El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero asegura disponer de esta información en diversas repuestas escritas y dirigidas al diputado del Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, Teófilo de Luis, a las que ha tenido acceso Efe.
De Luis había formulado varias preguntas sobre la persecución que sufren los opositores en Cuba y sobre la situación en ámbitos como el penitenciario.
En una de ellas, el diputado del PP se interesaba por la puesta en marcha de una estrategia de represión política de bajo perfil, que incluye arrestos sistemáticos y otras formas de hostigamiento, de los que presuntamente habían sido víctimas al menos 532 disidentes en los primeros siete meses de 2009.
En su respuesta, el Ministerio español de Asuntos Exteriores señala que la Embajada en La Habana realiza un “firme seguimiento de estos hechos a efecto de incluirlos en el diálogo político y de derechos humanos” que España mantiene con el Gobierno de la Isla desde hace un año.
Este mecanismo de diálogo se acordó durante la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en abril de 2007.
El Gobierno de España subraya que tanto en el diálogo bilateral, como en el de la Unión Europea (UE) con Cuba, “se interesa regularmente” por la situación de los presos políticos, que rondan los 200, y pide su liberación, en especial, de aquellos con problemas de salud.
El Ejecutivo asegura conocer, además, las “difíciles condiciones” que sufren los presos de conciencia, así como el traslado de algunos de ellos a cárceles alejadas de donde residen sus familias.
Ante esa situación, una de las propuestas de España es establecer un grupo de trabajo entre la UE y Cuba sobre el sistema penitenciario, oferta que fue valorada positivamente por el anterior canciller cubano, Felipe Pérez Roque, destituido en marzo de este año, y “reconsiderada” ahora por las autoridades de la Isla.
En ese sentido, España vería positivo que el Comité Internacional de la Cruz Roja visitara las prisiones cubanas, a lo que tampoco está dispuesto el régimen.
El Ejecutivo español ve un avance que Cuba haya aceptado la visita del relator de Naciones Unidas sobre la tortura, aunque sigue sin fijarse la fecha, pese al compromiso de que fuera en 2009.
Otro aspecto de “preocupación” para España y la UE es el de la figura legal de la “peligrosidad delictiva”, que permite condenar a un individuo si se entiende que es una amenaza para el régimen aunque no haya cometido un delito.
España ha ofrecido a Cuba debatir este asunto en un seminario jurídico con expertos de ambos países para intentar “adecuar” ciertos aspectos de la normativa penal cubana a estándares internacionales.
El Gobierno español conoce también “diversas actuaciones de control” sobre movimientos culturales “nacidos al margen de los cauces oficiales al régimen”, por lo que admite que “no puede afirmarse que la producción cultural, artística o ideológica en la isla se desarrolle sin intromisión alguna de las autoridades locales”.
La evaluación sobre la situación en Cuba se extiende a las normativas internas para la concesión de autorizaciones de salida del país que, según el Gobierno de España, se aplican con “un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad”.
España observa además “restricciones” a ciertos colectivos como los trabajadores del sector sanitario, familiares de opositores y personas con períodos previos de residencia en el exterior.
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