Las negociaciones de la Iglesia con la dictadura y la Posición Común europea
En los últimos días, la diplomacia española, y también ciertos medios cercanos al gobierno socialista de Madrid, han venido insistiendo en la tesis del paralelismo productivo entre las negociaciones de la Iglesia con el régimen y la nueva estrategia que pretende impulsar Moratinos para la Unión Europea, sustituyendo a la Posición Común.
Los que se apuntan a esta idea concluyen de forma temeraria que, en la medida que las negociaciones europeas se parezcan a las que en este momento realiza la Iglesia cubana con el régimen castrista, se obtendrán mayores beneficios para la población, en contra del balance de la Posición Común, que apenas ha alcanzado sus objetivos en los últimos años.
Nada más lejos de la realidad. Me propongo exponer cuáles son las diferencias que existen entre ambos procesos y, sobre todo, por qué no se puede suponer que los dos puedan dar los mismos resultados.
Para empezar, las negociaciones de la Iglesia son humanitarias, están enfocadas en el corto plazo, y su fin primordial es evitar más pérdidas humanas en las cárceles castristas, como la de Orlando Zapata Tamayo, o entre los disidentes políticos en huelga de hambre, como Fariñas, y en general, en todos los que sufren condenas injustas en las prisiones cubanas, y se encuentran sometidos a todo tipo de privaciones y represión.
La Iglesia asume su papel de defensor de la dignidad humana, de la ética de los seres humanos, y plantea al régimen dictatorial que modere su violencia contra los débiles. El régimen acepta y decide trasladar a algunos presos a cárceles próximas a sus domicilios. En Cuba se puede considerar que esto es un gran éxito. Las Damas de Blanco han mostrado su satisfacción, de lo cual yo, personalmente, me alegro.
Sin embargo, no hay que cantar victoria aun. Desde la perspectiva de cualquier sistema democrático, actuaciones de este tipo sólo demuestran lo evidente: el régimen muestra su fuerza y prepotencia frente a los débiles, reafirma su voluntad de no hacer cambios políticos y hace caso omiso a la necesidad de defender y proteger los derechos humanos, mostrando con fiereza su rostro más carcelario y represor.
La Iglesia podrá seguir negociando más beneficios a corto plazo para presos y disidentes, así como para sus familias. Y ese proceso podrá dar resultados positivos o negativos, ya se verá, pero la realidad es que ya se encuentra abierto, no parece que se vaya a poner fin y tanto el régimen como la Iglesia misma, tienen intereses relativos en la continuidad de la negociación, con independencia de los resultados que se obtengan.
Pero, extraer como conclusión que estas negociaciones suponen que lo mejor que puede hacer la Unión Europea es adoptar el mismo modelo frente a la dictadura castrista, es un salto al vacío que, de buen seguro, los países democráticos de la Unión no van a aceptar. Y no lo deberían hacer. En las relaciones diplomáticas, tocar un resorte para mover otro que se encuentra muy alejado, suele ser una práctica habitual que da resultados positivos. Pero nadie, en su sano juicio, puede pensar que las negociaciones de la Iglesia con el régimen pueden servir como modelo para las relaciones de la Unión Europea con el castrismo.
No pueden servir, simplemente porque la Unión Europea plantea en su Posición Común objetivos muy concretos para el régimen: de no ser aceptados, no se debería producir acercamiento alguno, sino más bien rechazo. Es lo mismo que se ha planteado la Unión frente a otros sistemas políticos que sometían a sus ciudadanos a la represión o a la prohibición del ejercicio de los derechos humanos y las libertades.
La dictadura de La Habana es un ejemplo de un sistema político del siglo pasado, que carece de apoyos ideológicos, sin futuro, deshumanizado, ineficiente, corrupto y ajeno a la realidad, que ha hecho del ganar tiempo y permanecer en el poder su único referente, al coste que sea. Su negativa a aceptar los mensajes de transición que le hacen llegar todas las cancillerías del mundo, se apoyan en la obtención de un dinero fácil procedente de Chávez y Venezuela, con el que se ajustan los niveles mínimos de funcionamiento de una economía incapaz de alimentar a la población.
En tales condiciones, la Posición Común no sólo es una referencia para el régimen, sino que fija una hoja de ruta para los que tengan la valentía de realizar una transición a la democracia en la Isla. No hay un objetivo humanitario o de corto plazo. No existe una voluntad de continuidad del diálogo, porque el régimen se cierra en banda y no acepta recomendación alguna. No existen interlocutores fiables, ni una agenda sobre la que discutir. Y ello es así, porque el éxito de la Posición Común consiste en mostrarle al régimen que no existen grises o claroscuros en un proceso en el que sólo hay una dirección y un sentido hacia la libertad y la democracia. Cualquier cambio en este escenario supondría una victoria para el castrismo, su refuerzo frente a los enemigos de la democracia y la sensación de haber vuelto a conseguir imponer sus tesis basadas en la creencia, ciertamente errónea, de la superioridad moral de un sistema político que toca a su fin.
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