Fidel Castro, reunido con representantes de la iglesia de Jamaica, el 20 de octubre de 1977, reincidió en la incongruencia que por estos días está haciendo orar a los cristianos dentro y fuera de la Isla: "Nadie está preso en Cuba por motivos políticos", aseguró el primer secretario del PCC.
Sabido es que decenas de hombres se pudren en las cárceles cubanas por decir y actuar como piensan, como conocido resulta el vía crucis de un puñado de mujeres por conseguir la libertad de esos hombres. Pero menos clarificado es, quizás, el efecto bumerang en que se ha convertido el concepto de delito político esgrimido por Castro ante la iglesia de Jamaica.
"De acuerdo con nuestra concepción del derecho penal, el preso político es aquel arrestado y condenado por querer mejorar la sociedad, o luchar por el bien del hombre y el progreso de la sociedad. No tenemos el mismo concepto de aquellos que luchan por hacer retroceder la sociedad y nosotros los denominamos presos contrarrevolucionarios", dijo el entonces gobernante.
"El concepto del doctor Castro pudiera considerarse maniqueo si hoy no absolviéramos a los cubanos que un día condenamos en la creencia de hacerlo en nombre del pueblo, cuando en realidad cumplíamos el mandato de una autocracia", opinó un prestigioso jurista, ocupado hoy en la tarea casi imposible de la abogacía dentro del abroquelado cuerpo legal de la Isla.
"El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros tratos crueles a la población, antes de una guerra o durante la misma —y conocida es la guerra civil padecida por los cubanos en la década de los sesenta—, así como la persecución por motivos políticos y religiosos, están definidos como crímenes contra la humanidad, entre los que también figura el apartheid, independientemente de si estas acciones constituyen o no violaciones del derecho interno del país donde fueron cometidas, implicando responsabilidad individual", precisó el jurista.
"En Cuba, las muertes en circunstancias insuficientemente establecidas, la persecución y encarcelamiento por motivos políticos, de conciencia, religiosos, sexuales o migratorios, o el internamiento de personas en campos otrora eufemísticamente llamados Unidades Militares de Ayuda a la Producción —la recordada UMAP, llámese hoy Ejército Juvenil del Trabajo (EJT)—, o los correccionales a donde van a parar los sancionados por ese sofisma jurídico llamado 'peligrosidad predelictiva', han sido profusamente divulgados por relatores de derechos humanos, la prensa libre, literatos y cineastas levantiscos. Pero el exterminio de grupos, repito, exterminio, como el abatimiento rural, que ha causado a la nación un desastre socioeconómico equivalente al colapso ético provocado por el descuartizamiento de la sociedad civil, quizás sea, de los crímenes, el menos escrutado".
"Y no estamos hablando ya de falta de producción agrícola, que es mucho decir, sino de algo peor, que es la castración, la emasculación de la cultura rural; la ancestral costumbre que va de guardar una semilla como si fuera una onza de oro hasta cantarle al fruto con un coro de ángeles. ¿Y sabe por quién estaba compuesto tal orfeón?, pues por los hijos del labriego, que hoy son policías o generales", dice a DIARIO DE CUBA un sociólogo de Alto de Cotillo, Baracoa, donde el Estado ahora ha organizado brigadas de recolectores de coco para evitar que los campesinos dispongan de sus cosechas.
"Pronto los cucuruchos de coco aquí también serán cosa del pasado", dice el especialista mirando hacia abajo desde la loma de la Farola.
"En su artículo 120, el Código Penal cubano preceptúa el crimen del apartheid, condenado por diferentes organismos de la ONU, por la catástrofe racial en Sudáfrica; pero resulta que etimológicamente esta palabra tiene una connotación jurídica universal, pues va más allá del color de la piel de las víctimas. Si al ordinal primero del artículo 120 de nuestro Código Penal se le suprime la palabra 'racial', sólo esa palabra, se verá que en Cuba hay mucha gente cometiendo crímenes de apartheid según la letra y el espíritu de dicho Artículo 120, ordinal 1, incisos a y b. Como grupo, el victimario bien puede ser el PCC, que tiene un jefe con nombre y apellidos, y como víctimas, hay decenas de grupos sociales: los campesinos; el Movimiento Cristiano Liberación, con decenas de encarcelados y montones de perseguidos por gestionar el Proyecto Varela ante la Asamblea Nacional del Poder Popular; las Damas de Blanco, contra quienes se han cometido todo tipo de atentados por el sólo hecho de exigir pacíficamente la libertad de sus seres queridos, también víctimas del apartheid".
"Los organismos internacionales de justicia deberían rearticular lo concerniente al crimen de apartheid de acuerdo con los nuevos tiempos; la etimología de la palabra lo admite y las víctimas están ahí", argumenta el jurista, en otro tiempo legislador.
El pasado 19 de mayo, monseñor Dionisio García Ibáñez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, arzobispo de Santiago de Cuba, y el cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana, se reunieron con el general Raúl Castro.
Quizás el encuentro tenía su origen en una frase pronunciada por monseñor García Ibáñez en la misa oficiada en el Santuario del Cobre en la mañana del pasado 8 de septiembre, repetida en la noche, durante la peregrinación por las calles de Santiago, y reiterada con énfasis juvenil a este reportero cuando le entrevistó en la Catedral santiaguera concluido el multitudinario peregrinar: "La paz es aceptar al otro tal como es, que nadie se ponga por encima de nadie, dar la paz al que está al lado es conseguir la propia".
Casualidades: en el Cobre, escuchando a monseñor García Ibáñez, se encontraba Emilio Martínez, de 86 años, natural de Guantánamo, en otro tiempo carretero en Birán de la finca paterna de los hermanos Castro. Cuando monseñor Dionisio concluyó, Emilio dijo al que esto escribe: "Tiene razón el arzobispo, la paz del prójimo es nuestra paz".
Cabe preguntarse si Fidel Castro y su hermano el general pensarán como su antiguo carretero.