusados por Nisman, en un tercer país o incluso en Irán, con el riesgo de que la presunta solidez del expediente se disipara en el aire, como ya ocurrió con el ex embajador persa en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour: detenido en Londres a pedido de la justicia argentina, fue absuelto por falta de pruebas, puesto en libertad e incluso indemnizado. Que algún dirigente político o un falso influyente haya querido aprovechar para fines particulares el giro dado por el Poder Ejecutivo es una alternativa posible y recién se sabrá si algo hay de ello cuando se revelen las pruebas que dice tener el fiscal, quien mañana enfrentará en el Congreso al FpV. El oficialismo decidió no permitir que la oposición monte allí un nuevo escándalo. De progresar la agresión contra la presidente en la ciénaga judicial, no puede descartarse una convocatoria a la movilización en las calles. Esto pondría en evidencia los desbarres de un poder contramayoritario que intenta confinar la política dentro de los límites de un expediente tribunalicio, alimentado como en un chiquero judicial con basura de los servicios de informaciones.

Alerta roja

En la conferencia de prensa del jueves, el canciller Héctor Timerman mostró la nota que envió el 15 de febrero de 2013 a Interpol: le informaba a su secretario general (el abogado, economista y ex jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Kenneth Noble), que los pedidos de captura internacional sólo podrían ser modificados a solicitud del juez Rodolfo Canicoba Corral. Esta semana Canicoba dijo que al firmar las órdenes de captura contra los iraníes que le solicitó Nisman, ordenó al fiscal que profundizara esa investigación y no se basara apenas en informes de inteligencia, y que también siguiera la pista siria y la conexión local. “Nada de eso hizo”, sentenció. Tampoco su colega María Servini encontró en la presentación de Nisman “las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes”, por lo que se negó a habilitar la feria juicial. En el Forum Shopping de Nisman, la denuncia será considerada por el juez federal Ariel Lijo. Cuando la camarista Luisa Riva Aramayo comenzó la negociación con Carlos Alberto Telleldín para pagarle un falso testimonio, Lijo era uno de sus más próximos colaboradores. Su hermano, Alfredo Lijo, trabajó con el auditor Javier Fernández, a pedido de Riva Aramayo, según el propio Fernández en un reportaje de Hugo Aleonada Mon. Riva Aramayo no fue procesada junto con el juez Galeano porque murió en 2002.

El Memorando de Entendimiento con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, en Etiopía, cuando Estados Unidos y sus principales aliados comenzaban una negociación de desarme con el gobierno de Teherán y las aperturas hacia Siria ya habían fracasado. En una entrevista para esta nota, Timerman explicó que de regreso a Buenos Aires se reunió con las distintas asociaciones de familiares de las víctimas, con el presidente de la DAIA Julio Schlosser y con el de la AMIA, Guillermo Borger. En la única conferencia de prensa conjunta, todos declararon su apoyo al memorando. Pero sin explicación por el cambio, la DAIA y la AMIA pidieron al Congreso que no lo ratificara y reclamaron su inconstitucionalidad a la Justicia, concedida el año pasado por la sala I de la Cámara Federal porteña. Al mismo tiempo, dijo Timerman, el canciller iraní Ali Akbar Salehi le propuso enviar una nota conjunta a Interpol informando que con la firma del memorando debían cesar las alertas rojas. Esto no formaba parte de las instrucciones que había recibido de la presidente, dijo el canciller. Timerman llamó a Interpol para explicarle a Noble lo que estaba sucediendo. Noble le respondió en inglés que se quedara tranquilo, que las alertas rojas no se modificarían. Timerman le expuso su situación personal, como firmante del memorando, ministro del gobierno argentino y judío. Noble le dijo entonces, ahora en francés, que entendía la situación y que no tenía motivo para preocuparse. Timerman le contó de los insultos, las graves acusaciones y las amenazas que estaba recibiendo. Noble cambió del francés al castellano. “Se lo dije en inglés, en francés y ahora en su idioma: el memorando es muy conveniente y no hay riesgo de que sobre esa base se modifiquen las alertas rojas.” Timerman le pidió que Interpol lo dijera en una nota formal. Ese mismo día la firmó el Consejero Jurídico de Interpol, Joel Sellier, y el entonces subsecretario de Justicia y actual subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, trajo el original desde Lyon a Buenos Aires. Decía que el acuerdo era positivo para esclarecer la causa y que “no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”. Este jueves, Nisman respondió en tiempo real a la conferencia de prensa: dijo que Timerman había pedido levantar las alertas rojas y que Interpol se lo negó. A raíz de ello, Timerman se comunicó el viernes con Noble, quien sepultó cualquier polémica, con el mail que el canciller difundió esa misma tarde: “Usted dijo en forma explícita que la presidente Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino estaba cien por ciento comprometido con el mantenimiento de las alertas rojas de Interpol”. Agrega que durante la asamblea general de Interpol, hace apenas dos meses, “usted reafirmó su compromiso personal y el del gobierno argentino con el mantenimiento de las alertas rojas, al mismo tiempo que trataba de hacer todo lo que estaba a su alcance para que hubiera verdaderos progresos en la investigación. Recuerdo la forma apasionada en que habló de las víctimas y de sus seres queridos, que tanto sufrieron y que merecen ver el avance de la investigación y la presentación a la Justicia de los responsables por este mortífero ataque”. Se entiende mejor así por qué en las grabaciones de Nisman el presunto agente iraní Jorge Alejandro Khalil dice que “por las cagadas que se mandó este ruso de mierda las circulares no se bajaron”. Si algún vendedor de humo había prometido lo contrario, es problema suyo. Hasta ahora nadie ha incurrido en el ridículo de sugerir que las comunicaciones con Interpol fueron personales del ciudadano Timerman, sin conocimiento de la presidente. La propia exégesis de Nisman ante la prensa refuta sus conclusiones. Goza de todos modos de una apreciable protección, que le permite hablar horas en las pantallas de televisión sin que ningún juez o fiscal lo acuse de violar secretos, como le ocurrió a su colega Carlos Gonella por retwitear una página oficial del Ministerio Público en la que se informaba sobre un pedido de procesamiento contra varias personas por lavado de dinero obtenido con la venta de cocaína.

La InfAMIA

Parte de esta historia ya fue narrada aquí el 18 de julio de 2004, en una nota que se tituló “La InfAMIA. El acuerdo Menem-Rabin para no investigar”. A pocas horas de producido el atentado, a las 9.53 del 18 de julio de 1994, el gobierno israelí del general Yitzhak Rabin propuso al argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así lo informó el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, en un cable emitido a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994, apenas 17 horas después del estallido que costó la vida a 85 personas y heridas a 300. De este modo, ambos gobiernos condicionaron la investigación a las respectivas ventajas que cada uno pudiera obtener y sin mayor interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de la DAIA y la AMIA. Timerman recuerda que durante una de las reuniones en las que se discutió el memorando, Schlosser le preguntó por qué insistía tanto en la investigación. “Por respeto a los muertos en el atentado”, le respondió. “Olvidate de los muertos. Hay que pensar en los vivos”, dijo Schlosser. Algo similar le transmitió a Timerman su colega israelí, Avigdor Lieberman, durante un encuentro en las Naciones Unidas. “¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?”, le dijo con sorna. El año pasado, para desacreditar el Memorando de Entendimiento, el ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, declaró que “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros”.

El cable sobre el acuerdo Menem-Rabin fue hallado entre las informaciones secretas que el gobierno de Néstor Kirchner resolvió liberar al conocimiento de los familiares de las víctimas y de la Justicia. En 2004 el entonces encargado de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, puso en conocimiento de Canicoba Corral el cable EISRA 010365/1994. Allí Otegui informa que Rabin enviaba a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea israelí a un diplomático de su relación personal y directa, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985.

Antes de embarcarse hacia Buenos Aires, Schmorak se comunicó en medio de la noche con el embajador Otegui y le pidió que lo ayudara a entrevistarse con el presidente Menem y con el canciller Di Tella en cuanto llegara a Buenos Aires. Para el gobierno israelí “es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado”, en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, “dado que partidos de oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin”. En ese momento, estaba muy avanzada una negociación de paz en Oslo que incluía a la OLP conducida por Yasser Arafat y por primera vez comprometía al gobierno sirio del presidente Hafez Al Assad. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de Bill Clinton, en cuya presencia se firmaron los acuerdos en la Casa Blanca, en septiembre de 1993. En enero de 1994 el presidente sirio anunció que la negociación con Rabin incluiría “una paz real y relaciones normales” a cambio de la devolución de las alturas del Golan, ocupadas por Israel en la guerra de 1967. Hasta entonces El

Assad había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Pero a partir de allí, tanto Washington como Jerusalén se enfocaron en Irán y llegaron a contemplar un nuevo bombardeo a sus instalaciones nucleares como el que Israel realizó en 1981 en Osirak. Tres meses después del atentado contra la DAIA Rabin recibió el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente fue asesinado por un estudiante derechista que se oponía a la devolución de territorios ocupados a cambio del cese de hostilidades. Desde entonces sólo hubo retrocesos en el intento de paz.

El cable del embajador Otegui agrega que “objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado” con el propósito de “presentar a la prensa –inmediatamente después del encuentro– una versión unificada de lo ocurrido”. Schmorak llegó por la noche del martes 19. Tal como se había solicitado fue recibido por Menem y en un reportaje concedido al diario Clarín al salir, dijo que “el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”. También dijo que Menem aceptaba la hipótesis de la participación de algunos elementos locales. La ausencia más notoria en todas las declaraciones, del enviado israelí y de las autoridades argentinas, fue la pista siria, pese a las evidencias que saltaban a la vista. En la misma semana un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos afirmó que Siria no tenía nada que ver con el atentado. Esa línea se siguió en forma minuciosa en todas las investigaciones posteriores. Luego de revelar la existencia y el contenido de este cable, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, uno de los acusados por desviar la investigación me preguntó si había más información, para conocer si “fuimos títeres de un juego macabro por parte de ambos gobiernos”. También me contó que el 22 de julio de 1994, durante una reunión en la quinta de Olivos, “Menem insistía que de confirmarse las presunciones debían cortarse las relaciones con Irán en forma inmediata”. Es decir tres días después de la reunión con el enviado de Rabin.

Si las motivaciones de Rabin y Clinton se explicaban por razones políticas de sus respectivos gobiernos, el interés del gobierno argentino de entonces por desviar la atención lejos de Siria es comprensible, por los lazos familiares de Menem, el financiamiento que El Assad le suministró para su campaña presidencial en 1989 y la denuncia de traición en 1990, cuando Menem se sumó a la primera expedición estadounidense contra Irak (gobernado por el mismo partido Baas que Siria), incumplió los acuerdos de cooperación espacial con países árabes y entregó a Estados Unidos todos los de-sarrollos del misil Cóndor. Jacobo Timerman, padre del actual canciller, recordó en una entrevista que publiqué en esta página el 31 de mayo de 1992, dos meses después del atentado a la embajada de Israel, que Menem viajó a Siria en cuanto ganó la candidatura presidencial peronista. “Dijo que iba a saludar a una tía, cosa que se me hizo totalmente no creíble, y en realidad tuvo una reunión con el Presidente Hafez El assad, que es el más grande narcotraficante del mundo.” Entre las líneas que la investigación judicial no profundizó hay una que concierne en forma cercana a los ex presidentes de Siria y de la Argentina. Un primo de El Assad y otras dos personas fueron detenidas después del atentado en el mismo edificio de la calle Cochabamba en el que Menem tenía el departamento que utilizaba en sus frecuentes visitas a Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja. El primo de El Assad y sus acompañantes fueron liberados luego de una reunión de Menem con el juez Galeano. Sucesivas notas de Raúl Kollmann y de Juan José Salinas han abundado sobre la seriedad de la pista siria y la inconsistencia de la investigación de Nisman, cuya subordinación explícita a las líneas de acción que le comunicaban en la embajada de Estados Unidos consta en abundantes cables dirigidos por esa sede a su gobierno. El viernes asumió sus funciones el nuevo embajador Noah Mamet. Habrá que aguardar una futura tanda de Wikileaks para saber si es real la información que circula entre funcionarios judiciales que conocen a Nisman, sobre un encuentro con el consejero político Ken Roy antes de presentar su incandescente dictamen. Roy es el enlace de la embajada con la Asociación de Magistrados, que conduce la resistencia judicial al gobierno. Esta relación promiscua con una potencia extranjera no ha producido el menor escándalo en quienes, de derecha a izquierda, sólo lo ven como un proyectil capaz de hacer daño al gobierno nacional. Cualesquiera sean los respaldos de Nisman, no se entiende cómo podría el gobierno “fabricar la inocencia de Irán”. Como el fiscal es quien debe probar la culpabilidad, esta es una inversión de la carga de la prueba o una implícita admisión de que al cabo de diez años carece de elementos probatorios.

Acciones y omisiones

Lo burdo del intento por incriminar a la presidente, que tanto Canicoba Corral como el gobierno atribuyeron al removido jefe de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio Stiuso, no implica que todos los pasos oficiales hayan sido apropiados. Tanto Nisman como Stiuso contaron con el respaldo de Kirchner, quien en 2005 llevó a las Naciones Unidas la denuncia contra Teherán, cuando George W. Bush buscaba un pretexto para repetir sobre Irán la devastación de Bagdad, tal como se señaló entonces aquí. Cristina siguió ese esquema durante su primer mandato. Sus frecuentes encuentros dentro y fuera del país con la DAIA y la AMIA no impidieron que esas organizaciones se alinearan con la oposición en el cuestionamiento a sus tentativas de esclarecimiento. En cambio nunca recibió a la organización de familiares de las víctimas Memoria Activa, que apoyó en el Congreso el Memorando de Entendimiento y que denunció ahora una operación contra la presidente. También llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptó un proceso de negociación amistosa con el patrocinio del CELS y CEJIL. El 4 de marzo de 2005, el Estado reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos al no haber cumplido la función de prevención, por la denegatoria de justicia debido al encubrimiento de los hechos y al grave y deliberado incumplimiento de la función de investigarlos. Como reparación integral se comprometió a una agenda de trabajo tendiente a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición futura, compensar los daños y reformar algunas leyes, entre ellas la de Inteligencia. Además de informar sobre el acuerdo, debía fortalecer los organismos investigativos tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar la investigación del atentado y de su encubrimiento, profundizar el relevamiento de archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia, extenderlo a la Dirección de Migraciones e informatizar sus registros. También se comprometió a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, incluyendo un plan de contingencia para casos de atentados. Además debía impulsar una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces involucrados en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. A veinte años del atentado y diez del reconocimiento de responsabilidad, los compromisos no se han cumplido. En este tema, como en tantos otros, Cristina ha mostrado capacidad de rectificación. Pero no basta con la remoción de los agentes de la Secretaría de Inteligencia que resolvieron su conflicto de obediencias en contra de sus deberes funcionales y de su lealtad nacional. Quienes los impugnaron cuando estaban en la cumbre de su poder no necesitan sobreactuar ahora sus críticas. Basta con señalar que este es un momento oportuno para cumplir con la reforma de la ley de Inteligencia comprometida ante la CIDH y con la complementaria y también adeudada ley de acceso a la información pública. Tal vez así, además de las apasionantes anécdotas del día, se avance en reformas estructurales que ayuden a impedir la repetición de tanto bochorno.

La acusación por “encubrimiento” a la Presidenta fue pronunciada por el fiscal Nisman veinte años después de abierta la causa AMIA. El hecho objetivo invocado como argumento para la denuncia –el memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán para facilitar la investigación sobre los imputados de esa nacionalidad en la causa del atentado– sucedió hace poco menos de un año, es decir diecinueve años después del acto terrorista. Diecinueve años después. El memorándum fue impulsado, además, después de varios años de una parálisis casi total de la causa, cuyo fiscal era desde 2005 el mismo que hoy denuncia a la Presidenta por “encubrimiento”.

El operativo Nisman tiene la forma de algo muy poderoso urdido en oscuras agencias conspirativas trasnacionales. Sin embargo, no es descartable que sea nada más que un “vuelto” de algún funcionario recientemente relevado de la cúpula de la SI. Así parece insinuarlo el carácter descabellado que tiene el hilo conductor de la presentación del fiscal. “Con la finalidad de mejorar la relación comercial con Irán se intercambió este objetivo con el encubrimiento de los culpables de la masacre de la AMIA”: a ese simple enunciado puede reducirse todo el escándalo abierto por el fiscal y revestido en estos días de dramatismo institucional por la maquinaria mediático-política enfrentada al Gobierno. Claro que esta eficacia políticamente estremecedora de un simple golpe de efecto servicial merece ser puesta bajo la lupa.

El antecedente más importante que tiene la denuncia de Nisman es lo sucedido durante la discusión parlamentaria sobre la aprobación de la firma del memorándum. Los argumentos de la oposición giraron entonces alrededor de dos centros argumentativos muy claros y definidos. Uno era la interpretación del documento como una concesión a Irán a cambio de ventajas comerciales, el otro era la denuncia de un giro de la política internacional argentina en la dirección a alejarse del “mundo libre” y acercarse al “eje del mal”: si se mira con atención, cualquiera de las dos interpretaciones da por sentado el hecho de que el Gobierno apunta a la impunidad de los iraníes acusados; es decir, se trata de un adelanto de la denuncia por “encubrimiento”, el fiscal se ha limitado a traer uno de esos argumentos en auxilio de su operación política. Para “encubrir” primero hay que “descubrir”. Y la Justicia no descubrió nada en el caso AMIA y en cambio encubrió mucho, casi todo. La centralidad misma de la pista iraní, por ejemplo, tiene poco que ver con prueba judicial alguna que la sustente; es el resultado de la presión de Estados Unidos en esa dirección, cuando el régimen iraní constituía uno de los blancos centrales de la diplomacia y de las hipótesis bélicas de ese país. Los documentos recientemente revelados por Wikileaks son suficientemente probatorios de las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos para descartar de modo terminante la pista siria y las conexiones locales. Si uno sigue las huellas políticas de la causa AMIA, fácilmente descubre quiénes fueron realmente los encubridores y qué objetivos defendían. Pero aún dando por ciertas las denuncias dirigidas a personalidades del régimen iraní, hay que decir que nunca tuvieron sustentos probatorios medianamente serios, como lo demuestra el rechazo de la Justicia británica al pedido argentino de extradición de uno de los acusados por falta de pruebas. Casi dos décadas después del crimen puede decirse que la alternativa a la firma del memorándum no es el esclarecimiento en la Justicia argentina sino el ocaso irreversible de la causa por falta de avances sustantivos.

Entre los motivos supuestos antes por la oposición y ahora por Nisman para proceder al “encubrimiento” de personas sobre cuya responsabilidad criminal nadie había probado absolutamente nada, hay uno que constituye un problema muy profundo relacionado con la inserción argentina en el mundo. Se trata de las relaciones con Irán, pero sobre todo se trata de las relaciones con Estados Unidos. Porque el problema era y es que el documento se firma en común con Irán. Es decir, se firma con un Estado que representa el mal absoluto, el autoritarismo, la negación del Holocausto. Un Estado, además, cuya responsabilidad en el ataque a la AMIA no necesita ser probada; la acredita la intuición, el sentido común occidental. Claro que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán evolucionaron positivamente en los últimos meses, pero bien se sabe de las enormes presiones que se ejercen sobre el gobierno de Obama para terminar con el viraje negociador y retomar francamente la orientación militarista y agresiva hacia Irán. Y, en todo caso, el giro de la causa fue ejecutado en plena connivencia con los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, el momento elegido para la presentación de la denuncia es muy significativo: hace pocos días el asesinato de un grupo de periodistas en París volvió a poner en acción todo el repertorio discursivo de la derecha mundial dirigido a cerrar filas en la “guerra contra el terrorismo”, entendida la expresión como el combate contra los terroristas enemigos. En estos días se ha desatado una insólita campaña de extorsión ideológica contra quienes intentan poner en discusión el contexto del crimen de París. A quienes no comparten el diagnóstico de la situación mundial que sostienen la OTAN y Estados Unidos se les pregunta por sus credenciales democráticas y favorables a los derechos humanos. Y entonces reaparece el ataque a la política internacional argentina en términos de alejamiento del “mundo libre” y acercamiento al mal absoluto. Es ese reservorio de prejuicios ideológicos travestidos como certezas políticas lo que conforma la condición de posibilidad para que un pobre carpetazo servicial se coloque en el centro de la agenda política del país.

Para que la inverosímil denuncia se convierta en un acontecimiento político es necesario que existan fuerzas muy poderosas en el país interesadas en agudizar al extremo las tensiones políticas que han atravesado nuestra realidad en la última década. En principio resulta curioso este interés por tensar la cuerda de las pasiones políticas, cuando según el establishment mediático faltan pocos meses para el fin del ciclo kirchnerista. Muy poco es lo que ha avanzado la oposición en instalar sus consignas, sus propuestas y sus candidatos hacia la elección del próximo octubre; por ahora todo se resume en una disputa entre dos de los candidatos sobre la cantidad y calidad de fotos que se sacan al lado de dirigentes provinciales del radicalismo y una abierta disputa dentro del propio radicalismo y proyectada a sus aliados sobre si hay que hacer o no una alianza con Macri. Como diseño de la apertura de un “nuevo ciclo” parece bastante poco. El centro de gravedad de la lucha por el poder en la Argentina de hoy no se deja resumir en querellas por candidaturas, alianzas o plataformas electorales. Ese centro de gravedad es una intensa batalla entre las grandes corporaciones económicas y el Gobierno por el timón político del país. Los sucesos que recorren el Poder Judicial y la virtual guerra entre algunos de sus segmentos y el Gobierno no son solamente una estrategia de autodefensa corporativa: son también un núcleo de la resistencia de un sector muy poderoso de la sociedad contra el sentido de las políticas públicas de estos años y contra el peligro de su continuidad y profundización. Valga nada más que como un ejemplo de esta cuestión la apertura de lo que podría llamarse el capítulo civil del enjuiciamiento y castigo al terrorismo de Estado.

Este núcleo poderoso de la sociedad argentina había imaginado un diciembre de paros, saqueos, conflictos policiales, corridas bancarias y denuncias espectaculares para el último mes del año pasado. De todo eso quedaron algunas tapas de diarios y algunas operaciones judiciales contra la Presidenta. El país sigue viviendo en paz, ahora se toma masivamente vacaciones y se prepara para seguir viviendo normalmente. En este clima empieza a definirse el panorama electoral para octubre. Es un clima peligroso para el revanchismo monopólico. Porque el poder político de la Presidenta sigue intacto y su imagen crece. En consecuencia, la posición que adopte ante las internas del FpV tiende a adquirir una fuerza política considerable. Si se mantuviera esta tendencia, la profecía –sistemáticamente cultivada con operaciones– de que la presidencia de Cristina desembocaría en el caos y la ingobernabilidad empezaría a fracasar. Y lo que la coalición de los poderosos persigue no es un cambio pacífico y normal de autoridades en el país. Lo que quieren es el cierre drástico y duradero de lo que consideran una aventura política imprudente. Un cierre tal que desaconseje cualquier intento, por moderado que fuera, de reabrir la agenda política de estos años. Es decir, de reabrir la cuestión de la distribución del ingreso, de la reindustrialización, de la democratización de la Justicia, de la política exterior soberana genuinamente, enemiga del terrorismo, amante de la paz e integrada regionalmente.

Esa necesidad de un sector de la Argentina de patear el tablero para llegar a situaciones de incertidumbre y conmoción colectiva antes de las elecciones es lo que ha convertido un vulgar pasaje de facturas de funcionarios desplazados o acotados en sus recursos en una cuestión de relevancia institucional. Esto es lo que hace completamente necesario que el tratamiento de esta patraña sea completamente público y transparente. Para que, entre otras cosas, sepamos mejor quién es Alberto Nisman y quiénes son los que están dispuestos a acompañarlo hasta el final en esta movida. También para que pongamos en el centro la necesidad de hacer justicia con las víctimas y sus familiares.

Estoy conmovido, mejor dicho, conmocionado, perturbado por la noticia acerca de la denuncia del fiscal Nisman. No conozco con detalles el proceso judicial acerca del ataque a la mutual de las personas de religión judía llamado AMIA. Tampoco conozco bien la organización de esas personas denominada DAIA, aunque debo reconocer que varios de sus presidentes no me fueron –por así decirlo sin imputar– simpáticos y, con muy escaso conocimiento del funcionamiento de la institución, siempre fueron para mí representantes más bien de las personas con esa ascendencia de cierto nivel económico superior, por tanto muy conservadores, para expresar la misma idea, políticamente, entre nosotros. Menos conozco aún al Sr. Nisman ni a su fiscalía, pese a que el fuero Penal de la Justicia nacional o federal, por oficio, nunca me ha sido desconocido, sobre cuya actuación sólo puedo predicar en virtud de las noticias hasta hoy recibidas por la prensa. Pero, a pesar de todo ello, no quiero dejar de unirme a la opinión expuesta el jueves 15 de enero de 2015 por el periodista Mario Wainfeld.

Sigo como espectador, desde afuera –pues estoy jubilado–, el llamado cisma judicial, comprensivo ahora de una especie de pleito entre el Poder Ejecutivo y Legislativo nacional y al menos parte del Poder Judicial de la Nación, en el que este último viene mostrando sus armas y los otros dos, si la razón no se impone, mostrarán, días más, días menos, las suyas. Por otra parte, creo que, para seguir llamándome abogado y doctor en Derecho, deberían obligarme a volver a la facultad –de la que fui profesor de Derecho Procesal– al menos para aprender qué significan las “medidas precautelares” e, incluso, las “cautelares” –en mi época reducidas y contenidas en un capítulo relativamente pequeño en esta rama del Derecho–, medidas con las cuales trabajan hoy los jueces y tribunales a destajo, y que, a mi juicio, han desplazado el, para mí, sano criterio del ejercicio práctico del Derecho, que consistía en dictar sentencia. Más todavía: una vieja conversación y entrevista mía con alumnos secundarios y luego con estudiantes de Derecho, que versó acerca de la pregunta “¿Para qué sirve el Derecho?”, con el tiempo publicada en varios países americanos, con versión en alemán y no hace demasiado tiempo expuesta y criticada en un seminario de la UBA, debería ser repensada ya no por mí, sino por profesores y estudiantes actuales, pues no creo que ella sirva de explicación acerca de lo que hoy es el Derecho y su labor práctica o judicial, aun cuando yo siga creyendo en el concepto allí expuesto.

Desde mi punto de vista la denuncia del Sr. Nisman es un acto grave –me animaría a decir, gravísimo– que amerita su juzgamiento como funcionario judicial. Para mí, si el Consejo de la Magistratura cumple una de sus funciones establecidas por ley, debería iniciar el estudio de esa conducta, para cuya investigación sólo se requiere, sin más, la copia de la denuncia. Y debe evitar, para cumplir su función en estos casos extremos, politizar la decisión, esto es, juzgar cada uno de sus miembros sin representar a un partido político. Sobrepasar la competencia del Poder Judicial de modo tan burdo, ya que las relaciones exteriores están confiadas por la Constitución nacional al Ejecutivo, en ocasiones en conjunto con el Legislativo (la ratificación de los tratados), cualquiera que sea en esta materia la crítica sobre “buena” o “mala” decisión, según parámetros políticos, no es tarea que incumba al Poder Judicial de modo alguno. Pensar que una relación con otro país soberano, ratificada por ley, guste o disguste según cierta idea política, tenga una u otra explicación o motivo, incluso según cierto aspecto económico, es un acto criminal, me conduce al asombro perturbador del que hablaba en un comienzo.

El Poder Judicial fue siempre conservador y hasta “golpista”, según yo recuerdo. Una buena anécdota que viví en mis comienzos fue el derrocamiento de Illia por los militares (Onganía, en definitiva): al otro día de la noche en la cual cayó el presidente constitucional concurrí a los tribunales –era secretario judicial– y me asombré cuando observé que la gran mayoría de sus funcionarios –por no decir todos– apoyaba el golpe militar. También el sentido corporativo es muy fuerte: lo viví, esta vez positivamente, cuando me pusieron una bomba que destruyó gran parte de mi casa, para cuya reconstrucción fui ayudado por la hoy Asociación de funcionarios judiciales, que entonces no se fijó en mis ideas políticas o acerca del Derecho y de la función judicial. Debo, por último, decir la verdad. Lo que ha hecho el fiscal Nisman, según los medios de información, y su pertenencia al Poder Judicial de la Nación me ofende, como ex funcionario judicial, sin reparar en mi posición sobre aquello que debe ser ese poder del Estado. No recurriré al remedio actual, la denuncia ante tribunales penales buscando el nombre de algún crimen para aplicárselo, porque no es mi forma de concebir el Derecho Penal y no deseo imponer mi punto de vista, sino sólo como opinión con ciertos desconocimientos que la tornan criticable, pero espero que los órganos institucionales se comporten como corresponde.

* Profesor titular consulto Derecho Penal UBA.

El atentado contra la Embajada de Israel permanece impune. Es sugestivo, pero no extraño, que no se lo haya evocado en estos días porque tiene algunos puntos en común con el atentado contra la AMIA.

Recién en diciembre de 2014 se dictó una sentencia contra algunos responsables directos de la voladura de Río Tercero. La sanción no alcanzó a supuestos mentores políticos o instigadores (“autores intelectuales” en jerga periodística).

Las matanzas de fin de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Casa de Gobierno se siguen sustanciando en Tribunales. Ahorremos pronósticos o pálpitos: no hay hasta ahora condenados siquiera con sentencias recurridas.

Cuando estalló el llamado escándalo IBM-Banco Nación, uno de los potenciales implicados, Marcelo Cattáneo, apareció ahorcado, con un recorte de diario alusivo al affaire en la boca. Parecía un mensaje mafioso, jamás se develó nada y se concluyó que fue suicidio.

Comparar hechos de sangre con corrupción puede ser desproporcionado, pero recordemos que hubo puras absoluciones en el expediente que investigaba las “coimas en el Senado”.

El largo fracaso de la causa AMIA dista, sugerimos, de ser una excepción. El sistema judicial argentino, sus fuerzas de seguridad y, eventualmente, los Servicios de Inteligencia acumulan muchos casos tremendos no resueltos.

Atribuir al kirchnerismo esa tendencia es una osadía a la que, de momento, no se atrevieron los medios dominantes y su claque judicial o política.

Con referencia a la AMIA vale la pena recordar que el crimen se produjo hace más de veinte años. Y que la acumulación de pruebas o certezas siempre fue patética, desde mucho antes que amaneciera el kirchnerismo.

También subrayar lo que es el abecé de cualquier pesquisa; los momentos esenciales son los primeros. Develar una masacre veinte años después, cuando media además intervención de poderes internacionales y autores avispados, es casi una quimera. En 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, el expediente estaba anclado, se habían anulado pruebas contaminadas. Y la única sentencia dictada fulminaba nulidades y promovía otra causa por encubrimiento. Ya habían pasado casi nueve años de ocultamiento, torpeza de los investigadores y complicidades.

El cronista ha escrito sobre esos aspectos muchas veces, por lo menos desde 1997. Dista de ser un especialista en el expediente mismo, pero sí ha seguido de cerca todas las peripecias políticas que lo entornaron. Por un lado, le provoca cierta fatiga reiterarse. Por otro, cree que es pertinente hacer una reseña que (contra lo que es moda) empiece por el principio porque, como ocurre con este diario, su prosa “resiste un archivo”. Y, por ahí, vale la pena recorrerlo. Sólo se hablará del fiscal Alberto Nisman y del actual gobierno varios párrafos más adelante. Es que la historia no empezó ayer y es elocuente.

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Galeano y la historia oficial: Un ministro menemista explicaba por entonces, en riguroso off the record, cuál era el protocolo pragmático en Estados Unidos para tramitar investigaciones sobre crímenes horrorosos que conmovían a la opinión pública. El proceder tenía dos pasos. El primero es arrestar a algún sospechoso con antecedentes (creíble, pongamos) para endilgarle el crimen de modo de tranquilizar a los medios y a “la gente”. El segundo, bajo ese camuflaje que atenúa la presión, investigar bien. El menemismo cumplió la primera premisa a fondo y se salteó la segunda, con todo.

La causa recayó en el juzgado de Juan José Galeano, un magistrado de baja competencia e inexperto. Había sido designado recientemente juez federal, propuesto por el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, quien lo había registrado siendo un oscuro secretario en un juzgado donde el estudio del jefe de los espías tramitaba un juicio importante. Formó parte de un elenco elegido de arrebato por Anzorreguy y por el ministro Carlos Corach. Magistrados sin raigambre aunque confiables políticamente. Mediocres ascendidos meteóricamente: se presuponía que eso los haría deudores de sus jefes. Su cometido esencial era cuidarle las espaldas al gobierno en Comodoro Py. En un arranque de sinceridad que se hizo famoso, Corach le reseñó a su compañero de gabinete, Domingo Cavallo, quiénes eran y para qué estaban. Cavallo deschavó la charla, durante una interna posterior, desde entonces se los conoce como “los jueces de la servilleta” en la que Corach habría garabateado sus apellidos.

Galeano no daba la talla para tamaño asunto ni tampoco quiso esforzarse para darla. Era un inútil desde el vamos y obró de mala fe. Fue el juez ideal para acompañar una “historia oficial” que sembró el menemismo, plagada de datos y testigos falsos. Los grandes mentirosos no son los que macanean todo el tiempo, sino aquellos que combinan datos veraces con falacias, de modo de confundir más.

Esa versión se quiso imponer como historia oficial. Contó, desde ya, con la anuencia de la Casa Rosada. El embajador de Israel, Yitzhak Avirán, se plegó a la historia. “La Embajada” de Estados Unidos también fue solícita. Da bronca, pero no corresponde indignarse especialmente; hablamos de dos países que tienen a Medio Oriente como prioridad absoluta, con criterios nacionales propios. Un crimen en la Argentina no estaba en la lista de sus prioridades, por razones que ellos sabrían. Tal política exterior es cuestionable, pero mucho peor es que un gobierno argentino se plegara a ella o usara su coincidencia como coartada para defeccionar. Era la época de las “relaciones carnales”.

Los familiares de las víctimas, un puñado minoritario de periodistas y abogados fueron denunciando cómo se envenenaba la causa. En el acto que conmemoraba el tercer aniversario, la mayoría de los asistentes se indignó por la presencia de Corach y otros funcionarios. La rabia se hizo sentir y ver cuando habló Rubén Beraja, presidente de la DAIA. Beraja es un hombre culto, muy religioso, sumamente agradable en el trato. Titular de un banco en apuros, tal vez ese factor personal influyó en su postura.

Beraja comenzó su discurso, nombró al gobierno, lo chiflaron e insultaron. Muchos asistentes le dieron la espalda, un gesto que uno considera muy ligado a la cultura judía. Beraja porfió, la muchedumbre también. Fue una escena inolvidable, un dictamen de la concurrencia sobre el pacto entre DAIA-AMIA y el gobierno.

Esa tarde, cerrando un infausto círculo, la plana mayor de la DAIA con Beraja a la cabeza fue a la Rosada para pedirles perdón a Menem y sus acólitos. Un gesto de sumisión y complicidad imborrable. Desde ese momento la DAIA ha cambiado muchas veces de autoridades, las hubo más cercanas a Beraja, otras más distantes. Ninguna formuló una autocrítica pública. Ni enderezó el rumbo.

Como marca una formidable y dolorosa tradición, fueron los familiares y allegados a las víctimas los que sostuvieron la lucha (ver recuadro aparte).

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Nulidad y derivaciones: Pruebas plantadas, sobornos a testigos, evidencia desaparecida, acusados útiles para la interna del peronismo... la causa condensaba irregularidades y falacias. Galeano conducía el proceso. El gobierno avalaba y se escudaba en la prédica de Estados Unidos e Israel. En el Congreso se designó una Comisión Bicameral de seguimiento del trámite. Transcurría la era del bipartidismo simulado que hoy tantos añoran. Una sola legisladora se opuso a los plácemes de diputados y senadores con el afrentoso manejo de Galeano. Era Cristina Fernández de Kirchner quien votó en disidencia minoritaria, enfrentando a su bloque. Buena parte de sus argumentos surgieron de su trato cotidiano con las organizaciones de familiares. Tuvo con ellos un constante ida y vuelta, los conoce desde entonces.

En 2004, a diez años de la tragedia, el Tribunal Federal Oral Número Tres pensó distinto al Departamento de Estado. Consideró nulas todas las actuaciones por haberse sustentado en pruebas contaminadas. Liberó a todos los acusados que estaban presos. Se abrió, ya se comentó, una por encubrimiento que concierne a autoridades políticas, policiales y judiciales. El juez Ariel Lijo (un federal de una camada nueva) quiso sobreseer recientemente a Corach. La Cámara frenó la intentona, aunque Corach no está procesado aún, a diferencia de Anzorreguy, Galeano y el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios.

Ya había un expediente en el que se debía pesquisar la conducta del federal Galeano. Estaba a cargo de su compadre de servilleta, Claudio Bonadio. Adivinen qué tal anduvo.

La Corte Suprema ordenó reabrir la causa por el atentado, morigerando la nulidad. Esa causa es la que motiva los debates de hoy.

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Historia más cercana: Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la causa principal estaba en pañales, arrumbada. Si la intención del actual oficialismo era garantizar impunidad le bastaba con dejarla seguir así: la nómina incompleta vertida al principio de esta columna lo ilustra bien. No hacer nada, como los gobiernos previos, era la clave de ese “éxito”. O asumir un fracaso colectivo que en sustancia ya se había consumado. Como escribió el Tribunal Oral 3 con la complicidad de los tres poderes del Estado.

Llegamos, ahora sí, al tema de esta semana. Lo abreviaremos porque mucho se ha hablado y escrito. Fue Kirchner quien propuso crear una fiscalía especial a cargo de Nisman. Fueron él y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quienes pusieron AMIA como ítem central de la agenda pública. Los que tramitaron y sostuvieron ante Interpol las “alarmas rojas”. Los que reclamaron en la ONU cooperación del Estado iraní. Fue Kirchner quien reconoció ante un tribunal internacional la responsabilidad del Estado argentino (ver asimismo recuadro aparte).

Nisman divide el accionar oficial en el tiempo: un comienzo de apoyo y compromiso. Luego llegarían el encubrimiento y la confabulación, No hay tal. Hubo un afán de ahondar la pesquisa, que llevó al voluntarismo extremo de nombrar a un inútil como él, dotarlo de recursos y herramientas. Y que culminó en el Memorándum de Entendimiento, un tratado aprobado en regla por el Congreso. Era muy peliagudo que Irán le diera cumplimiento, era la única posibilidad, infinitesimal, de avanzar en el trámite respecto de los sospechosos iraníes. Es exótico que cualquier país del mundo permita extraditar a sus nacionales para ser juzgados fuera de sus fronteras. A título de excepción, puede hacerse con marginales o con perseguidos políticos. El gobierno democrático de Chile peleó a brazo partido para que Pinochet fuera liberado por Gran Bretaña, donde estaba detenido a pedido del juez Baltasar Garzón. Y aunque esté en el desván de los olvidos, los gobiernos de Menem y De la Rúa se negaron a extraditar represores genocidas a países europeos en los que se los juzgaba. Y a juzgarlos acá, claro. Los menemistas, con desparpajo proverbial, casi no argüían. Más hipócritas, los aliancistas prodigaban argumentos huecos (su especialidad) o proclamas nacionalistas y soberanas (un tópico ajeno a su repertorio predilecto). La dificultad de conseguir que los sospechosos iraníes se sometan a indagatoria con “todas las de la ley argentina” suscita un parate de difícil o imposible solución. Ahí se atasca la causa. Hay otras vertientes para pesquisar, el juez Rodolfo Canicoba Corral se las puntualizó a Nisman: la pista siria, la conexión local.

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Nisman no lo hizo: En el larguísimo lapso en que se movió sin “estorbos” Nisman no supo o no pudo avanzar. Nada hizo respecto de la llamada “conexión local” que no roza el área de influencia de potencias extranjeras.

La pista iraní es una de las que fueron develando militantes, letrados y periodistas. Otros colegas se inclinan por la llamada “pista siria”. Hay frondoso material escrito en pro de una u otra hipótesis, ninguna está probada cabalmente. Las dos hipótesis fueron articuladas por intérpretes interesados, a menudo de buena fe. El deber de jueces y fiscales no es volcarse a priori por una y sacralizarla sino investigar a todas.

La política exterior de Estados Unidos e Israel de los años recientes sindicó a Irán como eje del mal, tras otros devaneos previos. Es clásico: los aliados de hoy se transforman en el demonio de mañana o viceversa. Todo su interés se volcó en culpar a iraníes del atentado, como parte de una estrategia internacional vasta, en la cual Argentina es un detalle, como mucho.

Por si hace falta, se aclara que el autor de estas líneas no predica la inocencia de los iraníes sospechados. Ni es tan conspirativo para pensar que son inocentes porque países extranjeros proclaman su culpabilidad. Ni tiene ninguna afinidad o simpatía con integristas de cualquier nacionalidad o religión. Sólo se señala el alineamiento político de Nisman, que lo indujo a sesgar su labor y dejar de lado tareas importantes.

Hace relativamente poco el ex embajador Avirán anunció en declaraciones periodísticas que los autores del atentado habían sido ejecutados por Israel. Era vano y superfluo buscarlos. Las autoridades israelíes lo desmintieron enfáticamente. Avirán mentía, ya no pertenecía al servicio exterior. Dejaron filtrar que la salida había sido deshonrosa y que el embajador (traducción libre del hebreo al castellano) era un trucho o por ahí un poquitín corrupto. Las especificaciones resultan verosímiles, lástima que tardías. Ni por asomo hubo autocrítica sobre las acciones de Avirán mientras estaba en funciones en estas pampas.

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Aquí y ahora: Llueven elogios de la “Corpo” y de la “opo” sobre la denuncia de Nisman. Las adjetivaciones hiperbólicas están en el orden del día. Como en cualquier caza de brujas se concede más atención a la desmesura de los cargos que a su pretensa prueba. Se ignora el texto completo del dictamen, sólo se dispone una sinopsis del propio fiscal. Aun sobre esa menuda base, la “confabulación” es un disparate. Lo es desde el ángulo jurídico porque pretende que una ley aprobada por un Congreso democrático pueda ser parte imprescindible de un delito. El tratado sería parte del delito, porque sin él no se consumaría la impunidad.

Los asuntos jurídicos son espinosos y técnicos. El cronista afirma que eso es atrabiliario, antijurídico y que no tiene precedente alguno en la Argentina. Desde luego, abre su oído y su casilla de mail para quienes le puedan dar ejemplos en contrario.

El hipotético móvil es insensato. Propiciar la compraventa de cereales contra petróleo no requiere una implementación tan perversa. Las commodities son mercaderías sin especificidad, accesibles en cualquier mercado. El petróleo iraní es igual al de cualquier otra procedencia: no es un producto sofisticado, una alfombra persa, un vino fino. Sobran vendedores potenciales de petróleo o compradores posibles de trigo en el planeta. Por añadidura, no se compró ni mucho ni poco petróleo a Irán.

En cuanto a las supuestas pruebas difundidas, serían escuchas de origen dudoso. Ya hubo pruebas contaminadas en esta triste saga, todo indica que la historia se repetirá. Las que se cuentan no prueban nada, no emanan de la Presidenta o del canciller y salvo una posible mención despectiva de Luis D’Elía ni siquiera los aluden.

En cuanto al afán oficial de tender un manto de impunidad no ha sido ésa su trayectoria en casi doce años. Ni antes.

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Concatenaciones: El escándalo se provoca en medio de cimbronazos en la Secretaría de Inteligencia y el Poder Judicial. Los movimientos de Nisman derivan de internas entre “servicios” y una embestida de parte de la corporación judicial contra el Gobierno. Tapar su patético desempeño ha de ser parte de su objetivo. Hasta ahí, la ecuación subjetiva del fiscal.

El contexto político es otra variable fundamental. El establishment y la oposición dieron por derrotado al oficialismo entre 2008 y 2011. Cuando terminaba 2013 pronosticaron que el fin de ciclo se caía de maduro. La derecha real, los poderes fácticos, intentaron suplir al veredicto popular y garantizar el desenlace deseado ante tempus hace casi seis años en las rutas y en numerosos embates destituyentes en la city. El año pasado se produjo uno de los más despiadados, y ya es decir.

Sin embargo, el kirchnerismo es duro de vencer. Conserva chances en las urnas. Dista de ser el seguro ganador pero su derrota está lejos de estar sellada.

La estrategia de campaña de los medios hegemónicos es la acumulación cotidiana de escándalos y denuncias. Habrá alguno con asidero, pero el mayor aporte consiste en la repetición. La idea fuerza es descalificar al Gobierno, a la Presidenta especialmente. Sacar el debate del terreno político y llevarlo al plano de la pura indignación. La perspectiva de una controversia centrada en las políticas públicas democráticas los escuece.

La presidenta Cristina tiene toda la pinta de conseguir lo que no lograron sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem (ni hablemos de Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde...). Puede conservar primera minoría fiel en el Senado (casi seguro) y en Diputados. Y ser una referente política para una fuerza poderosa capaz de interpelar a una envidiable fracción de la ciudadanía. Obviemos cifras, que son mutables y un poco antojadizas. Más que sus adversarios, casi seguro.

Para impedir la continuidad de un proyecto político y de un liderazgo, parecen imaginar los dueños del poder, ni siquiera alcanzaría con que la “opo” llegara a la Casa Rosada. De ahí la furia que no conserva estilo ni coherencia discursiva. Y que en el borde coquetea con variantes del golpe de Estado.

Los dirigentes opositores, en particular los que son altamente competitivos, prefieren plegarse como retaguardia a la ofensiva en vez de jugar en su cancha. Ese es el cuadro de situación cuando amanece el año. Ojalá “la política” (de cualquier sector o facción) ocupe un lugar preponderante, Sucederá, de cajón, cuando el pueblo vote, sería estimable que se fuera apuntalando antes.

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