El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi una semana las negociaciones hasta que la semana pasada una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.
Zelaya ha advertido que no dará su aval al "Gobierno de Reconciliación y Unidad" que debe estar constituido el jueves si no ha sido restituido antes en el poder, decisión que debe adoptar el Congreso según el Acuerdo Tegucigalpa-San José.
"El Gobierno de Conciliación y Unidad sólo se puede formar si nosotros estamos de acuerdo. Si nosotros no estamos de acuerdo, no hay Gobierno de Conciliación y Unidad", afirmó en conversación telefónica Zelaya, quien aseguró que consideraría roto el pacto si no es repuesto.
El presidente depuesto aseguró ayer que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue elegido por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".
Sin embargo, el Gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".
En respuesta a la postura del presidente depuesto, la vicecanciller del Gobierno de facto, Martha Alvarado, lo acusó de querer "desestabilizar" las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre y de estar "poniendo en precario el acuerdo". "Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida con el fin de desestabilizar el proceso electoral", dijo Alvarado.
El Ejército, que expulsó del país a Zelaya el pasado 28 de junio tras su intento de realizar una consulta para convocar una Asamblea Constituyente considerada ilegal por varios poderes del Estado, ha manifestado su acatamiento a cualquier decisión que asuman las autoridades civiles.
Entretanto, ya quedó establecido quiénes formarán la Comisión de Verificación que debe entrar en funciones mañana. Además de Reina por parte de Zelaya, el empresario y político Arturo Corrales será el representante del Gobierno de facto, y la OEA anunció el envío del ex presidente chileno Ricardo Lagos y de la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.
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