El ministro Lenin explicó que la propuesta, además de ayudar a la defensa del gobierno instituido en la nación sudamericana, servirá para defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad, la libertad de expresión y las ofertas de campaña.
La historia de este tipo de organizaciones en países que han vivido una experiencia similar a la que el presidente Correa quiere desarrollar en su país, hace dudar sobre la veracidad de lo que dice el ministro. El ejemplo ilustrativo se encuentra en Cuba, donde Fidel Castro, aprovechando unos oportunos actos terroristas, instituyó tempranamente los conocidos Comité de Defensa de la Revolución. La vigilancia, como objetivo primordial, quedo simbolizada en el logotipo de la organización: una figura humana, machete en mano, la bandera como escudo y el eslogan con la guardia en alto. Donaciones de sangre, limpieza de las calles, organización de festejos populares-casi siempre en relación con efemérides gubernamentales- asistencia a actos masivos, recogida de materias primas y movilizaciones de todo tipo, estaban supeditadas a la salvaguarda del sistema castrista.
La vigilancia cederista, dirigida a controlar la vida ajena al detalle, determinó de manera especial el carácter de la organización. Bastaba un informe de los CDR para agriar la existencia de una persona o familias enteras. Desde la concesión de una beca, emplearse, viajar al extranjero, la salida del país y la posibilidad de ir a prisión, el derecho a poseer una línea telefónica, pasaban por un organismo que es reconocido en la ONU como no gubernamental.
La experiencia cubana fue trasplantada a la Nicaragua sandinista. La copia del modelo caribeño, establecida en el país centroamericano, incluía entre sus tareas la entrega de cartillas de racionamiento, de acuerdo al nivel de participación en las actividades del partido liderado por Daniel Ortega.
¿Acaso es una mala idea la gestión organizada de grupos vecinales? Experiencias positivas existen en varias partes del mundo. Chile y México poseen buenos ejemplos. Una junta de vecinos, según estipula la Ley chilena sobre organizaciones comunitarias, debe servir para promover la integración, participación y desarrollo entre los residentes de una localidad. También para gestionar problemas ante las autoridades, promover y ejecutar proyectos beneficiosos y exponer las carencias de infraestructura social. Otros niveles de participación tienen en cuenta las actividades de índole deportiva, medioambiental, educativa, de capacitación, recreación o culturales que involucren a los vecinos.
En Chihuahua, México, existe un extenso y bien elaborado reglamento que formaliza el funcionamiento de comités vecinales. Uno de sus artículos enuncia la promoción de principios de concordia y armonía entre los miembros de la comunidad. En otro se destaca que estos organismos auxiliares representan a todos los ciudadanos de la localidad, sin distinciones religiosas, nacionales, ideológicas o de nivel económico.
Hasta los flemáticos ingleses tienen su ensayo de gobierno local a nivel de barrio.
Finsbury Neighbourhood Office presentó en 1996 un proyecto que abarca las principales instituciones sociales, desde el gobierno, ONGs, comunidades de base y el sector privado, incluido el informal. Su intención es incentivar la participación ciudadana de manera descentralizada. El impacto ambiental, el tráfico y la planificación urbana son algunos de sus fines. La población se convierte en partícipe de la solución a situaciones que le afectan directamente. Los estatutos de todos estos proyectos tienen una marcada diferencia con los engendros totalitarios de organización vecinal.
El equipo de gobierno ecuatoriano insiste en presentar la propuesta del presidente como un designio inocuo para las libertades ciudadanas. Por ahora todo se limita a explicaciones y a la invitación a integrarse en los organismos que Correa quiere insertar en la vida de sus compatriotas. Pero los esfuerzos esclarecedores dejan escapar algunos detalles que justifican cualquier preocupación futura. Lenin, el ministro, enfatizó que los comités no sólo deben ser interpretados como entidades que sirvan para defender al gobierno instituido y la democracia. Por su parte Ricardo Patiño, encargado de coordinar la política de la administración Correa, agregó que los comités servirán como "elementos de disuasión" para evitar que grupos de poder, no identificados, intenten realizar una "acción antidemocrática".
Más allá de los malos entendidos existen motivos para mirar con desconfianza el diseño que Rafael Correa quiere implantar en su país. Basta con observar los nexos de simpatía que le unen al autor del plan original, a quien recientemente visitó en La Habana.
Casualmente el revuelo de los Comités de Defensa en la nación andina se produce días antes que el mandatario ecuatoriano fuera recibido por Castro, una deferencia que el Comandante concede a pocos.
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