Varios diplomáticos entre ellos uno de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en esta capital y de Gran Bretaña se hicieron también presentes en la puerta del tribunal.
"Era lo previsible", declaró ayer el activista de los derechos humanos Elizardo Sánchez. Para él, la excarcelación de Ferrer "tiene que ver" con el proceso de diálogo entre la Iglesia y el Gobierno, pese a que su caso es diferente al de los presos de conciencia del Grupo de los 75. "La actual línea del Gobierno es salir del problema de los presos", dice, tras afirmar que habrá "más liberaciones y movimientos de presos" en las próximas semanas.
Ferrer es médico, tiene 40 años y comenzó a militar en la oposición hace una década. Se hizo conocido por sus acciones de calle, sobre todo por las marchas que organizaba en un céntrico parque de La Habana cada 10 de diciembre para conmemorar el Día Mundial de los Derechos Humanos. Por sus actividades opositoras fue arrestado en numerosas ocasiones, aunque siempre las detenciones fueron cortas.
Así fue hasta el 21 de julio de 2009. Ese día fue detenido e interrogado sobre la procedencia de unos materiales de construcción confiscados en un registro previo en su casa. Ferrer fue acusado de "receptación", por haber "adquirido ilegalmente" dos sacos de cemento, varias ventanas de aluminio y unas planchas de hierro con las que iba a reformar su domicilio. Además se le imputó el cargo de "atentado" por una presunta agresión física a una persona de su vecindario.
Durante los 11 meses que pasó en prisión, Ferrer realizó varias protestas y huelgas de hambre en demanda de que se celebrara su juicio. A principios de 2010, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia -en Cuba hay otros 54 opositores presos con esa categoría-, y en marzo el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgó una mención honorífica del galardón Defensores de la Libertad 2009.
La solución del caso Ferrer tiene lugar en un momento especial, cuando la Iglesia católica protagoniza un proceso mediador ante el Gobierno de Raúl Castro que ya ha dado sus primeros frutos. Ariel Sigler Amaya, el primer de los presos excarcelados gracias a estas gestiones, obtuvo la semana pasada un visado humanitario de Estados Unidos para que reciba atención médica en ese país. Quizás, dicen algunos analistas, ese podría ser el camino para viabilizar otras liberaciones.
Yusnaimy Jorge Soca afirmo que el juicio "fue muy tenso", porque "el régimen quiso juzgarlo como un delincuente, pero todo el mundo sabe que él estaba preso por su forma de pensar".
La esposa de Ferrer dijo sentir "mucho respeto por todos los católicos", pero descartó que el desenlace del juicio esté relacionado con la gestión que realiza la Iglesia con el régimen.
Añadió que el gobierno quiere demostrar que "el gesto" con Ferrer forma parte de esas negociaciones, pero ella no cree que haya habido "ningún gesto".
"A Darsi lo juzgaron. Ha estado preso un año, sin juicio, e incluso se ha violado la Ley de Procedimiento Penal", dijo.
Según Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), "la decisión de los Castro fue cerrar el caso de Darsi Ferrer".
"El gobierno no quiso que esto se interpretara como un retroceso en la política de mostrar un 'rostro amable', que ha puesto en práctica en los últimos días. Esto es una especie de culebrón por entregas", señaló el activista.
Darsi Ferrer está considerado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional (AI).
Director del opositor Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas, fue detenido el 21 de julio de 2009 y conducido a comisaría, donde fue interrogado sobre la procedencia de unos materiales para la construcción, confiscados en un registro previo de su domicilio.
El activista fue acusado de "receptación" por supuestamente adquirir ilegalmente esos bienes, aunque declaró que los dos sacos de cemento y vigas de hierro que se incautó la policía se los había dado un amigo que había abandonado Cuba sin terminar unas obras en su casa.
Además, se le imputó el cargo de "atentado", por presuntamente haber agredido físicamente a una persona de su vecindario.