Desde el 21 de septiembre, hace ya diez días, el gobierno del Brasil está violando la soberanía del Estado hondureño, manteniendo quién sabe con qué calificativo al depuesto Presidente Zelaya en el edificio de la Embajada, en abierta y categórica violación del Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Constituye, evidentemente, un abuso de Poder por la influencia que tiene el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de Castro y de Chávez, dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Como es sabido, sin recato de ninguna naturaleza, por el contrario, en forma desafiante, el ex Presidente Zelaya desde el balcón y la azotea del edificio del Brasil, micrófono en mano, exalta a sus partidarios para que alteren el orden público en las calles, lo cual determina el asalto de comercios, la quema de llantas de autos en las calles y la destrucción de vehículos. Además, está dentro del edificio sin la categoría de asilado político como si se tratara de un huésped común y corriente, con sesenta o más personas que lo acompañan en sus actividades subversivas. Naturalmente, Zelaya no es el que ordena que asalten las tiendas, pero él sabe cómo reaccionan las turbas sin consignas específicas.
Tradicionalmente, la Cancillería brasileña, conocida por el nombre del palacio que fue su sede en Río de Janeiro, Itamaratí, se ha preciado de ser respetuosa de las normas del derecho internacional y de la diplomacia inmediata, independientemente de la naturaleza política temporal de su gobierno, incluyendo dictadura. En la actualidad, el Canciller del Brasil ha violado esa tradición con el respaldo, indudablemente, del fundador del Foro de Sao Paulo, el actual Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. ¡Qué desprestigio para la diplomacia brasileña!
Dentro de la OEA, aun cuando hay un control significativo de parte de la dictadura venezolana de Hugo Chávez, en la reunión del Consejo del lunes, se produjeron manifestaciones, por primera vez, en cierto modo adversas a la política del Brasil y de la Secretaría General de la OEA en el caso de Honduras. Allí no se produjo, como esperaban los aliados de Zelaya, una reacción contra el régimen constitucional – no de facto – que preside, de acuerdo con la Constitución de la República, Roberto Micheletti. Por el contrario, observadores serios de dentro y fuera del Consejo, consideran que se ha entrado en una nueva etapa en relación con este grave conflicto. Seguramente el gobierno de Brasil no quedó satisfecho con las manifestaciones que se produjeron dentro de la OEA al respecto.
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Honduras garantiza que no invadirá embajada brasileña
La Corte Suprema de Justicia de Honduras garantizó a los diputados brasileños que el gobierno de facto no invadirá la sede diplomática del país sudamericano, donde se encuentra refugiado el depuesto presidente Manuel Zelaya desde el 21 de septiembre.
El legislador brasileño Raul Jungmann afirmó que el presidente del máximo tribunal hondureño, Jorge Rivera, aseguró la integridad de la embajada, de los diplomáticos y de los brasileños residentes en Honduras.
"Fue enfático. Dijo que no existe ninguna posibilidad de invasión. Afirmó que ... podemos llevar a Brasil el mensaje de que la integridad de la comunidad brasileña en el país está garantizada', dijo el legislador en rueda de prensa en Tegucigalpa.
Jungmann y otros cinco diputados llegaron el miércoles por la noche a esta capital para verificar por 24 horas la situación de la embajada y de sus compatriotas.
Subrayó que "solicitamos el respeto a la integridad de la embajada... y el honorable presidente (del poder judicial) aseguró que jamás se produciría un atentado de tal naturaleza'.
A Jungmann acompañan sus colegas Bruno Araújo, Cláudio Cajado, Ivan Valente y Janete Pietá, que mantienen entrevistas con diferentes líderes hondureños, aunque no tienen previsto reunirse con el presidente de facto Roberto Micheletti.
Zelaya fue derrocado el 28 de junio por un golpe de estado militar y el congreso designó como presidente a Micheletti.
El mandatario derrocado regresó hace nueve días de sorpresa a Tegucigalpa y se refugió en la embajada brasileña donde aguarda ser reinstalado en el cargo por gestiones de la comunidad internacional, que lo respaldan.
El líder del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, rechazó el jueves la propuesta lanzada la víspera por la iglesia católica de conformar una mesa de diálogo en un esfuerzo por encontrar una salida a la crisis.
La iglesia propuso comisiones de Micheletti y Zelaya con la participación de dos mediadores, uno de Honduras y otro que a su juicio puede ser el canciller y vicepresidente panameño Juan Carlos Varela.
Barahona acusó a la iglesia católica de "estar aliada a los golpistas'.
Reiteró que los partidarios de Zelaya establecen "dos condiciones fundamentales' no negociables para que haya un diálogo en favor de la paz hondureña: la restitución inmediata de su líder y la convocatoria al pueblo a una Constituyente para reformar la ley fundamental del país.
Aún no hay una reacción de Micheletti en torno a la propuesta de la iglesia.
Según Barahona, las manifestaciones callejeras que realizan desde el derrocamiento de Zelaya "se han visto reducidas'. Señaló que el "cierre de Radio Globo y el Canal 36 nos ha cortado la comunicación con la gente, que no sabe a dónde ir (a concentrase para marchar por Tegucigalpa)', dijo a la AP.
El magistrado de la Corte Constitucional, Gustavo Bustillo, dijo que han recibido "14 amparos (de los zelayistas) contra el toque de queda, que rechazamos, y cinco contra las medidas de excepción que aplica el gobierno, las que admitimos y analizamos', afirmó el jueves en rueda de prensa.
Las disposiciones prohiben reuniones de más de 20 personas y manifestaciones callejeras sin permiso, permiten a la policía mantener arrestados a las personas por más de 24 horas y allanar la morada de sospechosos de participar en actos de violencia pública contra el Estado.
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