La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este viernes una ley que facilita las nacionalizaciones de bancos y los somete a amplios controles estatales, a pocos días del cambio de legisladores que limitará la influencia del Gobierno en el organismo.

La ley forma parte de un extenso paquete que se discute de manera extraordinaria y en sesiones permanentes por el poder legislativo, con el que el líder izquierdista Hugo Chávez también busca ganar poderes especiales para lanzar decretos sin consulta pública, que se esperan sean otorgados el viernes.

En los últimos dos años Chávez, quien asegura liderar una revolución socialista a favor de los pobres, ha incrementado la participación del Estado en el sector financiero.

Y aunque pocos creen que extenderá una nacionalización a toda la banca debido a la poca capacidad del Gobierno para controlar una industria compleja, los analistas ven un riesgo latente.

"Los bienes de la banca serán del Estado en caso de que se ejecute la decisión, es un derecho que está allí, lo tienen, lo pueden usar, en cualquier momento", explicó el analista bancario, César Aristimuño, de la firma local Herrera, Aristimuño y Asociados.

La norma otorga al mandatario poderes sobre el sistema iguales a los de las autoridades rectoras, mientras le da competencia al Estado en temas sensibles para el funcionamiento de las instituciones como el nombramiento de directorio, su nivel de crecimiento o la división de sus carteras.

"El Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesarias, sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas", dice el artículo 8 de la Ley.

La iniciativa tipifica la actividad bancaria como un "servicio público" y por ende declara los bienes y personas jurídicas relacionadas con la prestación del servicio de intermediación como de "utilidad pública", un paso previo a la nacionalización.

Evitar fraudes

El Legislativo, en su mayoría conformado por partidarios de Chávez, sancionó la norma tarde en la madrugada y con evidente rapidez y justificó la medida diciendo que es necesarios para evitar irregularidades financieras que pongan en peligro la salud del sistema.

Desde fines del 2009 hasta julio del 2010, las autoridades han intervenido 12 pequeñas y medianas entidades financieras, en su mayoría propiedad de empresarios vinculados al Gobierno, acusadas de irregularidades y lavado de dinero.

"Los problemas financieros de las instituciones bancarias intervenidas entre los años 2009 y 2010, surgieron, entre otros aspectos, por la existencia de un marco normativo y regulatorio muy laxo y flexible", dice la exposición de motivos de la ley.

Además, la iniciativa obliga a los bancos a destinar un cinco por ciento de las utilidades brutas para financiar proyectos de los consejos comunales, a los que Chávez destina gran cantidad de fondos y poder para afianzar su proceso político.