España es el país desarrollado donde más hombres recurren a la prostitución
España es el país del mundo desarrollado en el que más ciudadanos reconocen haber pagado por mantener relaciones sexuales, uno de cada cuatro, según una encuesta que esta semana publica .
La polémica sobre la prostitución vuelve a estar de actualidad. Esta actividad no está tipificada como delito ni tampoco está amparada en la legislación. Es una laguna legal. El Código Penal sólo criminaliza la limitación a la libertad sexual de las personas, el proxenetismo y la corrupción de menores o discapacitados.
Únicamente existen algunas ordenanzas municipales que limitan el ejercicio de la prostitución en la calle. Una comisión de especialistas en el Congreso concluyó en 2007 que no se podía regular legalmente la prostitución porque estaba “íntimamente ligada” al tráfico de personas. En otros países europeos sí se han aprobado normas al respecto. En Suecia se ha penalizado la contratación de servicios sexuales, pero no la oferta. En Holanda se considera un trabajo con derecho a Seguridad Social, mientras que en Dinamarca se obliga a las trabajadoras a tributar impuestos pero no se les reconoce el derecho a cobrar subsidios por desempleo.
“Yo no me meto a decir si hay que legislar para regular o no la prostitución. Pero hay que endurecer las leyes y especializar a la policía y a los jueces con el objetivo de acabar con las mafias”, denuncia la presidenta de la Asociación de Prevención y Reinserción de Mujeres Prostituidas (APRAMP), Pilar Nieto, quien califica como “muy débiles” las leyes españolas contra el proxenetismo. Además, asegura que tanto el modelo holandés como el sueco han fracasado, porque siguen estando controladas por organizaciones criminales y porque la prostitución se sigue produciendo de manera clandestina.
De las entre 300.000 y 500.000 personas que trabajan en la prostitución, el 85% son extranjeras que proceden de países empobrecidos. El negocio, que genera unos 18.000 millones de euros anuales, está íntimamente relacionado con la trata de personas y la explotación sexual. Si se regulase como una profesión autónoma, quienes la ejercen podrían aportar hasta 4.500 millones de euros a las arcas del Estado, según la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne.
Son frecuentes las imágenes tomadas en céntricas calles de ciudades españolas en las que se entremezclan viandantes, prostitutas y agentes de Policía, quienes tan sólo pueden actuar contras las inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Pero tan solo un 20% de las trabajadoras sexuales desempeña su oficio en la calle, el resto lo hace en los entre 3.000 y 4.000 clubes distribuidos a lo largo y ancho de nuestra geografía.
TIEMPO ha visitado los principales puntos neurálgicos de prostitución en el centro de Madrid y ha dialogado con vecinos, prostitutas, propietarios de clubes de alterne y ONG. Casi todos reclaman un cambio en la legislación para luchar contra las mafias que se explotan y se benefician sin escrúpulos de las trabajadoras del sexo.
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