Tribunal Supremo cubano rechaza apelación de contratista
estadounidense Juan Carlos Chavez
En una decisión que podría congelar los esfuerzos de Washington para mejorar las relaciones con La Habana, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular ratificó la condena de 15 años de cárcel contra el estadounidense Alan P. Gross, subcontratista del gobierno de Estados Unidos.
Gross, de 62 años y vecino de Potomac, Maryland, había sido condenado en un juicio de primera instancia el 4 de marzo. Posteriormente se le concedió una audiencia de apelación el 22 de julio.
“La sentencia rechaza de manera argumentada los elementos de inconformidad expuestos por el acusado y su letrada contra la decisión de la instancia provincial, quienes tuvieron la oportunidad de exponerlos de forma directa ante los jueces que conocieron del caso”, indicó uno de los párrafos del comunicado emitido por las autoridades cubanas.
Agregó que Gross contó con todas las garantías de la ley y recibió un tratamiento decoroso y humanitario tal como éste “ha reconocido expresa y públicamente en reiteradas ocasiones”. Como parte de esas garantías y derechos “se le ha facilitado el contacto sistemático con sus familiares y el acceso regular a la asistencia y atención por parte de funcionarios consulares de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos”.
Gross fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre del 2009, después de entregar al menos un teléfono satelital BGAN y otros equipos de comunicaciones a la comunidad judía en Cuba y a otros grupos no gubernamentales para que pudieran tener acceso a internet y comunicarse mutuamente y con el exterior. Trabajaba para Development Associates International (DAI), con base en el área suburbana de Washington, D.C., la cual había sido contratada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) con el encargo de operar algunos de los programas que promueven la democracia y la sociedad civil en Cuba.
Funcionarios de la administración del presidente Barack Obama han dicho que no habrá una gestión significativa de su parte para mejorar las relaciones con La Habana hasta que Gross sea liberado.
En Estados Unidos las reacciones sobre la confirmación de la sentencia desataron una ola de críticas y reacciones.
La congresista republicana por Florida y presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, exigió la libertad de Gross, al tiempo que reclamó a Obama una política de cero tolerancia con Cuba.
“Gross debe ser liberado inmediata e incondicionalmente y si esto no es así, entonces la administración Obama debe empezar a tratar a los tiranos Castro como lo que son y no buscar mayores compromisos con ellos”, indicó Ros-Lehtinen.
Mauricio Claver-Carone, director del comité de acción política US-Cuba Democracy, también en Washington, declaró en un correo electrónico enviado a El Nuevo Herald que la coyuntura exige que Obama presione para lograr la excarcelación de Gross.
“De otra forma, se está enviando un mensaje muy riesgoso, que además pone en peligro a Gross y otros estadounidenses: la toma de rehenes paga”, afirmó Claver-Carone.
Los departamentos de Estado y Justicia se niegan a una negociación sobre el caso, ya que implicaría reconocer que Gross es un espía, calificación que Estados Unidos rechaza tajantemente. Las autoridades cubanas aseguran que los proyectos de ayuda a la sociedad civil de USAID son una pantalla para financiar a la oposición interna en la isla y lograr cambios democráticos.
El abogado del Gross, Peter J. Kahn, afirmó el viernes que la familia de éste ha quedado profundamente afectada por la decisión judicial, que calificó de “trágica”.
“Al entrar en su vigésimoprimer mes en una prisión cubana, Alan y la familia Gross entera han pagado un precio personal enorme en la contienda política a largo plazo entre Cuba y Estados Unidos”, comentó Kahn.
También exhortó a Washington y La Habana a resolver el caso por canales diplomáticos, al tiempo que pidió al gobernante cubano Raúl Castro que libere a Gross por razones humanitarias.
Judy Gross, esposa del contratista, ha pedido a Castro la liberación por razones humanitarias. Gross perdió unos 40 kilos, su hija de 26 años fue sometida a una mastectomía y su madre, de 89, padece de cáncer.
Sarah Stephens, directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas, en Washington, manifestó su desacuerdo con la ratificación de la condena. Stephens encabezó a comienzos de junio una delegación de activistas estadounidenses que visitó a Gross en prisión.
“Como lo hemos hecho anteriormente, pedimos al gobierno de Cuba un gesto humanitario de libertad condicional en deferencia al sufrimiento de la familia Gross y porque su cautiverio congela el progreso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”, señaló.
Steven O’Connor, director del Departamento de Comunicaciones de DAI, se mostró en total desacuerdo con la resolución judicial. Dijo que Gross estaba ayudando pacíficamente a la gente para que tuvieran acceso a internet.
“A pesar de la decisión de hoy, instamos a que el gobierno cubano tome en cuenta la situación de salud que enfrentan Alan y su familia, y rápidamente se le permita volver a casa”, indicó.
En los últimos meses analistas y observadores han argumentado consistentemente que una decisión favorable a Gross, que implica su liberación y su regreso a Estados Unidos, podría dar espacio para que Obama tomara medidas de acercamiento a Castro.
El tema de la democratización de Cuba y la efectividad de los programas dirigidos a la apertura de la isla frenaron durante tres meses una asignación millonaria de fondos de Washington para el movimiento opositor y la sociedad civil cubana. El dinero refuerza anualmente una decena de programas no gubernamentales en Cuba, como cursos de computación y asistencia a jóvenes estudiantes.
El senador John Kerry, demócrata por Massachusetts, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dictó el 1ro. de abril una medida de retención sobre un total de $20 millones para estos programas. Poco después le siguió el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont. El congelamiento de fondos se resolvió el martes a pesar de que ambos senadores habían manifestado en privado su preocupación de que la liberación del dinero pudiera enojar a las autoridades cubanas sobre el caso Gross.
Marco Rubio, senador republicano por Florida, criticó el fallo contra Gross.
“Insto a Obama a poner fin a sus concesiones unilaterales equivocadas, negar al régimen los recursos que necesita para imponer su voluntad represiva, condenar la decisión de hoy e insistir en que Gross sea puesto en libertad inmediatamente”, acotó.
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