La prensa, en el punto de mira de Correa tras la revuelta policial
La presión del Gobierno ecuatoriano sobre los medios de comunicación aumentó tras la sublevación armada que retuvo al presidente en septiembre, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual sobre el país.
"Las amenazas contra la libertad de expresión, que continuaron durante los últimos meses, se redoblaron a partir del 30 de septiembre, día en que la Policía Nacional y parte de la Fuerza Aérea se sublevaron contra el presidente Rafael Correa", se apunta.
La SIP criticó el hecho de que ese día se obligó a todos los medios a suspender transmisiones y retransmitir a la cadena oficial de manera "ininterrumpida e indefinida" bajo el argumento del estado de excepción vigente.
El informe añade que dicha obligación, no obstante, se hizo firme antes de que se declarara la excepción y, una vez instalado éste, sin que se precisaran las libertades restringidas.
Derivado de esta situación, "los ciudadanos solo pudieron conocer la versión del régimen" sobre lo sucedido, agregó la SIP. "Desde entonces, varios ciudadanos han sido detenidos de manera ilegal por el único delito de expresar su desacuerdo con la tesis oficial del intento de golpe de Estado o por haber dicho que apoyaban el reclamo de los policías", añade el informe.
Se menciona el caso del director del Hospital de la Policía, donde estaba recluido el presidente. Correa lo acusó de tomar parte en el "intento de asesinato" en su contra un mes después de los hechos "y solo horas después de que el médico le dijese a CNN que nunca vio que nadie amenazase a Correa con un arma", refiere el documento.
Se hace mención de unas declaraciones del Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, sobre como "desgraciadamente" el Gobierno no controla todos los medios de comunicación. Con base a ello, la SIP supone que podría "acelerarse la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación".
El trámite de la ley quedó en suspenso después de que la relatoría para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresara su preocupación por su contenido. La ONG internacional Human Rights Watch hizo otro tanto.
El informe relata una serie de hechos en contra de la libertad de expresión, como la agresión policial a un periodista y la prohibición del Gobierno de colocar publicidad oficial en el diario Hoy de Quito, entre muchos otros. El informe se hizo público durante la 66 Asamblea General de la SIP que se celebra en la ciudad mexicana de Mérida (Yucatán, sur del país).
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