Juan Carlos Chavez
Roniel Aguillón quiso cerciorarse de que la iglesia estuviera cerrada. Observó que una de las puertas traseras permanecía abierta. Antes de que pudiera avisar a sus compañeros, una treintena de guardias antimotines vestidos con uniformes negros y armados con lanzadores de gas lacrimógeno le cerró el paso.
“¡Ya que no quieren salir por las buenas, ahora saldrán por las malas!”, gritó uno de los policías.
La operación de desalojo había comenzado.
En menos de 10 minutos, el grupo de 13 opositores pacíficos del ilegal Partido Republicano por Cuba (PRC) que el martes había ocupado la Basílica Menor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, en Centro Habana, fue reducido a golpes, empujones y patadas.
Los ocupantes intentaron oponerse al arresto. Formaron una cadena humana y se tiraron en el suelo mientras gritaban a voz en cuello: “¡Abusadores!” y “¡Vivan los derechos humanos!”
“Nos cogieron y empezaron a dar golpes”, relató Aguillón a El Nuevo Herald.
El operativo puso punto final a la más significativa acción de la oposición en víspera de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, del 26 al 28 de marzo.
El viernes, Aguillón describió cómo la policía les aplicó llaves de karate para inmovilizarlos, les halaron el pelo y los insultaron.
“Fue un abuso grande. Nos sacaron arrastrados como si fuéramos animales, filmándonos con una cámara de la televisión cubana hasta que nos metieron a dos guaguas, una para los hombres y otra para las mujeres”, indicó.
Uno de los opositores, de 82 años, terminó con un dedo fracturado y un fuerte golpe en un ojo. Otro, de 64, sufrió diferentes contusiones en el cuerpo.
Varias de las mujeres, incluida Yenifer de la Caridad Hernández, una joven embarazada de 23 años, también se quejaron de la extrema dureza policial. La mayoría tiene magulladuras y dolores por los golpes recibidos.
El operativo fue solicitado expresamente por el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, según un comunicado de prensa firmado por el portavoz de la Arquidiócesis de la Habana, Orlando Márquez.
El comunicado de la Arquidiócesis publicado en el periódico oficial Granma señaló que los opositores se negaron reiteradamente a desalojar el lugar pese a los esfuerzos “unilaterales” de la Iglesia y fieles católicos, entre otros, para que desistieran de la ocupación.
“Por este motivo, en uso de la autoridad y facultad que le compete, el cardenal Jaime Ortega se dirigió a las autoridades correspondientes para que invitaran a los ocupantes a abandonar el Santuario y Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana”, indicó el comunicado. “Se tuvo en cuenta, además, la propuesta de los mismos ocupantes de ser visitados directamente por las autoridades para recibir garantía de su seguridad. Esta solicitud del cardenal Ortega a las autoridades reiteraba salvaguardar la integridad de estas personas”.
El grupo penetró el martes en la parroquia, situada en el cruce de las calles Salud y Manrique, para demandar la excarcelación de presos políticos, acceso a internet, libertad de expresión y la discusión de una hoja de ruta para la creación de un Estado de derecho.
El comunicado precisó que el desalojo se realizó a las 9 p.m. y duró apenas 10 minutos. Los opositores fueron trasladados a la 4ta. estación de la Policía Nacional Revolucionaria. Allí permanecieron alrededor de cinco horas. Fueron fichados y se le abrió a cada uno un expediente policial. También se les tomaron huellas dactilares, muestras de orina, cabello y olores corporales.
Las autoridades quisieron obligarlos a firmar una carta de advertencia, establecida en el vigente Código Penal, que incluye acusaciones por “desórdenes públicos”. Todos se negaron a firmar la carta. Luego fueron liberados bajo vigilancia policial.
“Los trece ocupantes fueron invitados a salir del templo y no ofrecieron resistencia. Los agentes que ejecutaron la operación habían asegurado a la Iglesia que no portarían armas, que trasladarían inicialmente a las trece personas a una unidad policial y que después los llevarían a sus casas. Igualmente aseguraron que no serían procesados por este hecho”, agregó el comunicado. “Se pone fin así a una crisis que no debió nunca producirse. La Iglesia confía que hechos semejantes no se repitan y que la armonía que todos anhelamos pueda realmente alcanzarse”.
Un reportero de El Nuevo Herald llamó el viernes por la tarde a la oficina de Márquez. La secretaria de éste dijo que no podía atender la llamada porque estaba en una reunión.
Vladimir Calderón Fariñas, director del PRC y líder del grupo, aseguró que el desalojo los tomó por sorpresa, ya que el párroco de Iglesia de la Caridad, Roberto Betancourt, les anunció aproximadamente a las 7:30 p.m. que un funcionario del gobierno cubano se presentaría para abordar la situación.
“Estuvimos esperando hasta que llegaron los policías”, comentó Vladimir desde su casa en La Habana. “El cuerpo antimotines penetró y empezaron a darnos golpes con técnicas especializadas”.
Poco después de circular la noticia sobre el desalojo, fuentes del movimiento opositor y activistas de derechos humanos afirmaron que los 13 ocupantes, entre los que se encontraban una mujer de 71 años, fueron arrastrados y golpeados en el operativo.
Yoani Sánchez, fundadora del blog Generación Y, confirmó que había recibido información sobre la intervención de un “comando” que sacó a rastras a los ocupantes.
“La intromisión de la Iglesia en el templo de la Caridad para sacar a los 13 quedará como una página bochornosa de la Iglesia en Cuba”, comentó Sánchez.
A lo largo de la semana, en Holguín, Las Tunas y Pinar del Río miembros del PRC ocuparon iglesias durante algunas horas. La ola de ocupaciones encontró el rechazo de las autoridades eclesiásticas de estas ciudades. En Holguín, los 18 opositores que el miércoles tomaron temporalmente la Catedral San Isidoro fueron severamente reprendidos por el obispo Emilio Aranguren, quien dirigió personalmente el desalojo. También le arrebató de un manotazo el teléfono celular a uno de los opositores que estaba informando sobre la situación.
El miércoles, Márquez había criticado en términos muy duros las ocupaciones de las iglesias. Calificó dichas acciones como parte de una estrategia preparada y coordinada para crear “situaciones críticas” ante la visita papal.
Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, afirmó por otra parte el respaldo de El Vaticano a la posición de la jerarquía católica cubana que condenó firmemente la ocupación.
“Me parece que, incluso en los sectores de la oposición, hay opiniones contrarias [a la de los disidentes], que estiman que no es una buena iniciativa”, declaró Lombardi.
En La Habana, Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), calificó como bochornoso el incidente. Anunció que iniciaría una investigación, al tiempo que calificó el desalojo como la peor y más peligrosa alternativa.
“No podemos ocultar nuestra sorpresa y frustración por la alternativa del cardenal Ortega al pedir la intervención de fuerzas policiales porque nosotros estábamos abogando por un desenlace humano y pacífico”, indicó Sánchez. “Uno espera que los líderes religiosos tomen decisiones más sabias y moderadas sabiendo que existían otras opciones para disuadir a estos opositores pacíficos”.
El arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wenski, lamentó las circunstancias de la ocupación de la iglesia, aunque no quiso referirse directamente al operativo policial.
“Dentro de la disidencia no todo el mundo estaba de acuerdo sobre esta ocupación. La queja de los disidentes no es con la Iglesia sino con el gobierno”, comentó Wenski, quien encabezará una peregrinación de católicos del sur de la Florida a la isla. “El templo debe ser respetado y no puede ser manipulado para fines ajenos por nadie, ni por los que apoyan al gobierno ni por los que discrepan”.
En la localidad de Placetas, en el centro de la isla, Jorge Luis García Pérez, “Antúnez”, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo (Frente OZT), criticó abiertamente el desalojo de los integrantes del PRC.
“Haber tomado una iglesia fue un acto irresponsable, a pesar de que son demandas justas. Pero ha sido artera y cruel la decisión del cardenal de mandar a desalojar a estas personas. Ortega conoce bien la naturaleza represiva del gobierno contra la oposición”, declaró Antúnez a El Nuevo Herald. “En vez de autorizar el desalojo, Ortega debió ir personalmente a buscar una solución humanitaria”.
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