Ex presos cubanos en limbo migratorio en España
Uno de los disidentes excarcelados por el gobierno de La Habanamuestra su pasaporte cubano durante una conferencia de prensa
en Madrid, el 15 de julio.
Por JUAN O. TAMAYO
El refugiado cubano Jorge Pérez Fernández tiene la promesa por escrito: el gobierno español le concedería asilo político o residencia dentro de los seis meses de su llegada al país.
Pero 14 meses después de haber llegado a Madrid no tiene ninguna de las dos, una dura lección sobre los caprichos de las leyes de inmigración españolas. Lección que ha transmitido a los presos políticos liberados que han llegado de La Habana en las últimas dos semanas.
"Les comenté la necesidad de que estuvieran alerta', dijo Pérez, que inició una huelga de hambre la semana pasada para presionar por la solución de su caso: el de un inmigrante indocumentado que no puede trabajar legalmente y no recibe ninguna ayuda del gobierno.
"Estoy totalmente indefenso económicamente', dijo el arquitecto de 42 años, natural de Banes, en el oriente de Cuba, que llegó a través de la Base Naval de Guantánamo y ahora vive en Islas Canarias.
A Jorge Graupera, un abogado de Madrid nacido en Cuba que se especializa en casos de inmigración, no le sorprende ni el caso de Pérez ni las muchas incertidumbres sobre el estatus de los 20 ex presos políticos y sus 100 familiares que han llegado desde el 12 de julio.
"Hay mucha confusión incluso entre los abogados. Nunca hemos visto algo como esto (...) porque esto queda fuera de las leyes [españolas]', dijo el abogado, cuya firma, Legal City, ha ofrecido asesoría a los ex presos y a sus familiares.
Graupera dijo que los cubanos no han llegado a España como parte de un acuerdo migratorio, sino bajo un acuerdo del gobierno español de darle entrada inmediata a cualquiera de los 52 presos políticos que Cuba ha prometido liberar y que quieran trasladarse a España.
Funcionarios españoles dicen haberle ofrecido a los cubanos el mejor estatus de inmigración disponible, Protección Internacional Asistida, que les permite solicitar la residencia permanente (que incluye un permiso de trabajo), la posibilidad de regresar a Cuba si La Habana lo permite y la ciudadanía española en cuatro o cinco años.
España también ha ofrecido ayuda en materia de alquiler, ropa, alimentos, transporte, empleo, educación y atención médica, así como con un estipendio: 85.27 euros mensuales por pareja (unos $110), 18.50 por menores de 18 años y 32.79 por dependientes mayores.
Algunos de los ex presos han dicho que pudieran solicitar asilo político, lo que les daría residencia y permisos de trabajo y pudiera facilitarles reunirse en España con otros familiares que todavía están en Cuba, dijo Gustavo Fuentes, un abogado de Madrid nacido en Cuba que está asesorando a Pérez.
Para complica la situación, por lo menos cuatro de los ex presos han dicho que quisieran trasladarse a Estados Unidos. Pero no cumplirían los requisitos de asilo en Estados Unidos una vez que obtengan asilo y residencia en España, y solicitar una visa estadounidense puede demorar entre tres y cinco años, dijeron los abogados. Si toman la ciudadanía española, no necesitan visa para viajar a Estados Unidos como turistas.
Los familiares de algunos de los 32 disidentes todavía en la cárceles cubanas han dicho que los presos no quieren ir a España pero que considerarían irse a Estados Unidos, aunque parece ser otra opción difícil.
Por lo general, la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (USINT) demora entre tres y cinco años para emitir la autorización de entrada a los refugiados políticos que cumplan los requisitos, dijo Berta Soler. Su esposo, Angel Moya, uno de los 32, está cumpliendo una condena de 20 años.
Conseguir visas de inmigrante en Estados Unidos pudiera llevar todavía más tiempo; una tercera forma de entrar en el país, bajo el estatus de "permiso humanitario', está reservada para los que tienen problemas serios de salud u otras circunstancias especiales.
Miguel Sigler dijo que le llevó dos años conseguir un permiso humanitario para Ariel, su hermano preso, un disidente parapléjico en silla de ruedas. Ariel fue liberado el 12 de junio y viajará a Miami el miércoles para recibir tratamiento médico.
Soler dijo que funcionarios de la USINT le dijeron que se pudiera acelerar la solicitud de asilo político de cualquiera de los 52 que quiera marcharse a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios de la misión han declinado comentar sobre tal promesa.
Un total de 4,800 cubanos fueron admitidos en Estados Unidos en calidad de refugiados durante el año fiscal de 2009, del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009, según la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial.
Lo que es más, el gobierno cubano puede demorar la partida al retener el permiso de salida, conocido como la tarjeta blanca, incluso después que todos los demás documentos de viaje estén listos.
Jorge Olivera, por ejemplo, tenía sus papeles en regla pero le faltaba la tarjeta blanca antes de ser detenido en la ola represiva del 2003 que llevó 75 disidentes a la cárcel. Fue liberado 21 meses después debido a su mala salud pero sigue en Cuba porque no lo han autorizado a salir del país.
Pérez no necesitaba la tarjeta blanca porque había huido de Cuba en una pequeña embarcación, temiendo ser arrestado por sus actividades disidentes en Banes. Fue recogido por el Servicio Guardacostas el 16 de abril de 2008 y llevado a la Base Naval de Guantánamo porque en caso de ser devuelto a Cuba tenía un temor razonable de persecución.
El 8 de junio de 2009, Pérez y otros siete cubanos que fueron trasladados a Guantánamo en condiciones similares, viajaron a Madrid según un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y España. Tenían un documento del Departamento de Estado que decía que Madrid les daría asilo político o residencia en un máximo de seis meses.
Los ocho fueron ubicados en distintas ciudades de España y Pérez terminó en las Islas Canarias. Los otros siete recibieron el nivel más bajo de residencia y permisos de trabajo, válido por un año y que tienen que renovar.
Pérez no tuvo tanta suerte.
Solicitó asilo político pero se lo negaron. Le dijeron que solicitara una residencia temporal bajo "circunstancias excepcionales' pero también se la negaron. Apeló pero le negaron la apelación.
Según un paquete de asistencia organizado por el Departamento de Estado, recibió $700 mensuales durante sus primeros seis meses en España de la International Organization for Migration, un grupo no gubernamental de Washington. Sin embargo, a los seis meses dejó de recibir la ayuda y nunca recibió nada del gobierno español.
Funcionarios del gobierno finalmente le informaron la semana pasada que se le concedería la residencia válida por cinco cinco años, dijo su abogado Fuentes. Un problema: los documentos no estarán listo hasta dentro de cuatro meses. Desesperado, el 19 de julio, Pérez decidió declararse en huelga de hambre.
Es por eso, dijo, que cuando los presos recién liberados empezaron a llegar a España los llamó rápidamente al Hostal Welcome, donde residen en Madrid.
"Les conté mis experiencias, les dije que pensaran bien lo que quieren hacer y entonces que pelearan mucho para lograrlo', declaró Pérez a El Nuevo Herald por teléfono desde las Islas Canarias.
Por cierto, le resultó fácil llamar al Hostal Welcome.
Es el mismo lugar donde vivió cuando llegó a Madrid por primera vez.
Tema anterior
Primer 
